Comienzan con violencia policial los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal

VALENCIA.- Varias palas excavadoras han comenzado a primera hora de este martes a derribar un grupo de viviendas de la calle de San Pedro del barrio de El Cabanyal, donde se ha concentrado un grupo de vecinos para tratar de impedir una actuación que ha sido aíslada por un cordón policial.

Además, este martes se ha conocido la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia que deniega la petición de medidas cautelarísimas solicitada por la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal para paralizar los derribos que se llevan a cabo en este barrio valenciano.

Así lo han confirmado fuentes municipales, según las cuales el Juzgado considera que no se acredita la urgencia de la medida y entiende que el acto administrativo del Ayuntamiento es legal, por lo que no autoriza la paralización de unas obras que a primera hora de la mañana habían derruido ya uno de los cinco edificios que el Consistorio pretende derribar.

Las mismas fuentes han señalado que los derribos pueden continuar, aunque han precisado que queda pendiente de resolución la otra medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, presentada este martes en el mismo sentido que la de Salvem el Cabanyal y de la que ha informado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.

Desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar del primer derribo, en el número 29 de la calle de San Pedro, previendo que iban a comenzar los derribos ya que entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio de El Cabanyal, de Valencia.

Aunque fuentes municipales no habían confirmado aún el comienzo oficial de los derribos en esta zona, las palas derribaron el inmueble entre la calle de San Pedro y la de Luis Despuig.

Según Domenech, los vecinos habían rodeado las casas que estaba previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 ó 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza".

En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena".

Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro".

No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial.

"No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.

Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.

A la zona ha acudido también el concejal socialista Vicente González Móstoles para interesarse por los hechos.

Violencia policial

Posteriormente, agentes de la Policía Local de Valencia desalojaron a rastras a diversos políticos y vecinos concentrados en el segundo inmueble ubicado en la calle Vidal de Cañelles, del barrio de El Cabanyal, número 15, pendiente de derribo tras entrar en vigor en esta jornada la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico.

El desalojo se produjo a la fuerza después de que los agentes hayan invitado a políticos, vecinos y medios de comunicación a abandonar la zona tras la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia.

Entre los políticos desalojados por la Policía se encuentran el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts, Marga Sanz y Lluís Torró y la presidenta de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech.

La portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra cayó al suelo, mientras los vecinos gritaban contra la actuación de derribo, que calificaban de "ilegal" y algunos afirmaban que los agentes les habían llegado a "agredir".

Según explicó la diputada, cuando la Policía intervino para desalojar a los concentrados, se identificó como diputada para señalar que goza de inmunidad, ante lo que lo que los agentes le han contestado: "ni diputada ni leches", aseguró. La síndica adjunta de Compromís señaló, no obstante, que no ha podido identificar a estos efectivos.

Oltra explicó que siente un fuerte dolor en la cabeza y en algunas extremidades, ya que tras caer al suelo, varias personas se precipitaron también sobre ella a causa de la actuación de la Policía, apuntó.

Finalmente indicó que, a pesar de identificarse como parlamentaria electa en las Corts Valencianes, un agente la tiró al suelo y que se golpeó en la cabeza. Afirmó que mañana presentará una denuncia por estos hechos ante los agentes de la Policía Nacional que realizan las labores de vigilancia en el edificio de la Cámara autonómica.

`El Bigotes´ sí hizo regalos a la cúpula del PP

MADRID.- Según informa la Cadena SER, que habría tenido acceso a la parte del sumario abierta esta mañana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', hizo regalos de navidad a numerosos altos cargos del Partido Popular y el Consell en la Comunitat Valenciana.

Entre los regalos, el sumario confirmaría regalos de Orange Market a los consellers Juan Cotino, Alejandro Font de Mora o Milagrosa Martínez, en aquel momento consellera de Turismo, consellería que entregaba el grueso de contratos recibidos por Orange Market. Martínez habría recibido un reloj por valor de 2.400 euros.

Investigan una reunión de Matas con Zaplana, con pago de comisiones desde la televisión balear

PALMA.- Jaume Matas y Eduardo Zaplana, ambos dirigentes del PP, se reunieron (entre 2004 y 2005) a comer con el empresario audiovisual José Luis (Rodríguez) Moreno y el primero, president del Govern balear, habría acordado con el tercero concederle la producción de varios programas en la televisión autonómica IB3 a cambio de sobornos, según mantiene un testigo en el caso 'Palma Arena', Luis Velasco, al que el juez José Castro piensa llamar a declarar, según 'Prensa Ibérica'.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en este fleco del caso Palma Arena apuntan a que empresas de José Luis Moreno cobraron entre 2005 y 2007 más de cinco millones y medio de euros de la televisión autonómica.

Velasco, que actualmente reside en Valladolid, ya ha declarado ante la fiscalía anticorrupción, que en 2008 abrió unas diligencias informativas sobre un presunto entramado de corrupción en torno a la primera etapa de IB3. En esos años fue el hombre de confianza de Moreno en Palma y dirigió programas emitidos por el canal autonómico.

El testigo sostiene que Moreno comió en dos ocasiones con Matas, y en uno de esos almuerzos también estuvo presente Eduardo Zaplana. Este ex ministro del Gobierno de José María Aznar es uno de los pocos dirigentes del PP que se han mantenido fieles a Matas, a pesar de su caída en desgracia por el caso Palma Arena.

La Guardia Civil ha intervenido, con mandato judicial, conversaciones de Zaplana con Maite Areal, esposa de Matas, y en las que el ex presidente de la Generalitat Valenciana le da ánimos y le ofrece ayuda.

Según Velasco, Moreno le explicó que la forma habitual de contratación con las televisiones públicas era el pago de comisiones a altos políticos. En el caso de Balears, la presunta trama de corrupción habría contactado con Matas, que en aquellas comidas le habría prometido al empresario audiovisual varios contratos con IB3.

Velasco asegura también que su jefe le comunicó que los sobornos ascendían al diez por ciento de la facturación. El testigo estima que en Balears se pagaron alrededor de medio millón de euros y añade que la mitad de esa suma habría sido entregada por Moreno al president Matas en la gala inaugural de IB3, celebrada en el Casino de Mallorca en septiembre de 2005.

Jaume Matas y José Luis Moreno han negado taxativamente las acusaciones de Luis Velasco, al que el juez y la fiscalía anticorrupción otorgan credibilidad hasta el punto de proseguir con las pesquisas.

Entre las revelaciones más llamativas que Luis Velasco ha efectuado destaca la supuesta imposición que la familia Matas-Areal hizo para que una vidente amiga suya saliera en programas de IB3. Según Velasco, la adivina residía en Valencia y era la vidente preferida de "Matas o de su mujer".

"Esta señora venía dos veces a la semana a Mallorca y cobraba 250 euros por programa y también se le pagaba el transporte y el hotel", ha denunciado Velasco. El antiguo director de programas televisivos también ha contado que Maite Areal enchufó a una modista y experta en moda para colaborar en la televisión pública insular, por lo que cobraba 250 euros por aparición.

"Un día Moreno le pagaba sus 250 euros y al día siguiente cobraba de IB3", apostilló Velasco.

Entre las revelaciones más llamativas que Luis Velasco ha efectuado destaca la supuesta imposición que la familia Matas-Areal hizo para que una vidente amiga suya saliera en programas de IB3. Según Velasco, la adivina residía en Valencia y era la vidente preferida de «Matas o de su mujer».

«Esta señora venía dos veces a la semana a Mallorca y cobraba 250 euros por programa y también se le pagaba el transporte y el hotel», ha denunciado Velasco. El antiguo director de programas televisivos también ha contado que Maite Areal enchufó a una modista y experta en moda para colaborar en la televisión pública insular, por lo que cobraba 250 euros por aparición.

«Un día Moreno le pagaba sus 250 euros y al día siguiente cobraba de IB3», apostilló Velasco.

Zaplana niega

Zaplana negó de forma tajante haber mantenido un almuerzo con el productor José Luis Moreno y con el ex presidente balear, Jaume Matas, investigado por presunta corrupción. «Nunca ha existido esa comida y es imposible que puedan acreditar otra cosa», afirmó Zaplana, actualmente directivo de Telefónica.

El ex jefe del Consell valenciano restó cualquier validez a las afirmaciones de dicho testigo, del que señaló que según las informaciones publicadas «ni siquiera es capaz de concretar cuándo ni dónde se habría celebrado esa comida», y reiteró su inexistencia. Zaplana no negó su amistad con Matas, cuya esposa, Maite Areola, es oriunda de Villajoyosa, pero sentenció: «A ver si ahora va a ser delito ser amigo de alguien».

Miopía o miedo / Enric Sierra

Lo contó este diario el sábado. Un periodista del diario británico The Times fue avaro en su valoración del juego del equipo de Pep Guardiola ante el Arsenal y lo puntuó con un 6,5 sobre 10. La crónica colgada en la versión digital del rotativo recibió comentarios de los usuarios que discrepaban con la versión dada por el periodista. Los lectores advertían que habían visto otro partido distinto al del cronista del diario y consideraban que el fútbol desarrollado por el Barça fue excepcional.

