Valencia y Castellón Confidencial

valenciaconfidencial@gmail.com / "Sin el debate, sin la crítica, ninguna Administración y ningún país pueden triunfar y ninguna república puede sobrevivir" (John F. Kennedy) * Newsletter, de opinión e influencia, fundado en 2007 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por Francisco Poveda, periodista licenciado en la UCM desde 1976 y actualmente miembro de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV).

viernes, 28 de enero de 2011

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

Bruselas publica una guía para aclarar a los ayuntamientos cómo financiar servicios públicos

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha publicado este viernes una guía para aclarar a los poderes públicos de los Estados miembros, especialmente los ayuntamientos, cómo financiar los servicios de interés general respetando las reglas comunitarias sobre ayudas públicas.

La guía deja claro que la UE no impone un modelo particular de organización de los servicios públicos sino que se limita a exigir que la financiación no sobrepase las cantidades necesarias. En este sentido, precisa cómo atribuir servicios de interés general a empresas privadas y cómo calcular la compensación, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El documento precisa igualmente las condiciones en las que la prestación de servicios sociales puede limitarse a empresas sin ánimo de lucro. Asimismo, resalta que la aplicación de la directiva de liberalización de los servicios no impide a los Estados miembros seguir regulando los servicios sociales para garantizar su accesibilidad y calidad.

Bruselas ha publicado además este viernes otra guía destinada a ayudar a los poderes públicos a comprar bienes y servicios de manera socialmente responsable y respetando al mismo tiempo las reglas de la UE.

REE inicia el tendido del segundo cable submarino entre la Comunidad Valenciana y Baleares

MADRID.- Red Eléctrica de España (REE) ha iniciado el tendido del segundo de los tres cables submarinos que compondrán la interconexión eléctrica entre la península Ibérica y las Islas Baleares, anunció en un comunicado.

El barco Skagerrak, uno de los dos únicos del mundo capaces de realizar esta tarea, ha comenzado a depositar en el fondo marino los primeros metros del cable, de 237 kilómetros de longitud, que enlazarán Santa Ponsa (Mallorca) con Sagunto (Valencia).

La conexión del extremo del cable con el sistema eléctrico de Mallorca se ha realizado con la ayuda de un equipo de buzos, que lo ha acercado a la costa.

Los trabajos realizados por el Skagerrak son similares a los llevados a cabo por el Giulio Verne durante el tendido del primer cable de la interconexión. Este barco partió de Mallorca el pasado 13 de enero y ya ha completado más de la mitad del recorrido.

El proyecto Rómulo consiste en la construcción de la primera interconexión eléctrica entre la Península y Baleares. Este enlace, submarino y en corriente continua, se compone de tres cables de 237 kilómetros cada uno que alcanzan una profundidad máxima de 1.480 metros.

Cuando esté en funcionamiento, la conexión aportará en torno al 25% de la electricidad que se consume en las islas, lo que permitirá diversificar el suministro a las Baleares.

Don Tapscott: "Esto no es una crisis, es un cambio histórico"

BARCELONA.- Tengo 63 años. Nací y vivo en Toronto. Estoy casado y tengo dos hijos. Licenciado en Psicología y Estadística. Soy doctor en Derecho y profesor de gestión. Tengo una empresa de investigación sobre cómo internet cambia los negocios y la manera de gobernar los países.

Esto no es sólo una crisis económica, estamos ante unmomento de cambio histórico: la era industrial y todas sus instituciones se han quedado sin energía.

¿No salva nada?

Periódicos, universidades, corporaciones, gobiernos, educación, sistemas de salud, red de energías..., todo está basado en modelos de la era industrial, y están fallando.

Ha habido otras crisis.

Igual que la imprenta de Gutenberg permitió evolucionar de un modelo agrario a la era industrial con todos sus cambios sociales y de gobierno, internet nos lleva de la era industrial a la digital.

Y todas nuestras instituciones están todavía en el modelo industrial...

Sí, en las universidades se da la educación industrializada: una clase magistral de uno a muchos; como en los medios de comunicación, la producción y distribución masiva, los servicios de salud y la democracia, una élite de políticos y una masa que los elige.

¿Cuál es el nuevo modelo?

Hay cinco principios para construirlo. El primero es la colaboración, modelo opuesto a la jerarquía. Ahora la colaboración se puede dar en una escala astronómica: millones de personas han creado una enciclopedia.

¿Es extrapolable?

Linux, el sistema operativo gratuito, ha sido creado por cientos de miles de colaboradores. La tercera parte de las motocicletas que se fabrican en el mundo son el resultado de cientos de pequeñas compañías que se encuentran para colaborar.

Segundo principio.

Apertura y transparencia.

Eso va en contra de las maneras de hacer de los gobiernos del mundo.

Sí, pero la luz es un buen desinfectante. Todo el mundo está preocupado por Wikileaks, que es sólo la punta del iceberg. Hay muchas cosas feas dentro de los gobiernos y las corporaciones, y cuando salen a la luz evolucionan para mejor.

Tercero.

Interdependencia, los negocios no pueden triunfar en un mundo que está fallando. Si España no pagara su deuda soberana, el euro en su conjunto se hundiría y llevaría al mundo entero a la depresión.

Cuarto.

Compartir la propiedad intelectual, que ya no es necesaria. The Guardian ha liberado todas sus ediciones pasadas, IBM entregó 400 millones de dólares en software a Linux, que se encarga de desarrollarlo con voluntarios y de paso IBM aprovecha para desarrollar un negocio multimillonario de hardware ligado a este nuevo software. Compartir es crear riqueza.

Cinco.

La integridad. Las instituciones del mundo en el que vivimos no han sido construidas sobre la integridad.

Ya.

La falta de integridad de los banqueros casi destrozó el modelo capitalista en su totalidad. El resultado de la falta de honradez de los banqueros de Nueva York es un 40% de desempleo juvenil en España.

El modelo capitalista está basado en la ley del más fuerte y el más listo.

