El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.

Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.

En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":

• Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.

Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.

Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.

Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.

Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:

• Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
• Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
• En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.

El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.

Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.

Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.

Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.

Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.

Negociar o pagar

Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.

Pagan los que menos tienen

Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.

El ascenso continúa

Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

El PSPV dice que con el dinero "derrochado" en la Fórmula 1 el Consell podría haber saldado deuda con dependientes

VALENCIA.-   La portavoz de Grandes Eventos del grupo socialista en las Corts, Eva Martínez, ha asegurado este sábado que con el dinero "derrochado" por parte de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte para pagar al magnate de la Fómula 1, Bernie Ecclestone, la Generalitat "podría haber pagado todo lo que debe a los dependientes". 

   En un comunicado, la diputada ha explicado que tan sólo con los 20 millones abonados en concepto de canon se habría saldado la deuda pendiente de la Generalitat con los dependientes, en virtud de la aplicación de la Ley de Dependencia. Por ello, ha invitado a la consellera del ramo, Lola Johnson, a que acuda el 31 de octubre a la concentración de la Mesa de la Discapacidad "y explique a los miles de discapacitados la viabilidad de la Fórmula 1".

   Martínez ha indicado que aunque según los datos de la Generalitat las pérdidas se sitúan en torno a los 2 millones de euros --resultado de 5,2 millones de ingresos y 7 millones de gastos--, a esta cantidad hay que sumarle los 20 millones del canon, con lo que "dando por buenos esos datos, como mínimo se han perdido 22 millones en esta última edición".

   Además, ha recordado que en abril el Consell compró Valmor, lo que ha costado 30 millones a los valencianos al haberse "nacionalizado las pérdidas de esta empresa privada". Así, ha apuntado que desde 2008 se han gastado 350 millones, de los que 100 millones corresponden a la construcción y el resto a los gastos y el canon de las cinco ediciones celebradas hasta ahora. Por ello, ha considerado que "el capricho de Fabra con la Fórmula está perjudicando y arruinando a todos los valencianos".

   Ha insistido la diputada que "la prioridad del gobierno de Fabra sigue siendo mantener a toda costa la F-1 y justificar como sea su viabilidad a costa de los discapacitados o los medicamentos".

   Por otra parte, la socialista ha criticado que Johnson, en su respuesta parlamentaria, dijo que el número de espectadores en la última edición del evento deportivo había sido de 105.000 personas, ya que de este modo, "la recaudación debería haber sido muy superior a los 5,2 millones, teniendo en cuenta que el precio medio por entrada es de 120 euros".

   Así, ha asegurado que la consellera "además de mentirosa es tramposa", ya que "la recaudación que consta en la contestación corresponde a algo menos de 45.000 personas, que además era el aforo previsto para ese año". De este modo, ha cuestionado "dónde están los ingresos de las 60.000 personas restantes o es que estas personas no pagaron entrada, o quizá estas personas solo compraron una entrada porque fueron las mismas durante los dos días de competición". "Es evidente que la consellera hace trampas con la Fórmula 1 y contabiliza al mismo espectador tres veces", ha apostillado.

   Finalmente, Eva Martínez ha afirmado que "no es la primera vez que esto pasa", dado que en el Informe sobre el impacto económico de la Formula-1 de la edición de 2009 elaborado por el Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE), "Valmor ya facilitó datos falsos a los técnicos y las cuentas tampoco cuadraban".

Ximo Puig: "Fabra está dejando caer a la Comunidad Valenciana"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha lamentado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está dejando caer a la Comunidad Valenciana" tras no haber presentado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que anunció en las Corts para reclamar 144 millones de euros más para la región.

   En un comunicado, el dirigente socialista ha subrayado que el jefe del Consell se ha mostrado "incapaz de defender los intereses de los valencianos" y le ha advertido de que "sólo le queda una oportunidad, y es apoyar las enmiendas socialistas al Congreso".

   Puig ha recordado que el PSPV ha presentado un conjunto de enmiendas a las cuentas generales por valor de 150 millones de euros, en las que, entre otras cosas, se reclama más inversión para infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. Así, ha apuntado que Fabra "tiene una nueva posibilidad de consenso" y ha insistido en que "ya le queda poco tiempo y es ahora el momento de dar la cara por esta Comunitat".

   A su juicio, el Consell "va a la deriva y su presidente es, en este momento, un elemento absolutamente inútil para nuestra defensa, para la defensa de los intereses de los valencianos".

 "Si no ejerce como presidente de la Generalitat debe dejar de serlo", ha insistido.

