VALENCIA.- El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha sido puesto en libertad tras permanecer varias horas detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación por un supuesto delito de cohecho en la que también ha sido detenido y dejado libre el responsable de Viajes Transvía, Urbano Catalán.
Al margen de este proceso, Grau está procesado en el caso Nóos
que se enjuicia en Palma de Mallorca, acusado de prevaricación
administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de
influencias en relación a la contratación del Instituto Nóos a través de
la Fundación Turismo de Valencia, que él presidía.
La detención
de Grau se ha producido en Mislata, en el domicilio de su
mujer, la también exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia
María José Alcón, una de las veinticuatro personas que fueron detenidas a
finales del pasado mes de enero en el marco del caso Imelsa, por supuestas "mordidas" ilegales en la adjudicación de contratos públicos.
A
continuación, agentes de la Guardia Civil le han trasladado a su
domicilio, en la plaza de la Porta de la Mar de Valencia, a pocos metros
del domicilio de la exalcaldesa y actual senadora territorial del PP, Rita Barberá.
El antiguo "número dos"
de Barberá en el consistorio ha permanecido varias horas en compañía de
los agentes de la policía judicial y uno de los fiscales anticorrupción
en su domicilio, que ha abandonado minutos antes de las 13.30 horas sin
esposas aunque acompañado por varios agentes.
Sin hacer
declaraciones, Grau ha sido introducido en un vehículo negro sin
distintivos policiales y trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil
de Valencia, mientras agentes uniformados han sacado varias cajas con
efectos procedentes del registro. Finalmente, ha sido puesto en libertad
alrededor de las cuatro de la tarde y ha abandonado la Comandancia en
un taxi que le ha recogido dentro de la casa cuartel.
El empresario detenido, Urbano Catalán,
también ha estado presente en el registro de una de sus oficinas,
ubicada en la calle de Feliu Ventura de Valencia, de donde la Guardia
Civil también ha retirado documentación.
Ambas detenciones no han
sido ordenadas por orden judicial, ha informado el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, sino que han sido iniciativa
policial.
Sin embargo, desde el alto tribunal valenciano se ha
informado de que tanto Grau como el empresario estaban siendo
investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación de un
contrato del Ayuntamiento de Valencia.
La
causa nació a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia
de la Fiscalía Anticorrupción contra ambos investigados (término que
sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal) a quienes imputa el supuesto delito de cohecho; al empresario
como parte activa y al exvicealcalde como parte pasiva.
Estas
diligencias del Juzgado de Instrucción número 19, declaradas secretas,
no guardan relación con las que se siguen en Instrucción 18 por el caso
Imelsa, han señalado las mismas fuentes.
El ministro del Interior
en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que "llama la atención"
que las actuaciones judiciales en materia de corrupción solo afecten al
PP en un momento político "delicado" antes de subrayar que no cree por
norma general "en la espontaneidad ni en la casualidad".
Fernández
Díaz se ha referido así tanto a la detención de Grau como a la posible
implicación del expresident de la Generalitat Francisco Camps en una
presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano, en unas
declaraciones por las que el PSOE ha exigido su dimisión.
También
el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha asegurado
que "aquí quien la hace la tiene que pagar" y responder ante la justicia
por esos hechos.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha
mostrado su "hartazgo" y "tristeza" por los últimos casos de corrupción
conocidos que salpican a miembros del PP valenciano y ha pedido
dimisiones en el seno de este partido para que "no se gangrene".
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