Ese es el capitalismo de la era industrial y no volverá. Muchas corporaciones se están viendo obligadas a la transparencia y están mejorado gracias a ella.

¿Cuáles son los ejes del cambio?

La comunicación global: internet; las nuevas generaciones, que son nativos digitales; la revolución social, a través de las redes sociales, y los emprendedores.

Las empresas ¿también cambian?

Hasta ahora el talento estaba dentro de las instituciones. Procter & Gamble tiene 700 químicos contratados, pero el 50% de sus innovaciones viene de comunidades de internautas. Las empresas están dejando de seguir modelos piramidales.

Hablemos de gobiernos.

Todos están en crisis. El Gobierno español, por ejemplo, les sale a los españoles carísimo, y no digamos la sanidad.

¿Alternativas?

Yo como gobierno tengo muchísima información y voy a publicar datos brutos. Por ejemplo, estadísticas de crímenes, emisiones de gas en las casas, actividades de emprendedores y otras muchas categorías.

Bien.

Proveyendo toda la información tienes a ciudadanos y empresas que pueden organizarse para crear valor público. Me reuní con el alcalde de Melbourne porque tenían un problema de accidentes de bicicleta. Simplemente le propuse que publicara en internet todos los datos que tuviera sobre ese tipo de accidentes.

¿Y?

En 24 horas alguien creó una página web con el mapa de los lugares con más riesgo de accidente; y a esta le siguieron muchas otras. En una semana estaban salvando vidas con un coste cero para el gobierno.

La idea es un gobierno plataforma.

Sí, que libera información permitiendo al mundo organizarse autónomamente para crear valor público con la iniciativa del ciudadano. Hay que revisar la democracia.

Sí, pobre.

El voto de los jóvenes está bajando en todo el mundo y no es un tema de falta de valores, es el momento de la historia en que el voluntariado de los jóvenes es más alto. Quieren participar y ellos son el futuro.

Esperanza

Acuñó el concepto 'economía digital', es una autoridad en cómo las tecnologías de la información cambian las empresas, el gobierno y la sociedad. Miembro del Foro Económico Mundial, dirige programas de investigación y educación, y es consultor de diversos gobiernos. Su idea fundamental es que a pesar de la crisis hay espacio para el optimismo. "En todos los rincones del mundo y en todos los sectores, un nuevo modelo de innovación económica y social está arrasando. La gente con dinamismo, pasión y pericia toma ventaja de las nuevas herramientas web". Dos de sus libros, Wikinomics (superventas en EE.UU.) y Grown up digital (La era digital), están traducidos al español.

http://www.lavanguardia.es/lacontra/20110121/54103612286/esto-no-es-una-crisis-es-un-cambio-historico.html

El TSJCV archiva la causa abierta contra Ángel Luna aunque ve indicios de delito

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la causa abierta contra el portavoz del PSPV en las Cortes valencianas, Ángel Luna, por un supuesto delito de cohecho propio, en relación con la reforma realizada en su vivienda de Alicante, según consta en un auto facilitado por el TSJCV.

De esta manera, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el PPCV contra la decisión que adoptó el magistrado instructor el 23 de diciembre de 2010, cuando rechazó un recurso de reforma presentado también por este partido contra el archivo de la causa. En su último recurso, los populares exponían, entre otros argumentos, que era improcedente la declaración de prescripción, puesto que aunque se admitiera la posibilidad de que ésta se decretase en cualquier momento de la instrucción, "esto debe ser de modo excepcional".

Además, este partido planteaba, tal y como hizo en su recurso anterior, que los hechos referentes a las pretendidas dádivas a Luna podrían incardinarse en el artículo 420 del Código Penal --y no en el 425, tal y como se ha hecho, con una prescripción de tres años--, caso en el que la prescripción no se habría producido. Con ello, pretendían que no se excluyera que "las dádivas recibidas fuesen promesa de recompensa por los actos injustos del querellado no constitutivos de delito, relativos al ejercicio de su cargo como alcalde de Alicante".

El TSJCV, tras estudiar estos argumentos, ha indicado, en un auto con fecha de 27 de enero de 2011 --contra el que no cabe recurso--, que no es preciso realizar una investigación exhaustiva antes de cuestionarse si existió o no prescripción del delito, y añade que en este caso "existen indicios", ya advertidos en la admisión de la querella y concretados en la limitada actividad investigadora, "para admitir que los hechos pudieran llegar a calificarse de delictivos, no ya en abstracto, sino con referencia a alguno de los tipos del cohecho" contemplados en el Código Penal.

Respecto al artículo que se le podría imputar --por el asunto de la prescripción-- el tribunal mantiene que debe ser el 425. Para llegar a esta última conclusión se fundamenta en que en la querella no se imputan a Luna hechos concretos y determinados, es decir, que él realizara adjudicaciones individualizadas de obras. De hecho, lo que se dice en este escrito es que, en la época de su mandato como alcalde, el Ayuntamiento adjudicó a las empresa del empresario Enrique Ortiz parte muy importante de las adjudicaciones, "decenas de adjudicaciones y por centenares de millones de pesetas".

En este contexto, el tribunal entiende que se está ante el tipo de admitir dádiva como recompensa por algo ya realizado, que es lo que contempla el tipo del artículo 425, de modo que a partir de 1997 Luna empezó a recibir retribución por su anterior actividad en el Ayuntamiento de Alicante. Pero considera que no puede concluirse que se esté ante aquel otro tipo --el 420-- que atiende a recibir promesa por ejecutar un acto injusto, es decir, en recibir la promesa de que se le beneficiará en el futuro por un acto injusto y ya ejecutado, que es el tipo con plazo de prescripción de 10 años.

Así, estima que no se está ante un acto injusto realizado personalmente por Luna, puesto que en la querella no se le ha imputado ese acto concreto que se individualizaría con una adjudicación injusta de obras. "No tiene sentido pensar que estemos ante dádivas por actos a realizar cuando Luna vuelva a ser alcalde; este es un futurible que no puede tener implicaciones penales, sobre todo cuando la dádiva última se hace en 2002, y era 2010 cuando se formuló la querella.