Con anterioridad a internet, este tipo de interacción entre los lectores y los diarios no se daba y para la posteridad sólo quedaban las crónicas periodísticas. Ahora, la historia de ese partido dirá que, a pesar de lo contado por los expertos, el público quedó encandilado con el juego barcelonista. Habrá más versiones de una misma realidad, cosa que enriquecerá la visión de lo sucedido.

Hay destacadas voces del periodismo partidarias de cortar de raíz este tipo de participación de los lectores aduciendo que no aportan nada y que llegan a dejar en mal lugar a los propios medios que acogen estos comentarios.

Son voces que hablan desde la miopía periodística o desde el miedo a perder el protagonismo logrado gracias a las dificultades que la población general tenía de acceder a los exclusivos púlpitos de los medios de comunicación.

Temen que alguien de esa plebe sepa más que ellos y les saque los colores aflorando alguno de los errores que también cometemos los periodistas o contradiciendo impresiones que hasta ahora eran únicas e inapelables.

Recientemente el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), organismo que vela por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas, algo así como el Santo Grial de la profesión, encargó que se estudiaran los comentarios en las noticias de los medios digitales.

La conclusión que hace el CIC del estudio sufre de uno de los males que el periodismo debería evitar: la generalización. Se dice que los comentarios son malos y que habría que abolirlos porque no aportan nada. Solo les faltaba añadir algo así como "no vaya a ser que estos freakys nos quiten el pan de la boca".

La participación de los lectores en los medios digitales serios va mucho más allá de los comentarios. Además, las opiniones inapropiadas que se vierten son una minoría y un equipo de moderación los retira o evita su publicación. El resto son comentarios que, sin ser periodísticos, sirven muchas veces como fuente de nuevas informaciones tras la comprobación y contraste que conlleva el oficio del periodista.

Por tanto, que nadie se preocupe, trabajo no va a faltar. Al revés, hay más aunque no lo sepamos ver. El periodismo se debe adaptar y no enrocarse en un conservadurismo impropio de una profesión vanguardista. El público quiere opinar, ser protagonista y contar historias. Renunciar a esa nueva fuente informativa sí es inapropiado.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100405/53901289278.html

Un particular presenta la petición para registrar el nombre 'Bancaja CAM'

ALICANTE.- El viernes 20 de noviembre de 2009 el Consell salía en defensa de la solidez de las cajas de ahorro valencianas. La intervención se producía en medio de la polémica surgida tras las declaraciones del vicepresidente económico, Gerardo Camps, que apenas dos días antes había abogado por una fusión de Bancaja y CAM tras indicar que la entidad alicantina entraría en pérdidas este año.

Las declaraciones desataron una avalancha de críticas políticas, empresariales y sindicales. Pero también tuvieron otra consecuencia hasta ahora desconocida: la Oficina Española de Patentes y Marcas recibió ese día una solicitud para registrar la marca Bancaja CAM, según 'El País'.

La petición procede de un particular domiciliado en La Pobla de Vallbona (Valencia) que debió ver más que posible la eventual fusión -a la que las dos cajas de ahorros valencianas se han opuesto por activa y por pasiva- y que también confía en sacar ventaja por solicitar el registro del nombre de las dos entidades antes que nadie.

La solicitud está en fase de tramitación y ya ha recibido cuatro oposiciones (impugnaciones), según el expediente. Las oposiciones se concretaron entre el 17 y 18 de marzo y dentro del plazo de tres meses tras publicarse la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La petición se realizó para las actividades de "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Servicios bancarios".

Las solicitudes de marcas y patentes esconden, en ocasiones, propuestas sorprendentes e incluso insólitas. Cualquier motivo es bueno para intentar aprovechar el tirón de un personaje o de una situación, y tratar de asegurar algún beneficio futuro con el registro de una marca.

Luna cree que Camps padece un "bloqueo" personal

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, considera que éste es un año de "bloqueo" para el PPCV porque el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, está "bloqueado por las situaciones jurídicas" y esa situación personal la ha trasladado al Consell y la está intentando llevar a la Cámara autonómica. Ante esta situación, dijo que la actitud de denuncia del PSPV en el Parlamento es "inevitable" porque si no se rompe el "oscurantismo", no habrá futuro.

Luna acusó a Camps de intentar trasladar las Corts el "bloqueo" donde, por un lado, el PP busca "sacudirse su parte de responsabilidad" en el Gobierno de los valencianos y, por otra, la oposición "lucha contra la falta de transparencia", de la cual "derivan gran parte de los problemas judiciales de Camps" y que son el "caldo de cultivo de la corrupción".

Asimismo señaló que "hay una voluntad de deslegitimar por todos los medios al Gobierno de España y eso incluye desde "crear conflictos donde no debería haberlos, magnificar conflictos donde los hay, hasta plantear problemas de protocolo", como los que hubo durante la celebración en valencia de la cumbre de la UE.

Señaló que "forma parte del ADN de la política de Camps eludir responsabilidades haciendo recaer en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la responsabilidad de todo y distraer la atención con conflictos". Así, señaló que es "lamentable" que se "empañe" un acto de la Presidencia de la UE en Valencia con un "conflicto de protocolo"

Luna se mostró convencido de que en la actualidad el presidente de la Generalitat está "políticamente acabado" aunque "el problema es que él no quiere reconocerlo". Para Luna, "es evidente que con lo que hay y todo el mundo conoce -relativo al caso Gürtel-, independientemente del resultado del procedimiento", a Camps "no le queda mucha vida política".

"Camps, desde hace mucho tiempo es un problema para el PP, lo que ocurre es que no tienen resuelta de forma pacífica la salida y por eso está donde está", señaló el portavoz socialista.

La labor del PSPV es "acabar con unas prácticas corruptas que condicionan cualquier política económica para la salida de la crisis y la vida política", indicó Luna, quien apuntó que la actividad de denuncia es "inevitable" porque si no consiguen romper la práctica de "oscurantismo", las Corts Valencianes no tienen futuro y "frente a eso, no se puede estar parado".

En este sentido, apuntó que la denuncia judicial es un "complemento" a la política porque en el ámbito político "no hay ni si quiera posibilidad de discutir" porque "se oculta y se niega todo sistemáticamente". Esto supone un "desgaste psicológico importante para nosotros, pero lo suplimos con una voluntad de hierro", indicó el portavoz socialista.

Sobre la posibilidad de que parte de su grupo esté molesto por estar acaparando protagonismo en el Parlamento tal como se ha difundido, aseguró no haber recibido quejas, por parte de los diputados socialistas por el protagonismo que supone liderar esta estrategia, "ni petición" para repartir esta función, al tiempo que argumentó que su labor en el hemiciclo se limita casi a la pregunta de control a Camps, con lo que considera que no acapara "ni mucho menos" el protagonismo de su grupo", aseveró.

Además, indicó que al margen de esta estrategia de denuncia la oposición también presenta "constantemente" otro tipo de iniciativas sobre políticas de funcionamiento en la Comunitat.

Ante la próxima campaña electoral, el principal programa político por parte del PSPV es "recuperar el funcionamiento de la democracia", que los gobernantes "escuchen a todo el mundo" y que "den explicaciones de cómo utilizan el dinero público".

Luna, quien cree que la campaña va a ser "crispada" y "dura", explicó que el primer proyecto político para la Comunitat pasa por recuperar las instituciones.

"Es el primero objetivo, no puede haber otro", ya que "por una concepción autoritaria de la política", "seguimos bloqueados desde el punto de vista de iniciativas contra la crisis" y se "despilfarra el dinero de los ciudadanos en grandes eventos que no se sabe lo que cuestan ni lo que rentan, es muy grave", dijo.

En este sentido, aseguró que la deuda de la Generalitat "está lastrando las posibilidades de la Comunitat Valenciana de salir de la crisis porque el dinero "se está utilizando en pagar deudas generadas en época de bonanza".

"El derroche tan brutal que se ha hecho es lo que condiciona tener medios para invertir" y apuntó que las inversiones en obra pública en la Comunitat "se sostienen gracias a las obras del Gobierno central". La Generalitat, por el contrario "no está haciendo nada" porque "no tiene capacidad económica".

Los abogados accederán mañana martes al sumario Gürtel a través de un servidor

MADRID.- Los abogados del 'caso Gürtel', en el que se investiga una trama de corrupción vinculada a varias administraciones del PP, tendrán el martes acceso a la parte del sumario levantada por el juez Antonio Pedreira a través de un servidor que realizará las funciones de Secretaría Virtual con motivo del ingente volumen de documentación que nutre las actuaciones.

Fuentes jurídicas indicaron que el levantamiento del sumario no incluye el contenido de las comisiones rogatorias ordenadas por el juez a un total de diez países para obtener datos sobre cuentas bancarias. Tampoco incluirá cuestiones que afecten a la intimidad personal de los imputados, así como asuntos que afecten al interés público.

