domingo, 3 de noviembre de 2024

El Colegio de Abogados prevé prestar asistencia jurídica gratuita a los damnificados a partir del miércoles

 VALENCIA.- El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) prevé activar, a partir del miércoles, un servicio de asistencia jurídica gratuita para los damnificados por la DANA en la provincia de Valencia, dentro de los plazos en los que se confía poder acceder a poblaciones afectadas.

Así lo ha señalado la entidad profesional en un comunicado, en el que ha concretado que esta atención tendrá lugar en todas las oficinas de Justiprop, en las poblaciones afectadas y en las sedes del ICAV en los partidos judiciales de la provincia, que estarán operativas a partir de este lunes.

El asesoramiento se coordinará mediante citas previas para la atención a partir del próximo miércoles, desde los teléfonos que se habilitarán de forma específica a tal fin.

A partir de este lunes, las sedes de las delegaciones colegiales del ICAV, la sede de Plaza Tetuán de Valencia y la de la Ciudad de la Justicia van a quedar "habilitadas y a disposición de todos los compañeros y compañeras del Colegio que no puedan ejercer su actividad en sus propios despachos, como consecuencia de los daños causados por la DANA". 

Así, se van a establecer "despachos de acogida".

El Colegio también ha puesto en marcha un servicio para "recoger todas las peticiones e incidencias" que pueda haber, desde la solicitud de documentación colegial --como carnets colegiales o tarjetas de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA)-- hasta otras solicitudes.

El decano del Colegio ha puesto a disposición de los colegiados su teléfono móvil particular "a fin de recoger, saber y conocer, directamente, las necesidades de los compañeros".

El ICAV ha expresado su "profundo pesar" por las consecuencias del temporal, "más aún después de las cifras de fallecidos y situación real conocida, tanto por las víctimas mortales como por los afectados".

"Desde el primer momento en que se tuvo conciencia de la magnitud de las consecuencias en la población, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados activó los protocolos internos para ofrecer toda la ayuda a los colegiados y a los ciudadanos damnificados", han indicado.

Desde el ICAV han añadido que "están manteniendo contactos" desde el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía (CVCA) y el Colegio de Abogados de Valencia, junto al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, con el CGPJ y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

Además, han apostillado, "se reclaman soluciones" desde el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.

El decano del ICAV, José Soriano, ha calificado de "imprescindible" el trabajo de la abogacía, "tanto en el CVCA como en el CGAE y su Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, para la solución y gestión de todas las medidas".

Soriano ha señalado que "de forma personal ha mantenido los contactos necesarios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con la Sala de Gobierno del TSJCV, con el objetivo de conseguir la suspensión de vistas y plazos para los compañeros del ICAV y ciudadanos afectados directa o indirectamente por las inundaciones".

"Fruto de estas gestiones, llevadas a cabo junto al CVCA, el CGPJ acordó la suspensión de los plazos procesales en la provincia de Valencia, solicitada por la Sala de Gobierno del TSJCV. Se considera insuficiente y se debería ampliar a la semana próxima, en cuanto a plazos procesales y administrativos, así como la suspensión de vistas y señalamientos", ha agregado el representante del ICAV.

Asimismo, el decano del Colegio de Abogados ha destacado que los plazos, procesales y administrativos, así como los señalamientos y vistas fijados en la agenda judicial de los partidos judiciales de la provincia, "resultan imposibles de ser atendidos por los letrados directores de estos, que también se han visto afectados por las inundaciones".

Soriano también ha explicado que letrados, procuradores y graduados sociales "no tienen despachos, han perdido desde expedientes y ordenadores hasta vehículos con los que desplazarse a atender una guardia o un señalamiento dentro y fuera de la provincia".

 "Es material, profesional y humanamente imposible esa atención".

"La abogacía es olvidada por las administraciones. No es a la profesión a la que se perjudica, sino a los ciudadanos que se ven obligados a desplazarse cuando se nos recomienda no hacerlo. Se pide que los abogados de toda España soliciten, si así lo consideran, la suspensión de los señalamientos y vistas en las que uno de los directores del procedimiento sea letrado afectado", ha sentenciado el decano.

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