ORIGEN DE LA CAUSA

El origen de la causa se encuentra en la querella interpuesta el 24 de septiembre de 2010 por el PPCV contra Ángel Luna por delitos de prevaricación y cohecho, aunque el magistrado instructor tan sólo admitió el último. Admitida a trámite la querella, se tomó declaración al imputado el 22 de noviembre, y éste presentó algunos documentos. Al día siguiente, el ministerio fiscal pidió el sobreseimiento libre con archivo de las actuaciones por la concurrencia de la prescripción del delito de cohecho.

Seguidamente, el magistrado dictó un auto el 29 de noviembre en el que decretó el sobreseimiento y archivo de la causa. En él, recogía que Luna fue alcalde de la ciudad de Alicante desde 1991 hasta junio de 1995, si bien continuó como concejal hasta 1996, pero ya en la oposición.

También dice que el síndic socialista fue contratado por Ortiz en la entidad Enrique Ortiz e Hijos S.A. desde el 25 de enero de 1999 y hasta el 15 de junio de 2002. Pero el tiempo transcurrido desde el cese como alcalde hasta la contratación no permite la consideración de dádiva del hecho de la contratación.

Las obras en la vivienda, no de la titularidad del querellado, pero sí de la entonces pareja o compañera, se realizaron entre noviembre de 1997 y febrero de 1998. El socialista contrajo matrimonio con la propietaria de esta vivienda en el año 1999, así que la circunstancia de la titularidad de la casa "pone en cuestión que quepa hablar de dádiva", consideraba. En consecuencia, entendía que "indiciariamente" y atendida la secuencia temporal de los hechos, no parecía que debía hablarse de dádivas en el sentido penal de la palabra.

   Así, el magistrado entendía que las supuestas dádivas, aún en el supuesto de que se hubieran producido, deberían incardinarse en el tipo del artículo 425.1 del Código Penal y referirse a la recompensa por actos anteriores, los cuales no podrían ser constitutivos de delito, ya que se produjeron entre 1991 y 1995.

El justiciero

El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, José Marí Olano, ha afirmado que es "una verdadera pena que el justiciero Ángel Luna haya conseguido eludir la acción de la Justicia".
   El diputado popular ha afirmado que, pese al rechazo del recurso, el auto "es muy claro y evidencia que Luna mintió, ya que existen indicios de que pudo cometer un grave delito de cohecho, con el único pero de que ya ha prescrito".
   La querella inicial giraba en torno a la reforma doméstica de Luna, que realizó el mismo constructor al que en su etapa como alcalde de Alicante "había adjudicado obras por valor de más de 1.200 millones de pesetas", ha apuntado.
   Marí Olano ha recordado que durante su declaración Luna "no pudo justificar que las obras las pagara él e incluso incurrió en varias contradicciones, y además existe el testimonio del operario que realizó la reforma y que se mostró convencido de que las obras eran un regalo al dirigente socialista".
   El dirigente popular ha señalado que en el auto judicial se afirma que en el caso de Luna "existen indicios, que ya se apreciaron en la admisión de la querella inicial de los populares y concretados en la actividad investigadora, para admitir que los hechos pudieran llegar a calificarse de delictivos, no en abstracto, sino en referencia con alguno de los tipos de cohecho en el Código Penal".
   Asimismo, señala que en el auto también se concreta que "pudiera llegarse a entender que se está ante el tipo de admitir dádiva como recompensa por algo ya realizado, que el tipo del artículo 425, de modo que a partir de 1997 empezó el señor Luna a recibir retribución por su anterior actividad en el Ayuntamiento de Alicante".
    Para Marí Olano, el auto "es clarificador, entre otras cosas porque señala que si se sostuviera que no hay delito, porque no hubo dádiva, no podría hablarse de prescripción del delito".
"Se confirma así que la Sala cree tener indicios de que Luna cometió un delito que además implica una pena de inhabilitación como cargo público, con lo que de haber llegado a tiempo tendría que haber dejado sus responsabilidades políticas", agrega.
   Asimismo, recalca que "el auto es contundente al indicar que la existencia o no de dádivas es algo que no puede afirmarse ni negarse de forma categórica, dado el estado procesal en el que se produce el pronunciamiento sobre la prescripción".
   Otro de los apartados importantes del auto, ha señalado, es el que hace referencia a que "está acreditado que Luna, como alcalde de Alicante, adjudicó a un número de empresas un número importante, tanto en términos absolutos como relativos, de las obras, y por otro, consta también acreditado que algún tiempo después un grupo de empresas realizó a favor del señor Luna, directa o indirectamente la reforma de la casa y la transferencia de un coche".
   "Se demuestra por tanto que los populares teníamos razón y que Luna ha mentido, que las obras se hicieron y que hay indicios racionales de que se las pagaron, y que el único problema es que se ha llegado tarde", ha indicado Marí Olano.
   "El diputado popular ha querido también dejar claro que si se ha impuesto el pago de las costas a los populares "es por qué la Ley obliga a imponerlas a quien pierde el recurso", ha concluido.

Alarte asegura que "la democracia y la verdad se imponen frente a las mentiras de Camps"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha manifestado que "la democracia, la verdad y el estado de Derecho se imponen frente al autoritarismo y mentiras de Camps". De esta forma se ha pronunciado para valorar el archivo de la causa abierta contra el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, por las obras de su vivienda.

En un comunicado, Alarte se ha felicitado públicamente porque "el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha puesto fin definitivo a la persecución y las maniobras torticeras y antidemocráticas del PP para intentar callar a Luna" y ha lamentado "esta nueva operación de persecución".

El candidato socialista a la presidencia ha criticado "el autoritarismo y las mentiras de Camps y del PPCV, que contrastan de forma notoria con la confianza de los Socialistas Valencianos y de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana en el Estado de Derecho, los jueces y los fiscales".

Alarte ha aprovechado para exigir públicamente a Camps "que esté a la altura de las circunstancias y se abstenga en su condición de 'president' de atacar a los jueces, los tribunales y los fiscales y sea respetuoso con las instituciones y la justicia".

