VALENCIA.- La Fiscalía de Valencia ha decidido remitir al
juzgado de instrucción número 15 de Valencia la parte de la denuncia
presentada por el PSPV sobre presuntas irregularidades de la Entidad
Pública del Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana
(EPSAR) en la adjudicación de la explotación y control de las
depuradoras de la provincia que guarda relación con el conocido como
'caso Emarsa', y ha archivado el resto, según han confirmado fuentes del ministerio público.
A principios de este mes, la Fiscalía admitió a trámite la
denuncia interpuesta por el PSPV para investigar presuntas
irregularidades cometidas por la EPSAR en la adjudicación de la
explotación y control de las depuradoras de la provincia.
En su escrito de denuncia, el PSPV pedía al ministerio público que
ampliara a la Epsar la investigación de 'Emarsa', en la que se instruye
un agujero de 25 millones de euros en la gestión de la empresa
encargada de la depuradora de Pinedo, al considerar que existen
evidentes indicios de comisión de ilícitos penales contra los fondos y
patrimonio público en beneficio propio y/o terceros.
El PSPV sostenía que, al analizar el funcionamiento de la EPSAR en
las estaciones depuradoras (EDAR), hay un 'modus operandi' similar en
el que los responsables de la Epsar se presentan "como artífices de una
trama mucho mayor" que la de Emarsa, que se hace extensible al conjunto
de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la Comunitat
"a poco que se analice la interrelación de personas y empresas", decía
en su escrito.
En esta línea, señalaba que si la EPSAR no llevó nunca a cabo un
estudio de costes reales de Emarsa para localizar el problema de su
"insaciable necesidad económica", no es "descabellado pensar" que es
extensible a otras EDAR.
En la denuncia se apuntaba que las 460 estaciones depuradoras que
gestiona EPSAR están divididas en seis zonas, y cada EDAR tiene
asignados dos contratos de funcionamiento: uno con la empresa
explotadora y otro con la que controla técnica y económicamente su
funcionamiento.
Según fuentes conocedoras de la decisión de Fiscalía, la parte
remitida al juzgado hace referencia a las empresas que controlan tres
zonas de la Comunitat y que han trabajado para Emarsa, lo que supone el
control de la mitad de las depuradoras de la Comunitat.
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