martes, 26 de mayo de 2009

El PP desconvoca una sesión plenaria y la comparecencia de Camps en las Corts por las elecciones europeas

VALENCIA.- El portavoz del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, destacó hoy que la Junta de Portavoces ha desconvocado la sesión plenaria de la próxima semana, 3 y 4 de junio, porque "tradicionalmente" no ha habido pleno durante una campaña electoral. De esta manera, no se celebrará la comparecencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con motivo de la sesión de control al Consell, lamentaron los grupos de la oposición.

Costa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, explicó esta decisión porque "tradicionalmente en las Corts nunca ha habido pleno durante las campañas electorales" y destacó la "importancia" y la "trascendencia" de estos comicios, en los que participan los diputados autonómicos como "principales activos" de los partidos políticos, comentó.

Los grupos de la oposición criticaron la actitud "escapista" del presidente del Consell porque, según explicaron, el calendario parlamentario actual es el que aprobó el PP, que ya era conocedor de las fechas electorales. Así, ante la pregunta de "cuál es el elemento novedoso" para que se desconvoque el pleno, "no hemos tenido respuesta", lamentó el portavoz del grupo socialista Ángel Luna, quien aseguró que este periodo de sesiones "tendrá un pleno menos".

Luna comentó que si el motivo para desconvocar el pleno es por las elecciones europeas, Camps "por lo menos no tendrá que mentir" respecto a su ausencia en él y apuntó que "son muchas las mentiras de Camps en sede parlamentaria", como la de su "excursión" a Boston para la firma de la Volvo Ocean Race porque "no firmó nada", aseguró.

Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís Enric Morera destacó que esta decisión se enmarca en una táctica "ocultista" del PP y mostró su preocupación por que el PP "liquide un pleno cuando la obligación de Camps era venir y responder a la sesión de control", que estaba prevista "con mucha antelación".

Por otro lado, la Junta de Portavoces rechazó hoy la celebración de un pleno monográfico propuesto por el PSPV sobre la crisis y las medidas propuestas al respecto por las Administraciones autonómica y central. Costa explicó que "no hemos entendido muy bien ni el planteamiento del debate, ni la forma jurídica". "No hemos entendido -insistió- qué pedían exactamente; ni siquiera el fondo del debate".

El portavoz socialista apuntó que ante los "reproches" de Camps a la oposición porque no tratan asuntos económicos en los plenos, el PSPV planteó un pleno monográfico sobre la crisis. No obstante, el PP lo ha rechazado porque este asunto "no les interesa", aseguró.

Costa apuntó que les ha extrañado que la oposición quisiera tratar asuntos económicos en dicho pleno porque "en los últimos seis plenos con asistencia del jefe del Consell, el tema económico ha sido el último que ha primado" en sus preguntas de control.

Así, Costa, que se extrañó de este "este furor económico" de la oposición, señaló que "como no sabíamos muy bien lo que querían hacer" y para evitar agravios comparativos con Compromís --al que también se le rechazó un pleno monográfico--, y que "no se enfaden entre ellos", decidieron no aceptar la tramitación del pleno.

Por otro lado, el PP también ha rechazado en la Junta de Portavoces los recursos que el PSPV ha presentado para que se admitieran a trámite las 440 preguntas que la Mesa les rechazó, para pedir información de las empresas investigadas en el caso 'Gürtel' y su relación con la Generalitat valenciana. "Esta es la imagen de la transparencia de Camps", apostilló Ángel Luna.

El síndic socialista aconsejó a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, que tramitara estas preguntas para evitar colocarse en una situación de "insumisión" ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que, después de todo, el Consell "no las contesta".

Fabra dice que no piensa abandonar el cargo tras la petición de dimisión de PSPV y Bloc

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró hoy que no piensa abandonar el cargo tras la petición de dimisión que realizaron PSPV y Bloc durante el pleno ordinario del consistorio que se celebró hoy, así como que sigue "igual de tranquilo que el primer día".

El portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, indicó que si Fabra tuviese "sentido de la decencia" y tras la petición de dos años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de falsificación de documento público "no seguiría en el cargo", a lo que el PP respondió con la aprobación de una moción de reprobación del propio Colomer.

Antes de comenzar el pleno, el salón ya estaba abarrotado de público, partidarios en su gran mayoría del PP, entre los que se encontraban alcaldes y concejales que a la entrada del presidente de la Diputación le brindaron un largo aplauso y gritos de apoyo, que se mezclaron con los abucheos de los partidarios del PSPV.

A pesar de que Carlos Fabra rogó a los asistentes de ambas facciones que mantuviesen silencio durante las intervenciones de los diputados, los partidarios de ambos bandos interrumpieron en varias ocasiones la sesión plenaria para manifestar su apoyo o disconformidad con el presidente de la Diputación.

En el turno de ruegos y preguntas, Francesc Colomer demandó la dimisión de Carlos Fabra, asegurando que "continúa en el cargo, desafiando la moral pública y la buena imagen de la provincia".

El portavoz socialista preguntó a Fabra "cuánto años de cárcel tienen que pedirle o de qué delito le tienen que acusar para que dimita", así como si le parece "razonable" aguantar en el cargo tras la petición de Anticorrupción "y cuando su imagen está ligada a una persona acorralada por la Justicia".

Colomer se dirigió a Fabra para indicarle que "su única reacción tras la petición de cárcel de la Fiscalía ha sido despreciar al Ministerio Fiscal", y le espetó si "cree que esta actitud está a la altura del cargo que representa" y si "insinúa que los fiscales en España pueden estar prevaricando".

Fabra respondió al portavoz del grupo socialista que "no pienso abandonar el cargo y usted perderá las elecciones y, luego, posiblemente lo tirarán".

El presidente de la Diputación manifestó estar "igual de tranquilo que el primer día", por lo que pidió a Colomer que se preocupe por él mismo, "ya que yo ha lo haré por mí mismo", y añadió que "tengo gran respeto a la Justicia, pero decir que la Fiscalía depende del Gobierno, tal y como está instrumentalizada, es una verdad como la copa de un pino".

Previamente, y tras anunciar el PSPV que iba a demandar la dimisión de Fabra, el PP anunció que presentaría una moción de reprobación del portavoz socialista, "por hacer dejación de sus funciones como portavoz y convertir los plenos en un auténtico espectáculo", según indicó el vicepresidente de la Diputación Rubén Ibáñez, que posteriormente fue aprobada sólo con los votos de los populares.

Colomer explicó a Fabra que esta moción "está en la senda de huir de sus problemas y es una impostura democrática". Al respecto, apuntó que "las responsabilidades penales no son nuestro objetivo, pero hay responsabilidades políticas que estuvieron presentes en los códigos éticos del PP, aunque parece que ahora se les haya olvidado".

Aclaró que el PP "ha sobrepasado todas las líneas que no deben pasarse en política, con un presidente para el que piden dos años de prisión por estar en medio de una trama de falsificación de documentos para enriquecerse más rápidamente y un vicepresidente -en relación a Vicent Aparici- para el que solicitan siete años de prisión por otro delito relacionado con sus competencias medioambientales".

"Esto es un guión de una película de terror y codicia, y en política se paga", agregó Colomer, quien subrayó a Fabra que "el mejor servicio que podría hacer a la provincia es dimitir y dedicarse a salvarse en sede judicial, y no a pedir la cabeza del portavoz de la oposición", pues -dijo- "si el fiscal me pidiese lo mismo que a usted, yo me iría a casa por dignidad y no les condenaría a pasar un espectáculo como éste".

Carlos Fabra recriminó a Colomer exigir a la gente de su partido el alejamiento de la vida política por estar imputados "porque desde su ideología marxista ha decidido diferenciar entre buenos y malos", y preguntó al portavoz socialista por qué no pide la dimisión de algunos representantes de su partido también imputados, como el alcalde de Elche o el ex alcalde de Vall d'Uixó.

El presidente de la Diputación significó que "nosotros respetamos la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, y usted se atreve a pedir la dimisión a quien a sido elegido democráticamente".

Así mismo, Fabra recordó que "en vísperas de las elecciones de 2004 salió el 'caso Naranjax' y en vísperas de las elecciones de 2007 se continuó con este tema y, sin embargo, el PSPV obtuvo un fracaso electoral, mientras que ahora salen los casos Gürtel, Garrut y otra vez Naranjax, en los que se ha comunicado las calificaciones antes a los medios de comunicación que a los interesados".

Fabra añadió que el PSOE "es la mejor oposición que podemos tener, ya que con esa política rastrera y de acoso conseguirán perder las elecciones, y espero -dirigiéndose a Colomer- que tenga la dignidad cuando se archive mi caso de pedirme disculpas, así como a mi familia y a la sociedad", y -agregó- "si le queda decencia, váyase de la política y póngase a trabajar, que, por una vez, no le irá mal".

Colomer insistió en que la provincia de Castellón "necesita una regeneración ética y política", y apuntó que Fabra gana en su relación con la Generalitat "porque le mantienen, pero la provincia pierde". Según aclaró, "yo no le pido la dimisión por estar imputado, sino por no dar la cara".

Por otra parte, el pleno rechazó, con los votos del PP, tres mociones del grupo socialista en las que solicitaba transporte público en el área metropolitana de Castellón, un Plan Integral de Residuos en la provincia y la coordinación e impulsión de políticas y medidas anticrisis en Castellón, así como dos mociones del Bloc en las que pedía la ejecución del Plan Educa 3 y la adhesión de la Generalitat a la Fundación Ramón Llull.

También, por unanimidad, se aprobó una moción del PP en la que exige al Ministerio de Fomento que asuma su intención de convertir la N-232 entre Valdealgorfa y Vinaròs como autovía, coincidiendo con la A-68,; que impulse la solución al Puerto de Querol; y que incluya el proyecto de desdoblamiento de la N-232 entre Valdealgorfa y Vinaròs en la próxima revisión del PEIT.

