En un comunicado, la organización agraria ha señalado que esta campaña el precio ha caído un 35 por ciento para el aceite de oliva virgen extra, un 32 por ciento para el aceite de oliva virgen y un 33 por ciento para el aceite de oliva refinado, con respecto a la medio de las campañas entre 2005-2006 y 2007-2008.
La Unió ha achacado esa crisis de precios a "la presión que ejerce la gran distribución a la hora de fijar el precio, ya que en el conjunto del Estado español, la distribución comercial organizada cuenta con una cuota de mercado del 86 por ciento del total de las ventas en el caso del aceite de oliva, y del 88 por ciento en el caso del aceite de oliva virgen extra".
Además, las mismas fuentes han incidido en que, en España, un 57 por ciento del aceite de oliva y un 44 por ciento del aceite de oliva extra virgen se venden bajo marca blanca, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Por este motivo, la organización reclama a los Gobiernos central y autonómico que "establezcan, de una vez por todas, políticas eficaces en este sector estratégico para las zonas de interior de la Comunitat Valenciana, tanto desde el punto de vista económico, como social, medio ambiental y paisajístico".
En concreto, La Unió propone que la Comisión Nacional de la Competencia inicie una investigación de oficio para averiguar "si la gran distribución está infringiendo la ley por abuso de posición dominante" y que, además, se incrementen las inspecciones y controles del etiquetado para evitar posibles fraudes al consumidor, competencias transferidas desde febrero a la Conselleria de Agricultura, que "no ha informado del resultado de las inspecciones".
La organización también aboga por promocionar los beneficios y la calidad de los aceites de oliva virgen y extra virgen de la Comunitat Valenciana y considera que la administración "debería iniciar una campaña de promoción para incrementar el consumo de aceite virgen y virgen extra y lograr pasar del actual consumo de 2,7 litros por persona y año a los 3,7 litros por persona y año".
La Unió ha apuntado asimismo la conveniencia de "adecuar la fiscalidad de los productores a la pérdida de ingresos que están teniendo como consecuencia de la crisis de precios" y de "modificar las normas de comercialización por las que no se pueda mezclar el aceite de oliva con el de semilla".
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