   Por otra parte, ha recordado que esta misma semana el presidente de la Generalitat "ha incumplido su palabra dos veces", la primera de ellas respecto a la tasa de gas, "a la que tampoco presentó ninguna enmienda", y la segunda con los presupuestos, "ya que en sede parlamentaria anunció enmiendas para su mejora por valor de 144 millones, mientras que únicamente se ha incluido una irrisoria partida de 100.000 euros para los valencianos".

   Este dato, ha indicado Puig, contrasta con mejoras que sí han conseguido otras autonomías como Aragón, que ha mejorado sus presupuestos en 85 millones de euros, "lo que pone de manifiesto que Fabra no existe para (Mariano) Rajoy y por ello tampoco para los valencianos".

   "Fabra está dejando caer la Comunitat. Ahora Rajoy, con su complicidad, ha conseguido dejarnos absolutamente marginados en los presupuestos", ha remarcado Puig, quien ha advertido de que esto se produce "en el peor de los momentos, porque cuando más necesitamos la ayuda de España para salir de la crisis menos la tenemos".

   El socialista ha criticado que las cuentas de la Generalitat"están absolutamente intervenidas" por Hacienda y se utiliza a la Comunitat "para alimentar las políticas partidistas del Gobierno de Rajoy".

Compromís considera que Fabra "debería plantearse dimitir porque no es capaz de defender a los valencianos ante Rajoy"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha señalado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "debería plantearse dimitir porque no es capaz de defender los intereses de los valencianos ante Mariano Rajoy".

   Morera, en un comunicado, ha indicado que la etapa de Alberto Fabra como presidente de la Generalitat, "ha llegado a su fin porque la negativa de Mariano Rajoy y del PP de aceptar las enmiendas de los 'populares' valencianos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 demuestra que Fabra no está capacitado para ser presidente". 

"No ha sabido plantarse ante Madrid y defender las mejoras de inversión en los presupuestos de estado para el próximo año", ha añadido.

   Para el síndic de Compromís, "hablar de gobierno del PP en el territorio valenciano es hablar de recortes en servicios públicos, es hablar de manipulación, es hablar de empobrecimiento de las valencianas y los valencianos y es hablar de paro, de mucho paro".

   Sin embargo, ha lamentado que ante esta situación "el Consell no actúa, continúa de brazos cruzados y en vez de defender los intereses valencianos en Madrid, acatan las órdenes de Rajoy de no admitir las enmiendas del PPCV".

   El portavoz de Compromís ha reiterado la "oferta" que hizo el viernes el diputado de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, quien se ofreció a defender las enmiendas del PPCV, siempre y cuando los diputados valencianos del PP en el Congreso, "rompan la disciplina de voto de su partido y voten a favor de exigir al gobierno de Rajoy más inversiones en nuestro territorio".

   Enric Morera considera que las enmiendas de Compromís, un total de 111 para el País Valencià, "tienen más sentido que nunca, ya que son unas enmiendas que defienden única y exclusivamente el bienestar de los valencianos y valencianas, al cual se opone con rotundidad el PP de Rajoy".

EUPV acusa a Fabra de ser "incapaz de cumplir sus propios anuncios"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha señalado este sábado que "ha quedado demostrado" que el jefe del Consell, Alberto Fabra, "no pinta nada ante Mariano Rajoy y, lo que se peor, que el presidente de la Generalitat es incapaz de cumplir sus propios anuncios". 

   "Ni los 144 millones de euros que prometió en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, ni la anulación de la tasa del gas para la industria cerámica de Castellón, ni mucho menos el cambio de financiación que necesitamos, porque los valencianos seguimos discriminados respecto a la media del Estado", ha denunciado Blanco en un comunicado.

   El parlamentario de izquierdas ha instado a Fabra a "plantearse su continuidad al frente de la presidencia de la Generalitat". Así, Blanco considera que "lo mejor en estos momentos sería convocar elecciones y que el pueblo valenciano decida quién quiere que rija sus destinos en el futuro".

Castellano dice que el PPCV trabajará "con o sin enmiendas" para defender los intereses de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha asegurado este sábado que tanto su partido como la Generalitat "siempre van a defender y reivindicar lo que necesita la Comunitat Valenciana", en concreto, "más inversiones y mejor financiación", y lo hará "con o sin enmiendas, por las vías de negociación que considere más adecuadas o crea correctas el Gobierno de España".

   En un comunicado, el dirigente 'popular' ha respondido de este modo a las críticas de la oposición respecto a la defensa de los intereses de la Comunitat mediante las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 y ha insistido en que el PPCV "no va a dejar de trabajar por lo que los valencianos necesitan en justicia" y reclamará "con toda la convicción y la fuerza" aquello que creen necesario.