En un providencia dictada este lunes, el magistrado cita el martes a los procuradores de los abogados al objeto de recoger un sobre que contendrá la identificación de la dirección de la página web y sus credenciales para el acceso a dicho portal y a la información relativa a las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción.

El magistrado indica que "el ingente volumen de documentación intervenida o requerida a diversas entidades públicas y privadas que componen las presentes actuaciones" conlleva que su traslado a las partes personadas requiera aplicar "nuevas tecnologías en la Administración de Justicia como es el uso de un servidor que realice funciones de Secretaría Virtual".

Para ello, señala la providencia, se proporcionará a las partes una herramienta de gestión documental prestada a través de un portal web que reunirá los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad, accesible sólo para usuarios registrados.

Igualmente, se proporcionará al Ilustre Colegio de Procuradores, en sobre cerrado, credencial (usuario de lector y contraseña) para el acceso al citado portal, con indicación de los requisitos técnicos necesarios para su utilización.

El secreto del sumario se levantará el martes después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara todas las comunicaciones intervenidas por orden del juez Baltasar Garzón entre los principales imputados y sus abogados en prisión.

El magistrado hará el martes públicos un total de 50.000 folios que forman parte de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción.

El pasado 28 de septiembre, Pedreira acordó levantar el secreto de una parte del sumario en el que mantiene imputadas a cerca de 70 personas, entre ellas, Francisco Correa y su primo, Antoine Sánchez; el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; y Álvaro Pérez 'El Bigotes', el supuesto delegado de la trama corrupta en la Comunidad.

Entre los imputados figuran el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el parlamentario autonómico Alfonso Bosch, el diputado autonómico y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, el ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, el ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.

¿Rajoy "máximo responsable" de la trama?

El ex concejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso 'Gürtel', José Luis Peñas, señaló al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, como "máximo responsable de la trama Gürtel en toda España", y aseguró que éste "tenía que haber denunciado lo que estaba sucediendo en su partido como miembro del Parlamento español".

En declaraciones a Telecinco, Peñas declaró que Rajoy "tenía una responsabilidad que viene recogida en códigos civiles y penales", y que "tenía que haber hecho algo más". Asímismo, afirmó que "a día de hoy está claro que el PP se aprovechó de esta trama", y aseveró que "en Valencia ha habido una financiación claramente irregular".

Preguntado sobre si denunció la trama por venganza, el ex concejal aseguró no conocer "lo que es la venganza sino la justicia". A su vez, Peñas dijo estar imputado en 'Gürtel' porque en el 'pendrive' dónde supuestamente están los cobros que recibió de la trama "hay tres apuntes donde aparece mi nombre".

Peñas negó haber sentido miedo tras destapar el escándalo, aunque aseguró que toma "precauciones" ante una "trama de tantos miles de millones de euros". A su vez, recalcó su "plena confianza" en la justicia y dijo no tener "nada que ocultar".

Pajín niega que el PSOE busque un candidato alternativo al líder del PSPV

MADRID.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, negó este lunes las informaciones que apuntan que el partido podría estar buscando un candidato alternativo al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, para encabezar la lista de las próximas elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana.

"No es cierto en absoluto", enfatizó Pajín al ser preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

En este contexto, la responsable de Organización socialista recordó que el proceso para la elección de candidatos no está aún abierto por lo que "no hay discusión sobre ningún candidato", dijo.

La Comunitat aglutinó el 16% de los concursos de acreedores hasta marzo

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana aglutinó el 16 por ciento de los concursos de acreedores en el primer trimestre del año, con un total de 246, según el 'Baremo Concursal' que trimestralmente elabora PricewaterhouseCoopers (PwC) a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los 246 concursos declarados hasta marzo en esta autonomía suponen un aumento del 49 por ciento en relación con el primer trimestre del pasado año, cuando la cifra fue de 165.

Por provincias, Alicante registró 53 concursos, un 3 por ciento del total, y una cifra que supone una reducción del 21% en relación con 2009; Castellón, 27, un 23% más y Valencia contabilizó 166, lo que supone un 11 por ciento de la cifra global y un aumento del 118% con respecto al pasado año, cuando se llegó a los 76 concursos.

Fabra ingresó 5,3 millones sin justificar en seis años, según el informe pericial

MADRID.- La investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos, según publica hoy 'El País'.

Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra.

Durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas -un salario como presidente de Castellón cifrado en 1999 en 73.000 euros-, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecían responder a la economía de un cargo público.

En definitiva, "se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal", explican fuentes al corriente de esta investigación. Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda, y esto puede dar lugar a un delito fiscal por cada año investigado, aclaran las mismas fuentes.

Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000.

Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 ó 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.

Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.

Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castellón: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual.

Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.

El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos: su esposa, Amparo Fernández Blanes, y sus hijos Borja, Claudia y la diputada Andrea Fabra.

Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda. Por fin, el rastro aportado por dichos documentos ha permitido interrogar a los supuestos recaderos de los sobres de Fabra -por ejemplo, sus chóferes- y a los empleados bancarios que estaban al corriente de esta operativa. Esto ha cerrado el círculo: el dinero ingresado en las cuentas de Fabra no respondía a donativos anónimos sino que era ordenado y conocido por él, a tenor de las confesiones judiciales ya prestadas por los intervinientes en tales operaciones.

Con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias sobre el presidente del PP castellonense. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la supuesta doble vida económica de este dirigente popular, también.

Un tren de vida que ya salió a la luz con el informe de Hacienda sobre 1999, que detectó un desfase patrimonial de 600.000 euros. Aún no se sabía que quienes le ingresaban el dinero eran sus chóferes. Los dos han confirmado que el dinero se lo daba el propio Fabra en sobres sin ningún distintivo ni membrete.

Las operaciones sospechosas acreditadas se refieren exclusivamente a ingresos de Fabra y su esposa. Por tanto, en principio, no ha salido ninguna irregularidad que salpique a las cuentas o el patrimonio de sus hijos. Las operaciones sospechosas analizadas son el resultado final de excluir todos los ingresos justificables de Fabra. Y, por supuesto, de dejar aparte las cuentas institucionales de las que era apoderado.

Nueve jueces y cuatro fiscales

Carlos Fabra comenzó a ser investigado cuando un empresario, Vicente Vilar, le acusó de cobrarle "cantidades millonarias a cambio de favores políticos". Bolsas de plástico y maletines fueron algunos de los medios usados, según el empresario, para transportar el dinero con el que compensaba la mediación del dirigente del PP para agilizar autorizaciones para productos fitosanitarios.

Vilar presentó facturas de joyerías de regalos realizados tanto a la familia Fabra como a otros cargos del PP que, según alegaron, los devolvieron. Y facturas emitidas por una empresa del presidente de la Diputación de Castellón y firmadas por él mismo, como asesor, por la elaboración de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o guías de grandes compañías.

La investigación desembocó en una inspección de Hacienda y en un proceso por supuestos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. Pero, además, el empresario aseguró que la documentación para las autorizaciones de los fitosanitarios estaba falsificada, por lo que se abrió otra causa por falsedad documental. Esta imputación fue archivada el pasado febrero, al no encontrar la Audiencia de Castellón indicios suficientes para mantener la acusación.

Pero el procedimiento por los delitos contra la Administración y el fraude fiscal sigue vivo, tras el paso de nueve jueces y cuatro fiscales por el Juzgado número 1 de Nules. Carlos Fabra aseguró no haber defraudado nunca a Hacienda y trató de justificar las decenas de ingresos ya detectados en el ejercicio de 1999 alegando que sacaba dinero de una cuenta y lo ingresaba en otra.

Colomer pide que Rajoy y Camps "den la cara" y explicaciones sobre los ingresos sin justificar de Fabra

CASTELLÓN.- El portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón y secretario general del partido en la provincia, Francesc Colomer, reclamó hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, el presidente del PPCV, Francisco Camps, o "alguien" del Partido Popular "den la cara" y ofrezcan explicaciones "de manera urgente" de los ingresos sin justificar del presidente de la corporación provincial castellonense, Carlos Fabra.

Colomer se pronunció de esta manera en relación a la información que publica hoy el diario El País en la que asegura que Carlos Fabra ingresó 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, según el informe sobre los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial abierta contra él por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. La cifra representa 70 veces su salario.

El portavoz socialista afirmó que se debe tener "cautela y prudencia" si bien consideró que se trata de una "información trágica para la democracia" y para el "comportamiento ético de los dirigentes políticos".

Colomer recordó que el PSPV le pide "desde hace mucho tiempo" a Fabra que explique en sede oficial "o donde quiera" "quién le ingresaba tanto dinero y a cambio de qué".

En su opinión, "lo mínimo que debe hacer un político en democracia es dar explicaciones cuando el dinero fluye de esa manera tan espectacular como fluía" por las cuentas del presidente de la Diputación de Castellón, quien delegó el pasado mes de marzo sus funciones al frente de la institución provincial en el vicepresidente primero, Francisco Martínez, por motivos de salud.

