La Diputación de Valencia calcula 1.300 millones en daños en infraestructuras y servicios

 VALENCIA.- La Diputació de València calcula que la dana del pasado 29 de octubre ha provocado daños en infraestructuras y servicios de la provincia por un valor superior a 1.300 millones de euros, según la estimación que maneja hasta el momento a partir de las necesidades de los ayuntamientos afectados.

Así se ha expuesto este viernes en una reunión en su sede en la que han participado más de 60 representantes municipales de las localidades afectadas --la mitad de forma presencial y el resto telemáticamente-- junto al presidente, Vicent Mompó, y las vicepresidentas Natàlia Enguix y Reme Mazzolari. También han intervenido técnicos provinciales y autonómicos.

Entre los ayuntamientos participantes, representantes de localidades como Catarroja, Chiva, Massanassa, Aldaia o Llocnou de la Corona han coincidido en la necesidad de que las administraciones unan fuerzas en la reconstrucción y en que sus vecinos no sean "olvidados", tras casi un mes después de la catástrofe, y reciban cuanto antes las ayudas prometidas.

"Esto se debe empezar a poner en marcha, de lo contrario estaremos muertos socialmente", ha reivindicado el alcalde de Massanassa, Paco Comes, mientras su homóloga en Chiva, Amparo Fort, ha exigido actuaciones rápidas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para el "resurgir" de la localidad.

Desde Catarroja, la concejala Dolors Gimeno ha urgido a las administraciones a tomar "decisiones valientes" para que los vecinos no se vean obligados a endeudarse más. Como alcalde de Aldaia, Guillermo Luján ha pedido visibilizar el riesgo en el barranco de la Saleta. Y el concejal de Llocnou de la Corona Rubén Molina ha asegurado que este pequeño pueblo está en fase de construcción porque el agua entró a todas las viviendas.

Esta primera reunión presencial con los ayuntamientos sirve para actualizar las medidas y contratos de emergencia y "escuchar las necesidades, que pueden ir cambiando cada día. "Una vez dada la primera respuesta a necesidades básicas, entramos en una nueva fase en la que a todos nos preocupan asuntos como la extracción del lodo o la retirada de vehículos", ha señalado Mompó.

Los asistentes han recibido un documento con las actuaciones realizadas y en marcha, el funcionamiento de los programas y los contactos. Se trata de un documento "vivo" y abierto a la participación de los ayuntamientos para que queden recogidos todos los daños.

En las últimas semanas, la Diputació ha destinado más de 70 millones a actuaciones de emergencia. En concreto, 25 millones se han destinado a la reconstrucción de carreteras y puentes; nueve millones a infraestructuras en el ciclo del agua, extracción de lodos y compra de vehículos municipales; un millón para reposición de equipamiento informático; otro millón para campas de seguridad en la que depositar vehículos siniestrados.

También 15 millones para un fondo incondicionado destinado a inversión y gasto corriente y 20 millones que el Consorcio Provincial de Bomberos dedicará a restaurar los parques afectados y a reponer material. Todo este dinero se suma a los 51 millones del remanente de 2024 de la Diputació.

En materia de carreteras, todas las obras de emergencia en las vías de la red provincial (37 contratos) se han adjudicado formalmente, mientras se trabaja desde el 30 de octubre en la limpieza y reconstrucción de plataformas y en la reparación de 29 puentes, con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias.

El principal problema actual, según los técnicos, son las infraestructuras viarias de titularidad municipal, con kilómetros de caminos, puentes y pasarelas urbanas dañadas que hay que reponer a través de la coordinación y de las instituciones. La Diputació ha elaborado fichas de cada infraestructura con la evaluación de daños y el coste de repararlos.

Tienen "prioridad uno" los accesos a núcleos habitados, servicios públicos esenciales, transporte escolar y vertederos. Y "prioridad dos, que no significa que sean menos importantes", los caminos agrícolas, forestales y de acceso a viviendas diseminadas.

De momento, un avance de este inventario ya se ha entregado a la Generalitat, que recibirá la actualización de las 181 fichas de 25 municipios en las próximas horas. De la reconstrucción de las principales infraestructuras municipales se hará cargo la Generalitat, salvo en el caso de Riba-roja donde actuará la Diputació.

En cuanto al agua y saneamiento, la también responsable de Egevasa, Natàlia Enguix, ha cifrado en 500 millones de euros los daños provocados por la dana en el ciclo integral del agua. Se sigue trabajando en los 15 municipios en los que el agua aún no se ha declarado apta para consumo, con una afectación en 800 kilómetros de alcantarillado.

Paiporta es la localidad "más atascada", con un 40% de colmatación y el resto de la red en precario. Allí se trabaja entre 10 y 12 horas con los equipos a presión máxima, pero no resulta sencillo por el estado de la red y los pinchazos que sufren los camiones.

"El problema es de gran magnitud. Tras resolver el abastecimiento de agua en alta, que llegó a afectar seriamente a un millón de personas, ahora seguimos con los trabajos en acometidas rotas en viviendas, una situación compleja que requiere de cirugía a pequeña escala", ha explicado el director de Global Omnium, Vicente Fajardo.

Respecto a la retirada de residuos, la Generalitat trabaja con el Ministerio en la tramitación para disponer de un vertedero de emergencia en un antiguo hueco minero. El coste global puede alcanzar los 400 millones de euros, con un millón y medio de toneladas.

"La prioridad ahora es eliminar los puntos de acopio local, recuperando cuanto antes la normalidad de ir directamente a los puntos de transferencia", ha explicado el director general de Medio Natural, Raúl Mérida.

Para los vehículos que siguen amontonados, la Generalitat ha adoptado una solución transitoria mediante un contrato de emergencia para llevarlos a una campa grande fuera de los núcleos urbanos, a la espera del real decreto del Gobierno que los declare como residuos urbanos y permita su retirada definitiva.

La retirada de lodos es otra de las prioridades, con una inversión prevista de casi siete millones por parte de la Diputació. Estos trabajos son fundamentales para la desinfección, incluyendo la reparación de las bajantes de pluviales afectadas.

Por otro lado, la corporación provincial y el Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) han establecido un protocolo para que funcionarios de carrera y personal laboral fijo de los ayuntamientos puedan ofrecer sus servicios de forma temporal, un año más otro prorrogable, en los consistorios de los municipios afectados.

Hay demanda de informáticos, psicólogos, educadores y trabajadores sociales, entre otros perfiles. Esta opción del voluntariado está pensada para necesidades no permanentes y vinculadas a la reconstrucción, pues se trata de un programa temporal.

La Diputació prevé completar en unos días la distribución de material informático en 41 ayuntamientos afectados, con 450 ordenadores de sobremesa, 500 monitores, 200 ordenadores portátiles, 60 escáneres y otros dispositivos como impresoras.