El pleno finalizó con abucheos al presidente de la Diputación y peticiones de dimisión por parte de partidarios del PSOE, así como aplausos y gritos de 'presidente' por parte de los partidarios del PP, produciéndose entre ambos bandos algunos intercambios verbales.

Flores dice que cree en la inocencia de Fabra

CASTELLÓN.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, aseguró hoy que cree en la inocencia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "hasta que se demuestren los cargos", y señaló que estos asuntos "se exageran o salen en momentos delicados políticamente".

Flores realizó estas declaraciones tras presentar en el Grao de Castellón la estrategia logística de la Generalitat en Castellón y tras pedirle una valoración sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años de prisión a Carlos Fabra por un presunto delitos de falsificación de documento público.

Según dijo, "yo prefiero no hacer comentarios", aunque aseguró que "Carlos es un buen amigo, creo en su inocencia hasta que se demuestren los cargos y, sobre todo, pienso que todos estos temas salen por la proximidad de unas elecciones".

"En cualquier caso, confío en Carlos, es un amigo y le deseo lo mejor", manifestó el conseller, quien reiteró que "todas estas cosas se exageran o salen en momentos delicados políticamente".

La mayoría de funcionarios y altos cargos de la Generalitat dicen estar "tranquilos"

VALENCIA.- La mayoría de funcionarios y altos cargos de la Generalitat valenciana que atendieron a los medios de comunicación tras comparecer este martes ante el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el 'caso Gürtel' aseguraron estar "muy tranquilos" y destacaron que "todo ha ido muy bien".

En total, acudieron a prestar declaración, desde las 10.00 horas hasta las 14.40 horas, en calidad de testigos, 35 funcionarios y altos cargos --directores generales y secretarios autonómicos--, por haber autorizado algún contrato con la empresa Orange Market, implicada en 'el caso Gürtel'. La mayoría indicó que salía "tranquilo" tras declarar durante cinco minutos, aunque no quiso concretar las preguntas formuladas.

La primera en llegar fue la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, quien se presentó en el TSJCV a las 9.25 horas, sola, y sin pararse a contestar a los numerosos medios de comunicación que desde primera hora se congregaron a las puertas del Alto Tribunal. A su salida, a las 10.25 horas, tampoco quiso hacer declaraciones a los periodistas.

Tras ella, y aproximadamente con una diferencia de 10 minutos, llegaron otros altos cargos como la secretaria autonómica de Política Institucional, Isabel Villalonga, quien aseguró a los medios que estaba "encantada", como "todos cuando se dice la verdad". También negó hacer más declaraciones al respecto, ya que "no puedo decir nada", insistió.

Con muy poca diferencia de tiempo llegó al Alto Tribunal el vicesecretario regional del PPCV y ex secretario autonómico de Deportes, David Serra, quien sobre las 12.45 horas, cuando salió de declarar ante el magistrado de la rama valenciana del 'caso Gürtel', indicó que "todo" había ido "muy bien", "fenomenal", y que su declaración "había durado lo que estaba previsto". Después de estas afirmaciones, y preguntado por cómo valoraba el "desfile" de altos cargos, se limitó a responder que no podía decir nada más.

Tras David Serra llegó al TSJCV la directora general de Deportes, Niurka Montalvo, quien señaló que había ido "bien" y que permaneció declarando durante cinco minutos. Al ser preguntada por si le habían interpelado por si había recibido presiones para firmar contratos con Orange Market, no contestó.

Otro de los altos cargos que acudió al Alto Tribunal fue la directora general de Evaluación, Auxiliadora Hernández, que afirmó que no tenía "nada que decir" y que no quería hacer "ninguna declaración". Asimismo, asveró que salía "tranquilísima", igual que había entrado.

Además, acudió a prestar declaración Xema Vidal, que ha ocupado varios cargos en la Administración y actualmente trabaja en Orange Market, quien también afirmó que había prestado declaración durante cinco minutos ante el juez, y dijo que estaba "muy tranquilo".

Éste fue quien corroboró que las declaraciones iban con retraso. Tras él, salió el director general de Personas con Discapacidad y Dependencia, Pedro Hidalgo, quien indicó que "todo muy bien", y que no podía "decir nada" de las preguntas.

Otros de los que acudieron al Alto Tribunal fueron el secretario autonómico de Administraciones Públicas, Rafael Peset; el director ejecutivo de Castelló Cultural, Vicente Farnós; la gerente de la Sociedad para la Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana, Arantxa Vallés; el jefe de servicio de Promoción Turística, Jorge Guarro; y el ex director general de Política Lingüística, José Vicente Felip.

Además, asistieron el secretario general de la Conselleria de Educación, Carlos de la Fuente Arévalo; la directora general de Archivos e Innovación Tecnológica de la Generalitat, Silvia Caballer; la gerente de la fundación 'Llum de les Imatges', Carmen Díez Quintero; el secretario autonómico de Sanidad, Luis Rosado; y el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Juan Alfonso Bataller.

Las declaraciones en el TSJCV continuarán mañana, miércoles, día en que está previsto que acuda un perito contable para determinar las características de los contratos otorgados a Orange Market, y un testigo, del que no ha trascendido su identidad, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

El PSPV presenta la querella criminal contra Camps y el resto de imputados en el TSJCV

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, anunció hoy que los abogados del PSPV han presentado esta mañana la querella criminal contra el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, así como contra el resto de imputados en el 'caso Gürtel', que en parte investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con el fin de poder personarse en la causa y "defender el interés público".

Luna, que realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts, explicó que la querella la han presentado sus abogados y no los propios políticos porque no pretenden "montar un espectáculo" ni "presionar" a los jueces y tribunales. "No hemos querido hacer un desfile de altos cargos del partido socialista compareciendo ante la Justicia para presionar", reiteró, porque eso "ya lo hace suficientemente el PP".

La querella se ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV y portavoz en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos por un delito de cohecho, aunque Luna explicó que está "abierta" a que, con motivo de la instrucción, se amplíe la acusación a otros delitos o a otros responsables.

En este sentido, advirtió de que algunos cargos del PP en declaraciones públicas han señalado que el juez "ha archivado el delito de financiación ilegal o de tráfico de influencias" pero, apuntó que "no han archivado nada" porque el sumario "cuando está abierto, está abierto" y las investigaciones "pueden determinar que se termine calificando el asunto de un delito o de otro o de cuatro", apostilló.

Perelló dice que "lo único que han hecho los valencianos para soportar tanta corrupción es votar al PP"

VALENCIA.- El candidato socialista al Parlamento Europeo Andrés Perelló afirmó hoy que "lo único" que han hecho los valencianos para "soportar el mayor número de casos de corrupción por metro cuadrado de España" es "haber votado al PP".

Perelló se refirió así, tras repartir publicidad electoral del PSPV-PSOE en el Mercado de San Pedro Nolasco de Valencia, a las comparecencias ante el TSJCV del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y hoy mismo de 35 altos cargos del Consell por 'el caso Gürtel'.

En ese sentido, subrayó que como valenciano se encuentra "profundamente avergonzado" por "estos casos de corrupción" y al respecto mantuvo que cuando en Europa le preguntan que qué han hecho los valencianos para "soportar tanta corrupción" debe responder: "sólo votar al PP".

"No es posible que por votar al PP, cada uno con la razón que tenga, los valencianos tengamos que soportar esta vergüenza", recalcó Perelló, quien no obstante subrayó que "ahora se desvelará con estas elecciones".

lunes, 25 de mayo de 2009

La Generalitat valenciana avalará a Marie Claire para evitar un concurso de acreedores

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, anunció hoy que la institución provincial y la Generalitat van a avalar a la empresa Marie Claire para que la compañía evite presentar un concurso de acreedores y garantizar los 850 puestos de trabajo que dependen de ella.

Para ello, destinará una cantidad que ronda los 2 millones de euros y que completará los 7,5 millones de euros que la empresa textil ya ha reunido de diferentes entidades bancarias, a pesar de la actual restricción del crédito, según informaron en un comunicado fuentes de la institución provincial.

El presidente provincial calificó la operación como "mucho más social que económica, porque el cierre de Marie Claire supone acabar con el futuro económico de 1.200 familias de dos comarcas, Els Ports y l'Alt Maestrat".

Según dijo Fabra, Marie Claire "representa y ha representado en la historia de esta provincia algo más que una empresa, ha representado dos comarcas, todo un pueblo, toda la vida de las familias de allí, que, sin la fábrica, obviamente, darían por finalizada su vida en esas comarcas, por eso no podemos abandonar a una empresa que lleva 102 años generando riqueza y creando empleo en la provincia de Castellón".

El gerente de Marie Claire, Vicente Tejero, destacó "la decisiva intervención de la Diputación y de Carlos Fabra en la historia reciente de Marie Claire", y recordó que "ya en el año 2005 logramos la ayuda de la Generalitat y la Diputación para refinanciar nuestras deudas y evitar el cierre de la empresa a finales de año".

"Creo que la trayectoria de Marie Claire justifica sobradamente esta ayuda, pues hay empresas que están muy mal y piden ayuda, a pesar de que no hay solución posible, sin embargo nosotros nos encontramos en una situación totalmente distinta, sólo necesitamos de un pequeño empujón porque tenemos previsto un aumento del 5 por ciento en las ventas y seguimos teniendo un mercado objetivo al que dirigirnos", apuntó.

Fundada en 1907 por Celestino Aznar, lo que comenzó como una empresa familiar dedicada a la confección se ha convertido en una de las marcas "más prestigiosas" del sector de calcetería y medias, según las mismas fuentes.

Con el paso de los años, la primera tienda en Villafranca se convirtió en el primer eslabón de una red de distribución que lleva sus productos hasta Oriente Próximo o Sudamérica, pasando por Reino Unido, Holanda, Francia, Italia, Rusia, Bélgica, Costa Rica o Jordania.

