MADRID.- El subgobernador del Banco de España y
presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
Fernando Restoy, augura que la venta de Bankia tras su recapitalización
será un proceso largo y lento, pero que podría interesar a compradores
extranjeros que se quieran establecer en todo el territorio nacional.
Durante su última comparecencia ante la subcomisión de Seguimiento
del FROB en el Congreso,
Restoy asumió que este caso es una "excepción", ya que otras entidades
con necesidades como las que se han reconocido para Bankia han sido
resueltas en lugar de reestructuradas, algo que justifica el hecho de
que el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri es "sistémico"
dentro del sector, por lo que "tiene que seguir funcionando".
Y es que mientras Banco de Valencia tiene unos 20.000 millones de
activos, Novogalicia Bank en torno a 70.000 millones, o Catalunya Banc
aproximadamente 80.000 millones --las tres, entidades que saldrán a
subasta--, el capital de Bankia supera los 320.000 millones de euros, lo
que hace que su caso deba ser tratado de forma distinta.
"El planteamiento para BFA-Bankia tiene que ser distinto que para
otras entidades. Es una entidad que, por su carácter sistémico, tiene
que seguir funcionando y, por tanto, una eventual liquidación o
resolución debe ser contemplada a un horizonte mucho más de largo plazo,
después de un proceso suficientemente ordenado y dilatado de
reestructuración, adelgazamiento, saneamiento, etcétera. Es decir, más
en la línea de una entidad en reestructuración que de una entidad en
resolución", aclara Restoy.
Es por esto que Bankia requerirá de una inyección de ayuda pública "importante", aunque "bastante menor"
de los 26.000 millones de euros que se estiman en el informe de Oliver
Wyman, según afirma el subgobernador del Banco de España, que sin
embargo no cifra las necesidades de recapitalización definitivas de la
entidad.
Esta importante cuantía obligará al FROB a "gestionar esta entidad durante algún tiempo"
para hacerla de nuevo "atractiva" para el sector privado, ya que su
tamaño será un obstáculo a la hora de encontrarle comprador.
No obstante, Restoy considera que Bankia "puede tener algunas ventajas" a la hora de salir a la venta, "sobre todo (en el caso de) compradores extranjeros que quisieran establecerse en gran parte del territorio nacional", ya que la entidad cuenta ya con una importante red de sucursales, entre otras características. "Pero es algo que tendríamos que ver en su momento, si existe realmente ese interés", apostilla, sin explicar sin embargo cuál será la alternativa en caso de no encontrar ningún postor interesado.
Sin embargo, Bankia no es la única entidad con necesidades de
recapitalización. De hecho, según el informe de Oliver Wyman, en el
escenario más desfavorable de los planteados será necesaria una
inyección de entre 51.000 y 62.000 millones de euros, si bien Restoy
pronostica que la discrepancia de estas estimaciones con la realidad
serán "relativamente relevantes" a la baja.
La cantidad exacta no se conocerá, no obstante, hasta que las
entidades no presenten todos los planes de recapitalización, de los que
también dependerá la reactivación de los procesos de subasta actualmente
paralizados, como los de Banco de Valencia o Catalunya Banc. "Estamos trabajando con enorme intensidad para que esto quede claro lo antes posible", asegura Restoy.
Con respecto al calendario de ejecución de las diferentes
operaciones, el presidente del FROB asegura que ni el Gobierno ni la CE
tienen "interés" en tener muchas entidades nacionalizadas --"sobre todo si son grandes"--
ni durante mucho tiempo. "La vocación es tratar de que no haya
entidades con presencia mayoritaria del sector público en cuanto se
pueda, pero sin malvender o malutilizar los recursos públicos", precisa.
"Este tema hay que verlo de una manera relativamente pragmática, y
el tema es que este país no tiene otro remedio realmente que asegurar
el mantenimiento de la estabilidad financiera, porque sin ésta las
condiciones macroeconómicas empeorarán y los costes, en términos de
creación de empleo o actividad en general, serán todavía mayores",
advierte Restoy a este respecto.
Por ello, recomienda acometer el proceso "con celeridad y despejando cualquier incertidumbre", así como utilizar los fondos públicos "de la manera más eficiente posible" para "minimizar los costes" que deberán asumir los contribuyentes, aunque avisando de que "no cabe esperar en principio que el montante que se inyecte en esas entidades se vaya a recuperar en su totalidad" a pesar de ser cuantías "no despreciables".
En este proceso de reforma financiera también hay que tratar de
evitar al máximo las "distorsiones" en la competencia, exigiendo a cada
entidad planes de "adelgazamiento y reducción de capacidad" que
sean "exigentes" y proporcionales a la inyección recibida. Según Restoy,
la mera puesta en marcha de todo el proceso de reestructuración y
resolución de entidades ha servido ya para reducir tensiones de liquidez
en el sector.
Sin embargo, el subgobernador rechaza la posibilidad de introducir
un coeficiente de crédito obligatorio sobre las ayudas recibidas para
destinar al crédito a la economía real, tal y como propone CiU. "Francamente, creo que no es una buena idea", reconoció en la sesión, descartando finalmente la posibilidad de que haya un "impago masivo de la deuda pública española" salvo en caso de ruptura de la unión monetaria. "Evidentemente, una de las cosas que ocurriría (en ese supuesto) es que el sistema financiero español quebraría", concluyó.
Por su parte, el coordinador de la subcomisión y diputado 'popular', Fernando López Amor, instó al Gobierno a ir "a paso ligero" con la implementación de las diferentes fases del proceso de reforma financiera. Además, recomendó al Banco de España una "simplificación jurídica del marco normativo de las cajas", una figura "destinada a la muerte". "Tienen la muerte anunciada; pues hagámoslas desaparecer ya de una forma ordenada", insistió.
Además, consideró que la "brutalidad" de dinero que se va a inyectar en Bankia debe conllevar unas "reglas de juego" para la entidad similares a las marcadas por la UE a España así como celeridad en la solución de estos asuntos. "Y que se devuelva el dinero, que es un objetivo claro porque si no se producirá una ineficaz asignación de recursos públicos", zanjó
