VALENCIA.- Fiscalía ha solicitado la nulidad del
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana
(RTVV) por "irregularidades" en el procedimiento y al entender que
comete un trato "discriminatorio" entre los diferentes trabajadores. "Se
han vulnerado los derechos fundamentales", ha insistido.
El fiscal se ha pronunciado en estos términos en el turno de
conclusiones durante el juicio celebrado en el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el ERE en RTVV, y que ha
quedado visto para sentencia.
El ministerio público ha pedido la nulidad del ERE por
"irregularidades" en el procedimiento y posible vulneración de derechos
fundamentales. Así, entiende que se ha producido "una alteración de la
lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no
afectados" y todo ello "con criterios subjetivos". Así, "se desprende
discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial".
"Hay trato discriminatorio", ha aseverado.
Asimismo, se ha referido a los informes elaborado por
PriceWhaterhouse y ha afirmado que cuando se presentó en el año 2012,
una vez iniciado el periodo de consulta, "faltaba el apartado principal,
que era el coste de externalización", algo que se entregó días tras el
requerimiento de los representantes de los trabajadores y de la
autoridad laboral.
Por su parte, el abogado de RTVV, Fernando Crespo, ha afirmado que
duda de que en muchos procedimientos "se haya adoptado tantas cautelas"
como en éste, en el que, según ha resaltado, "se ha cumplido plenamente
con lo previsto en la ley". Crespo, quien ha reiterado que se puede
hacer una televisión "eficiente" con 676 personas --el ERE afectó
inicialmente a 1.198 trabajadores--, ha señalado que se han cumplido los
principios de igualdad, mérito y capacidad al valorarse en los
criterios de selección la titulación de los empleados, el absentismo, la
capacitación para el trabajo o la baremación de los títulos de cada
uno.
En este sentido, ha subrayado que el procedimiento "ha pretendido
ser sumamente cauteloso" y no se excluyeron las excedencias familiares o
forzosas y el absentismo se aplicó "exclusivamente" conforme a lo
previsto en la ley del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, respecto a
la oposición, ha indicado que aplicar este criterio "hubiera
significado privar de la oportunidad de mantener su puesto a aquellos
trabajadores que estaban en la empresa desde 2003, desde que se sacaron
las últimas oposiciones".
Por otro lado, ha insistido en la causa económica para ejecutar el
ERE, "que no ha sido desacreditada en ninguna de las pruebas", conforme
a las cuentas anuales, las auditadas y las del año 2012, que "ponen de
manifiesto que la situación negativa se ha seguido produciendo en las
tres entidades y en el grupo sin distinción. La empresa era inviable",
ha puntualizado.
Sobre este aspecto también ha aclarado que "no es cierto que el
endeudamiento esté en la Generalitat, si no en el ente que está en
liquidación, porque los bancos no aceptan la subrogación en los
préstamos".
Además, Crespo ha indicado, respecto al tema económico, que aunque
se trate del sector público, "el papel no lo aguanta todo".
"El dinero
no se inventa, procede de algún lado y es un bien escaso que hay que
gestionar bajo el principio de eficacia", ha apostillado.
El letrado, quien ha matizado que se respetaron "escrupulosamente"
los protocolos de seguridad en materia de datos personales, ha expuesto
también que "se cumplió" con el periodo de consultas y ha indicado que
en este tiempo la empresa "siempre se ha mostrado dispuesta a negociar".
Sin embargo, ha lamentado que los sindicatos "daban propuestas sin
reflexionar y posiciones tan alejadas que era imposible llegar a
aceptarlas".
"Todos --sindicatos-- eran conocedores de que no había
capacidad de margen por parte de la empresa y hubo intención de dilatar
el proceso".
Por otro lado, el letrado de la Generalitat ha defendido, respecto
a las cuentas, que "los números insisten siempre en lo mismo: descenso
de volumen de negocio en los últimos años que hace que si la plantilla
se mantiene igual, los costes nos desbordan".
"Hablamos de dinero
público y evidentemente hay que buscar la eficiencia", ha subrayado.
Por su parte, el abogado de la sociedad también ha defendido que
no se ha viciado el proceso, que la plantilla estaba sobredimensionada, y
que se han aplicado correctamente los criterios de selección. También
ha criticado duramente a uno de los ex directores generales de RTVV
Alejandro Reig y ha puesto en duda su "credibilidad". Ha afirmado que
éste le ha dejado "descolocado" porque no sabe "qué hace aquí si solo
estuvo tres meses trabajando" y que nunca ha pertenecido al sector
audiovisual.
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