   Castellano ha señalado que sabía que los presupuestos para el próximo ejercicio iban a ser "muy complicados", ya que se trata, ha indicado, de unas cuentas "de la crisis para salir de la crisis". Ante ellas, ha apuntado que el PPCV tiene que "intentar por todos los medios, con acuerdos o con los instrumentos que se consideren más viables, que llegue lo que seguimos reivindicando y lo que creemos que hace falta a la Comunitat y a los valencianos".

   Así, ha resaltado que el partido presidido por Alberto Fabra es "el único que defiende los intereses de la Comunitat con contundencia, coraje y convicción, y lo va a seguir haciendo", y ha recordado a su homólogo socialista, Ximo Puig, que "dirige un partido que no sabe ni a quien representa, ya que ningunea siempre que puede" las señas de identidad valencianas.

   Ha detallado en este sentido que el PSPV reclama en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 un total de 100.000 euros para la Federació d'Associacions per la Llengua, "capitaneada por una asociación que busca la implantación del catalán en la Comunitat".

   Para el dirigente 'popular', esta enmienda es "un guiño a ese germen de tripartito al que Puig se agarra como un clavo ardiendo como única vía de salvación para un partido residual".

   A su juicio, estos "desaires" a la Comunitat se suman al hecho de que el PSPV "dejara claro su apoyo a implantar la enseñanza del catalán en el sistema educativo de la Comunitat, al no votar en las Corts la propuesta que recrimina al Parlament de Catalunya que aprobara un acuerdo reclamando medidas al Govern en este sentido".

La sede del PP de Gandia aparece con una pintada de 'lladres' al día siguiente de subir los impuestos

GANDIA.-   La sede del PP de Gandia ha aparecido con una nueva pintada en la que puede leerse la palabra 'lladres', justo un día después de que el Ayuntamiento, gobernado por los 'populares', aprobara una subida de impuestos, según ha informado el partido en un comunicado.

   El secretario general del PP de Gandia, Guillermo Barber, ha tachado de "vándalos y antidemocratas" a los que han vuelto a realizar pintadas en la sede del PP de Gandia. A su juicio, "este tipo de actos vandálicos y cobardes denotan un comportamiento profundamente antidemocrático" y ha añadido: "Cada uno de estos ataques, típicos de cobardes y antidemócratas, no hacen más que reafirmarnos y animarnos a seguir trabajando por y para Gandia".  

   Una vez más en la fachada de la sede del PP de Gandia ha aparecido la leyenda "lladres". "Que casualidad que esta pintada en la sede aparezca un día después de que en Gandia se tuviera que aprobar una subida de impuestos provocada por la mala gestión del anterior gobierno de Orengo" que, según ha dicho, "nos ha convertido en el segundo ayuntamiento más endeudado de España, con 300 millones de euros, herencia del partido socialista de Gandia".

   Barber también ha destacado que "después de ver a los palmeros socialistas que invitó el PSOE de Gandia al pleno del pasado jueves, a nadie se le ocurrió tachar con este calificativo a los que nos han llevado a la ruina y han dilapidado el dinero de todos los gandienses en macro proyectos inexistentes, pagos a arquitectos mundialmente famosos que solo han hecho proyectos o a grandes emprendedores de cruceros y cabalgatas turísticas que solo servían de autobombo".

   También ha hecho hincapié en que la ciudadanía debe saber que "estaremos pagando los créditos del señor Orengo hasta el año 2040".

 "¿Qué calificativo se merecen estos señores que han conseguido endeudar a nuestras generaciones futuras?", ha preguntado.

   Guillermo Barber ha insistido en que "hay millones de cibernautas y redes sociales donde poder expresarse en este modo sin dañar el patrimonio o atentar contra un partido político".

Yo soy de Cartagena. ¿Y qué? / Arturo Pérez Reverte *

¿Y a mí qué me cuentan?. Quisiera que alguien me explique de una puñetera vez qué pretenden decir con esa murga de "es que yo soy de aquí, y no soy de allí" que le salta a uno a la cara cuando abre un periódico, o enchufa la tele, o el arradio. Porque, a ver. ¿Dónde diablos es aquí y dónde es allí? Y cuando se invoca un hecho diferencial como si fuese palabra mágica, ¿estamos hablando de diferencias con quién? Porque si de lo que se trata es de ser diferentes, el de arriba firmante es tanto como el que más. Y a la hora de plantear argumentos nacionalistas, paletismo local o factores raciales e históricos no estoy dispuesto a dejarme achantar por nadie. Puestos a ello, puedo ser tan poco español o tan cantamañanas como cualquiera.