Para Colomer, la información publicada hoy "no viene más que a agravar" una situación "que requiere de una manera urgente explicaciones, que den la cara Rajoy y Camps" y que "alguien en el PP" dé explicaciones "en defensa de lo que debe ser la imagen de la política y de la nobleza de la política".

En caso contrario, dijo, "la situación se va degradando sin remedio" y esto es algo, agregó, "que no podemos permitir de modo alguno". Asimismo, en un comunicado posterior, Colomer calificó de "absolutamente intolerable e insostenible" la situación del PP tras estas revelaciones y lamentó "profundamente la estrategia de mutismo, desprecio a la opinión pública y a la ciudadanía del PP".

En esta línea, también lamentó la actitud "de escapismo" del entorno de Fabra y la dirección 'popular', de la que dijo que "nunca da explicaciones", y recordó que la semana pasada el PP votó en contra de una moción presentada por el grupo socialista en la Diputación que "apoyaba en términos generales las medidas contra el fraude fiscal".

Por ello, pidió a la cúpula del partido que tenga "un gesto de vergüenza democrática, den la cara y zanjen de una vez por todas este episodio de indecencia".

Peralta dice que Fabra tiene obligación de dar "cuenta cabal" de sus ingresos de dinero

CASTELLÓN.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, indicó hoy que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tiene "obligación" de dar "cuenta cabal" de los movimientos de dinero en sus cuentas y de los ingresos sin justificar y "asumir las responsabilidades" que de ello se puedan extraer.

Peralta se pronunció de este modo preguntado por la información que publica hoy el diario El País en la se asegura que Carlos Fabra ingresó 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, según el informe sobre los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial abierta contra él por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. La cifra representa 70 veces su salario.

Para Peralta esta información plantea "muchos interrogantes", como "de dónde viene ese dinero, cuál es la razón de que el señor Fabra recibiera ese dinero al margen de sus ingresos como cargo público" o "cómo es posible que un cargo público no declare esos ingresos a Hacienda".

En su opinión, hubiera sido "necesario y no sólo deseable" que Carlos Fabra, --quien delegó el pasado mes de marzo sus funciones al frente de la institución provincial en el vicepresidente primero, Francisco Martínez, por motivos de salud-- "hubiera dado cuenta detallada en su momento de la razón de esos ingresos, a qué se debían y por qué no los declaró".

Peralta lamentó las circunstancias personales que está atravesando en estos momentos el presidente de la Diputación de Castellón, pero indicó que Fabra, "en la medida en que sigue siendo un cargo público", tiene "obligación" de dar cuenta de estos ingresos y "no intentar jugar con la lentitud" que obliga el "trabajo riguroso" de la Justicia.

Así, el delegado, quien consideró "preocupante" que se haya tenido que esperar "años a una investigación judicial lenta para tener conocimiento" de esta situación, señaló que Fabra "tiene obligación de dar cuenta cabal de todos esos movimientos de dinero y, en su caso, asumir las responsabilidades que procedan".

Peralta cree que se van a conocer nuevos datos sobre la "trama corrupta" del Gürtel

CASTELLÓN.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, se mostró hoy convencido de que el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel ofrecerá "nuevos datos" sobre "esa trama corrupta muy vinculada a determinadas personas del PP y que se ha dedicado a detraer dinero público en beneficio privado".

Peralta se mostró "convencido", asimismo, de que esos datos "serán sometidos al juicio de los tribunales y merecerán el castigo que corresponde".

"No sé absolutamente nada de los datos sometidos a secreto de sumario, por lo tanto, no puedo hacer ninguna valoración", dijo, aunque se mostró "convencido" de que, una vez se hagan públicos los datos, "a partir de mañana y a través de los medios de comunicación, seguramente conoceremos nuevos datos de esa trama corrupta, muy vinculada a determiandas persoans del PP y que se han dedicado a detraer dinero público en beneficio privado".

"Estoy convencido de que esos datos, en la medida en que vayan a esa dirección, serán sometidos en su momento al juicio de la Justicia y merecerán el castigo que corresponde, sin lugar a dudas", manifestó.

Los abogados del 'caso Gürtel', en el que se investiga una trama de corrupción vinculada a varias administraciones del PP, tendrán mañana acceso a la parte del sumario levantada por el juez Antonio Pedreira a través de un servidor que realizará las funciones de Secretaría Virtual con motivo del ingente volumen de documentación que nutre las actuaciones.

EUPV cree que Carlos Fabra "debería abandonar la presidencia del PP provincial y ser expulsado

CASTELLÓN.- La diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes y miembro de EUPV Marina Albiol consideró "incomprensible" la "inacción" del PP "ante un caso tan grave de corrupción" como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y sostuvo que el dirigente 'popular' "debería abandonar la presidencia del PP provincial y ser expulsado del partido".

Así lo indicó en un comunicado tras la publicación de un informe pericial sobre los ingresos del dirigente 'popular' realizado en la investigación judicial abierta contra él por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal, que apunta a que Carlos Fabra ingresó 5,3 millones de euros sin justificar en seis años.

"Mientras el PP de Rajoy y Cospedal elabora códigos de buena conducta y habla de compromiso de ejemplaridad, en Castellón la justicia demuestra la irregularidad de las cuentas de su presidente provincial", indicó.

La diputada de EUPV consideró que la posición de Carlos Fabra "se está haciendo cada día más insostenible" y añadió que, "aunque muy lentamente", "los datos que van siendo revelados del caso, refuerzan cada día la postura que ha defendido contra viento y marea mi formación política y van acorralando al presidente de la Diputación".

En su opinión, "se ha dado un salto cualitativo" y Fabra "debe exponer en el juzgado de dónde han salido los 5,3 millones que ha ingresado, origen que siempre se ha negado a aclarar ante la opinión pública".

Para la diputada, "las nuevas revelaciones hacen insostenibles las posiciones de los altos cargos del PP estatal, deben tomar cartas en el asunto, y expulsar a Carlos Fabra de su partido si no explica de dónde procede esta enorme fortuna que ha ido atesorando en los últimos años" o advirtió de que, en caso contrario, "quedarán como cómplices de la corrupción que salpica Castellón".

Albiol consideró que el PP "debe una explicación a la ciudadanía de por qué apoyan y mantienen en el cargo a un hombre como Fabra, cuando ya ha quedado demostrado la irregularidad de sus cuentas" y añadió que mientras a otros dirigentes "por menos les han suspendido de militancia, Fabra parece intocable y ni siquiera le piden explicaciones".

Peralta dice que la estatua de Franco será retirada de Capitanía General en las próximas fechas

CASTELLÓN.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, indicó hoy que la estatua ecuestre de Franco, situada en uno de los patios de Capitanía en la ciudad de Valencia, será retirada "en las próximas fechas" y trasladada "al lugar que corresponda".

El delegado señaló que este tipo de estatuas "pretenden dignificar la figura de una persona que se sublevó contra un gobierno democrático", algo que no se corresponde ni con "la imagen del Ejército español ni con la imagen de la democracia española" y por ello "están siendo retiradas en todo el Estado".

La estatua ecuestre de Franco, que es propiedad del Ayuntamiento de Valencia y que estuvo situada durante casi 20 años en la plaza denominada ahora del Ayuntamiento, se encuentra ubicada en la actualidad en un patio interior de Capitanía General, pero deberá ser retirada en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

Competencia sopesa llevar a los tribunales a la Comunidad Valenciana por las concesiones de autobús

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se está planteando impugnar ante los tribunales la normativa de la Comunidad Valenciana sobre la renovación de concesiones de rutas de transporte de viajeros en autobús, en caso de que no atienda a sus requerimientos y la modifique para garantizar la competencia en el sector.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda está "analizando casos similares en otras comunidades autónomas" a partir del informe que ha realizado, en el que constata la "falta de competencia efectiva" que registra la normativa autonómica sobre concesiones de transporte público de viajeros por carretera.

La CNC remitirá además a la Comisión Europea este informe con el fin de que adopte las medidas oportunas "en relación al posible incumplimiento del derecho comunitario que suponen estas leyes regionales".

En su análisis, Competencia indica que las normas de las distintas regiones "cierran el mercado y tratan de eliminar la liberalización del mismo" mediante la prórroga de las concesiones lo que, "a efectos prácticos, supone que no hay competencia efectiva, con claro perjuicio para el usuario final del servicio".

El organismo que preside el profesor y abogado alicantino Luis Berenguer ha "observado atentamente" las actuaciones que muchas comunidades han adoptado en los últimos años en relación con las concesiones de rutas de autobús de su titularidad, por las que, según indica, "se arbitran mecanismos para, en la práctica, prorrogar esas concesiones a las empresas que actualmente las explotan mediante diversos instrumentos normativos".

Por ello, advierte de que, sin perjuicio de las iniciativas que las empresas afectadas puedan adoptar, se reserva la "posibilidad de emprender las medidas que considere oportunas para instar la corrección" de dichas regulaciones regionales.

