Entre las medidas que incluirá esta normativa, que se aprobará «probablemente antes de la temporada de verano», se baraja que la licencia de los pisos turísticos no vaya ligada a los inmuebles, sino a los propietarios, para obligar a que se tramiten de nuevo cuando se vendan.
Así lo ha anunciado la consellera de Turismo, Nuria Montes, en declaraciones a los medios en Les Corts, con el objetivo de que «la vivienda turística siga siendo ese elemento fundamental en nuestro ecosistema turístico, junto al resto de alojamientos».
Según las cifras que baraja la Generalitat, en la Comunitat Valenciana la cifra de viviendas turísticas ronda las 120.000 actualmente. «Pero mucho nos tememos que lo que se comercializa realmente a través de las plataformas pueda ser el doble o más», ha advertido la consellera.
Es más, ha denunciado que «todos los días se oferta arrendamiento de habitaciones dentro de viviendas turísticas», algo que está «completamente prohibido» y que «nunca estará permitido en la normativa valenciana».
«Y todas serán perseguidas», ha avisado.
Ante esta situación, la nueva ley busca controlar la economía sumergida, no las viviendas turísticas que «forman parte del modelo turístico sin ningún problema». Para ello se establecerá un marco general que dará «una importante autonomía a los municipios» para adoptar medidas, contemplando «todas las opciones».
«Habrá municipios que deseen no prohibir, sino limitar, congelar o no dar más licencias, porque consideran que ya han llegado a una capacidad suficiente», ha explicado la consellera al ser preguntada por si contemplan medidas como la de Palma de Mallorca de prohibir el alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda.
Respecto a la moratoria de los pisos turísticos aprobada por el Ayuntamiento de Valencia, Montes ha remarcado que en esta ciudad se permiten los bloques de pisos turísticos «sin ningún tipo de problema», mientras se han delimitado las viviendas turísticas mezcladas con otras residenciales en un mismo edificio.
«Cada ayuntamiento tiene que determinar qué modelo quiere», ha reiterado, si bien ha reconocido que «en Valencia hay más plazas en viviendas de uso turístico que plazas hoteleras».
En materia de inspección, la norma incluirá «medidas novedosas» en materia de inteligencia artificial y colaboración con otras administraciones y organismos para «castigar duramente la economía sumergida» y que «no sea un problema ni de medios humanos ni materiales».
Actualmente, la Generalitat dispone de 11 inspectores de viviendas turísticas, aunque la consellera ha remarcado que en los diez meses del actual gobierno se han duplicado el número de inspecciones respecto al periodo anterior hasta «más de 1.200».
La nueva ley también incluirá medidas de simplificación administrativa para «evitar que los ayuntamientos puedan colapsar» y que entidades externas puedan colaborar en los trámites de las viviendas turísticas.
Al margen de la normativa autonómica, la titular de Turismo ha reprochado al Ministerio que lleve «un año sin convocar la Conferencia Sectorial» para que todas las autonomías aborden la problemática de los pisos turísticos, así como que todavía no haya cruzado los datos de las plataformas de internet cuando «es el principal peligro por el que se cuela la economía sumergida».
Preguntada por la posibilidad de castigar a las plataformas, Montes ha indicado que ahí un reglamento europeo que entrará en vigor en dos años y es posible «adelantarlo», aunque «es un trabajo que debe hacer el Ministerio» mediante una transposición a la legislación estatal.
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