Porque vamos a ver. Si de lo que se trata es de marcar paquete, diré que yo, por ejemplo, soy de Cartagena: una ciudad que tiene tres mil años de historia y que podría abastecer de solera a media Europa. Fue capital de la España cartaginesa, y capital de cada una de las cinco provincias romanas de Hispania. Mis antepasados eran griegos, fenicios y cartagineses; y cuando de jovencito me zambullía en el mar, sacaba ánforas que llevaban veinte siglos allá abajo, enfrente de mi casa. En cuanto a raza también soy distinto, porque mi RH positivo es mediterráneo, antiguo y sabio. Y puestos a eso, me siento más a gusto en un cafetín moruno de Tánger o bebiéndome un vaso de vino con aceitunas bajo una parra griega, que en la Gran Vía de Madrid, El Sardinero, Las Ramblas o la plaza mayor de Trujillo.

En cuanto a peripecias históricas, pues bueno. Mientras los comerciantes, los campesinos y la gente de la iglesia y de la paz se iban al interior - a Murcia- para esquivar las incursiones de los piratas berberiscos, mis architatarabuelos se quedaron en la costa a pelear. Y cuando la primera república, el Cantón de Cartagena se autodeterminó por las bravas, acuñó su propia moneda, poseyó su escuadra, y al aparecer las tropas centralistas no se desbandó como una manda de conejos, sino que resistió seis meses a cañonazo limpio. Y en lo que se refiere a lengua propia, cierto es que no hay una nacional cartagenera; pero los críos, antes de tener uso de razón, saben leer en las piedras inscripciones en latín. Y mucho podríamos discutir sobre si decir: "deme sinco sentímetros de sinta de senefa asul" o blasfemar con la barroca riqueza léxica del habla cartagenera no es un hecho diferencial lingüístico de cojones...

En cuanto a agravios, para qué les voy a contar. Hoy, Cartagena es una ciudad industrialmente desmantelada, deshecha por el paro, con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda. A los cartageneros no es que los hayan puteado histórica y sistemáticamente el gobierno central, las monarquías austriaca y borbónica, la dictadura franquista o los cien años de acrisolada honradez. A los cartageneros nos han hecho la puñeta la administración fenicia, la griega, la de Roma, la bizantina, los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, el califato de Bagdad, el de Córdoba, el Cid Campeador, los reyes de Castilla, los de Aragón, Napoleón Bonaparte, el general Martínez Campos, la primera y la segunda repúblicas, y todo el que pasó por allí. 

 

Mis antepasados pagaron impuestos, palmaron en la Invencible, Trafalgar, Santiago de Cuba, Filipinas, Annual. Y a cambio, como el resto de los españoles, recibieron hostias hasta en el cielo de la boca. Cierto es que fueron cómplices y actores en empresas imperiales de la España centralista castellana. Pero cuando vas y abres los libros de historia, compruebas que en cualquier batalla de Flandes, en cualquier episodio colonial de América, en cualquier aventura española en Nápoles, Sicilia, norte de África o Constantinopla, los apellidos de los capitanes, soldados, marinos, comerciantes y frailes eran también, y no pocos, vascos, catalanes, gallegos, navarros, mallorquines y etcétera. 

 

En esta galera hemos remado todos, y a todos nos han dado infinitas veces por detrás y por delante. Aquí no hay víctimas de primera y de segunda clase, y sólo a los muy canallas o a los muy imbéciles se les ocurre trazar líneas divisorias con tan irresponsable arrogancia. ¿Diferentes? Claro que sí. No sólo van a serlo tres o cuatro chantajistas bocazas. Aquí todos tenemos motivos para piarlas, y cuando llueve se moja todo cristo. Así que, para diferencia, la mía y la de la madre que me parió. A ver qué se ha creído esa panda de gilipollas.

 

(*) Académico y periodista

Las CCAA tienen que justificar el destino del dinero del FLA

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes a las comunidades autónomas que deben justificar el fin al que destinen el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y en respuesta a la pregunta de si el Ejecutivo controla los préstamos que están recibiendo las comunidades, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado".

   Al hilo del pago a las farmacias realizado por la Generalitat de Cataluña tras recibir la partida correspondiente al FLA, la vicepresidenta ha explicado que el dinero fue solicitado por el Gobierno de Artur Mas el pasado lunes y que se dio "respuesta inmediata".

   Según ha recordado, el dinero del FLA "está para pagar vencimientos o para pagar a proveedores y se tiene que justificar el destino de esos fondos". 