El candidato socialista también se ha referido a las nuevas querellas que el portavoz popular en las Corts, Rafael Blasco, ha interpuesto con los socialistas Ángel Luna y Clara Tirado y la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por considerar que "atacan" a la cooperación valenciano, sobre las que ha dicho que "son un acto más de persecución política a los líderes del PSOE".

Por último, Alarte ha exigido a Camps "que respete las actuaciones del TSJCV a sus magistrados y se abstenga de cuestionarlos o violentarlos en su tarea jurisdiccional", ha concluido.

Rus declara bienes por más de 970.000 euros y ningún patrimonio inmueble

VALENCIA.- El alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, también presidente de la Diputación Provincial, declara estar en posesión de bienes por valor de 970.968,39 euros y que en su activo no figura patrimonio inmueble en propiedad. Tampoco tiene contraída ninguna deuda por créditos o préstamos.

Así se refleja en la declaración de actividades y bienes correspondientes a los miembros del Ayuntamiento de Xàtiva, que publica este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en cumplimiento de la Ley de Régimen Local.

Rus declara también sus actividades, que, son, además de la alcaldía de la capital de la Costera, presidente de la Diputación de Valencia, así como de la mercantil Proexa, Imelsa, Egevasa y Girsa.

Asimismo, ejerce como administrador único de FDM SL y Art Invest 2007 SL, así como administrador solidario de Alquivent MRSL y Edificio Requena Promociones MR SL.

Alfonso Rus es el miembro de este consistorio que declara un mayor activo, seguido de la concejala María José Masip, con 402.756 euros --algo más de 342.000 de ellos correspondientes a bienes inmuebles-- y un pasivo de 255.000 euros.

El primer teniente de alcalde, Vicente Parra, presenta un activo de 377.807,15 euros, 329.588 por propiedad inmueble y el resto --48.219-- por otros bienes. En el pasivo contabiliza 361.982 euros. Además de concejal, es presidente de la Mancomunidad La Costera-La Canal, presidente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Zona X, XI y XII, diputado de las Corts Valencianes y administrador único de la mercantil Ingytop XXI SL.

El Consell pide al CJC un informe sobre las competencias del Estatuto en ordenación del litoral

VALENCIA.- El pleno del Consell ha pedido al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) un informe facultativo sobre las competencias del Estatuto en materia de ordenación del litoral, con el objetivo de "clarificar cualquier duda jurídica sobre la interpretación restrictiva que hace el Estado".

De esta forma, el Consell, a propuesta del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha acordado solicitar un informe sobre las competencias en materia de ordenación del litoral, recogidas en el artículo 49.1.19 del Estatuto de Autonomía.

La consellera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al pleno que "desde el principio" han solicitado al Gobierno central que transfiera a la Generalitat estas competencias para regular los establecimientos llamados 'chiringuitos' y, con el fin de "defender la posición con el máximo rigor", han planteado la consulta al CJC "para que sitúe el tema en sus justos términos".

"Defendemos que la transferencia responde a una voluntad política más que jurídica porque hay instrumentos suficientes para hacerla efectiva", ha dicho, y ha apuntado que, si se entendiera que no puede ser a través de este artículo del Estatuto, que defiende que sí, "cabe el artículo 150.2 de la Constitución Española o un acuerdo específico de competencias".

El objetivo del informe es "clarificar cualquier duda jurídica al respecto de la interpretación restrictiva que hace el Estado sobre la competencia que tiene la Generalitat sobre la zona marítimo terrestre, y en especial sobre la facultad para conceder autorizaciones y concesiones a los establecimientos expendedores de bebidas y comidas en el litoral (chiringuitos), entre otras cuestiones", según ha indicado la Generalitat, que afirma que el artículo 49.1.9ª dice que el Gobierno valenciano "tiene la competencia en la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda".

El paro en la Comunidad Valenciana se mantiene prácticamente invariable en 2010

VALENCIA.- El número de parados en la Comunitat Valenciana prácticamente no varió en relación al año anterior ya que descendió un 0,1 por ciento, lo que supone que los desempleados se sitúan en 575.900 personas, mientras que la tasa de paro escaló hasta el 22,91 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre, el número de ocupados en la región creció en 10.800 personas, un 0,56 por ciento más que el trimestre anterior hasta cerrar el ejercicio con 1,937.900 ocupados. Además, si se compara este trimestre con el anterior, el número de parados disminuyó en 13.000 personas, experimentando una caída del 2,21 por ciento.

En este periodo de tiempo, la tasa de paro masculina fue del 22,57 por ciento, con 315.700 desempleados, mientras que la femenina se situó en el 23,34 por ciento, con 260.200 paradas.

jueves, 27 de enero de 2011

Compromís asegura que a Camps se le debe "aplicar el Código Penal como a todos los españolitos"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se le debe "aplicar el Código Penal como a todos los españolitos" y ha asegurado que las declaraciones que ha realizado en las que pide a Fiscalía que se le aplique la 'doctrina bono' o 'doctrina Chaves' para que se archive la 'causa de los trajes' son "un reconocimiento, en toda regla, de su culpabilidad".

Según ha indicado Oltra en un comunicado, "a Francisco Camps lo que se le tiene que aplicar es el Código Penal, como a todos los españolitos. Con estas desafortunadas afirmaciones, el presidente de la Generalitat muestra, por una parte, su menosprecio a las reglas de nuestro sistema democrático reclamando una actuación política que le libre de la acción judicial y, por otra, que sabe que no tiene argumentos que rebatan las numerosas pruebas que hay sobre los regalos que ha recibido de la trama Gürtel".

Para la parlamentaria de Compromís, "al mismo tiempo todo esto evidencia el grado de nerviosismo en que está instalado el presidente Camps por la conclusión de la investigación de la causa de los trajes y la inminencia de la apertura del juicio oral contra él".