En este sentido, en un comunicado la CNC señala el caso de la Comunidad Valenciana, a la que le ha remitido un "primer requerimiento" para que cambie su normativa de renovación de concesiones de autobús.

"Si en el plazo de un mes no es atendido el requerimiento, se abrirá la vía para que la CNC, en virtud de lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia, pueda impugnar dicha regulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa", indica Competencia.

Competencia ha emitido un segundo informe sobre la normativa estatal sobre concesiones de transporte en autobús, dependiente del Ministerio de Fomento, en el que insta a este departamento a realizar de nuevo "cambios drásticos" en las 'reglas de juego' pactadas con las empresas del sector para renovar los contratos que vencen estos años.

Para la CNC, los pliegos de los concursos diseñados tras la primera advertencia de este organismo "siguen siendo altamente insatisfactorios y muy deficientes".

Por ello, pide que se elimine el derecho de preferencia a favor del concesionario actual de la línea de autobús en caso de similitud de oferta y, a cambio, otorgue mayor importancia a las ofertas que se realicen sobre tarifas y frecuencias, "las dos principales variables de decisión del consumidor".

Además, solicita que limitar los plazos de duración de las concesiones para ajustarse a lo que establecen los reglamentos comunitarios.

Luna teme "expurgos de expedientes" en la administración valenciana

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, teme que la administración valenciana esté "expurgando expedientes" relacionados con el caso Gürtel por lo que hace un llamamiento público a los funcionarios para que les faciliten información ante esta posibilidad. Asimismo se mostró convencido de que en el sumario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hay cosas de Valencia porque funcionarios le han dicho que se les ha pedido datos.

Luna indicó que hay funcionarios que de "forma anónima" les están haciendo llegar "informaciones" que la Generalitat "niega" a los socialistas y que le han trasladado que se "están expurgando expedientes" por lo que, ante esta posibilidad, les pide que le trasladen información.

Asimismo se mostró convencido de que cuando el TSJM levante el sumario del caso Gürtel "van a salir cosas de la Comunitat Valenciana" ya que "algún funcionario" le ha hecho saber que el titular madrileño, Antonio Pedreira, le ha pedido documentación para investigar algunos asuntos relacionados con la causa.

Luna explicó que hay funcionarios que de "forma anónima" están haciendo llegar a los socialistas informaciones porque "no quieren colaborar con este tipo de cosas", pide colaboración "a quien pueda facilitar algún tipo de papel para llevarlo al juzgado.

El portavoz del PSPV en la Cámara autonómica subrayó, dado que la vía política se la "cierran", tiene que pedir a la sociedad, por lo que solicitó a "cualquiera que tenga algo que quiera denunciar y crea que puede ser denunciado", que acuda a los socialistas.

Tras hacer este llamamiento, el responsable socialista dijo que también le "consta que hay algunos consellers que están muy nerviosos porque han tenido que hacer cosas que seguramente no han sido iniciativa suya y las han tenido que hacer".

Lo mismo que "hay muchos funcionarios que están muy nerviosos porque han tenido que participar en adjudicaciones, sin ser los responsables, pero haciendo algún informe o dulcificando alguna cosa" y "participar en expedientes administrativos que no son precisamente un modelo de tramitación rigurosa", aseveró.

"Hay otros --insistió-- que conocen esas prácticas y están haciéndonos llegar alguna cosa interesante" y apuntó que en función de lo que llegue "se utilizará de una forma u otra". Preguntado por si tienen alguna información guardada, Luna aseguró que "cosas hay" pero vale más la pena "guardar algún papel que luego se puede enlazar con otras cosas que quemarlo rápidamente".

El portavoz socialista argumentó que esta situación se produce porque "cuando esto era un control de hierro que todo lo controlaba bien, pero cuando esa mano de hierro se quiebra y se quiebra 40.000 veces gracias a la acción de Justicia y la Policía, se empieza a quebrar esta atmósfera de hierro y empieza a haber gente que se anima a acabar con lo que hay porque no les gusta".

Luna subrayó que "hay cosas pero están bien ahí" y se utilizarán "cuando se vaya levantando el secreto de sumario", del que opina que "van a salir cosas sobre la Comunitat Valenciana", según se deduce de los autos, apuntó.

En este sentido, recordó que en algunas sedes de la Administración autonómica "se han producido registros" y el director de RTVV, José López Jaraba, reconoció en sede parlamentaria que el juez Antonio Pedreira había solicitado información de contratos del ente público con motivo de la visita del Papa a Valencia.

Preguntado por el informe policial relacionado con los contratos de RTVV en la visita del Papa a Valencia, Luna justificó su exhibición y utilización en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque fue en un contexto de "falta de información y de ocultar las cosas" por parte del jefe del Consell. Por ello, afirmó que su "obligación es utilizarlo", al tiempo que destacó que la información a la que hizo referencia "no es nueva".

Luna comentó también que la denuncia del PP por este asunto les "hace un favor" porque "permite que se hable mucho más de la falta de transparencia" y afirmó que está dispuesto a asumir todas las denuncias y querellas que le pongan porque no está "denunciando alegremente sin pruebas".

"Mientras esté haciendo esta labor, estoy en paz con mi conciencia", apostilló.

De este modo apuntó que la labor del PSPV de control y de exigir transparencia "tiene reflejo aunque no lo parezca" en la sociedad y "estoy convencido de que hay muchos diputados del PP que son conscientes de que han entrado en una deriva que no les lleva a ninguna parte".

"Son conscientes de que las denuncias, cuando no vienen seguidas de un ofrecimiento de información, generan un incremento de las sospechas", dijo. No obstante, "ellos sabrán por qué les conviene mantener pagar el precio que supone estar bajo sospecha".

Luna, además, recalcó que pagaría de su "bolsillo" por lograr información porque "me facilita mi labor" ya que "lo que necesito son papeles, que me niegan (los populares) y a los que tengo derecho. Incluso estaría pagando por algo a lo que tengo derecho como diputado".

Luna se mostró convencido de que en la actualidad el presidente de la Generalitat está "políticamente acabado", aunque no sabe lo que va a tardar en salir de la vida pública".

Para Luna, "el problema es que él no quiere reconocerlo pero parece que es evidente que con lo que hay y que todo el mundo conoce, independientemente del resultado de un procedimiento", no le queda "vida política".

"Camps, desde hace mucho tiempo es un problema para el PP, lo que ocurre es que no tienen resuelta de forma pacífica la salida y por eso está donde está", señaló el portavoz socialista.

El PSPV dice que el Consell es "el paradigma del despilfarro"

VALENCIA.- El diputado nacional y secretario de Ideas y Programas del PSPV, Joan Calabuig, subrayó que el Consell es "el paradigma del despilfarro" en la Comunitat Valenciana por lo que, a su juicio, "no puede dar lecciones nadie".

Calabuig destacó en un comunicado el "ejemplo de transparencia" del Gobierno central en el IV Encuentro de Mujeres, celebrado el pasado fin de semana en Valencia, y lo comparó con los actos organizados por el Consell, sobre los que "existen graves sospechas de corrupción". Al respecto, indicó que "los sobrecostes, gastos supérfluos y situaciones que están bajo investigación judicial".

"Mientras la gestión de los socialistas va unida siempre a la transparencia y la claridad, la del PP es un cúmulo de dudas y sospechas", apuntó el dirigente socialista, quien aseguró que los populares "están implicados en el caso de corrupción más grave de la democracia valenciana".

Asimismo, destacó que "la búsqueda permanente por parte del PPCV de enfrentamiento con el Gobierno central perjudica a los valencianos y valencianas". Además, acusó al Consell de "debilitar las instituciones" con esta postura. Según el miembro de la dirección del PSPV, esta actitud del Consell es "exclusivamente por un interés partidista" y "carece de fundamento".

Calabuig lamentó que "cualquier excusa le sirva al PP para desprestigiar la política e iniciativas tan loables como la que tuvo lugar en Valencia gracias al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

En este sentido, subrayó que la cumbre euroafricana celebrada en Valencia, que reunió a jefas de Estado, presidentas de Gobierno y ministras de Europa y África, "ha sido una apuesta del presidente del Gobierno por la Comunitat Valenciana y un éxito para la ciudad de Valencia".

"Muchas ciudades hubieran querido albergar dicho evento y hemos sido unos privilegiados", manifestó.

Por último, Joan Calabuig comentó que "el éxito de la cumbre, se debe fundamentalmente a los principios de igualdad y solidaridad", dos conceptos que "molestan especialmente al Consell", concluyó.

El PSPV pregunta a la Generalitat sobre el papel que ocupa RTVV en la trama

VALENCIA.- La portavoz socialista en la Comisión de Control a Radio Televisió Valenciana (RTVV), Nuria Espí, ha presentado tres preguntas parlamentarias en la Mesa de las Corts con el fin de conocer "el papel que ha desempeñado RTVV en la principal trama de corrupción ligada a un partido político en España", así como el presunto acoso sexual a trabajadores del ente y el "encubrimiento" del mismo por parte del director general, José López Jaraba.