 "Ese dinero tiene que llegar a los proveedores para los que se ha autorizado porque el FLA obliga por un lado a cumplir los planes de ajuste y además tiene marcado el procedimiento de para qué se tiene que destinar ese dinero que se recibe", ha indicado.

El Consell insiste en que los PGE no les gustan "nada" pero en la situación actual "no se pueden hacer milagros"

VALENCIA.- El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha insistido en que Presupuestos Generales del Estado (PGE) no le gustan "nada" pero apunta que dada la situación actual de crisis, con los presupuestos "no se pueden hacer milagros". En este sentido, descarta anticipar escenarios de si los diputados y senadores valencianos apoyarán enmiendas de la oposición que beneficien a la Comunitat.

   Císcar se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en relación a las enmiendas por 144 millones que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció que se presentarían para corregir los Presupuestos Generales del Estado.

   A preguntas de los medios, el vicepresidente ha asegurado que el jefe del Consell, Alberto Fabra, "habló con el Gobierno de España de las enmiendas" antes de realizar el anuncio.

   Del mismo modo, preguntado por si hay algún problema con el Gobierno de Rajoy, dado que hay peticiones del Consell que no se atienden, Císcar ha precisado que "no" hay problemas y que hay que valorar que la situación económica "tan negativa" provoca que "haya cosas que quisiéramos y no pueden ser".

   Císcar, sin embargo, ha apostillado que el Ejecutivo 'popular' "en un año ha ayudado más a la Comunitat" que el socialista a lo largo de siete años.  

   El conseller ha rechazado realizar anuncios sobre las enmiendas que se han aceptado para la Comunitat y se ha remitido a una rueda de prensa del PP en el Congreso para valorar los PGE, al tiempo que ha añadido que no le corresponde al Consell realizar el anuncio sobre las enmiendas al PGE. Además, "ninguna comunidad autónoma está anunciando qué enmiendas se le van a admitir y cuáles no".

   Císcar, sin embargo, se ha referido, a preguntas de los medios a las enmiendas referidas al Corredor Mediterráneo --para el que se ha solicitado un incremento de 76 millones-- y de la tasa del gas.

   Por lo que se refiere a la infraestructura ferroviaria, Císcar ha indicado que no tiene los datos de qué partidas se van a sustraer para incrementar en 76 millones el Corredor.

   En este punto ha dicho que tienen la "tranquilidad" de que el Corredor "prioritario" para la Generalitat, para el Gobierno central y la UE. En esta línea, ha destacado que la apuesta de Ford por la Comunitat "pone más en valor" esta infraestructura "imprescindible".

   Por lo que se refiere a la enmienda de sobre la tasa del gas, Císcar ha explicado que "parece ser que no se va a admitir ninguna", algo que "valoramos muy negativamente".

   Císcar, no obstante, ha asegurado que los diputados y senadores 'populares' "van a tener todo nuestro apoyo para que en la tramitación de los PGE realicen todas las opciones a su favor, que las tienen, para que mediante un instrumento jurídico se pueda enmendar la disposición que afecta a la tasa del gas".

   A preguntas de los medios, ha explicado que en el Senado se pueden volver a presentar mecanismos para realizar cambios. Además, ha asegurado que el Consell "seguirá hablando" con el Gobierno de España para "intentar que la tasa del gas sea lo menos lesiva posible al sector".

   "Antes de llegar a un proceso de votación hay otros instrumentos para poder cambiar las cosas", ha remarcado Císcar. En este punto, ha destacado que antes de la presentación de la ley, consiguieron rebajar la tasa del gas un 30 por ciento. Pero "no nos conformamos y entendemos que tiene que haber una rebaja mayor".

   Por otro lado, a preguntas de los medios de si los diputados y senadores valencianos darán apoyo a enmiendas de la oposición que beneficien a la Comunitat, ha dicho que sobre este asunto no va a hacer "hipótesis" hasta conocer las enmiendas del PP a los PGE.

   Inquirido en este sentido por enmiendas sobre la tasa del gas, ha remarcado que no van a anticipar ningún escenario y si se produce "lo valoraremos".

Banco de Valencia reduce sus pérdidas en más de la mitad a septiembre, hasta los 389 millones

MADRID.-   Banco de Valencia registró unas pérdidas de 389,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone reducir en un 55,5 por ciento los 'números rojos' de 876,44 millones de euros que presentó en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   La entidad, intervenida por el Banco de España desde noviembre de 2011 y nacionalizada, elevó su margen de interés bruto en el periodo de enero a septiembre en un 6,72 por ciento, hasta los 184,46 millones de euros.