En opinión de Oltra, "el desasosiego de Camps se entiende en cuanto que su partido no ha hecho oficial su candidatura a la Generalitat para las elecciones del próximo mes de mayo y sabe que un auto contundente del juez Flors y la apertura del juicio oral acabarán con sus aspiraciones políticas".

Colomer pide una reunión "urgente" con Aerocas para conocer la "grave" situación de la sociedad

CASTELLÓN.- El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, ha enviado este jueves una solicitud por escrito al director de la promotora de aeropuerto de Castellón (Aerocas), Juan García Salas, para una reunión "urgente" con el fin de conocer con detalle la "grave" situación económica que atraviesa la sociedad "con la intención de ofrecer toda la colaboración para sacar adelante esta infraestructura", ha dicho.

Para Colomer, "esta colaboración nunca puede ser a cualquier precio, porque nuestro objetivo es garantizar que lleguen a Castellón todos los turistas posibles, y no arreglarle el negocio a nadie". En este sentido, considera "fundamental" partir de la premisa de que "el cambio de modelo de gestión que pone ahora sobre la mesa Carlos Fabra no suponga ni un día de retraso en la puesta en funcionamiento del aeropuerto".

Según ha recordado, el propio Fabra aseguró en el pleno de la Diputación del martes que el aeropuerto "está totalmente terminado", y por este motivo, Colomer preguntará en Aerocas "por qué no se han remitido ya al Ministerio las solicitudes pertinentes para poner en marcha cuanto antes esta infraestructura".

Para Colomer, "la improvisación que se está viendo días tras día, hasta el punto de que hoy se habla incluso de un ultimátum que habrían dado las empresas privadas impulsoras del aeropuerto poniendo como fecha tope el 31 de marzo para buscar una solución económica al proyecto, reflejan claramente la grave situación en la que se encuentra la infraestructura meses antes incluso de ponerse en funcionamiento".

Colomer insiste en ofrecer "la máxima colaboración para sacar al aeropuerto de la situación sumamente grave en la que se encuentra con el objetivo de garantizar su puesta en funcionamiento, porque los profesionales que viven directa o indirectamente del turismo no entenderían ningún retraso, y menos fruto de una mala planificación por parte de los gestores".

El dirigente socialista ha recordado que el presidente de la Diputación se negó en el pleno del martes a explicarle cómo está la situación, lo que le ha llevado a solicitar por escrito la reunión urgente con Juan García Salas para conocer el estado real en el que se encuentra la infraestructura, tanto desde el punto de vista económico, como de los permisos pendientes de solicitar y la ejecución de las obras.

"Si las cláusulas acordadas en su día ya resultaban una sangría para las arcas públicas --los gestores se comprometieron con las empresas a garantizarles el pago de seis euros por cada uno de menos de los 600.000 pasajeros que esperan al año--, ahora este coste puede ser mucho mayor si se plantea el rescate, cuando la Generalitat no tiene dinero ni para pagar a los funcionarios, con lo que el futuro del aeropuerto está más en el aire que nunca", ha apuntado Colomer.

Por todo ello, ha afirmado: "basta ya de fracasos, basta de ineficacia y de prepotencia. Es el momento de poner freno a la decadencia que amenaza el futuro de Castelló y cambiar las cosas, el 22 de mayo, para iniciar una nueva etapa de consenso y cooperación que necesita la provincia para garantizar un futuro próspero".

El juez abre juicio oral contra Bellver por prevaricación urbanística en el caso del Jardín de Monforte

VALENCIA.- El juzgado de instrucción número 1 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, y cuatro funcionarios municipales por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación administrativa, en relación con la autorización para la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte.

El magistrado ha tomado esta decisión, que consta en un auto fechado a 27 de enero de 2011, después de que el ministerio fiscal solicitase la apertura de juicio contra Bellver, para el que ha solicitado una pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público.

En el escrito, el juez señala como órgano competente para la tramitación de esta causa a un juzgado de lo Penal y emplaza a los acusados para que comparezcan en la causa con un abogado y un procurador en el plazo de tres días, transcurrido el cual se les nombrará de oficio. También pide al Ayuntamiento de Valencia que presente un escrito de defensa con sus derechos después de que el fiscal también haya pedido la nulidad de una resolución que le afecta.

Tras este paso, el juez dará traslado de las actuaciones a las defensas de los acusados para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de defensa. En caso de presentarlos se entenderá que se oponen a la acusación formulada, siguiendo su curso el procedimiento.

Por último, el magistrado indica que contra este auto no cabe recurso alguno a excepción del aspecto relativo a la situación personal de los acusados, contra la que cabe recurso de reforma y/o apelación directa o subsidiariamente en el plazo de tres días, si en bien en el segundo supuesto el plazo es de cinco.

El instructor de la 'causa de los trajes' concluye las diligencias del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, ha dictado una providencia en la que declara practicadas todas las diligencias acordadas en esta fase del procedimiento que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PPCV por un supuesto delito de cohecho impropio, y concede a las distintas partes un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre la apertura de juicio y formulen escrito de conclusiones provisionales.

Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor que investiga si Camps, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, supuestamente recibieron trajes como regalo de la empresa Orange Market, vinculada a la 'trama Gürtel'.

Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.

El Banco de España defiende normas que garanticen la supervivencia de las entidades crediticias

MADRID.- El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, ha defendido una regulación financiera internacional que garantice la supervivencia de las entidades en "escenarios extremandamente duros" y tras tener que afrontar "pérdidas inesperadas".

Durante la jornada 'La banca tras la reestructuración, desafíos y oportunidades en un nuevo escenario', organizada por PWC y el IE, Roldán explicó que la crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto que las probabilidades de que se materialicen escenarios oscuros "era mayor de lo esperado" inicialmente.

En este sentido, explicó que la crisis ha dejado patente que había muchísima actividad financiera que estaba cubierta por un volumen de capital insuficiente, y que ahora es necesario tener en cuenta desviaciones del escenario previsto mayores de lo esperado, ya que los mecanismos de resolución de crisis con que contaban las entidades por su cuenta no han bastado.

