BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dictaminado este
martes que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por
el Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos de la Ciudad de
la Luz (Alicante) son ilegales y por tanto deben ser devueltas por el
beneficiario.
Tras realizar una investigación en profundidad, el Ejecutivo
comunitario ha concluido que "ningún inversor privado habría aceptado
invertir (en la Ciudad de la Luz) en los mismos términos" que el
Gobierno valenciano y que la financiación pública "distorsiona
enormemente la competencia entre los principales estudios de cine
europeos".
"No sólo no hay necesidad de gastar dinero púbico para
financiar a un nuevo operador cinematográfico sino que, además, ello
penaliza a los estudios ya existentes y a posibles interesados en entrar
al mercado, que tienen que operar sin financiación pública", ha dicho
el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín
Almunia.
"En el actual entorno económico, las consecuencias pueden ser desastrosas", ha agregado.
En 2008, tras recibir algunas quejas, la Comisión abrió una
investigación sobre las ayudas del Gobierno valenciano a la Ciudad de la
Luz. Sobre la base del plan original de negocio, las autoridades
españolas consideraron que el apoyo público no estaba sujeto a las
reglas de la UE sobre ayudas de Estado alegando que un inversor privado
habría actuado en los mismos términos.
Sin embargo, la investigación de Bruselas concluyó que el
mercado de estudios cinematográficos en Europa es "muy competitivo",
especialmente tras la entrada de los países de la ampliación y de la
implantación de nuevos grandes estudios.
Por ello, el Ejecutivo comunitario tenía "serias dudas" de que
en este entorno se tomara la decisión de invertir en un proyecto lejos
de los grandes centros de actividad audiovisual, como Madrid y
Barcelona, atendiendo a consideraciones comerciales. Esta conclusión fue
respaldada por las consultas que hizo Bruselas en el mercado.
Tanto una evaluación en profundidad realizada por la Comisión
como un estudio externo del plan de negocios concluyeron que un inversor
privado no habría concedido el 100% de la financiación para la Ciudad
de la Luz sobre la base del plan de negocio.
Por tanto, Bruselas considera que se trata de una ayuda
pública, que solo podría justificarse si persigue un objetivo de interés
europeo, como el desarrollo regional, económico y cultural. "Sin
embargo, España no ha demostrado que los beneficios del proyecto para el
desarrollo regional compensen las distorsiones de competencia generadas
por una cantidad tan alta de ayuda pública", ha dicho el Ejecutivo
comunitario.
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha
anunciado eque recurrirá la decisión de Bruselas y ha destacado que
tienen la "tranquilidad" de que ese dinero "tal como se defendió está
bien empleado"
Según ha asegurado el jefe del Consell, la
Generalitat recurrirá "desde la tranquilidad de que lo que hicimos en su
momento estaba bien hecho y así lo avaló el Gobierno".
"No conocemos el
fallo en profundidad, pero el comisario Almunia --el vicepresidente de
la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia-- ya me
anticipó la semana pasada lo que podía pasar", ha dicho Fabra a los
medios de comunicación, tras visitar en la localidad valenciana de
Tavernes Blanques el Museo Lladró.
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