   El margen bruto de Banco de Valencia a septiembre ascendió a 226,539 millones de euros, un 17,92 por ciento más que los 192,1 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

   Las pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) reflejan saneamientos por importe de 516,89 millones de euros, realizados sobre la cartera de riesgo de crédito para el adecuado registro y valoración de determinados acreditados clasificados como riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad y de riesgo subestándar.

   Los saneamientos realizados sobre la cartera de participaciones inmobiliarias y sobre la cartera de activos inmobiliarios en balance supusieron unas dotaciones en los primeros nueve meses de 115,38 millones de euros.

   La tasa de morosidad de la entidad se situó al cierre del tercer trimestre del ejercicio en el 22,19 por ciento, de la que el 16,31 por ciento corresponde a activos dudosos por razón de su morosidad, y el resto a activos clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidad.

   Respecto a la cobertura, Banco de Valencia ha indicado que "sigue haciendo un esfuerzo notable de ajuste" de su cartera incidentada, siendo el ratio de cobertura al cierre del tercer trimestre del ejercicio del 47,48 por ciento.

   Durante el ejercicio 2012, la exposición del grupo al sector de la promoción y construcción inmobiliaria se redujo en más de 600 millones de euros, un 11,05 por ciento.

   Con las primeras estimaciones realizadas a partir de los criterios establecidos en el borrador del Real Decreto sobre el perímetro de activos a traspasar al 'banco malo', cerca del 90 por ciento de la exposición inmobiliaria será traspasada a dicha sociedad antes de la finalización del presente ejercicio, ha indicado la entidad.

   Según el resultado del examen realizado por la consultora Oliver Wyman al sector bancario español, en el escenario adverso Banco de Valencia cuenta con unas necesidades adicionales de recursos propios de 3.462 millones de euros.

   En lo que respecta al balance, el crédito neto a la clientela del grupo se situó en 15.227,22 millones de euros, un 10,8 por ciento menos, motivado, en gran parte, por los saneamientos realizados como consecuencia del deterioro por riesgo de crédito derivado del actual entorno económico y de la recesión mantenida en determinados sectores de actividad.

   Por su parte, los depósitos de la clientela se han reducido en casi 600 millones (4,98 por ciento) en los nueve primeros meses del año, hasta los 11.425,342 millones de euros.

Hacienda calcula que hay 6.000 millones por cobrar por delitos fiscales

SANTANDER.- La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha confirmado que quedan unos 6.000 millones de euros pendientes de cobro en los tribunales españoles por delitos fiscales, tal y como ha adelantado este jueves el director del servicio jurídico del organismo, Juan Manuel Herrero.

   En un encuentro con la prensa durante el XXII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Viana ha explicado que, de esta cantidad, unos 4.000 millones corresponden a delitos cometidos en los últimos cinco años y, el resto, son de años anteriores.

   Por ello, la directora del organismo ha subrayado la importancia de las mejoras que introduce el Código Penal en esta materia. En este sentido, la agencia ha destacado la prescripción en diez años de este tipo de delitos.

   En este sentido, el director del servicio jurídico ha señalado que le hubiese gustado que esta medida hubiera podido tener retroactividad y se hubiese extendido a los casos anteriores, aunque ha aclarado que hubiera supuesto problemas técnicos a los tribunales y que, por ello, no se ha llevado a cabo.

   Los delitos fiscales que podrán tener una prescripción de diez años serán los que superen la cuantía de 600.000 euros, los que se comentan por una trama criminal o los que utilicen medios sofisticados, como negocios simulados o paraísos fiscales.

El Gobierno estudiará durante ocho meses cómo reformar la Administración Pública

MADRID.- El Gobierno se ha comprometido a elaborar antes del 30 de junio de 2013 una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", ha resumido la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local.

   A ello se dedicará la comisión creada hoy por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", ha dicho Sáenz de Santamaría.

   La portavoz ha subrayado que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Ha añadido que se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien", pero que es "insostenible" en tiempos de crisis.

   Y preguntada específicamente por ello, Sáenz de Santamaría ha dudado por ejemplo de mantener organismos como las embajadas autonómicas en el extranjero, las más discutidas, las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", ha dicho, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".

 "Con lo grande que es el mundo, cuanto más grandes seamos mejor nos escucharán ", ha interpretado.

   Al hilo de este asunto, la vicepresidenta ha asegurado que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: dónde gasta cada cuál y cómo. "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras", ha dicho, para agregar: "Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".

   Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en el que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que todos también intenten acordar los instrumentos para ello. "La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", ha dicho.

   Ha advertido sin embargo de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit. Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.

