VALENCIA.- La titular del juzgado de instrucción nº
21 de Valencia ha tomado declaración a los últimos cinco detenidos en
relación con la investigación que dirige por el conocido como 'caso de
la cooperación', todos ellos administradores de distintas empresas que
han quedado en libertad provisional imputados en la causa, según ha
informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Cuatro de estos administradores tienen la obligación de comparecer
una vez al mes ante el juzgado mientras que sobre la quinta persona no
se ha adoptado ninguna medida cautelar. Las declaraciones se iniciaron
sobre las 18.00 horas del jueves y han terminado esta madrugada, en
torno a las 1.30 horas.
La titular de instrucción del nº 21 autorizó este jueves entradas y
registros en relación con las cinco personas detenidas a las que ha
tomado declaración, que se practicaron en viviendas particulares y sedes
sociales.
Fuentes fiscales indicaron este jueves que las diligencias
realizadas en relación con estas personas forman parte de una pieza
secreta dentro de la causa de cooperación, que investiga un supuesto
fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de
Solidaridad y Ciutadania --que dirigía el actual portavoz del PP en las
Corts, Rafael Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011
destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
La titular del juzgado de Instrucción notificó el pasado 17 de
mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto al que hasta ese
momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias previas,
que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales
públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y
falsedad documental. No obstante, sobre esta pieza se mantiene el
secreto.
Por estos supuestos delitos, el número de imputados ascendía a 22
personas --a los que se suman los cinco nuevos imputados,
administradores de empresas--. De los 22, seis son cargos o excargos en
la administración, como el ex director general de Integración y
Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario
de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.
Las otras 14, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG.
Una de ella es el empresario Augusto César Tauroni, que está en
situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación
están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la
Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. Asimismo,
ascendían a 19 los testigos a los que se había tomado declaración. No
obstante, en ese momento de la instrucción, no se había podido precisar
todavía el dinero supuestamente defraudado.
En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las
cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las
subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la
administración a través de subvenciones ha sido,
supuestamente, "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".
Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del
capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea
Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El
Salvador, Tailandia y Haití.
Durante el año de instrucción que lleva la causa en el juzgado, la
juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental,
testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios de personas
físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria
de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.
Asimismo, se ha acordado la intervención telefónica de diversos
móviles, conversaciones que han dejado ver cómo presuntos implicados en
la trama, como el empresario encarcelado y su hermano, hablan de la
convocatoria los ayudas de cooperación y llegan a referirse a su ámbito
de actuación como los "proyectos de Negrolandia" o a los "negratas".
También se recogen en el sumario conversaciones del actual síndic del PP
en las Corts y el empresario encarcelado.
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