Hoy, los artículos que producen los operarios de Vilafranca o Borriol se pueden comprar indistintamente en el Líbano, Londres, Washington o las Bahamas, con una producción anual de 5 millones de docenas de medias. La empresa cuenta actualmente con 600 trabajadores en la planta de Vilafranca del Cid y con 250 en la sede administrativa de Borriol.

Esta inyección de capital permitiría mantener su nivel de producción, una actividad industrial "vital" para todo Els Ports, donde la marca cuenta con tres factorías: hilos, medias y calcetines, añadieron.

Pajín: los dirigentes del PP "ya están condenados" políticamente por su actitud ante casos de corrupción

MADRID.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, denunció hoy la "estrategia" del PP y de su máximo dirigente, Mariano Rajoy, ante los casos de corrupción que presuntamente afectan a su partido, ya que los afrontan "negándolo todo" y con una "avalancha de difamaciones" contra jueces, fiscales y policías. No obstante, recalcó que, con esta comportamiento, los dirigentes 'populares' están políticamente "ya condenados".

En concreto, en una rueda de prensa en Ferraz, la 'número tres' del PSOE se refirió a las palabras de Rajoy ayer en un mitin, en el que defendió al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, frente a los "inquisidores del siglo XXI". Para Pajín, estas palabras "rebasan ampliamente el limite de lo que se puede tolerar a un dirigente político mínimamente responsable".

"Son graves tanto por lo que dicen como por lo que buscan", aseguró Pajín, para quien Rajoy y la dirección del PP han "diseñado una estrategia con un doble propósito". A corto plazo, argumento, el PP quiere "crear toda la confusión posible a la opinión publica", mientras que busca "intimidar a quienes tienen la obligación y la misión de averiguar la verdad".

Ademas, denunció que este comportamiento puede responder también a un "movimiento preventivo" en "previsión de lo que pudiera venir" también en asuntos "relacionados con la financiación" del partido.

Ripoll dice que la investigación judicial terminará perjudicando a Camps

ALICANTE.- El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, disparó esta mañana contra el mensajero y, sin ambages, pidió su encarcelamiento. "Los de El País deberían estar en la cárcel", espetó el también presidente de la Diputación a la hora de valorar la información ofrecida por este periódico sobre la trama corrupta que afecta a los populares y que ha desembocado en la imputación por cohecho del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Por la tarde, el líder provincial del PP rectificó, pidió disculpas y puntualizó que se refería al "filtrador".

Ripoll, enfrentado a Camps por el control provincial del partido, hizo estas manifestaciones durante un desayuno de trabajo con los periodistas para comentar el arranque de la campaña para las elecciones europeas. A preguntas sobre el coste electoral que el caso Gürtel tendrá en la figura del presidente del Consell, Ripoll respondió con un ataque a El País.

"Nadie entiende que en un tema judicial nos enteremos todo el mundo antes que los interesados. Si estuviéramos en Estados Unidos habrían pasado cosas importantísimas y estarían directores de periódicos en la cárcel o las fuentes que lo publican.

En Estados Unidos, un director de un periódico reconoce quien es la fuente que le ha filtrado o se va a la cárcel", explicó. "No cabe en cabeza humana que el caso Gürtel esté en El País, los de El País deberían estar en cárcel", añadió.

Por la tarde, y ante el aluvión de críticas que cosechó su alegato, Ripoll rectificó: Cuando me he referido a que alguien debería estar en la cárcel, no lo hacía apuntando a directores de ningún medio de comunicación, sino a la persona que, de forma interesada, es la que está filtrando el sumario del caso", recoge un comunicado oficial.

"Ningún periodista deberá ir nunca a la cárcel y respeto la libertada de expresión, el Derecho a la información y las distintas corrientes ideológicas de la prensa", añade.

El ataque de Ripoll a El País tuvo su correlato en las críticas de Ana Barceló, secretaria provincial del PSOE de Alicante, y el colectivo de la Unió de Periodistas Valencians. La primera señaló que "Ripoll ha abierto la veda contra los periodistas". Y los segundos consideran las manifestaciones de Ripoll fuera de lugar "y suponen un salto cualitativo especialmente grave en debate público".

La descalificación de Ripoll a El País por sus informaciones sobre el caso Gürtel se suman a las de las pasadas semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, aunque en este caso aliado con el bando del líder regional de los populares valencianos.

Con motivo de la publicación de El País de la grabación de una conversión privada entre Camps y uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez El Bigotes, Castedo dijo. "Que El País publique lo que quiera, que yo leeré lo que me da la gana".

Además de este ataque frontal a El País, Ripoll ha admitido que la imputación de Camps sí puede ser "un problema". "El apoyo popular a Camps no está cuestionado, pero si el proceso judicial a Camps sale mal, tendrá un problema", ha dicho, "o mejor, dicho, todos tendremos un problema", ha apostillado.

El líder provincial del PP ha augurado que la investigación judicial acabará por perjudicar a Camps. "No se entiende que el caso Gürtel sólo nos vaya mal en España, y no en la Comunidad Valenciana", ha aseverado.

Iniciativa insta a los ciudadanos a comenzar "el camino de la regeneración democrática" de las instituciones

CASTELLÓN.- El portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, instó hoy a los ciudadanos a comenzar "el camino de la regeneración democrática" de las instituciones.

Mulet valoró en un comunicado que la "situación extrema" en la que el PP "está poniendo a las instituciones públicas, después de mantener en el cargo a los dirigentes imputados, acusados, ya sea Camps, Costa, Fabra o Aparici, bendecidos por Mariano Rajoy, hace necesario que sea un revulsivo para que los ciudadanos le digan que ya es suficiente".

Según Iniciativa, "hemos visto durante estos años una actitud extremadamente pasiva y condescendiente por parte del PSOE, que parece que sólo se toma en serio la denuncia a la corrupción del PP cuando llega un periodo electoral para sacar rédito electoral", lo que --dijo-- "hace que la gente desconfíe más sobre lo que está pasando entre los dos partidos mayoritarios".

Así, Mulet recordó que los ecososialista han venido criticando la "falta de instrucción, recursos y celeridad en las investigaciones del 'caso Fabra' en los órganos judiciales dependientes de la administración central, como la Fiscalía Anticorrupción, que actúa ahora después de tanto tiempo de silencio, desde que en enero de 2004 se iniciara la investigación judicial del caso".

Para Iniciativa, "esta situación demuestra la necesidad de impulsar una regeneración democrática de las instituciones, que afecte tanto a las prácticas corruptas del PP como a la falta de pulso político del PSOE, más preocupado por su historias internas que por presentar una alternativa de modelo, de maneras de funcionar".

Las empresas valencianas desaprovechan más de 15 millones de euros en fondos para formación

VALENCIA.- Un estudio realizado por la consultora valenciana Equipo Humano revela que más del 30% de los fondos destinados a la formación continua de los trabajadores de la Comunitat Valenciana, unos 15 millones y medio de euros anuales, "no fueron utilizados por las empresas durante 2008".

Según este análisis, del que informó la compañía en un comunicado, fueron las pymes las que presentaron un mayor porcentaje de crédito no utilizado, concretamente entre un 30 y un 40% del total destinado.

Según la consultora, en 2008 el Estado destinó unos 46 millones de euros para la formación en las empresas valencianas, pero "la falta de información de los trabajadores supuso la pérdida de estos fondos que no son acumulables por las empresas para siguientes ejercicios".

De la lectura del informe '2009: Todos van a vender. La profesionalización de la vocación comercial en los trabajadores del sector industrial y servicios de la Comunidad Valenciana', se desprende que las áreas de formación elegidas por los trabajadores "no se corresponden con las demandas reales de las empresas, que actualmente requieren de perfiles con dotes y habilidades comerciales".

Según explicó José Enrique García, gerente de la Consultora, "en la situación actual son muchos los empresarios que, lejos de plantearse la ampliación de sus plantillas, deciden formar a sus trabajadores para que desarrollen su labor con una vocación claramente comercial que antes no tenían o sencillamente no necesitaban aplicar. En Valencia ya no se puede esperar a que los clientes llamen a la puerta, con el panorama económico actual o se sale a vender o se acaba vendiendo la empresa".

No obstante, el estudio revela que los cursos más demandados por las empresas son los relativos a Prevención de Riesgos Laborales, que suponen casi un 16% del total, seguidos de la formación en habilidades directivas y sociales (Recursos Humanos), un 7% --que sólo el año pasado cursaron unas 12.000 personas en la Comunitat Valenciana-- y los cursos de inglés, que representan un 6%, mientras que las acciones comerciales y de atención al cliente supusieron un 4%.

El perfil medio del profesional valenciano que accede a la oferta formativa es el de un mando intermedio o profesional técnico, de entre 28 a 34 años y que prefiere la formación presencial a la realizada a distancia.

Perello dice que el PP pretende un "pasaporte" para que sus cargos vayan por la "senda de la corrupción"

CASTELLÓN.- El candidato del PSOE a las elecciones europeas Andrés Perelló aseguró hoy que "ha llegado el momento de optar por el modelo que quiere la protección social, que está en contra del despido libre, que quiere garantizar los servicios públicos y luchar contra el cambio climático", o el del PP, que afirmó- "lo que quiere es que estas elecciones sean un pasaporte para que sus cargos públicos sigan transitando por la senda de la corrupción".

Perelló realizó estas declaraciones durante la visita que realizó al Mercado del Lunes de Castellón en unos de los actos de campaña electoral del partido.

"Lo que no puede ser --criticó-- es que Carlos Fabra haya convertido Castellón en la Sicilia española y que tanto Mariano Rajoy como Francisco Camps estén esperando, como el que espera a Dios, que estas elecciones les den el triunfo, no porque les importe Europa, sino tan sólo porque pretenden que los ciudadanos les den un voto para avalarles y decir que lo que están haciendo es de ser ciudadanos ejemplares y que da igual que a Castellón y a la Comunitat se nos conozca por ser la tierra que más casos de corrupción soporta de toda España, y todos concentrados en manos del PP".

