Así se han referido a la decisión del Ayuntamiento de Valencia de reforzar la vigilancia en el Jardín del Turia con más presencia de agentes de la Policía Local y con la instalación de nuevas cámaras, así como la construcción de nuevos estanques debajo de los puentes «para evitar asentamientos ilegales» e iluminar esos espacios.
Unas medidas anunciadas este lunes por el edil de Seguridad, Jesús Carbonell (PP), y el segundo teniente de alcalde y concejal de Parques y Jardines, Juanma Badenas (Vox).
Compromís acudirá al Síndic de Greuges para que «investigue y se pronuncie sobre estas medidas de odio hacia las personas sin hogar y racistas que está haciendo el gobierno de Catalá», cómo ha destacado la concejala Lucía Beamud.
En su opinión, «Català se siente muy cómoda utilizando a Vox como ariete para imponer unas políticas claramente de aporofobia, las mismas que su predecesora Rita Barberà que en 2007 ya instaló un estanque en el río con el mismo propósito que ahora».
En este mismo sentido, ha criticado los recortes de las ayudas a los programas de acogida desarrollados por entidades sociales o la eliminación de los consejos locales de Cooperación y Migración.
En la misma línea, la portavoz de Compromís per Valencia, Papi Robles, ha criticado que «lo primero que hizo» la alcaldesa, María José Catalá, al acceder al cargo fue «subir al Salón de Cristal a la Virgen María de los Desamparados» y después acudir a la Catedral, pero «ahora se dedica a atacar a los desamparados, a las personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad en nuestra ciudad».
A su juicio, la alcaldesa quiere «eliminar a los 'pobres' de los lugares donde les molesta, pero no hace nada para reducir la pobreza», sino que, «al contrario, recorta las ayudas y los recursos de los servicios sociales municipales». Una «política social» que Robles ha calificado de «inhumana».
También ha cargado contra «la prohibición a las entidades sociales de hacer repartos de alimentos o la delimitación de manera discrecional y arbitraria del plazo de estancia de las familias y personas en situación de emergencia habitacional en los centros de acogida municipales, hostales, etc».
Robles ha subrayado que «el Ayuntamiento tiene la obligación de velar por atender las emergencias de primera necesidad y no dejar a nadie atrás».
«Con sus recortes, Catalá deja este personas de máxima vulnerabilidad en una situación de absoluta desprotección y, ahora, da un paso más vinculando la delincuencia y la inseguridad con las personas sin hogar», ha concluido.
Por su parte, Sandra Gómez, quien ya avanzó este lunes que incorporaría las últimas medidas anunciadas a la denuncia que ha presentado el PSPV ante el Defensor del Pueblo «por el desmantelamiento de los servicios sociales», ha lamentado profundamente« que Valencia »es noticia nacional por tener un ayuntamiento y unos responsables políticos que señalan y persiguen a las personas con vulnerabilidad social".
«Ayer no se habló de qué medidas sociales podían darse a todas esas personas ni de alternativas residenciales que pueden ayudar a que en esta campaña de invierno muchas personas puedan pernoctar de forma segura, tranquila y confortable. No se puso encima de la mesa un paquete de ayudas a ONGs u otras entidades. De lo que se habló literalmente es de tratar que esas personas que están en situación de indigencia queden fuera del río», ha reprochado,
Por tanto, considera que el PP ha dejado «clara» que su postura «no es que le molesta la pobreza, es que le molestan los pobres» y que «lo que hay que hacer es esconderlos, perseguirlos y expulsarlos de nuestra ciudad».
Gómez ha subrayado que «esa política no representa en la inmensa mayoría de la ciudad» y que viene acompañada de otras acciones que como «prohibir a una ONG repartir alimentos en el río, desmantelar los consejos de cooperación y inmigración que trabajan con muchas personas que están en una situación de vulnerabilidad o laminar todas las ayudas a entidades que trabajan con personas que están en una situación complicada en nuestra ciudad».
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