viernes, 16 de octubre de 2026

Los desahucios en la Comunitat Valenciana bajan un 22 % interanual en el segundo trimestre del año

  


VALENCIA.- El número total de lanzamientos practicados en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2026 ha sido de 629, un 22 por ciento menos que los 806 registrados en el mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta reducción fue provocada por los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que disminuyeron un 39,9%, al alcanzar 361 frente a los 601 de un año antes.

En cambio, los 184 desahucios derivados del impago de hipotecas supusieron un aumento del 7 %, respecto a los 172 contabilizados entre abril y junio del pasado año. 

Asimismo, los relacionados con otras causas, por ejemplo con laudos arbitrarles o procedimientos de familia, ascendieron a 84, un 154,5% más que los 33 del segundo trimestre de 2025, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Cataluña --con 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional-- fue la comunidad autónoma en la que más desahucios de todo tipo se han practicado durante el segundo trimestre de 2026. Le siguieron Madrid, con 778; Andalucía, con 737 y la Comunitat Valenciana.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 456, el 10,1 % del total; seguida por Andalucía, con 397, y la Comunidad Valenciana, con 361.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la Comunitat Valenciana ocupa el tercer lugar, por detrás de Andalucía, con 247, y Cataluña, con 209.

En relación a la población, la Comunitat Valenciana ha registrado en el segundo trimestre del año 3,4 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes y 6,7 derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En el segundo trimestre del año se presentaron 807 demandas de ejecuciones hipotecarias, un 26,5 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.098.

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.319; la Comunitat Valenciana y Madrid, con 563.

Si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 27,9 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 20,6, y la Comunitat, Valenciana, con 14,9.

Por su parte, los concursos presentados en el segundo trimestre de este año en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la Comunidad Valenciana fueron 2.022, un 12% menos que los 2.276 del mismo periodo de 2025.

Todas las modalidades de concursos sufrieron descensos interanuales. Así, los de personas naturales no empresarios, 1.748 en total, bajaron un 13,8%, los de personas jurídicas (174) lo hicieron en un 7,9%, y los de personas naturales empresarios (80), un 61,7%,

Tomando en consideración el número total de concursos presentados, la Comunitat Valenciana ocupa el cuarto lugar de entre el conjunto de comunidades autónomas, por detrás de Cataluña, el territorio en el que más se registraron, 4.631, Madrid, con 3.033, y Andalucía, con 2.891.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentaron 9 expedientes, un 35,7% menos, que los 14 del mismo trimestre de 2025.

En el periodo analizado se presentaron 5.885 demandas por despidos, un 8,1% más que las 5.442 contabilizadas entre abril y junio de 2025. Por el contrario, en esta jurisdicción disminuyeron las demandas por reclamaciones de cantidad, concretamente un 10%, al registrarse 2.891, frente a las 3.214 del segundo trimestre del año pasado.

En cuanto a los procedimientos monitorios, se presentaron 20.778 en este segundo trimestre de este año, lo que implica un descenso del 22,7% en relación con los 26.897 del segundo trimestre del pasado año.

Finalmente, en la Comunitat Valenciana se celebraron entre abril y junio de 2026 un total de 57 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Son un 14% que los 50 registrados en el mismo periodo del año.

Expertos señalan las luces y sombras de la Ley del Suelo y piden que contribuya a paliar la crisis de vivienda

  VALENCIA.- Expertos del ámbito urbanístico, legal o inmobiliario han expuesto los puntos positivos y negativos de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que se tramitará en las próximas semanas por la vía de urgencia en Les Corts, y han coincidido en defender que esta norma contribuya a la construcción de vivienda pública ante la crisis actual a nivel estatal.

Así lo han trasladado en la comisión de Territorio de Les Corts, dentro de la fase de participación ciudadana antes de la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios. La Ley del Suelo, aprobada por el Consell el pasado 25 de septiembre, establece que los nuevos instrumentos públicos reserven al menos el 50% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida y crea un planeamiento urbanístico simplificado para municipios de menos de mil habitantes.

José Vicente Sánchez, profesor de Urbanismo de la Universitat de València (UV), ha señalado que la ley supone "un paso contundente de flexibilización y de uso del suelo", pero ha advertido que "puede generar distintas controversias" por incluir "menos participación y evaluación".