   La portavoz ha recordado que en la pasada Conferencia de Presidentes se acordó estudiar este asunto y crear un grupo de trabajo. Para contribuir a él, y en representación del Estado, se crea esta comisión, que deberá presentar propuestas antes del próximo verano.

   La presidirá el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, será vicepresidenta la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas y ejercerá de secretario el director general de Coordinación Estado-CCAA. Estará formada además por un representantes de cada ministerio, así como por uno del gabinete de Mariano Rajoy, otro de la oficina económica del presidente y uno más del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, en este último caso, con dedicación exclusiva.

   La comisión trabajará en cuatro apartados: cómo evitar duplicidades, cómo simplificar los trámites administrativos y rebajar la burocracia, cómo mejorar la gestión de servicios y de medios comunes y cuál es la estructura completa de la administración española.

   En el apartado para evitar duplicidades, se tendrá en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para reforma la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno quiere presentar en las próximas semanas.

   El objetivo es que varias administraciones hagan lo mismo. Sáenz de Santamaría ha recurrido a su propio departamento para poner un ejemplo sobre una competencia "poco problemática": los boletines oficiales, que se editan en cada autonomía y en el Estado. Ha reconocido que todos son necesarios, pero se ha preguntado si cabe compartir imprenta y distribución, coordinarse "mejor".

El Gobierno acaba con el despido de veteranos a cargo de las árcas públicas

MADRID.-  El Gobierno obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas empresas de cargar este coste sobre las arcas públicas.

   Según la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años tendrán que efectúen una aportación económica al Estado para compensar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.

   La norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.

   El Real Decreto aprobado este viernes recoge el sistema de cálculo para calcular las aportaciones económicas que tendrán que hacer las empresas y que se realizará a través de liquidaciones anuales. El Servicio Público de Empleo será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de las aportaciones.

   El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán 15 días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones, las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.

   Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda. El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de 30 días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.

   Esta norma viene únicamente a adaptar las novedades que se incluyeron en la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado mes de febrero.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que, en los años de bonanza, "grandes grupos empresariales con beneficios" ajustaron plantilla a través de los denominados 'ERE preventivos', que incluían prejubilaciones y despidos con cargo a los recursos públicos.

   "Aunque el anterior Gobierno puso coto a esto, nosotros llegamos un poco más lejos", ha dicho Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha precisado que con esta medida no se limita el derecho de las empresas a hacer un ERE, sino que se trata de impedir que los contribuyentes paguen estos despidos.

   Con esta norma se modifica parcialmente la llamada 'enmienda Telefónica', aquella que se incluyó en la reforma de pensiones para evitar que las grandes empresas con beneficios que prejubilan a trabajadores mayores de 50 años carguen el coste al presupuesto público.

   El Consejo de Ministros ha aprobado también el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.

   La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada en febrero, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.

   En el reglamento se concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.

   Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de 50 trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.

    Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

   Por otro lado, el Real Decreto desarrolla la disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.

   En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.

   En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto.

   En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.

   La norma refuerza los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

   Cuando se trate de causas económicas se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

Bankia pierde 7.053 millones hasta septiembre tras provisionar 11.485 millones

MADRID.- Bankia perdió 7.053 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, frente a un beneficio de 295 millones registrado en el mismo periodo de 2011, después de haber provisionado 11.485 millones que siguen el plan de recapitalización de la entidad. 

   Según ha informado el banco nacionalizado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el margen de intereses acumulado hasta septiembre ascendió a 2.449 millones de euros, un 23,6% más que en igual periodo de 2011.

   Los depósitos estrictos de los clientes de Bankia totalizaron a septiembre un total 98.793 millones de euros incluyendo los pagarés emitidos por el grupo, lo que supone un descenso de 14.257 millones en lo que va de año.

El Banco de España estudia reorganizar la Dirección General de Supervisión

MADRID.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha nombrado a Ramón Quintana Aguirre director general de Supervisión en sustitución de Jerónimo Martínez Tello, que ha presentado su denuncia. Además ha nombrado a Mariano Herrera García-Canturri director general adjunto de Supervisión.

   Estos nombramientos se enmarcan dentro de una reorganización de la Dirección General de Supervisión que la Comisión Ejecutiva va a estudiar teniendo en cuenta la ejecución de los planes de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento del pasado 20 de julio acordado con las autoridades de la UE y la participación del Banco de España en la puesta en marcha de la supervisión única en el marco de la Unión Europea.

   Además la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado una reorganización de la Dirección General de Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, y el nombramiento del director general adjunto Fernando Vargas, que cesa como director general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de esta Dirección General.