"Nuestra propuesta es acabar con eso, dar transparencia a la administración, darle la vuelta a la política que nos ha llevado a la crisis y plantear protección social para todos los trabajadores, desarrollo, progreso, garantía de los servicios públicos y lucha contra el cambio climático", añadió.

Perelló se mostró convencido de que el PSOE ganará las elecciones, "y de que tan pronto como lo hagamos vamos a seguir explicando a los valencianos que el cambio acaba de empezar y que tenemos que seguir ese cambio para desalojar al PP, que ha hecho de las instituciones valencianas y de la Generalitat una incubadora de corrupción".

Preguntado por las encuestas, el candidato socialista explicó que los socialistas están valorando que la campaña "se ha animado mucho y que la gente va a votar más de lo que se piensa y, aunque las encuestas son muy respetables, nosotros no predisponemos la opinión de ningún elector", ya que -dijo- "su opinión se manifiesta en secreto y, en algunos casos, como en esta provincia, más en secreto porque hay miedo a los caciques que aquí gobiernan".

En su opinión, "los casos de corrupción abrirán los ojos de los valencianos, que hasta ahora estaban un poco deslumbrados por algunas velas y algunos ruidos de motor de coches de Fórmula 1 y se han dado cuenta que su futuro no ese, es decir, defender a los que se quieren hacerse ricos con la codicia y el trabajo de los demás".

Finalmente, Perelló señaló que en la provincia de Castellón "se ha hecho una política, de la que ya habíamos advertido al PP en las Corts Valencianes, a sabiendas de que el resultado sería de que cuando miles de valencianos tuvieran que quitarse el casco, algunos ya se habían puesto las botas, y esos algunos son los amigos del presidente, a los que quiere un huevo".

domingo, 24 de mayo de 2009

Verde, que te quiero verde / Jordi Sevilla

Los datos de Contabilidad Nacional conocidos esta semana obligan a repensar si lo ocurrido en el reciente Debate sobre el estado de la Nación, y en la aprobación de sus resoluciones, está a la altura de los retos que tienen los ciudadanos de nuestro país. Porque las cifras son apabullantes. En el primer trimestre de este año todo ha ido mal: el consumo de las familias, la inversión en bienes de equipo y en construcción, el número de ocupados, las exportaciones y hasta la remuneración por asalariado.

Hacía muchos años que no se veía un cuadro macroeconómico con todas sus variables tan en negativo. Es verdad que en otros países europeos también ha ido mal, y hasta es posible que, como dije la semana pasada, éste haya sido el peor trimestre. Pero el efecto acumulativo de las cifras y, sobre todo, los problemas personales que hay detrás de las mismas, nos debieran empujar a hacer algo más para evitar, por ejemplo, que cuando nuestro PIB caiga, el empleo lo haga el doble, cosa que no ocurre en ningún otro lugar.

En Estados Unidos empiezan a cobrar fuerza dos nuevos enfoques sobre esta crisis. El primero sostiene que si un excesivo endeudamiento privado -familias y empresas- por encima de las posibilidades de devolución del mismo es lo que nos ha llevado al borde de la quiebra, la solución no puede ser acompañarlo con mayor endeudamiento público.

Es cierto que ese incremento de la deuda pública ha venido principalmente de la mano de dos medidas: la asunción por el Estado de una parte del endeudamiento privado mediante el trasiego de activos tóxicos, que no incrementa la cifra total de deuda, sino que se sustituye un deudor privado por otro público; y, en segundo lugar, nueva deuda pública que financia el mayor desempleo, los menores ingresos impositivos y las ayudas a empresas y familias que se han visto dañadas por la sequía crediticia que ha acompañado a la crisis financiera, convirtiéndola en crisis de la economía productiva.

Pero sustituir unas unidades privadas excesivamente hipotecadas por un Estado excesivamente endeudado, al trasladar cargas privadas sobre hombros públicos, puede significar un importante retroceso en términos de justicia social.

Para evitarlo, el recurso al déficit tiene que tener un objetivo claro y acotado en el tiempo, a la vez que debe incrementarse la progresividad de los impuestos, concentrando el impacto del gasto público sobre los sectores más débiles de la sociedad. Si los Presupuestos no reajustan su estructura de ingresos y gastos, el resultado final será que las clases más desfavorecidas saldrán perjudicadas.

Esto es especialmente relevante si lo vinculamos a la otra nueva línea de reflexión crítica sobre la crisis. Aquella que sitúa el origen de las dificultades actuales no tanto en la concesión alegre de créditos o en los excesos de ingeniería financiera desarrollados por unos mercados avariciosos y codiciosos, que también, sino en la previa desigualdad de renta y de riqueza provocada por los años de gobierno neocon de Bush. A título de ejemplo: se dice que si en 1980 los altos ejecutivos de las grandes compañías cobraban 40 veces el salario medio, el 2008 ganaron 360 veces dicho salario.

El problema no sería tanto los créditos Ninja, sino el fuerte incremento de personas sin ingresos, sin trabajo y sin activos a los que se les ha querido compensar, mediante el endeudamiento, su incapacidad para consumir. Junto a ello, el aumento constante de trabajadores pobres. Es decir, gente ocupada, pero que dada la estructura precaria del mercado de trabajo, los salarios bajos y la inexistencia de seguros públicos de sanidad o educación como los que conocemos en la Europa del Estado del Bienestar, se ven cerca del umbral de la pobreza e incapaces de conseguir determinados bienes de consumo -como la vivienda- sin recurrir a créditos de alto riesgo.

Estos sectores sociales han existido siempre. La novedad ha consistido en que su número se ha incrementado de manera espectacular en los últimos años y, además, algunos financieros han visto la oportunidad de introducirlos en el sistema de manera rentable mediante el recurso al préstamo. Salir de la crisis requeriría, por tanto, reformas sociales como un sistema sanitario público, pero, también, medidas que favorezcan un reequilibrio en la injusta distribución actual de la renta y de la riqueza.

Las tareas a acometer son de gran magnitud. Pero la manera en que lo hagamos no es neutra. De la misma manera que cuando la economía española crecía al 4%, hace ahora dos años, algunos se negaban a hablar de crisis por mucho que los nubarrones se cernieran ya sobre el horizonte, yo, hoy, con una economía decreciendo al -3%, me resisto a hablar de brotes verdes que, además, no sabemos todavía, con certeza, si adelantan el nuevo modelo de crecimiento o si son restos no chamuscados del viejo modelo.

No digo que no los haya o que no pueda haberlos. Digo que no creo que debamos hablar mucho de ello ahora porque puede dar la impresión de que su existencia nos evitará actuar con la contundencia necesaria porque si, total, ya despeja, ¿para qué necesitamos hacer algo distinto que esperar?

Porque de la crisis saldremos, incluso sin hacer nada más que dejarnos llevar por la corriente. La cuestión es cómo saldremos, cuál será el reparto de costes y beneficios y cómo afectará a la correlación social de fuerzas. Y ello dependerá de las actuaciones políticas de unos y de otros.

Juntos podemos, decía Obama. O lo que es lo mismo, solos no podemos y, por tanto, no debemos. Pero si el consenso político exige difuminar las medidas, el diálogo social languidece según los sindicatos y la cooperación territorial está atascada, tenemos un problema que no se resuelve mediante la hiperactividad gubernamental.

La conjunción de datos económicos muy negativos, con la constatación de síntomas de bloqueo institucional en los ámbitos parlamentarios y sociales, nos obliga a revisar el método y los contenidos. Nos jugamos mucho. Todos.

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Lo del Yak-42 / Antonio Casado

El ex ministro Trillo siempre dijo que los forenses militares siempre habían actuado de buena fe. O sea, que nunca tuvieron conciencia de estar falseando los documentos oficiales referidos a la identificación y traslado de los 62 soldados españoles muertos en el accidente del Yak-42.

De eso, nada. La Audiencia Nacional acaba de desmentirle. Y el ex ministro, que acata pero no comparte, apoya el recurso ante el Tribunal Supremo, por estar convencido de que no hay nada por lo que tenga que avergonzarse de lo ocurrido en aquel fatídico accidente, ocurrido en suelo turco, que traía a nuestra gente desde Afganistán.

De todos modos, aunque la conciencia de estar perpetrando una mala práctica cuente como agravante a la hora de formular el reproche penal, la figura delictiva aplicada se centra en la falsificación de dichos documentos oficiales. Y el agravante de las identificaciones aleatorias, no como un error sino como algo intencionado, también se queda en el 'ambito de aplicación del Código Penal. Sin embargo, es de naturaleza eminentemente política.

Reducir el sufrimiento de los familiares a un supuesto de "falsedad documental" es una broma de mal gusto. No tiene ninguna gracia. Pero sólo en eso se queda el castigo de los tribunales a quienes se ahorraron el incómodo trámite de identificar correctamente los restos de 30 soldados españoles muertos cuando regresaban de servir a su Patria.

En consecuencia, el reproche penal solo recae en los mandos militares, que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, falsearon los documentos con total conocimiento de causa. Esos documentos oficializaron una lacerante mentira.

Los restos colocados en treinta de los féretros no se correspondían con los nombres que figuraban en las etiquetas exteriores. La dolorosa sospecha de los familiares, se convirtió pronto en la causa de un hondo sufrimiento.

Me refiero a la despiadada anulación de la identidad del hijo, el padre, el hermano. La memoria de sus seres queridos, abolida de un plumazo. Los sentimientos más 'íntimos de quienes lloraban su pérdida, sacrificados a la prisa de los gobernantes de turno, deseosos de liquidar el engorroso asunto en la ampulosa solemnidad de un funeral apresurado.