"La situación en RTVV requiere de respuestas y actuaciones inmediatas por parte del Consell", señaló en un comunicado Espí, quien añadió que Canal 9 "está ante la situación más grave de su historia, por presuntas irregularidades en contratos millonarios y desvío de dinero a paraísos fiscales, según informes policiales".

Además, comentó que a ello hay que sumar "los escándalos laborales indignos y la manipulación y ocultación de la realidad denunciada por todas las organizaciones profesionales e incluso el síndic de greuges", lo que supone una "violación continua y sistemática de los principios fundacionales del ente", resaltó.

La portavoz socialista ha presentado tres preguntas parlamentarias en la Mesa de Les Corts. En primer lugar, preguntará al Consell por las medidas que va a adoptar respecto a López Jaraba "ahora que sabemos que en el mes de octubre tuvo conocimiento del acoso que sufrían las trabajadoras y no hizo absolutamente nada".

En este sentido, Nuria Espí lamentó que "la llamada de socorro a la dirección de RTVV por parte de las denunciantes no les sirvió de nada" porque se "encontraron con las puertas cerradas, sordas y mudas a lo que estaba ocurriendo".

"Transcurrieron seis meses de silencio y de encubrir a un presunto abusador", insistió Espí, quien destacó que López Jaraba "mintió en sede parlamentaria cuando manifestó que conocía los hechos desde febrero". Lo que supone, según la portavoz socialista, "una falta de respeto a las instituciones democráticas ya que ignoró su obligación de comparecer ante la comisión para aclarar lo ocurrido y no a distorsionar la realidad".

En segundo lugar, la portavoz socialista preguntará al Consell si tomará medidas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nulo el nombramiento del anterior director general, Pedro García, "implicado" en el caso Gürtel, y que "ha utilizado el canal en beneficio de la red mafiosa".

En este sentido, Espí espera que se tomen medidas "para corregir la situación de López Jaraba porque ha sido elegido desde la misma ilegalidad por expreso deseo de Francisco Camps y el PP".

Por otro lado, Espí instará al Consell a abrir una investigación de las cuentas del temporalmente cesado secretario general y jefe de personal, Vicente Sanz, ya que "al parecer utilizó fondos públicos para hacer regalos personales a trabajadoras de RTVV".

Por último, la dirigente del PSPV se preguntó "qué tiene que ocultar el gobierno valenciano cuando, ante tantas irregularidades, no toma medidas", así como "¿hasta cuándo va a utilizar a la principal empresa pública de la Generalitat como un cortijo o sede de comunicación del PP?".

La Comunitat Valenciana depuró en 2009 más de 500 hm3 de aguas residuales

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana depuró en 2009 un total de 503 hectómetros cúbicos (hm3) de aguas residuales en las 443 instalaciones en funcionamiento, frente a los 269 hm3 que se depuraron en 1993 cuando se creó la Entitat de Sanejament d'Aigües.

Estas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) eliminaron 167.067 toneladas de materia orgánica y trataron una carga contaminante equivalente a 6.300.000 habitantes, según informó la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, indicó que estos datos sitúan a la Comunitat Valenciana "a la cabeza de España en materia de tratamiento y reutilización de aguas y en referente de gestión hídrica eficiente".

En este sentido, el vicepresidente anunció que su Conselleria está preparando el plan '100 x 100', que será presentado en breve, y que prevé que la depuración de agua alcance a toda la población de la Comunitat Valenciana.

Además, de los 503 hm3 de agua depurada, el volumen de agua reutilizada en 2009 fue de 309 hm3.

En este sentido, Cotino insistió en que la reutilización de aguas depuradas es "uno de los principales objetivos" de la Conselleria de Medio Ambiente y Agua, "dado el déficit hídrico y la necesidad de disponer de este recurso tan necesario para la Comunitat", y añadió que en los últimos diez años en la autonomía valenciana se ha pasado "de no reutilizar ni un sólo litro de agua a los más de 300 hm3 que estamos reutilizando en estos momentos para, principalmente, la agricultura".

La Comunitat Valenciana dispone de las infraestructuras "más avanzadas" en materia de reutilización. Estas aguas son sometidas a procesos de tratamiento terciario cuya capacidad alcanza los 368 hm3 al año en las 35 EDAR que disponen de esta tecnología.

Estas técnicas permiten obtener, en algunos casos, agua de una calidad "excelente" al aplicar sistemas de última generación, como son las desalobradoras de las EDAR de Benidorm y Rincón de León en Alicante.

En estas instalaciones, el agua, una vez depurada mediante procesos convencionales, es filtrada mediante membranas de ultrafiltración, haciendo pasar el agua a través de poros de un diámetro inferior a 0,1 micras (0,001 mm), para después darle un tratamiento de osmosis inversa, cuyo objetivo es la disminución de cloruros, y hacerlas aptas para utilizarlas en el riego agrícola.

Estas instalaciones tienen una capacidad de 22,6 hm3, lo que permite regar más de 3.700 hectáreas, evitando la utilización de agua que puede destinarse para el abastecimiento potable.

A lo largo de 2009 entraron en funcionamiento 15 nuevas instalaciones que suman una capacidad de tratamiento de 2.168 m3 al día.

Estas EDAR son las de Arañuel, Azuebar, Benafigos, Castellfort, Chovar, Espadilla, La Mata, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, San Rafael del Río, Sot de Ferrer, Sagunt y tres en el municipio de Montserrat.

Estas nuevas instalaciones pueden dar servicio a un total de 12.152 habitantes.

Tildan de "proyecto virtual fantasmagórico" el anuncio de que Gerhy diseñaría el edificio del rectorado de la VIU

CASTELLÓN.- El portavoz de Joves amb Iniciativa y miembro de la ejecutiva local del partido en Castellón, Jose Pedregosa, consideró hoy que el anuncio "hecho en su día" por el Consell y el Ayuntamiento de Castellón de que el arquitecto norteamericano autor del Guggenheim de Bilbao, Frank Gerhy, diseñaría el edificio del rectorado de la Valencian International University (VIU), con sede en la ciudad de Castellón, "ha pasado a formar parte de los proyectos virtuales fantasmagóricos del PP".

Al respecto, señaló en un comunicado que Mundo Ilusión, Waterfront, la Ciudad de la Música, la Ciudad de las Lenguas y el centro de convenciones de Calatrava "ya tienen un nuevo compañero atrapado en el limbo de la no realidad", ya que, según dijo, la Generalitat "no puede dar ningún dato" sobre la VIU, "mientras se le complique la papeleta".

Pedregosa destacó que "la política de grandes contenedores sin contenido, de grandes edificios fastuosos, de obras con sobrecoste, ha sido una prioridad para el PP, que lastra poder actuar con normalidad".

En el caso concreto de la VIU, universidad, a su juicio, "creada desde el PP para atacar a las universidades públicas valencianas", manifestó que se trata de un ente privado, "pero creado y sufragado con dinero público". Por ello, en su opinión, estaba claro que "al final, quien acabaría pagando el mantenimiento y las obras como las del rectorado seria la ciudadanía a través del dinero público".

Asimismo, indicó que la "reiterada" suspensión judicial del PAI Mestrets, terrenos en los que el PP pretendía ubicar el edificio, "ha hecho dejar en vilo la sede de la VIU que, por el momento, ocupa un edificio de titularidad pública en la calle Mayor de Castellón".

No obstante, señaló que "tampoco es que haga mucha falta tener ninguna sede, puesto que hemos visto que la ciudadanía pasa de este engendro montado por el PP", lo que explica que el número de matriculaciones para el presente curso "ha rondado sólo el centenar".

Jose Pedregosa reclamó al Consell que "deje de destinar dinero público a financiar un chiringuito que no tiene pies ni cabeza".

En este sentido, denunció que mientras las universidades públicas "están en el umbral de la quiebra económica", el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, "destina el dinero de todos los valencianos a alimentar un chiringuito para sus amigos y su doctrina política, que no tiene el más mínimo interés en la ciudadanía".

"Si el centro no tiene apoyo social, no tiene interés, que se le abandono a su suerte empresarial, como entidades privada que el PP remarca que es, y se esfuercen en ayudar a las universidades públicas a dar el salto a la enseñanza virtual a distancia y, sobre todo, que dejen en paz a los vecinos de Mestrets", concluyó el integrante de Iniciativa.

Entre la corrupción y la falta de alternativa / José Luis de Zárraga *

Aproximadamente un 12% de los electores que declaran su intención de votar al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas valencianas estimado en cifras absolutas, unos 160.000 electores creen que las acusaciones de corrupción que se hacen a ese partido están bien fundadas, piensan que las acusaciones contra Francisco Camps son ciertas y les parece que es cierta también la acusación de que el PP valenciano se ha financiado ilegalmente.

Hay incluso un 20% de esos electores que opinan que Camps no debería presentarse como candidato a esas elecciones. Y pese a todo ello, declaran su intención de votar al partido y al personaje de cuya corrupción están convencidos.