El responsable de Regulación del Banco de España sostuvo que la regulación internacional de Basilea III introduce una mayor exigencia que pretende evitar que la siguiente crisis sea tan grande como la sufrida.

"Queremos no tanto solucionar esta crisis como evitar que la siguiente sea tan grave", enfatizó Roldán. "Es una exigencia de prevención a largo plazo", agregó.

Roldán prefirió no referirse a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer el sistema financiero español que establece mayores requisitos de capital adelantándose a la implantación de las exigencias de Basilea III.

miércoles, 26 de enero de 2011

Las Fallas inician los trámites para convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012

VALENCIA.- La fiesta de las Fallas ha iniciado el expediente para poder ser declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Será un proceso largo que tendrá como objetivo conseguir la designación en 2012, aunque lo importante no es tanto la fecha como lograr el reconocimiento a una tradición que "sostiene un importante legado cultural a su alrededor".

Así lo ha asegurado a Europa Press el vicepresidente de la Junta Central Fallera (JCF), Jorge Guarro, quien ha especificado que este jueves ya se va a abrir la ronda de reuniones que el organismo festero va a mantener con instituciones culturales, como el Consell Valencià de Cultura, ayuntamientos, juntas locales y expertos para elaborar un informe "bien argumentado".

En este primer encuentro, asistirán representantes de las universidades de València y Politécnica de Valencia. También se ha solicitado la colaboración de una catedrática de la UV que participó en la declaración de La Patum de Berga. "Vamos a recabar toda la ayuda para hacerlo bien y que próximamente podamos celebrar que la fiesta es Patrimonio de la Humanidad", ha subrayado.

El representante de la JCF ha recalcado que la petición no se limitará a las Fallas de Valencia sino a todos aquellos festejos falleros que se desarrollan en otras poblaciones de la Comunitat y también en puntos del extranjero, como Argentina.

Asimismo, ha estimado que el expediente será "largo" --al menos un año y medio o dos, ha precisado-- y ha explicado que, aunque el impulsor es el Ayuntamiento de Valencia, tendrá que ser trasladado a Madrid porque es el Estado el interlocutor de la Unesco, como organismo internacional.

Este portavoz ha puesto de relieve que los responsables municipales están "convencidos" de que las Fallas cumplen los requisitos para obtener la declaración, al tiempo que ha recordado que según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial "los usos sociales, rituales y actos festivos" entran dentro de ese ámbito.

En este sentido, ha resaltado que las fiestas josefinas "conservan una serie de tradiciones muy importantes en ámbitos como la indumentaria o la artesanía". Ha puesto como ejemplo el espolín, tejido manualmente en telares del siglo XVIII. Tampoco hay que olvidar, ha apuntado, la existencia de una literatura típica fallera.

Las cajas de ahorro españolas, quizá menos "sociales" con la reforma

MADRID.- Las cajas de ahorro, el sector más débil del sistema bancario español, deben refinanciarse con urgencia apremiadas por el Gobierno e incluso convertirse en bancos, pero esta reforma podría amenazar su importante papel social, estiman los expertos.

Estas fundaciones, que no tienen afán de lucro ni propietarios, ni cotizan en Bolsa, son herederas de los montes de piedad del siglo XVIII y siguen siendo poco conocidas por los inversores extranjeros, aunque engloban a la mitad del sector financiero del país.

Su fin es "distribuir obligatoriamente un 50% de los beneficios a reservas", explica un portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

También dedican de forma voluntaria cerca del 25% de los ingresos a obras sociales: "bibliotecas, centros de Alzheimer, programas de formación para el empleo, ambulancias, centros culturales...", detalla una portavoz de Caja Madrid, la caja más antigua de españa, fundada en 1838.

La acción social "es la esencia de las cajas", asegura la CECA.

En 2009 las cajas destinaron 1.776 millones de euros a ello, lo que según la CECA generó 1.425 millones de riqueza adicional. Sus obras sociales suponen 33.600 empleos directos e indirectos.

Las cajas, que llevan el nombre de la región o provincia de donde son originarias (Caja Canarias, Caja Tarragona, Caja Burgos...) y están controladas por las instituciones locales, durante mucho tiempo trabajaban en sus lugares de origen y se dedicaban a las operaciones bancarias más sencillas.

Les llamaban "bancos para pobres", resume Fernando Fernández, profesor de la IE Business School de Madrid.

A partir de 1978 fueron autorizadas a operar en todas las regiones y ofrecer los mismos servicios que los demás bancos.

Durante el 'boom' inmobiliario español prestaron fondos sin límite hasta que a finales de 2008 el sector cayó y quedaron fuertemente afectadas, el doble que los bancos.

Pero su imagen sigue siendo positiva debido a su acción social: "Es un valor añadido", reconoce la fuente de Caja Madrid, donde uno de cada dos madrileños tiene una cuenta: "Mucha gente de las cajas es cliente por este fin social".

"Los clientes lo valoran mucho en España", corrobora Jorge Salvey, profesor de IESE Business School.

Pero en un momento en que el gobierno ha dado a las cajas hasta otoño para financiarse de forma privada o con una nacionalización parcial para conseguir un total de 20.000 millones de euros, hay "un peligro real" de que estas obras sociales queden amenazadas, estima Alfonso Novales, economista de la Universidad Complutense de Madrid.

La crisis hizo caer los beneficios de la cajas y las fusiones del año pasado, que han reducido estas entidades de 45 a 17, van a "disminuir todavía más" sus ganancias, explicó.

Además, la entrada de inversores privados "afectará evidentemente al reparto de beneficio y por lo tanto al dinero que se dedica a obra social, porque habrá más accionistas", reconoce Caja Madrid.

"La obra social (...) quedará más temprano que tarde a discreción de unos accionistas para los que la prioridad será maximizar sus dividendos particulares", observó el diario Público (izquierda) en un editorial.

Las obras sociales "son vestigios de un país pobre, rural, atrasado, en que el Estado no tiene recursos ni capacidad de hacer acción social", mientras que "en una economía moderna parece lógico que sea el Estado" el que se encargue de ello, según Fernández.