"Es un yo me lo guiso, yo me lo como", ha ilustrado, y ha pedido tener "mucho cuidado" porque "se pueden agilizar los trámites, pero no a costa de perder garantías". 

Y ha subrayado: "El suelo no urbanizable no es una hoja en blanco, hay condicionantes".

En materia de vivienda, el profesor de la UV ha advertido que la norma "deja demasiado en manos de los promotores la capacidad de construir" y ha pedido medidas regulatorias para "frenar un problema que es mucho más complejo de lo que pretende resolver esta ley con un plan de acción territorial de carácter sectorial".

?La vivienda se tiene que trabajar de forma integrada en todo el territorio, teniendo en cuenta cuestiones de riesgo, movilidad, accesibilidad, transporte y, por tanto, disponibilidad del planeamiento urbanístico (...) No podemos repetir errores en relación a las lecciones que nos dio la dana?, ha expuesto en alusión a la catástrofe del 29 de 2024 que provocó 233 fallecidos.

En el caso del área metropolitana de València, ha indicado que hay sectorizadas ?más de 180.000 viviendas pendientes de ejecutar en los próximos 20 años?: ?Por tanto, no es un problema de falta de suelo, es que ese suelo esté orientado a que se haga vivienda de carácter protegido o accesible, o al menos una parte de ella?.

Además, ha puesto el foco sobre que muchas de las viviendas pendientes en el área de València están en colisión con zonas en riesgo de inundación. Y en general, ha instado a ?romper la dinámica de los últimos años?, tanto a nivel autonómico como estatal, para que la vivienda protegida llegue de verdad a la gente que lo necesita.

La también profesora de Urbanismo Salma Santos, de la Politècnica de València (UPV), ha admitido que la ley dota de agilidad a los procedimientos, algo que comparte, pero ha alertado que ?se puede ver comprometida la seguridad? y generar ?problemas jurídicos? a pequeños ayuntamientos.

Sobre los proyectos de interés autonómico, ha abogado por realizar actuaciones complementarias medioambientales para ?asegurar que ese instrumento no acabe convirtiéndose en una perversión de la propia norma o una puerta de atrás a una reclasificación permanente?.

Por su parte, el arquitecto urbanista Alejandro Escribano se ha mostrado a favor de la ley al considerar que ?es la que hace falta en este momento? y que puede resolver los ?dos problemas graves? del urbanismo valenciano. El primero, ha apuntado, es un sistema de planeamiento ?muy ineficiente? que hace que los planes generales tarden ?15 años? en aprobarse.

El segundo problema, a su parecer, es la gestión del suelo, puesto que cree que ?esta ley tiene las herramientas necesarias para hacer grandes operaciones de viviendas?. ?Sin eso, el problema de la vivienda no tiene solución?, ha sostenido.

A partir de ahí, el arquitecto ha opinado que la ley requiere de algunos ajustes ?de menor escala?, pero ha hecho hincapié en que ?es un paso enorme respecto de la legislación que tenemos, que es paralizante?. ?Eso es lo peor que le puede pasar a una comunidad: que su urbanismo no funcione, porque entonces funciona mal todo?, ha argumentado.

Cuestionado por las críticas que ha recibido la ley, sobre que podría abrir la puerta a la especulación o fomentar usos turísticos, ha afirmado que ?no cambia nada sustancial?, sino que permite que los ayuntamientos ?tengan herramientas muy potentes para ordenar su suelo, de manera que pueden regular no solamente las viviendas turísticas, sino también la necesidad de suelo para nuevas viviendas?.

?Sin construir muchas nuevas viviendas, no va a haber solución al problema de vivienda, es tan simple como eso ?ha incidido?. Si no se dota a los ayuntamientos de herramientas ágiles, no habrá solución al problema de vivienda. Esa es la cuestión clave para la gran crisis que tenemos".

El también arquitecto Víctor García Gil ha valorado positivamente la ley por intentar combatir la ?parálisis burocrática? o por introducir cambios en los planes generales. Ahora bien, ha exigido un compromiso político firme para que tenga un cumplimiento real.