Un funeral decidido por los gobernantes de turno. Nada que ver con el estamento militar. Es innecesaria cualquier argumentación suplementaria para demostrarlo. Bastaría con apelar al principio de obediencia debida, que es la regla de oro en el estamento militar. Lo que no previó la parte política es la reacción de la parte militar, cuya dignidad había sufrido un incalificable atropello en nombre de imperativos no castrenses, sino eminentemente políticos.

Y parece mentira que aun con la sentencia fresca de la Audiencia Nacional, conocida el martes pasado, el ex ministro Trillo comparezca ante los medios de comunicación para ratificarse en que no asume ni tiene por qué asumir ningún tipo de responsabilidad.

Pulso de hierro y mandíbula de cristal, como alguien decía en alusión a la distinta vara de medir que el ex ministro aplica cuando se trata de sí mismo respecto a la que aplicaba cuando, a mediados de los noventa, ejercía de perro de presa contra las perversiones del PSOE, ya en vísperas de la bancarrota felipista.

El PSPV pedirá la dimisión de Carlos Fabra por hacer pasar "vergüenza" a los castellonenses

CASTELLÓN.- El PSPV-PSOE pedirá la dimisión de Carlos Fabra tanto como presidente de la Diputación de Castellón como de concejal del Ayuntamiento de Castellón, en los dos plenos que se celebrarán esta semana en ambas instituciones, por considerar que su mantenimiento en el cargo es "incompatible con el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción pida cárcel por un presunto delito de falsificación de documentos con el fin de obtener licencias de productos fitosanitarios".

Además, desde el PSPV consideran "gravísimo" que los ciudadanos de la provincia "tengan que pasar la vergüenza de que el presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento esté acusado por anticorrupción con petición de cárcel", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

En este sentido, el secretario general provincial y portavoz del grupo socialista en la Diputación, Francesc Colomer, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, destacaron que supone "un ataque a la honorabilidad y a la imagen, no sólo de la ciudad de Castelló sino a toda la provincia, que una persona como Fabra se mantenga en los cargos a pesar de que se enfrenta a pena de cárcel por manipular sellos y firmas para que dos de sus empresas obtuvieran el mayor número posible de autorizaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la época de Aznar, para la producción de productos fitosanitarios".

Colomer y Calles resaltaron que "afrenta a la democracia cada minuto que Fabra se mantiene en el cargo, y cada minuto que el resto del PP se lo permite". En este sentido, indicaron que "cualquier político decente habría dimitido desde el primer momento en que se confirmó la petición de cárcel por parte de Anticorrupción".

En opinión de los dirigentes socialistas, "a Fabra ya no le quedan excusas, porque, aunque intente restar importancia a todo el caso diciendo que es fruto de una denuncia falsa de un presidiario, lo cierto es que ese presidiario fue su compinche en los negocios, y, además, ahora la acusación viene de Anticorrupción".

Francesc Colomer y Juan María Calles se preguntaron "qué será lo próximo, ¿decir, si le condenan, que el juez estaba comprado?". Por último, insistieron en la "necesidad" de que abandone los cargos públicos "para no seguir manchando el nombre y el prestigio de Castellón, involucrado en tramas más propias de guión de cine negro que de lo que debería ser el correcto ejercicio de la política".

El PSPV dice que la inversión en el circuito de F-1 es de 85 millones, "suficiente para solucionar los déficits"

VALENCIA.- El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicente González Móstoles aseguró hoy que la inversión pública realizada por la Generalitat y la Autoridad Portuaria de Valencia en el circuito urbano de Fórmula 1 asciende ya a casi 85 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, "más que suficiente para empezar a solucionar el déficit de equipamientos públicos que experimentan los barrios de la ciudad en relación con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de 1988".

El edil explicó que el Consell aprobó el pasado viernes un decreto en el que autoriza a la Conselleria de Economía a conceder un aval de dos millones de euros al Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos, para "cubrir las necesidades de financiación de la entidad en relación con actuaciones para acondicionar la zona del circuito, que acoge la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1".

El edil indicó que el gasto de dos millones de euros autorizado se unirá así a los 82.880.015,77 euros por los que ya se han presupuestado, licitado o adjudicado las actuaciones anunciadas o realizadas hasta la fecha en el entorno del circuito.

De ellos, 68.731097,64 euros corresponden a la Generalitat y 14.218.479,17 a la Autoridad Portuaria de Valencia. Tras la autorización del aval, la inversión desembolsada o comprometida asciende a 84.880.015,77 euros, "una cantidad más que suficiente para empezar a solucionar el déficit de equipamientos públicos que experimentan los barrios de la ciudad", señaló González Móstoles.

El concejal señaló que, según el estudio realizado el año pasado por el grupo municipal socialista sobre el grado de ejecución de las previsiones dotacionales del PGOU, existen en la ciudad 221 parcelas destinadas por el vigente planeamiento urbanístico a albergar algún tipo de infraestructura pública que siguen siendo meros solares.

En mayo de 2008, cuando el grupo municipal presentó sus alegaciones a la revisión del PGOU, había pendientes 458 parcelas para jardines, 92 parcelas de suelo escolar y 145 parcelas para dotaciones públicas diversas.

En total, 458 parcelas "en las que se podría haber construido numerosos equipamientos si el Partido Popular no hubiera elevado una competición deportiva a la categoría de prioridad política y hubiese destinado los 85 millones de euros a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad", subrayó.

González Móstoles estimó que dicha cantidad "podría haber servido, por ejemplo, para la construcción de 26 colegios públicos". Los 85 millones "podrían haber servido, también, para la edificación de 47 centros de salud" como el que en la actualidad está proyectado en Orriols, con un presupuesto de 1,8 millones, "o para la creación de 42 centros para mayores como el proyectado en el barrio de La Luz", con un presupuesto de 2 millones.

"O para la construcción de 8 aparcamientos subterráneos como el inaugurado en la plaza Cánovas, con un coste de 10'5 millones". "Hubieran servido, también, para la construcción de 3.000 viviendas protegidas de promoción pública", explicó el edil.

"Hace dos semanas denunciamos el caso de 'Desidiópolis', con una obra de urbanización paralizada por la Generalitat y donde en vez de grúas con edificios de vivienda construyéndose hay matorrales", resaltó el edil, quien añadió que, la semana pasada, denunciaron la existencia de "un gran solar en Benicalap donde no se construye el colegio e instituto previsto porque no hay dinero. Y los vecinos de los barrios reclaman desde hace más de una década mejoras en sus barrios".

"Mientras miles de vecinos han de transitar por aceras y calzadas repletas de socavones, el circuito de Fórmula 1 se vuelve a acondicionar", concluyó González Móstoles.

El Gobierno plantea abrir la puerta a la privatización de las cajas y restarle poder a las CC.AA.

MADRID.- El Gobierno avanza en la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros, con el doble objetivo de dotar a estas entidades de instrumentos para que puedan recapitalizarse si la crisis hace mella en sus cuentas de resultados y de restar influencia a las comunidades autónomas para evitar que puedan obstaculizar fusiones interterritoriales, según fuentes del sector.

Así, uno de los puntos principales de la reforma que quiere impulsar el Gobierno tras las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio es el de permitir a las cajas de ahorros la posibilidad de acceder al mercado de capitales, para que si tienen déficit de capital puedan reponerlo, equiparándolas así a los bancos.

Para ello, se plantea dotar de derechos políticos a las cuotas participativas, instrumentos financieros similares a las acciones, que tienen derechos económicos (permiten el cobro de dividendos) pero con el inconveniente de que no tienen derechos de voto.

Las cuotas, que son el equivalente para las cajas de las participaciones preferentes emitidas por los bancos, son un instrumento regulado desde hace ya cinco años y medio y que permite a las cajas conseguir fondos -para sortear la sequía de los mercados financieros o para abordar su expansión- y a la vez reforzar sus ratios de capital, al computar como recursos propios de primera categoría.

Las cuotas han suscitado desde el principio el recelo, cuando no el rechazo, de los sindicatos, presentes en los órganos de gobierno de las cajas (asamblea y consejo de administración), al considerar que pueden ser la antesala de la privatización de las entidades.

Paralelamente, el Gobierno quiere articular mecanismos que permitan acelerar la despolitización de las cajas de ahorros, no sólo quitándole poder e influencia a las comunidades autónomas, sino también restando peso a los partidos políticos en las asambleas de las entidades.

La intención del Ejecutivo es que ninguna comunidad autónoma pueda prohibir fusiones interterritoriales entre las cajas, que, a juicio del Gobierno, sería la mejor alternativa para abordar la reordenación y saneamiento del sector.

PSOE y PP han acercado posturas en torno a los dos principales puntos de la reforma, pero la negociación ha encallado ante la propuesta de los populares de abordar la desterritorialización de estas entidades, algo que colisiona con los intereses regionales de los barones socialistas y con su concepción de que las cajas deben estar al servicio de la región en la que están enclavadas.

El propósito del PP era que las cajas de distintas comunidades que pudieran verse inmersas en procesos de fusión pierdan sus vínculos políticos y territoriales con la comunidad autónoma donde están radicadas, lo que ha suscitado el rechazo socialista.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, indicó el pasado miércoles en el Congreso de los Diuputados que la normativa que prepara el Ejecutivo para facilitar la reordenación del sistema financiero no implicará una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros en cuanto a la competencia de las comunidades autónomas.

A su parecer, es el momento oportuno para la reestructuración financiera, ya que no todas las entidades tienen la misma fortaleza para soportar un deterioro adicional de sus activos en el actual entorno recesivo y es fundamental que tanto bancos como cajas puedan absorber el impacto de la crisis manteniendo su solvencia.