Un sector amplio de los futuros votantes del PP en el País Valenciano, entre el 40 y el 50%, creen pese a las evidencias que esas acusaciones no son ciertas, que son una campaña contra su partido y sus dirigentes. Y otros tantos se desentienden de esas noticias y se abstienen de opinar sobre ellas. En la conciencia de estos hay cierta coherencia, aunque forzada, porque seguramente la mayoría sospecha (o teme), en su fuero interno, que esas acusaciones tienen un desagradable fondo de verdad.

Pero ¿qué pasa en la conciencia ciudadana de esos 160.000 electores que están dispuestos a votar a quienes creen corruptos y que no tienen empacho en declararlo cuando se les pregunta? No sé si lo declaran con rubor, porque las entrevistas son telefónicas y no se les ve la cara. Y seguramente habrá otros tantos que albergan las mismas convicciones sobre los gobernantes valencianos y las mismas intenciones de votarles, pero que, al preguntarles en la entrevistas, lo ocultan diciendo que no saben lo que harán o se niegan a contestar.

"Estos serán tan ladrones como los otros, pero son los míos", dirían probablemente, amparando su incoherencia moral en las imágenes generales de la política que subyacen en la conciencia ciudadana. Esas imágenes tienen, en la sociedad española, raíces seculares, con orígenes remotos, y sólo durante unos pocos años en el último siglo estuvieron en suspenso en la época de la República y en los primeros tiempos de la democracia tras el franquismo, y se realimentan continuamente.

Como ya se ha explicado otras veces, el principal criterio de decisión del voto en España es la adscripción a un partido, con el que el elector se identifica al margen de su actuación, cuya consideración selectiva viene sólo a reforzar esa opción previa. Y cuando las evidencias es decir: lo que los medios dominantes imponen en la conciencia como evidencia contradicen la identificación, lo más que sucede normalmente es que el elector se abstiene, porque le repugna votar a los suyos y no quiere votar al enemigo.

Pero hay otro factor muy importante, que puede ser decisivo en estos casos, que es la falta de alternativa. "No me gusta lo que estos han hecho, pero ¿a quién voy a votar?". En el caso del País Valenciano hay indicios claros de que este factor está influyendo y podría explicar por qué los escándalos de corrupción no tienen consecuencia apreciable en el voto.

Véase en este Publiscopio cuál es el nivel de valoración de quien se propone como alternativa a Camps, el candidato del Partido Socialista, Jorge Alarte: 4,3 de puntuación media, y sólo le conocen el 39% de los electores valencianos.

Aún entre los votantes socialistas su nombre sólo es conocido hoy por el 56%, sólo un 14% califican de buena o muy buena su actuación como líder de la oposición y sólo un 51% lo prefieren a Camps como futuro president de la Generalitat. Si no entusiasma ni a los suyos, cómo va a captar esos votos ajenos cuya fidelidad debilita el espectáculo de la corrupción

(*) Sociólogo

http://www.publico.es/xalok/304292/corrupcion/falta/alternativa

Camps refuerza su mayoría mientras el PSPV perdería dos escaños en Les Corts

MADRID.- Ni el escándalo de los trajes, ni las sombras que se ciernen sobre las contrataciones de la Generalitat a la trama Gürtel ni las pruebas de financiación ilegal del PP valenciano. La corrupción no pasa factura a los conservadores en una de sus principales plazas fuertes, según los resultados del Publiscopio de la Comunidad Valenciana, que recoge hoy el diario 'Público'.

Es más, si en este momento se celebrasen unas elecciones autonómicas, Francisco Camps sería reelegido cómodamente president de la Generalitat con un apoyo del 51% de los electores, lo que equivaldría a una horquilla de entre 57 y 58 de los 99 es-caños que forman Les Corts. Es decir, los conservadores ganarían al menos tres diputados respecto a la actual legislatura, aunque perderían 1,5 puntos en el apoyo del electorado.

La idea de que Francisco Camps revalidará victoria está plenamente instalada en la sociedad valenciana, opinión que sostiene un 68,4% de los consultados. Un 61% de los votantes del PSOE llega a compartir ese pronóstico.

Mientras, la oposición es incapaz de rentabilizar el chaparrón de escándalos de corrupción que golpean al PP desde hace más de un año. Con un nuevo líder, Jorge Alarte, el PSPV-PSOE se haría con el 31,2% de los votos (en 2007 logró el 34,5%), que se traducirían en 35-36 escaños, frente a los 38 que mantiene en la actualidad. De nada le vale a los socialistas generar menos rechazo que los conservadores. Un 31,3% manifiesta que nunca votaría al PP, mientras que un 28,2% no lo haría al PSOE.

En cuanto a Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), retiene a duras penas seis de los siete escaños que ahora tiene Compromís, la marca electoral bajo la que concurrió en las últimas elecciones junto a Iniciativa del Poble Valencià y Bloc Nacionalista, entre otros.

Si se confirma que concurre esta vez al margen de Compromís, EUPV obtendría seis es-caños, con una estimación de voto del 8%. Sus antiguos socios, Iniciativa del Poble Valencià y Bloc Nacionalista, que conservarían junto a otras formaciones la marca de Compromís, no entrarían en Les Corts al no superar el 5% de los votos en toda la comunidad. Aunque sí pueden rebasar por los pelos esa barrera en Alicante y Cas-tellón, quedan lejos en Valencia (la estimación es de un 3%).

Jorge Alarte parte en desventaja respecto a Francisco Camps en conocimiento de los candidatos. Mientras el 97,9% conoce al segundo, el porcentaje baja al 39,3% en el caso del primero. La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, es conocida por el 20,6 de los electores. Camps aprueba con un 5,1 en valoración, por debajo de Mónica Oltra (5,4). En cambio, Jorge Alarte logra un 4,3.

Los electores valoran en Francisco Camps su simpatía, conocimiento de los problemas o su liderazgo, pero lo suspenden en honradez o credibilidad en lo que dice. Un 35,3% dice que el actual president les inspira mucha o bastante confianza. Pero un 59,8% responde que poca o ninguna.

La encuesta establece, además, que el 46,4% de los valencianos aprueba la gestión del PP al frente de la Generalitat, mientras que el 40,8 la suspende. Los consultados no ven en el PSOE una alternativa de Gobierno. Sólo un 16,3% considera que los socialistas lo harían mejor que los conservadores.

EUPV exige que no se subvencionen los actos litúrgicos con dinero público

VALENCIA.- La diputada autonómica en las Corts Valencianes e integrante de EUPV Marina Albiol exigió que no se subvencionen los actos litúrgicos de Semana Santa con dinero público. A su juicio, "hace falta separar lo que son actos de carácter popular o cultural de lo que son actos puramente litúrgicos".

Albiol destacó en un comunicado que el dinero público "no puede servir para subvencionar actividades puramente religiosas, exclusivas de una de las confesiones que existen actualmente".

"Los ayuntamientos y las diputaciones deben representar a toda la ciudadanía y no pueden generar agravios comparativos entre las diferentes confesiones subvencionando las actividades religiosas de la iglesia católica y no de las otras", manifestó

En este sentido, la diputada autonómica hizo hincapié en que con el dinero público "se debe fomentar la cultura y las actividades de carácter popular que se hacen estos días en muchos pueblos de nuestras comarcas, pero nunca cuestiones puramente religiosas".

Asimismo, subrayó que desde EUPV respetan "absolutamente" todos los actos que celebra la iglesia católica durante los días de Semana Santa, pero consideran que éstos "no pueden ser sufragados con el dinero de todos los ciudadanos".

"Vivimos en un Estado laico y, por lo tanto, las actividades religiosas deben ser sufragadas por los propios creyentes o practicantes de las diferentes confesiones", concluyó Marina Albiol.

El Ayuntamiento de Castellón promueve el intercambio de experiencias en innovación tecnológica cerámica con Stoke-on-Trent

CASTELLÓN.- El vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, ha cerrado con Stoke-on-Trent un acuerdo para fomentar el intercambio entre empresas del sector cerámico con el objetivo de incrementar el nivel de formación cualificada de los profesionales de este ámbito.

El protocolo de colaboración se ha ampliado al intercambio en materia cerámica expresamente, según informó en un comunicado el consistorio, con motivo de la visita de Moliner a esta localidad del centro de Gran Bretaña donde se encuentra una potente industria cerámica dedicada a la producción de vajillas.

Moliner, que se ha reunido con el equipo de desarrollo económico de Stoke-on-Trent con el que visitó varias empresas cerámicas, destacó que este viaje "ha dado sus frutos en los dos ámbitos que más unen a ambas ciudades, primero el del intercambio de estudiantes para aprender respectivamente ambos idiomas, español e inglés, pero también y de forma absolutamente novedosa, se han sentado las bases para intercambiar profesionales cerámicos que adquieran los mejores avances que la industria de la otra población posee".

El vicealcalde subrayó que el nexo económico con esta localidad es el que ha propiciado el encuentro entre las dos ciudades, puesto que ambas participan en el Proyecto de Fomento de la industria cerámica UNIC, del que hubo un encuentro de los 11 países participantes el pasado mes de febrero en Castellón y donde surgió la idea de promover este intercambio.