Rafael Ballester, abogado urbanista, ha coincidido en que esta ley es ?necesaria? porque el marco legislativo ha sufrido ?16 o 17 modificaciones? en los últimos 12 años y la normativa actual tiene ?muchas costuras que ya se han descosido?.

En su opinión, el proyecto puede dar una respuesta al problema de la vivienda porque ?permite generar incentivos para reforzar la oferta y aumentar el parque público?. Después ha indicado que la Generalitat, ?con la ley en la mano?, debe utilizar esas herramientas para ponerlas a disposición del mercado de vivienda y, como es un proceso lento, ?cuanto antes empecemos, antes terminamos?.

Preguntado por si esta ley elimina controles, el abogado ha recalcado que la evaluación ambiental depende del Estado y que las reclasificaciones de suelo solo se podrían hacer ?puntualmente? dentro de los planes especiales de vivienda pública, ?una herramienta que se pone al servicio exclusivo de la producción de vivienda pública en cualquier tipo de suelo que no esté protegido?.

El también abogado Juan Enrique Serrano ha asegurado que ?esta ley es lo mejor que hay? porque, aunque ha admitido que ?no es revolucionaria? como otras, como la de la Comunidad de Madrid ?ni especialmente ilusionante?, es ?sólida, pacífica?, está ?muy bien hecha? y debe servir para que "el funcionamiento del urbanismo y la relación de territorio y actividades particulares mejore?. ?

Considera que la norma, ?si se cumple?, ayudará a fomentar la construcción de vivienda, aunque ?no es el único instrumento? necesario para resolver este problema.

Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros ha destacado que la ley introduce ?mejoras importantes? para ?un urbanismo más sencillo, ejecutable y que permita construir más vivienda?.

Como posibles mejoras, ha abogado por reducir el plazo para resolver licencias de tres a dos meses y declaración responsable salvo en casos de obras de nueva planta o edificios catalogados.

Todo ello, ha subrayado, para agilizar las licencias de obra en la situación actual en la que ?hay una necesidad imperiosa de vivienda?.

 Por último, ha instado a la Conselleria a publicar unos criterios generales y vinculantes sobre las ?cuestiones conflictivas? para que tanto los ayuntamientos como los técnicos ?sepan a qué atenerse?.

La manifestación por el segundo aniversario de la dana marchará de luto y realizará el recorrido inverso a la primera

 VALENCIA.- La manifestación convocada por asociaciones de víctimas de la dana y entidades sociales con motivo del segundo aniversario de la catástrofe que provocó 233 fallecidos el 29 de octubre de 2024 será el próximo sábado 31 de octubre a las 18.00 horas y realizará el recorrido inverso a la primera marcha, es decir, partirá de la plaza de la Virgen y concluirá en la del Ayuntamiento de la capital.

Así lo han expuesto los colectivos y organizaciones convocantes, en una rueda de prensa este viernes en el Octubre Centre de Cultura Contemporània para presentar esta manifestación, que llevará por lema 'Mazón a presó', en la que han llamado a la participación en la convocatoria y han animado a acudir vestidos de luto. 

«Necesitamos seguir adelante y que no se quede en el olvido», han reclamado.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a asistir «fuerte y unida» a la manifestación dos años después de «la mayor tragedia que ha vivido España» para dar «fuerzas y calor» a los familiares de las víctimas. 

Dicho esto, ha pedido «empatía» y que todas las personas «se pusieran en nuestro lugar». «Ese día perdí toda mi vida», ha recordado, por lo que ha considerado que ello «no es mucho pedir».

También ha reivindicado que las asociaciones han sido durante estos dos años «motivo de referencia y dignidad» porque han «luchado desde el primer día para denunciar la negligente gestión del gobierno» de la Generalitat. 

No obstante, García ha señalado que también necesitan «una comunidad fuerte para que nunca más» ocurra una tragedia similar y por ello ha llamado a que la manifestación del próximo día 31 demuestre «la memoria» del pueblo valenciano.

Asimismo, ha exigido que las instituciones estén dirigidas por personas «que ponderen y velen por la protección a la vida», por la seguridad ciudadana, y que estén «alejados de intereses económicos». 