Las cajas de ahorros alcanzaron un beneficio atribuido de 2.028,5 millones de euros en el primer trimestre de 2009, lo que supone una caída del 23,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La morosidad se situó en marzo en el 4,64%, lo que supone una leve reducción por primera vez en 26 meses.

sábado, 23 de mayo de 2009

Desciende un 4% la exportación española de frutas y hortalizas

MADRID.- La exportación española de frutas y hortalizas en el primer trimestre de este año se ha situado en 2,8 millones de toneladas, un 4% menos que en el mismo periodo de 2008 y en 2.503 millones de euros (+0,4%), prácticamente el mismo valor que el año pasado.

El descenso del volumen se ha debido al descenso de las hortalizas y especialmente el tomate, cuyas exportaciones han caído un 16% en volumen y un 7% en valor por la competencia de Marruecos, según FEPEX. Por el contrario, las importaciones españolas de frutas y hortalizas han aumentado un 5% tanto en volumen como en valor.

La exportación de hortalizas ha caído un 12%, totalizando 1,3 millones de toneladas, y el valor ha aumentado un 5%, totalizando 1.357 millones de euros. El descenso se ha producido en casi todas las hortalizas: judía verde, pimiento, calabacín, berenjena… y especialmente en tomate, con un 16% menos en volumen y un 7% menos en valor, totalizando 389.586 toneladas y 364 millones de euros respectivamente.

Por el contrario, las importaciones españolas de hortalizas han aumentado en un 15% en volumen y un 14% en valor, totalizando 427.722 toneladas y 172 millones de euros.

La exportación española de frutas en el periodo analizado, se ha situado en 1,4 millones de toneladas (+4%) por un valor de 1.145 millones de euros (-4%). Las principales frutas exportadas han sido la naranja con 633.020 toneladas (+9,5%) y 384 millones de euros (+6%) y la mandarina con 478.536 toneladas (+0,6%) y 397 millones de euros (-4%).

Las importaciones de frutas han descendido en volumen (-9%) totalizando 256.194 toneladas y en valor (-1,5%) totalizando 215 millones de euros, como consecuencia del comportamiento del consumo interior.

Las principales comunidades autónomas exportadoras en el periodo analizado han sido Andalucía y Murcia en hortalizas y Valencia en frutas. La exportación andaluza de frutas y hortalizas ha sido de 844.819 toneladas (-12%), de las que 653.692 toneladas correspondieron a hortalizas.

Murcia exportó frutas y hortalizas por valor de 552.694 toneladas (+6%), de las que 381.515 correspondieron a hortalizas y la Comunidad Valenciana exportó 1,1 millones de toneladas (+1%), de las que 912.634 toneladas correspondieron a cítricos.

En valor, la exportación hortofrutícola de Andalucía se situó en 961 millones de euros, la de Valencia se situó en 868 millones de euros y la de Murcia fue de 431 millones de euros, según los datos más actualizados de la Dirección General de Aduanas, procesados por FEPEX.

Los principales países de destino son Alemania, con el 23% del total exportado por España y 657.724 toneladas, Francia con el 18% del total y 515.364 toneladas y Reino Unido con el 12% del total exportado por España y 358.463 toneladas. El 6,2% de las exportaciones españolas se dirigen a países no comunitarios.

Para hacer frente al descenso de la exportación española de frutas y hortalizas, FEPEX ha presentado al MARM un conjunto de medidas para mejorar la competitividad. Por otro lado, el descenso de la exportación en volumen se ha debido a la caída del grupo de hortalizas que sufre la competencia de Marruecos, especialmente el tomate.

La caída de la exportación de tomate español en un 16% en volumen y un 7% en valor es consecuencia del descontrol existente en las importaciones comunitarias de tomate marroquí que esta campaña pueden llegar a 400.000 toneladas.

Esta situación se ha generado como consecuencia de la ineficaz aplicación del régimen de precios de entrada, por lo que FEPEX considera imprescindible su reforma por parte de la Comisión Europea.

Más de 1.000 personas exigen la retirada del ERE de Ford dado "el aumento productivo" experimentado por la empresa

VALENCIA.- Más de un millar de personas --alrededor de 2.500 según la organización y en torno a 500 según la Policía Local-- exigieron hoy en Valencia la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a los trabajadores de Ford al considerarlo una medida "totalmente injustificada".

En este sentido, señalaron "el considerable aumento productivo" experimentado por la empresa, que además tuvo unos beneficios "próximos a los 1.050 millones de euros" en 2008.

Durante la manifestación en la que los representantes de los trabajadores realizaron estas consideraciones también se protestó por "la paralización de las negociaciones del convenio", de las que se responsabilizó a la dirección de la empresa.

Así, se exigió "el mantenimiento de los derechos contemplados en la actualidad", entre los que se aludió a los contratos fijos de los relevistas con más de seis años de antigüedad y a la jubilación de las personas con 60 años.

La marcha, que salió desde la plaza de San Agustín a las 11.30 horas, y recorrió diferentes calles del centro de la ciudad --San Vicente, Plaza de la Reina, calle Miguelete, Plaza de la Virgen y calle Caballeros--, concluyó en la Plaza Manises a las 13.45 horas. A lo largo del recorrido, la comitiva portó una pancarta en la que se podía leer 'Ford y el sector del auto en lucha: sí al empleo, no a la ERE'. Asimismo, se escucharon gritos de protesta por la ausencia de UGT.

La movilización se suma a la que tuvo lugar el pasado martes ante el Palau de la Generalitat, y que también fue aprobada con los votos de CGT, CCOO y STME, y la abstención de UGT, en el pleno del Comité de la Empresa celebrado el 27 de abril. En la protesta participaron la diputada del grupo de No Adscritos y miembro de EU, Glòria Marcos, y la coordinadora general de EUPV, Marga Sanz.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CGT-Ford, Francisca Cuesta, denunció la aplicación de este ERE "que la administración firma con una gran empresa para que pueda tener trabajadores a su antojo, adscritos a unos despidos temporales", dijo.

Además, insistió en que estos despidos "están penosamente justificados, dada la producción de la empresa, que asciende a las 900 piezas y a los 600 focus". Por esta razón, consideró "no son la solución ni el chantaje para tener fuera de Ford a empleados".

En relación con el convenio, explicó que ha sido "paralizado" por la empresa "por tercera vez", y manifestó que su posición frente a él es "el mantenimiento de derechos".

"Los trabajadores han dado toda la flexibilidad durante 33 años para que ahora, justificándolo en una crisis coyuntural, se les retiren los derechos que tanto ha costado conseguir", manifestó Francisca Cuesta. "No se pide nada que no tengamos ya", añadió

Por su parte, el representante de CCOO en Ford, Miquel Rosaleny, aseguró que con la manifestación se pretende "demostrar" al director general de Trabajo, Román Ceballos, y al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que su administración "tiene aprobado un expediente exagerado".

Así, explicó que el ERE se presentó para 1.100 trabajadores "pero sólo 400 de ellos están en el paro" y denunció que diariamente "se recuperen empleados para hacer producción adicional".

De hecho, señalo que la empresa ha creado "un mini turno de noche con 140 empleados", lo que ha permitido que la producción total de la factoría "haya pasado de 1.100 a 1.800 coches en tres semanas".

Por esta razón, exigió el adelanto de la reunión de seguimiento del ERE prevista para la última semana de junio y la retirada del mismo "con la consiguiente vuelta al trabajo de los 400 compañeros en el paro". Estas reivindicaciones, además, se recogieron en un manifiesto difundido desde los sindicatos, que el lunes presentarán ante el Comité de la empresa Ford.

La coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, que apoyó las reivindicaciones de los trabajadores de Ford, aseguró que su partido "acudirá a Europa a defender los puestos de trabajo". Asimismo, manifestó su "indignación" porque una empresa como Ford "con 1.050 millones de beneficios en 2008" esté "continuamente recurriendo a EREs y a la reducción de turnos".

Por su parte, Glòria Marcos respaldó ese apoyo a los trabajadores y recordó "los importantes beneficios y la ayuda institucional que ha tenido Ford".

"No tiene ningún sentido que una empresa que gana dinero, y además obtiene dinero público, realice ERE para sus trabajadores", indicó. Por ello, instó al Gobierno central y al autonómico "a tomar medidas para proteger los puestos de trabajo", algo que consideró "la única manera real de salir de la crisis".

El PSOE tilda de "mentiroso compulsivo" a Costa

CASTELLÓN.- El senador socialista Joan Baptista Cardona llamó "mentiroso compulsivo" al secretario general del PPCV y portavoz popular en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, porque, según dijo, "ya no sólo miente sobre quién le paga sus trajes, sino también sobre la A-68 y, hasta incluso, sobre lo que opinan sus compañeros del PP de Tarragona sobre esta cuestión".

Baptiste Cardona se expresó en estos términos en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas por Costa, quien manifestó que la dirección general del PP apoyará la salida de la A-68 por Vinaròs (Castellón) porque, según dijo, es la que beneficia a la ciudadanía.

Además, el senador socialista aseguró estar "especialmente preocupado con la serenidad que refleja Costa mientras está soltando una mentira del calibre de que yo voté en contra de la moción del PP sobre la A-68 cuando ni siquiera formo parte de la comisión en la que se debatió".

"Serenidad y firmeza --añadió-- que nos habría gustado que tuviera cuando fue a declarar como testigo al juzgado por el Caso Fabra en el que, de repente, sufrió una repentina amnesia y ya no recordó nada sobre las gestiones de su bufete en la trama de fitosanitarios por las que Anticorrupción pide dos años de cárcel para el presidente de la Diputación", indicó.

En la misma línea, mostró su "perplejidad" porque Costa dijo "que sus compañeros del PP en Tarragona están encantados con su moción, cuando ni siquiera les informó de que iban a presentarla".

Para Batista Cardona, el PP "tiene que recurrir a la mentira para intentar disimular la pasividad que han mantenido hasta ahora cuando se trataba de reivindicar que la salida de Zaragoza al Mediterráneo por autovía discurra por el trazado de la N-232 hasta Vinaròs, ya que no ha sido hasta que los socialistas hemos aprobado las mociones en muchos ayuntamientos, hemos firmado el manifiesto de Morella e incluso la hemos reivindicado conjuntamente con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en Vilafranca, cuando han empezado a moverse".