Un juez estima que la entrega de la vivienda permite saldar la hipoteca

MADRID.- La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.

El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".

La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.

En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las 'hipotecas basura' del sistema financiero norteamericano".

No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.

Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la 'dación en pago'.

La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.

Los inspectores piden al ex director de la AEAT Ignacio Ruiz-Jarabo que rectifique tras acusarles de extorsión

MADRID.- La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido al ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo que rectifique el "intolerable ataque" que realizó al honor y prestigio de los profesionales de la inspección al acusarles de realizar prácticas delictivas como la extorsión.

En un comunicado, los inspectores de Hacienda han puesto de manifiesto el malestar y la indignación que han causado las últimas declaraciones de Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria de 1998 a 2001, y pidió una "rápida aclaración y rectificación" de las opiniones vertidas.

Ruiz-Jarabo acusó a la inspección de hacienda de extorsión, algo que, según los inspectores, proyecta una imagen del colectivo "absolutamente contraria" a la realidad y "muy lesiva". "Proyecta una visión falaz, errónea y sesgada de lo que es y supone el trabajo inspector, lo que en definitiva implica que desconoce absolutamente dicho trabajo o que, si tuvo conocimiento durante su ejercicio como director general de algún caso concreto, no cumplió con su obligación de denuncia", indican.

Según los inspectores, las declaraciones de Ruiz-Jarabo dañan "seriamente" la imagen y la reputación del colectivo, que está dispuesto a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la defensa de la dignidad profesional de los inspectores si el ex director de la Agencia Tributaria no rectifica.

Además, consideran que este "ataque injustificado" puede socavar "gravemente" la confianza de los ciudadanos en instituciones esenciales como la Agencia Tributaria y aseguran que sus manifestaciones no son compatibles "con la obligación de sigilo y reserva" que se exige en el ámbito fiscal a todos los funcionarios, lo que puede dificultar la cesión de información y debilita la confianza en las instituciones.

Finalmente, los inspectores de Hacienda aseveran que el único afán que les mueve en su tarea diaria es el cumplimiento de las normas, así como "el trato justo y respetuoso" a los derechos de los contribuyentes. De la misma forma, aseguran que todas sus actuaciones sirven con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho como exige la Constitución Española.

Toy Planet factura 85 millones en 2010, un 6,5% más

VALENCIA.- La cadena de jugueterías Toy Planet, con 190 tiendas en España, ha cerrado el ejercicio 2010 con una facturación de 85 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año precedente, informó la compañía valenciana.

Durante la campaña de Navidad, entre el 2 de noviembre y el 5 de enero, la firma registró unas ventas de 39 millones de euros, un 2% más que el año anterior, y aumentó un 8% el número de artículos vendidos, mientras que el precio medio de venta al público bajó un 5%.

Los productos 'estrella' de la campaña fueron los pertenecientes a las licencias de Bob Esponja, Patito Feo, Dora la exploradora y Toy Story 3, aunque las marcas propias de la empresa "también influyeron en los buenos resultados de Navidad y Reyes", según el director de Toy Planet, Ignacio Gaspar.

Gaspar explicó que la campaña tuvo "picos muy pronunciados" de consumo, con un buen comportamiento de las ventas en noviembre y un buen inicio de diciembre, aunque "la última semana del mes fue de las más flojas de los últimos años". En todo caso, afirmó que la semana de Reyes logró compensar la bajada de esa última parte de diciembre.

Esade avisa del riesgo de vender las cajas de ahorros "a precios de saldo"

BARCELONA.- La escuela de negocios Esade avisa del riesgo de que la reforma para recapitalizar el sistema financiero anunciada por el Gobierno derive en la venta de las cajas de ahorros a inversores internacionales "a precios de saldo".

El profesor del departamento de Finanzas de Esade Jesús Palau abogó por reforzar la solvencia de las entidades con carencias de capital a través de fondos públicos.

"Existe el riesgo de que los inversores internacionales entren en el capital de las cajas de ahorros a precio de saldo. Podríamos acabar por regalar las cajas a cuatro duros, pero para malvenderlas a un tercero es mejor que nos las quedemos el conjunto de los españoles", argumentó.

A su parecer, no resultaría un problema para el Estado elevar su deuda por el importe del capital adicional que necesitan bancos y cajas, unos 20.000 millones de euros según las estimaciones realizadas por el Banco de España y que maneja el Gobierno.

Palau sostiene que el endeudamiento de España es muy inferior al de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, así como sus necesidades de financiación globales para este ejercicio.

Los 90.000 millones de financiación que necesita España para este año son muy inferiores a las necesidades de Italia (234.000 millones), Alemania (220.000 millones) y Francia (180.000 millones), recordó.

En este sentido, alega que no existen condiciones objetivas para que no se puedan sumar a la deuda del Estado los 20.000 millones de euros que podrían ser necesarios para fortalecer la solvencia de las entidades.

En cualquier caso, el volumen de deuda del Estado no superaría los porcentajes sobre el PIB que registran estos países europeos, enfatizó el profesor de Finanzas de Esade.

Sobre si las necesidades de capitalización de 20.000 millones identificadas por el Gobierno se ajustan a la realidad, Palau recalcó que es necesario conocer más en profundidad la calidad de los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros.

El profesor recordó la existencia de conflictos de intereses entre los bancos internacionales que elaboran informes sobre las carencias de capital en España, país en el que podrían desembarcar como inversores.

Por otro lado, aclaró que aún se desconocen los nuevos requisitos de capital superiores al 8% que se establecerán para las cajas de ahorros, a falta que el Gobierno detalle el umbral para las entidades que no cotizan y tienen un elevado peso de financiación externa.

El 'core capital' de las cajas de ahorro dependerá de los ejercicios de transparencia

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar se determinará con el "asesoramiento" del Banco de España y los datos que proporcionan los "ejercicios de transparencia" que en estos momentos llevan a cabo las entidades, "con datos que tiene que aportar a final de mes".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado ha reiterado que la horquilla se sitúa entre el 9% y el 10%, pero que la cifra definitiva será determinada en el próximo decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que recogerá el plan del Ejecutivo para recapitalizar las entidades.