En todo caso, se ha preguntado si «hemos aprendido la lección» y si, en caso de que «mañana volviéramos a afrontar un episodio meteorológico extremo, estaríamos preparados para asumirlo».

Sin embargo, ha advertido de que en las zonas afectadas por la riada «no se han hecho los planes de prevención suficientes» y de que los valencianos «no estamos seguros» porque al frente de la Generalitat está «el mismo gobierno que no supo estar a la altura de lo que su pueblo necesitaba» el 29 de octubre de 2024. 

«Sigue ahí arriba, sigue siendo el mismo de antes», ha incidido.

En este sentido, ha calificado de «inepto» al Consell, que se «mantiene en su arrogancia y prepotencia» y con otros intereses que «prevalecen frente a las vidas humanas». 

«No lo vamos a consentir», ha garantizado García, que ha insistido en que el Gobierno valenciano «tendría que haber dimitido en pleno» con Carlos Mazón: «No estuvo a la altura ni antes ni durante ni después de la dana. Por mucho que cambien las consellerias, siguen siendo las mismas personas sobre las que recaen 233 personas fallecidas».

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha incidido en que el próximo 29 de octubre se cumplen dos años de «un hecho que no se tendría que haber producido» y que «no fue ni de lejos un desastre natural, sino un desastre social, comunitario y humanitario provocado por la gestión negligente de un fenómeno meteorológico». 

«No podemos impedir que vuelva a llover, pero sí que se cometan los mismos errores», ha argumentado.

«No podemos decidir cuándo ni cuánto lloverá, cambiar nuestra geografía ni trasladar a centenales de miles de personas, pero una sociedad democrática puede decidir quién tiene la responsabilidad de gestionar ese riesgo y eso importa», ha expuesto.

Álvarez ha hecho hincapié en que aquel 29O «falló todo» y «se improvisó», con un ES-Alert «tardío y erróneo» a las 20.11 horas, cuando ya habían «pueblos inundándose y personas muertas». 

«Si se hubiera atendido la información meteorológica y no improvisado, la historia hubiera sido muy diferente», ha asegurado.

También ha subrayado que gobernar «no es ocupar despachos o subirse a un coche oficial, sino proteger, tomar decisiones cuando hay que tomarlas, avisar cuando hay que avisar y, cuando se falla, asumir la responsabilidad, dar la cara y dimitir», pero hacerlo «de verdad». 

«No dejar el cargo para esconderse detrás de un escaño y seguir aforado», ha avisado, en alusión al 'expresident' Carlos Mazón, que se mantiene todavía como diputado del PP en Les Corts.

Dicho esto, ha dado las gracias a todos los colectivos, medios de comunicación y personas que durante estos dos años han estado acompañando a las asociaciones de víctimas y ha recalcado que estas no han recibido «ningún céntimo de ningún partido» político. 

«Y quien diga lo contrario, que lo demuestre», ha emplazado, a la vez que ha garantizado que no van a dejar de movilizarse ni se van a quedar en sus casas, pese a que les pongan «muchas dianas en la espalda o la cabeza». «Que nadie espere que desistamos», ha garantizado.

Por último, ha reivindicado que esta manifestación «no pertenece a ninguna sigla, sino a las víctimas, sus familiares, al pueblo, a los ciudadanos, a la sociedad que se niega a aceptar que después de 24 meses aún haya que salir a la calle a reclamar justicia, reparación, prevención y responsabilidades». 

«No nos vamos, no nos callamos», ha proclamado entre aplausos de los presentes.

Además, ambas han agradecido a las personas que, «valientemente», decidieron convocar la primera manifestación para exigir responsabilidades por la dana, «ahora que sabemos que muchas intentaron frenarla». 

«Si en ese momento no se hubiera hecho, igual no hubiéramos llegado hasta aquí», han valorado.

Y en representación de los CLER, Rut Moyano ha llamado también a la participación en la manifestación del próximo 31 de octubre para estar al lado de los familiares de las víctimas y, a la vez, reclamar que Carlos Mazón abandone su acta de diputado en Les Corts, se presente en el juzgado de Catarroja a declarar y que todo el Consell que fue «cómplice» dimita y «desaparezca». 