Sotke-on-Trent cuenta en su municipio con más de 300 empresas dedicadas a la producción industrial de vajillería cerámica, lo que supone que más de 10.000 trabajadores están contratados dedicados directamente por estas empresas y "evidencia la similitud de compromiso con este sector por parte de Castellón y la localidad inglesa", indicó el consistorio.

Moliner recalcó que "también en Stoke el sector se encuentra en un evidente proceso de transformación desde la manufactura a la industrialización tecnológica. Y es ahí donde las empresas de ambos municipios podemos empezar a colaborar".

El Vicealcalde de Castellón explicó que el encuentro se centró en establecer el acuerdo marco para proceder a la realización del intercambio de profesionales cualificados "para compartir experiencias y mejorar procesos en dos ámbitos complementarios, pero no competitivos como son la capacitación de personal y la mejora de los procesos productivos de las empresas".

El proyecto se enmarcaría dentro de un programa europeo que se iniciaría como consecuencia de la iniciativa UNIC en la que ambas ciudades están participando ya de forma activa. "Castellón apuesta por una nueva línea de apoyo al sector cerámico, que pretende mejorar la competitividad de nuestras empresas y la capacitación de nuestros trabajadores.

De esta manera, esto es un ejemplo más del compromiso expreso del Ayuntamiento de la capital con el sector que tanta prosperidad le ha dado a nuestra provincia", apuntó.

En esta línea, incidió en que Castellón "quiere convertirse en la Capital Europea de la Innovación Cerámica y por eso lidera en todo el continente la expansión de mercados, la apertura de usos y las oportunidades de capacitación profesional para nuestras empresas y trabajadores".

"No sólo vamos a conseguir implantar todos los avances que se consigan en el sector en los usos que podamos mostrar al mundo desde Castellón, sino que también pretendemos exportarlos como parte de nuestro know how de la cerámica", dijo.

Medio Ambiente limita temporalmente el acceso a la reserva natural de les Illes Columbretes

CASTELLÓN.- La Conselleria de Medio Ambiente ha limitado temporalmente el acceso a la Reserva Natural de les Illes Columbretes, en la provincia de Castellón, según se establece en la resolución firmada por la directora general de Gestión del Medio Natural, María Ángeles Centeno.

La restricción temporal afecta al desembarco de visitantes en la Illa Grossa, por las escalas de Puerto Tofiño y el Rossí, puntos habituales de acceso a las islas, según informó la Generalitat en un comunicado.

Esta limitación se mantendrá mientras la Conselleria de Medio Ambiente realiza las obras de adecuación de los accesos a la Illa Grosssa, "de acuerdo con las condiciones que exige la legislación vigente en materia de seguridad".

Los trabajos de acondicionamiento, en los que la Conselleria de Medio Ambiente ha invertido cerca de 7.000 euros, consisten en la construcción de una plataforma y unas escaleras metálicas, que sustituirán a las antiguas escaleras de roca y permitirán el acceso de los visitantes a la Reserva Natural.

De este modo, los barcos podrán amarrar en la nueva plataforma y a través de las escaleras, los visitantes tendrán la posibilidad de acceder a las islas "en condiciones de seguridad".

La aplicación de las restricciones afecta únicamente a las visitas organizadas, ya que el personal que trabaja habitualmente tanto en la reserva natural como en la reserva marina, y los investigadores de la isla, podrán desarrollar sus funciones con normalidad.

El PSOE y el PP preparan un pacto contra la corrupción política

MADRID.- El PSOE y el PP están preparando medidas para luchar contra la corrupción política ante la multiplicación de escándalos, informa este jueves el diario El Mundo.

"PP y PSOE están a punto de alcanzar un pacto anticorrupción", escribe el periódico que citó a los responsables de los dos partidos encargados de poner en marcha el texto.

El pacto, que luego será sometido al Parlamento, prevé una serie de medidas para luchar contra los delitos financieros entre políticos y funcionarios. Varias medidas se refieren a las licitaciones y particularmente prevé sustituir por técnicos a los políticos que ocupan las carteras de urbanismo y que deciden los proyectos de infrastructuras.

Como consecuencia del 'boom' registrado en España en los últimos 15 años en materia de construcción e infraestructuras, se reprodujeron los escándalos por enriquecimientos personales de políticos locales y regionales.

El martes, Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro del PP, fue acusado de 12 delitos que podrían acarrearle 64 años de prisión y fue dejado en libertad con una fianza récord de tres millones de euros.

Grau dice que "en ningún caso" se derribará en la zona BIC de El Cabanyal hasta que no se aclare judicialmente su situación

VALENCIA.- El primer teniente de alcalde y concejal de Grandes Proyectos en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, aseguró hoy que, "en ningún caso", durante la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar, se llevarán a cabo derribos en la zona de este barrio declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Indicó que se hará así "en tanto en cuanto se aclara judicialmente la situación" de esta zona de El Cabanyal-Canyamelar y en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado en este sentido entre el PP, al frente del Ayuntamiento, y el PSPV, en la oposición, recordó. Afirmó que el equipo municipal de gobierno "siempre ha cumplido la ley y los acuerdos del pleno". "Eso es lo que se está haciendo y lo que se seguirá haciendo", dijo.

Grau precisó que esa zona abarca el espacio comprendido entre la acera este de la calle Escalante y la acera oeste de la calle Doctor Lluch en el ámbito comprendido por la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, incluida en el PEPRI. El edil realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa que ofreció para informar de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana en el consistorio valenciano.

Se pronunció de este modo al referirse a las críticas que el equipo municipal de gobierno ha recibido por la eliminación de algunos elementos de un edifico que la administración ha adquirido en la calle de la Reina. Alfonso Grau manifestó que es "una falsedad como la copa de un pino" y "mentira" que ayer se iniciara el derribo de este inmueble y destacó que, "en ningún caso, se ha intentado derribar ninguna casa en la zona BIC y en la calle de la Reina".

Explicó que lo que ha ocurrido con dicho edificio es que el anterior propietario "ha querido llevarse algunos elementos como puertas", dijo. Señaló que por ello, para extraer esos objetos, ayer se estuvo trabajando en el inmueble, al tiempo que insistió en que esto no ha supuesto ni va a suponer su derribo.

El responsable municipal apuntó que también se ha actuado en este edificio para tapiar, "como hace siempre" la Sociedad Cabanyal 2010, sus puertas y ventanas con el fin de "evitar el acceso de personal indeseable" a su interior. "No hay más", declaró Grau, que comentó que "tapiar los huecos no es derribar un edificio".

Por otro lado, comentó que la protección que tiene el citado inmueble es "dos", lo que afecta "sólo" a "elementos estructurales" y no a otros como los tabiques interiores o las puertas, tras lo que insistió en "aclarar que no se ha intentado derribar nada".

Aseveró que quienes han dicho que este inmueble se iba a derribar "mienten" y rechazó las críticas hechas en este sentido por la Plataforma Salvem El Cabanyal, opuesta al PEPRI, y por la portavoz del PSPV en el consistorio, Carmen Alborch, y el edil de esta formación Vicente González Móstoles. Consideró "lastimosas" las declaraciones en esta línea y lamentó que González Móstoles, formando parte de Cabanyal 2010, "diga semejantes tonterías sabiendo lo que hay".

Alfonso Grau resaltó, tras ello, que durante el desarrollo del PEPRI, "en ningún caso, se derribará nada en la zona BIC, en tanto en cuanto no se aclara judicialmente la situación de esa zona". "Ése es el acuerdo del pleno y lo cumpliremos", sostuvo. No obstante, indicó que "fuera de ese ámbito, sí que se va a demoler porque ahí no hay por qué paralizar nada" ya que "jamás, los tribunales lo han paralizado y nadie ha dicho nada".

Sin embargo, consideró, en alusión a quienes se oponen al desarrollo del PEPRI, que "hay quien quiere mantener la antorcha viva", y afirmó que ante esto él está "encantado". "Cada vez que quieren decir estas cosas, mentir, yo, a nivel institucional, estoy encantado", manifestó. Lamentó que la oposición "tome esas posturas" y se una "con los violentos", en alusión a la Plataforma Salvem El Cabanyal.

El primer teniente de alcalde se mostró "dispuesto" a "seguir adelante en todo el resto del PEPRI", exceptuando, como dijo, la zona BIC. Afirmó que la actuación en la zona no protegida, "se ha declarado legal, con sentencias, también del Tribunal Supremo, ante la arbitrariedad de la ministra" de Cultura, Ángeles González-Sinde, "al meterse en competencias que no son suyas", sostuvo en referencia de la orden ministerial que ordena la paralización de este plan urbanístico.

Grau señaló que "cuando la ministra dice que el ministerio a actuado de la única manera que podía" en el Cabanyal-Canyamelar "porque lo pedían los tribunales", está "o mal asesorada, o miente".