VALENCIA.- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a
trámite el recurso del PSPV contra el decreto de la Generalitat por el
que se modificó la norma reguladora del Estatuto de Radio Televisión
Valenciana (RTVV) para permitir el nombramiento de nuevos consejeros sin
pasar por las Corts y el cierre de la sociedad pública.
En
concreto, el recurso de los socialistas se dirigía contra el Decreto Ley
5/2013, de 7 de noviembre, en el que se modificaban tres artículos del
Estatuto de RTVV y se habilitaba a la Junta General --formada por el
propio Ejecutivo valenciano-- a nombrar provisionalmente, sin pasar por
las Corts, a los consejeros vacantes en el Consejo de Administración
tras la dimisión de la entonces directora Rosa Vidal y su equipo.
El Pleno del TC, tras estudiar el escrito de los socialistas, ha
acordado admitirlo sin entrar a valorar el fondo, algo que hará "en las
próximas fechas", según ha informado este órgano judicial en un
comunicado. Seguidamente, ha acordado dar traslado del mismo al
Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de 15 días para
personarse en el procedimiento y formular alegaciones. En este caso, la
admisión a trámite del recurso no suspende la vigencia de la norma
recurrida.
El Gobierno valenciano anunció el 5 de noviembre el
cierre de RTVV, horas después de que se diera a conocer la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por
la que se declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de
RTVV y obligaba a readmitir a cerca de un millar de trabajadores.
Como consecuencia de esta decisión, la entonces directora de la
sociedad pública, Rosa Vidal, y su equipo, dimitieron de sus cargos. Al
día siguiente, el Gobierno valenciano aprobó un decreto ley para
modificar la norma reguladora del Estatuto de RTVV tras estas
dimisiones, con el objetivo de poder nombrar a nuevos consejeros de
forma rápida, sin necesidad de pasar por las Corts.
La
legislación que estaba entonces en vigor preveía que fueran las Corts
las que eligieran a ocho consejeros, a propuesta de los grupos
parlamentarios, por mayoría de tres quintos, y al director por mayoría
de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda
votación. Asimismo, se establecía que los consejeros debían ser personas
con cualificación, experiencia y méritos profesionales relevantes.
Con el nuevo decreto, el Consell modificaba los artículos 10 y 13.5 y
se añadía un apartado 5 al artículo 15, que regulaba el cese o
destitución del Consejo de Administración. La nueva redacción establecía
que en aquellos supuestos en los que, como consecuencia del cese,
destitución o renuncia de sus miembros, el Consejo de Administración no
pudiera alcanzar el quórum necesario para adoptar acuerdos, se
habilitaba a la Junta General para que nombrase provisionalmente a todos
los cargos vacantes, incluido en su caso el director o directora
general, hasta la constitución de un nuevo Consejo de Administración
elegido por las Corts, de acuerdo con el procedimiento ordinario
previsto en la ley.
El Consell argumentó que tras la renuncia
de cinco consejeros y su directora general y, "ante la imposibilidad de
proceder de forma inmediata a la renovación de cargos", se requería la
adopción de medidas urgentes que asegurasen la administración de la
mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento
público.
El
PSPV recurrió este decreto ley el pasado 14 de noviembre ante el TC, al
considerar que era "ilegal" y "dictatorial". Al respecto, la portavoz
del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, explicó en ese momento que
este decreto ley era "claramente ilegal" porque iba en contra del
artículo 86.1 de la Constitución española, que establece que las
condiciones para que se pueda dictar un decreto ley son razones
extraordinarias y de urgente necesidad.
Igualmente, sostenía
que existía una vulneración "clara" del artículo 20 de la Constitución,
que establece el necesario control parlamentario de todos los medios
públicos de comunicación y, a su juicio, ese decreto ley evitaba ese
control y provocaba una decisión "dictatorial" del Gobierno valenciano
para cerrar este ente publico.
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