«La mejor manera de honrar a las personas muertas es defender nuestro territorio», ha aseverado.

Sin embargo, ha criticado que, dos años después de la dana, la reconstrucción pase por que más de cuatro millones de metros cuadrados en las zonas afectadas por la riada estén «amenazados por ampliaciones de polígonos industriales, centros comerciales o zonas residenciales». 

«Esa Huerta la necesitamos para vivir, para sobrevivir», ha reclamado.

También ha cuestionado que todavía ninguna de las localidades afectadas por la dana del 29O haya presentado «de manera pública» su plan de emergencias. 

«Elaborarlos de espaldas a la población es errar completamente. Volverá a pasar y tendremos las mismas consecuencias», ha avisado.

Sindicatos exigen a PP y Vox que no "embarren" con las pensiones y avisan de que las quieren convertir en un "gran negocio"

  VALENCIA.- Los secretarios generales de UGT PV, Tino Calero, y CCOO PV, Ana García, han reclamado a PP y Vox que no «embarren» con las pensiones, un sistema que está «garantizado», y han acusado a estos partidos de querer convertirlo en un «gran negocio».

Por ello, han llamado a la ciudadanía a que, en las elecciones del 29 de noviembre, «piensen exactamente quiénes les han subido la pensión acorde al IPC» y «quién les está amenazando con hacer sacrificios».

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios, después de participar en un acto conmemorativo por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza organizado por Pobresa Zero.

Ana García ha señalado que el PP «siempre ha utilizado» las pensiones como «una especie de arma arrojadiza de poner una espada de Damocles encima de la cabeza de más de 10 millones de pensionistas en este país». 

«Lo que hicimos en 2013 fue revertir una reforma de pensiones agresiva que hizo el gobierno del Partido Popular con el señor M.Rajoy a la cabeza, que provocó empobrecer aún más a las personas pensionistas», ha aseverado en alusión al expresidente del Gobierno.

La dirigente de CCOO PV ha subrayado que «el sistema no va a colapsar», ha recordado el Pacto de Toledo al que se llegó para «asegurarlas» pero ha señalado que «eso no significa que en los próximos años se sigan tomando medidas para que las personas pensionistas del presente y del futuro estén protegidas». 

García ha subrayado que no hay «ningún tipo de conflicto» entre jóvenes y pensionistas como «quieren azuzar las derechas».

 «Es todo falaz, todo para embarrar», ha agregado.

Así las cosas, ha pedido «votar con cabeza para proteger los intereses y los derechos» y que las personas pensionistas que «piensen exactamente el 29 de noviembre quienes les han subido la pensión acorde al IPC» y «quién les está amenazando con hacer sacrificios».

 «Cuando se nos dice hacer sacrificios, siempre es a los mismos, a la clase trabajadora o a las personas pensionistas», ha reprochado. 

«Porque esto, al fin y al cabo, va de derechos o de recortes, que es lo que nos están planteando», ha zanjado.

Por su parte, Tino Calero ha subrayado que las pensiones «están garantizadas» y que «lo que tienen que hacer el PP y Vox, la derecha y la ultra de este país, es decirle claramente los 10.000 millones de pensionistas de nuestro país y los miles de ciudadanos que en breve accederán a las pensiones, qué quieren hacer en el sistema público de pensiones».

A su juicio, «da la impresión de que el PP quiere convertir las pensiones en lo que ha hecho en la sanidad pública y en la educación pública, que es un gran negocio, que está permitiendo que muchos se estén lucrando».

 «Es evidente que el objetivo del PP y de Vox, de la derecha y la ultradrecha, es desmontar el sistema público de pensiones y, a partir de ahí, abrir la posibilidad de que las entidades bancarias, las entidades aseguradoras, se lucren en las pensiones públicas».

Con todo, Calero ha exigido al PP «claridad» y ha advertido que, si «lo que quieren es poner la mano en la hucha de las pensiones», las organizaciones sindicales estarán «delante para que los ciudadanos y los ciudadanos de este país tengan claro que sus pensiones seguirán siendo públicas, estarán garantizadas y se revalorizarán».

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