Anteriormente, en declaraciones a TVE, Salgado avanzó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital superior al del resto de entidades, ante las dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.

El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos.

Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

Las cajas de ahorro pueden necesitar un ratio de capital de entre el 9% y el 10%

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar un ratio de capital de entre el 9% y 10%, aunque el porcentaje definitivo aún no está aprobado.

La ministra señaló, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el ratio definitivo de capital para estas entidades antes de que se apruebe el decreto ley en febrero, y subrayó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital de entre un 1% y un 2% superior al del resto de entidades.

"Los analistas han dado cifras sobre las necesidades adicionales de capital del sistema español que van desde 17.000 millones a 80.000 millones, pero no hay base para esta estimación", subrayó Salgado, quien explicó que el nuevo decreto ley no va a recoger esta cantidad, sino que el texto va sólo se referirá a los porcentajes de capital que se exigen.

La ministra también explicó que las cajas, por su "especial gobernanza", siempre son objeto de mayores críticas que los bancos, pero que si llegado el caso hubiera algún banco que no cumpliera con las condiciones mínimas de capital el camino sería el mismo, es decir, la entrada del Gobierno a través del Frob.

En este sentido, la ministra insistió en que el dinero que el Estado invierta en el sistema financiero en caso de que no cumplan los niveles de capital no tendrá coste para el contribuyente, e indicó que, a su juicio, el término 'nacionalización' no es acertado para definir la intervención que el Estado.

"El Estado aportará en forma de capital la cantidad de dinero que las cajas precisen, pero esa participación será temporal. Pasados cinco años desinvertirá y, por tanto, habrá un inversor privado que sustituya al Estado sin coste para el contribuyente. El dinero será reintegrado", subrayó la ministra.

Respecto al plazo hasta septiembre para lograr el capital necesario, la ministra defendió que "es suficiente" y que no supondrá una dicultad añadida para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía porque las entidades cuentan con el respaldo del Estado a través del Frob.

"Los ratios de capital están calculados con datos a 31 de diciembre de 2010 por lo que las nuevas exigencias no deberían influir en la gestión del crédito a lo largo de 2011", subrayó la ministra. "Todo lo contrario, debería ir mejor", añadió.

Asimismo, explicó que con independiencia de que se dé un plazo para que las entidades puedan captar capital de forma privada, al contar con la ayuda del Frob es como si ya cumplieran con los nuevos niveles exigidos, por lo que, a su juicio, la razón de que el crédito no fluya en la actualidad con normalidad es la dificultad de las entidades para financiarse en el mercado mayorista.

Salgado también defendió que la reforma anunciada el lunes no llega tarde, sino que complementa la ya iniciada por el sector y que ha reducido el número de cajas a 17. Asimismo, subrayó que el hecho de que los SIP hayan tomado la decisión de transferir al banco unidad central el 100% de las activos y pasivos bancarios va a facilitar esta reestructuración adicional.

La recaudación de nuevos impuestos sobre el juego irá a las autonomías

MADRID.- La totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas 'online', previstas en el proyecto de la Ley del Juego, que está ultimando el Gobierno, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según ha afirmado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández.

"En principio, toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, por así decirlo, va a las comunidades autónomas. El Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso", ha asegurado Fernández.

En este sentido, el máximo responsable de LAE ha asegurado que la Administración General del Estado no tiene "vocación recaudatoria" y ha subrayado que "la voluntad es que todo lo que genere este nuevo mercado sea financiación de comunidades autónomas". Sobre los nuevos tributos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, ha indicado que se trata de "un marco tributario claro y suficiente como para que exista el mercado".

En cuanto al calendario previsto, Fernández ha señalado que el proyecto de Ley se aprobará previsiblemente en los próximos Consejos de Ministros e "incluso" en el de esta semana. El viceprecidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó a finales de 2010 que la intención del Ejecutivo era aprobar este proyecto en enero de 2011.

Asimismo, el director general de LAE espera que las primeras licencias, que contempla el anteproyecto de Ley de Juego para las empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas 'online' en España, pueden empezar a entregarse en 2011, después de que el proyecto de Ley supere la tramitación parlamentaria.

Durante su intervención, Fernández ha afirmado que la intención de la futura Ley del Juego es "regular una realidad fáctica", ya que actualmente en España hay muchos operadores que se dedican al negocio de las apuestas 'online', pero que no tributan en España porque no tienen su sede en otros países y porque en España no hay una regulación que contemple determinadas modalidades de juego, como las apuestas a través de Internet.

En este sentido, el director general de LAE, aunque no ha querido entrar a valorar en detalle el panorama de las apuestas 'online' en España, porque "no hay cifras oficiales", ha señalado que el 85 por ciento de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España hacia el extranjero, mientras que el 15 por ciento restante se juega en España.

El objetivo de la nueva Ley del Juego es precisamente "tratar de reordenar ese puzzle", según ha indicado Fernández, quien ha asegurado que la nueva legislación va a respetar el "estatus quo" del sector. Asimismo, ha apuntado que la legislación servirá para dar una mayor protección a los menores y a las personas que sufren de ludopatía frente al juego, y dar garantías a los operadores con licencia de que en el sector se produce "una competencia legítima".

Sobre este asunto, Fernández ha indicado que actualmente no se produce esa competencia justa, ya que hay operadores con licencia y otros que están actuando sin ella. Por ello, ha anunciado que la futura Ley del Juego incorporará medidas para dotar "de instrumentos" al órgano de regulación y control del sector, la Comisión Nacional del Juego, para "cortar el flujo --de ingresos-- sobre aquellos operadores que no tengan licencia" actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que se anuncian o las compañías que sirven de intermediarios en los sistemas de pago a través de Internet.

El borrador del anteproyecto establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.

Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.

Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20 por ciento para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.

El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.

El texto también obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.

Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.

En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".

El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.

Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o 'amañar' los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.