En este sentido, aseguró estar "satisfecho" de que el PP "se haya subido a la reivindicación que realizamos desde el partido para mejorar las comunicaciones en esta provincia", aunque lamentó que "demandas de este tipo nunca las realicen hacia la Generalitat Valenciana, a pesar del olvido que han demostrado hasta ahora incumpliendo de forma sistemática muchos de los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras".

El PSPV dice que con la querella "defendemos el dinero de los valencianos que el PP dio a empresas corruptas"

VALENCIA.- La secretaria general del PSPV-PSOE en la Provincia de Valencia, Carmen Martínez, explicó que con la querella presentada contra los imputados por el caso 'Gürtel' en la Comunitat, "defendemos los ocho millones de euros de los valencianos y las valencianas, que el PP entregó a empresas corruptas para evadirlos paraísos fiscales", informaron fuentes socialistas en un comunicado.

La dirigente socialista mostró su apoyo, en el transcurso de un mitin celebrado en Godella en el que también participó el candidato al Parlamento europeo Andrés Perelló, a la decisión del secretario general, Jorge Alarte, y la dirección del grupo socialista en las Corts, que demuestra que "el único partido que defiende el interés de los valencianos es el PSPV-PSOE".

Martínez destacó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps "hace ya 48 horas que tendría que haber dimitido" por la imputación en un delito de cohecho. Asimismo, pidió al electorado que voten "en favor de la dignidad y la decencia, que es también decir no a la política basura que pretende imponer el PP".

Carmen Martínez calificó también al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, como el "padrino de Camps, imputado por varios delitos contra la administración".

Del mismo modo, advirtió de que "Camps pretende que estas elecciones le permitan pasar página de su grave implicación en la trama de corrupción por la que está imputado", por lo que reclamó el voto "a favor de la dignidad y la decencia, para decirle a Fabra, a Camps, a Álvaro Pérez, --conocido como El Bigotes--, y a todos los amiguitos del alma que tienen los dirigentes del PP y que viven de los contratos de la administración, que ni un solo voto les puede eximir de sus responsabilidades penales".

En relación al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que esta semana "se ha reafirmado en la calificación de gilipollas a los docentes".

"Es el mejor ejemplo de que hace falta mucha educación para la ciudadanía para evitar en el futuro personajes que hacen del chascarrillo, la amenaza o el insulto su único discurso", apostilló.

Zapatero pide el voto a los jóvenes para una Europa "progresista"

VALENCIA.- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las elecciones europeas del próximo 7 de junio, pidió hoy el voto "especialmente" a los jóvenes para que apuesten por una Europa "progresista y de futuro" frente a la "política neoconservadora del ex presidente norteamericano George Bush" que "sigue defendiendo" el PP en España y que "ha llevado al desastre a la economía mundial".

Zapatero hizo estas declaraciones en un mitin celebrado con motivo de la campaña electoral por los comicios europeos del 7 de junio, en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia. El acto comenzó a las 11.00 horas con la actuación del grupo Tequila y en él unas 10.000 personas llenaron el recinto.

En el mitin también intervinieron el cabeza de lista el PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el primer ministro de Portugal y secretario general de los socialistas lusos, José Sócrates, y el secretarais general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte.

Zapatero aseguró que el PSOE es un partido "moderno y con visión de futuro", mientras que el PP no representa a la derecha del conjunto de Europa, sino que es "absolutamente minoritario" con una política "unilateral, de imponer la fuerza, que la economía y los mercados financieros vayan por su cuenta y de negar el cambio climático".

Por ello, aseveró que los españoles se van a sentir "bien representados" con López Aguilar, porque es un hombre "con ideales y visión de la España progresista" y que "no tiene, como lamentablemente dijo el cabeza de lista del PP Jaime Mayor Oreja, algún recuerdo positivo de los 40 años de dictadura".

El jefe del Ejecutivo se refirió al ex presidente del Gobierno José María Aznar, del que dijo que es "el que manda en la derecha" porque "Rajoy no tiene pinta de mandar mucho". Ironizó que "todos quieren venir a España a conocer las recetas que Aznar dijo tener para que la economía mundial salga de la crisis", con una "pretenciosidad insólita".

Además, lamentó que a la derecha le "moleste" la Alianza de Civilizaciones porque es "una apuesta por fomentar el diálogo, la convivencia entre religiones y la paz". Debido a esta posición, comentó que al presidente del PP, Mariano Rajoy, "le va a sobrar tiempo para exponer sus ideas y proyecto, si lo tiene, porque va a estar mucho tiempo donde está ahora, si es que los suyos le dejan", apuntó.

Rodríguez Zapatero reiteró su compromiso de mantener la protección social e incrementar las políticas sociales e insistió en que el sistema público de pensiones "está fuerte" y seguirá subiéndolas. Asimismo, resaltó que España saldrá de la crisis "pese a quien pese" pero con un nuevo modelo productivo basado en la educación y la innovación, "superando el ladrillo y la dependencia del petroleo, para no repetir los males que hemos padecido ahora".

Esto servirá, dijo, "para pasar de una economía, y en la Comunitat Valenciana lo sabéis bien, en la que ha primado el dinero fácil y rápido, el pelotazo, especulando y cambiando el valor del suelo para construir y ahora tener viviendas sin vender que no producen".

"Todo ese dinero tiene que ir a actividades productivas, como en la Comunitat Valenciana, que las hay, de siempre y con futuro porque tienen y van a tener el apoyo del Gobierno", aseveró.

El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, se comprometió, por su lado, a proteger el cazado alicantino y la huerta valenciana, así como el tomate de Almería, el aceite de Jaén, el vino de Córdoba y el plátano de Canarias.

Asimismo, manifestó su compromiso con "la igualdad, la libertad, la justicia, la lucha contra el hambre y pobreza, la paz y la reducción de las desigualdades en un mundo más justo", unos valores que "están en juego el 7 de junio".

López Aguilar aseguró que Europa es, sobre todo, ciudadanía, y añadió que "requiere nuestra participación en las urnas". En este sentido, instó a que exista "movilización, participación y fe en la victoria que está al alcance de nuestro voto, para representar los valores mayoritarios de la sociedad valenciana, española y europea".

El número uno de la lista de los socialistas para los comicios europeos se mostró convencido de que se saldrá de la actual situación económica y "aprendiendo de las lecciones de esta crisis", por lo que, a su juicio, se conseguirá "una Europa con más inversión en educación, más verde y con más garantías de futuro".

Además, aseveró que no se dará "ni un paso atrás en la protección social y en los derechos de los trabajadores".

Por otro lado, indicó que "la derecha es más amiga de la abstención que del voto" y, por este motivo, "le ha molestado tanto nuestro video de campaña", al que "han contestado con otro video en el que exhiben al perro de Aznar".

Según López Aguilar, "es imposible pronunciar la palabra 'doberman' sin que el PP se sienta aludido" e ironizó diciendo que "qué habrán hecho esos pobres animales para ser víctimas de esa cruel asociación de ideas".

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a las diferencias entre populares y socialistas y subrayó que el PSOE realiza "una política de honradez, de trabajo duro, de ideales que merecen la pena dejarse la piel" y no "una política de trajines, trajes y tejemanejes privados con dinero público".

La vicepresidenta, quien auguró que en la Comunitat Valenciana se conseguirán "el 60 por ciento de votos socialistas y progresistas", destacó que el 7 de junio se decidirá "no sólo la victoria de unos u otros, sino una forma de entender y practicar la política". Además, incidió en que la victoria de hace unos meses del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es "la primera parte de un partido que ahora se juega aquí".

En su intervención, el primer ministro portugués, José Sócrates, realizó un "homenaje" a los partidos socialistas luso y español porque han estado "juntos por Europa", dijo, y aseguró que "un voto de los socialistas es un voto por el cambio".

"En estas elecciones hay que elegir entre la visión de izquierdas, con una agenda progresista y modernizadora, y la de derechas, que defiende valores conservadores y ultraliberales que tan mal han hecho a Europa y a todo el mundo".

"Para los socialistas las cosas están claras, queremos una Europa con más justicia y protección social", puntualizó.

Intervención de Alarte

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, afirmó hoy que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, "respalda, avala y protege" al presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, y al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "porque es lo mismo".

Aseveró que el dirigente nacional del PP "tiene un problema muy grave porque Camps no tiene las facturas" de los trajes y añadió que "no las tiene" y que "lo peor de todo es que su respuesta, ante la información y la vergüenza, ha sido silencio".

Durante su intervención, que inició hablando del 'caso Gürtel', Jorge Alarte criticó el "último gran evento que Francisco Camps y Rita Barberá han organizado, el pase de modelos por las escaleras del TSJCV", cuando el pasado 6 de febrero, el jefe del Consell dijo que "no pasaba nada, que era falso, un montaje del juez Baltasar Garzón, y que no conocía a Álvaro Pérez, el bigotes", quien ahora "se sabe que le quería un huevo".

Así, reprochó que "tras todo el gran esfuerzo de dignidad y construcción de democracia, Camps y sus amigos, lo hayan sumido en la vergüenza y la indecencia". Por ello, aseguró que el jefe del Consell "no puede seguir siendo el presidente de los valencianos", momento en el que el público presente en el pabellón empezó a gritar 'Camps, dimisión'.

Alarte defendió la "honradez" de los socialistas y manifestó que "desde que tiramos a Rafael Blasco, nadie nos da lección de ética". Reiteró que ejercerán su labor de oposición porque no tienen "miedo" y garantizó que a él no le paga "la ropa ni los trajes ningún delincuente", al igual que todos los socialistas, como lo hace "la gente honrada que puede andar con la cabeza bien alta", destacó.

Además, el responsable socialista acusó a Camps de "menospreciar las Corts, a los valencianos y hacer de Canal 9, más que nunca, un instrumento de mentiras, amenazas e insidias". Lo atribuyó a la "borrachera de poder, el delirio de grandeza, el exceso por exceso y 14 años de prepotencia, que son demasiados años de gobierno de derechas", consideró.

De esta forma, el secretario general de los socialistas valencianos pidió "todo el esfuerzo, y movilización para el 7 de junio por nuestras ideas y valores, y también para un cambio en nuestra tierra".

Según dijo, el cambio debe ser para que los 490.000 parados valencianos sean una "prioridad", puesto que --señaló-- el paro crece en la Comunitat Valenciana un 20 por ciento más que en España" y ve con "preocupación el futuro después de que Camps y la derecha hayan hecho de nuestra tierra un terreno por construir".

También insistió en que la Ley de Dependencia se aplique "inmediatamente", que la enseñanza publica vuelva a ser "la mejor y de todos", hacer una ley que garantice que Canal 9 sea un "instrumento de democracia y libertad", que los hospitales "vuelvan a ser públicos y al servicio de los ciudadanos".

Subrayó la necesidad de un cambio para que "no nos dé vergüenza decir el nombre de nuestro presidente, y que éste sea una persona honrada como todos los que estamos aquí y, sobre todo, para recuperar la confianza en nosotros, trabajar juntos y recuperar el valor de la democracia, la ética y la esperanza en un futuro mejor".

Asimismo, afirmó querer hablar de "optimismo" porque "algo está pasando en la Comunitat Valenciana", entre lo que se refirió a que "miles de valencianos salen a la calle a defender la educación pública y denunciar el boicot de Educación para Ciudadanía, se movilizan en plataformas para defender la Ley de Dependencia y los derechos de quien más necesita la ayuda de la sociedad".

Las cajas de ahorro afrontarán problemas en 2010, dice el presidente de la CECA

MADRID.- Algunas entidades cajas de ahorro afrontarán serios problemas el año que viene conforme aumente la morosidad, declaró el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, en una entrevista publicada este sábado en el diario Cinco Días.

"El gran desafío será 2010, un año en que veremos a entidades que atraviesan serios problemas temporales", declaró Quintás al diario económico.

"Las simulaciones que hemos hecho dibujan el siguiente escenario: la morosidad seguirá creciendo hasta 2010, y permanecerá en niveles altos, en línea con la evolución del paro", indicó.

Quintás dijo que el Gobierno necesita aprobar el muy esperado fondo público para ayudar a los bancos y cajas de ahorro.

Aunque los bancos españoles no se han visto muy perjudicados por la caída de los complejos instrumentos hipotecarios, gracias a la regulación del Banco de España, están sufriendo el colapso de la burbuja inmobiliaria y el aumento vertiginoso del desempleo, que se ha duplicado hasta alcanzar los cuatro millones.

Los economistas esperan que la economía española se contraiga alrededor de un tres por ciento este año y tarde años en volver a tener un crecimiento fuerte.

"Me gustaría que se aprobase el fondo público que sirva de instrumento para sobrellevar la crisis" declaró Quintás, en referencia a los planes del Gobierno de aprobar un paquete para ayudar a los bancos.

Pero el diario El Economista informó de que las conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la creación del fondo se estaban retrasando por un desacuerdo sobre si abordar el papel de las Comunidades Autónomas en las cajas de ahorro.

El Gobierno preferiría no plantear este espinoso asunto en el plan de rescate, que también perfilaría el proceso de intervención por parte del Banco de España , dijo El Economista.

En marzo, el Banco de España intervino la Caja Castilla-La Mancha. Otras entidades están discutiendo fusiones.

Los analistas dicen que harían falta unos 60.000 millones de euros para recapitalizar bancos y cajas.

Aprobada la remisión a las Cortes del convenio europeo sobre la corrupción

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes del convenio civil sobre la corrupción -Convenio 174 del Consejo de Europa-, que fue firmado por España el 10 de mayo de 2005.

La referencia del Consejo recuerda que su objetivo principal es que los estados miembros establezcan en su derecho interno procedimientos eficaces a favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de corrupción, con el fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de indemnización por dichos daños.

Añade que es el primer intento para definir principios y normas comunes internacionales en el ámbito del derecho civil sobre corrupción.

En el Consejo de Europa el enfoque ha sido multidisciplinar, tratando la corrupción desde el punto de vista del derecho penal, civil y administrativo.

viernes, 22 de mayo de 2009

Alarte justifica la querella a Camps en que la "vergüenza diaria" sigue y el "ratito es insoportablemente largo"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, justificó hoy la decisión del partido de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de imputados en el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en que "la vergüenza diaria" continúa y porque el "ratito largo" que dura el procedimiento, --en referencia a unas palabras utilizadas por el jefe del Consell sobre el tiempo en que estaría en marcha la causa-- es "insoportablemente largo desde el punto de vista democrático, ético y político".

Alarte compareció en rueda de prensa, acompañado del síndic del PSPV en las Corts, Ángel Luna, y los portavoces adjuntos Cristina Moreno, Carmen Ninet y Joaquim Puig, tras la reunión mantenida entre la Comisión Ejecutiva Nacional y la dirección del grupo parlamentario, para precisar detalles acerca de la decisión adoptada por la dirección del PSPV de querellarse contra Camps, --cuya dimisión es "acuciante, imprescindible y necesaria", dijo--, y el resto de valencianos implicados en el 'caso Gürtel', que han declarado esta semana como imputados por un presunto delito de cohecho ante el TSJCV, que investiga si recibieron trajes de Orange Market como regalo a cambio de adjudicaciones.

El secretario general del PSPV indicó que hoy se firmarán los poderes para que los abogados puedan presentar en los próximos días esta actuación judicial, que irá suscrita por el grupo parlamentario, y que se ha preferido que adopte la forma de querella y no de personación en la causa ya que de esta forma pueden presentar ante el magistrado instructor un relato de los hechos del que denominó 'caso Camps', de los que conocen "pocos" porque su grupo siempre ha "intentado averiguar", sin obtener los contratos con la empresa, y "siempre" ha recibido "mentiras".

En esta línea, consideró que Camps tuvo ayer su "última oportunidad" para dar explicaciones políticas y "dar cuentas de por qué ha mentido" y la agotó, y señaló, preguntado por si él guarda las facturas de todos los trajes que compra, que "a veces sí y otras se me extravían, pero no dejo que me los pague ningún delincuente".

Alarte cuestionó que los dirigentes 'populares' se hayan mostrado "contentos" de tener que ir a declarar, cuando las "personas normales no lo hacen", y consideró que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tiene que tener "mala conciencia si lo tiene que sustituir --a Camps-- porque no pasa nada".

Alarte, quien se mostró convencido de que ganarán las elecciones, señaló que quieren ejercer su responsabilidad "en defensa del interés público de los valencianos, del dinero de la gente, de la transparencia y del interés de todos los valencianos en saber qué ha sido de sus más ocho millones de euros que el presidente Camps y todo su Gobierno ha puesto en manos de una trama corrupta dedicada a la evasión de impuestos y blanqueo de capitales".

El secretario general del PSPV señaló que han esperado "lo suficiente" hasta este momento y añadió que "hay veces que cuando uno no actúa, ya no es ser prudente, es no cumplir con su deber".

En esta línea, añadió que querían aguardar a las explicaciones que diera Camps y subrayó que con la presentación de la querella ejercen un derecho recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no supone "valoración alguna" de lo realizado por jueces, policía y Fiscalía.

No obstante, dijo, el jefe del Consell está "en tiempo de descuento" porque "debería haber dimitido hace 48 horas". En su opinión, "da igual" el resultado del proceso penal porque Camps "debía haberse ido ya" puesto que está "absolutamente inhabilitado" y, conforme pasa el tiempo, está "dos veces inhabilitado" al haber "mentido y sometido" a los valencianos "a una de las peores vergüenzas sufridas en los últimos 30 años".

El responsable socialista subrayó que Camps estaba "loco, loco, loco por hablar" y "tenía tantas ganas" que le "sobró mucho tiempo" en su comparecencia ante el TSJCV --donde hizo hincapié en que "no ha presentado facturas" del pago de los trajes--. "Vamos a ejercer nuestra responsabilidad", dijo Alarte, quien afirmó: "nos pagamos nuestros trajes y no tenemos miedo".

En este tiempo, dijo, de "apenas dos contratos", hoy se sabe "que ya son casi ocho millones de euros"; "de no conocer a Álvaro Pérez, a un amigo íntimo con el que hay muchas cosas bonitas de las que hablar"; "de que no había nada y era una operación de Garzón", a declarar como imputado en el TSJCV y a que el próximo martes altos responsables de todos los departamentos del Gobierno valenciano deban pasar por el alto tribunal para explicar los contratos con Orange Market, sobre quien en 2005 el diputado socialista José Camarasa ya preguntó.

Preguntado por la petición que realiza de dimisión de Camps y la situación del número dos del PSPV y alcalde de Elche, Alejandro Soler, imputado en el denominado 'caso de las facturas', señaló que el jefe del Consell debe dejar su cargo no por 'Gürtel' sino por sus "responsabilidades políticas".

Asimismo, preguntado por el pago de 6.000 euros del Ayuntamiento de Elche a una cena de UGT, indicó que no conoce la factura, que desconoce si el consistorio ha decidido colaborar con algún sindicato en el desarrollo de sus actividades y preguntó que si eso "está mal" porque, entonces, "habría que procesar al Consell entero".

"No lo veo mal".

En otra línea, interrogado por la decisión del PP de Alaquàs de acudir a Fiscalía para denunciar la contratación para un servicio municipal de una abogada que ejerce de letarda para el padre del secretario general del PSPV, Alarte consideró que forma parte de una "estrategia" y de usar a los ediles 'populares' del municipio para "hacer un circo más".