   El nuevo director general de Supervisión, Ramón Quintana, era desde 2008 director del Departamento de Inspección II (grandes bancos). En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II.

   Por su parte, el nuevo director general adjunto de Supervisión, Mariano Herrera, era en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al Banco de España en 2012.

Bruselas estudia destinar ayudas a despedidos de la planta belga de Ford

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este viernes que estudiará la petición de las autoridades belgas de destinar ayudas europeas a los despedidos por el cierre anunciado de la planta del grupo automovilístico Ford en Genk (Norte del país), cuya producción se trasladará a la fábrica de la marca en Almussafes (Valencia).

   "Como en casos similares de despidos masivos, la Comisión está dispuesta a examinar con las autoridades belgas competentes lo que el Fondo europeo de adaptación a la globalización podría destinar (a este caso). La condición es que debe haber una relación entre los despidos y la globalización", ha explicado en rueda de prensa el portavoz comunitario de Empleo y Asuntos Sociales, Jonathan Todd.

   El portavoz, además, ha considerado que el hecho de que la producción sea transferida a otra región europea y no a un tercer país no supone automáticamente que el caso no pueda encajar en los supuestos que exige el Fondo en cuestión, aunque ha precisado que se examinarán distintas soluciones "ya sea con el fondo para la globalización, el fondo social o el fondo regional".

   La industria automovilística europea afronta entre otros problemas "el aumento de la oferta de vehículos que viene de fuera de Europa y también la caída de la demanda", ha añadido Todd, por lo que Bruselas "se va a sentar con las autoridades belgas" para analizar la situación de la región de Limburgo, en donde se encuentra Genk.

   El anuncio de Ford de cerrar la planta de Genk en 2014 para trasladar su producción a sus instalaciones valencianas consternó esta semana a Bélgica, porque se estima que la decisión tendrá un coste de 4.300 puestos de trabajo directos y otros 5.000 empleos indirectos. Tanto el Gobierno federal como el regional han llamado a una acción europea para minimizar el impacto.

Llamazares exige impedir a bancos que reciben ayudas "ensañarse con ciudadanos"

OVIEDO.- El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha exigido este viernes que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda "ensañarse con los ciudadanos". 

   En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha lamentado el suicido de un comerciante del barrio granadino de la Chana que iba a ser desahuciado. "El drama de los desahucios se ha convertido en tragedia", ha manifestado.

   En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de jueces y legisladores y ha apostado por el "inmediato" cambio normativo para que se pueda aplicar la dación en pago, así como articular otras alternativas, como el pago de alquileres, como ocurre en otros países.

El paro sube en la Comunitat en 26.500 personas en el tercer trimestre, hasta los 702.100 desempleados

VALENCIA.- El número de parados en la Comunitat Valenciana subió en 26.500 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, lo que supone un incremento del 3,93 por ciento, hasta llegar a los 702.100 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En tasa interanual, el número de desempleados ha crecido en el tercer trimestre de 2012 en 84.700 personas en la región, lo que supone un aumento del 13,73 por ciento. Así, la Comunitat se sitúa como la tercera autonomía con un mayor incremento interanual del número de parados, por detrás de Andalucía (191.300 parados más) y Cataluña (98.400).

   La tasa de paro en la Comunitat se ha situado en el 28,10 por ciento, ligeramente por encima de la nacional, del 25,02 por ciento.

   A nivel nacional, el paro subió en 85.000 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 1,5% más, situándose el número total de desempleados en 5.778.100 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.

   La tasa de paro escaló al cierre de septiembre hasta el 25,02%, porcentaje casi cuatro décimas superior al del trimestre anterior (24,63%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El PSPV destaca que desde que Fabra es presidente cada día hay 242 personas desempleadas en la Comunitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) respecto a la Comunitat Valenciana y ha destacado que desde que Alberto Fabra es presidente cada día hay 242 personas desempleadas en la Comunitat Valenciana.

  Puig ha reconocido sobre el desempleo que los datos del tercer trimestre "ya no pueden ser más preocupantes y a este ritmo, sino cambian las políticas, se llegará a final de año al 30 por ciento de paro en la Comunitat", que ya se está en el 28,1 por ciento.

   El líder de los socialistas valencianos ha destacado que la tasa de paro respecto a España es tres puntos mayor, "cuando el PSOE dejó de gobernar, la diferencia de la Comunitat era de tres puntos por debajo de la estatal".

   Puig ha manifestado que el paro continúa aumentado en la Comunitat y se han superado las 700.000 personas desempleadas. "De cada tres nuevos parados en el último trimestre, uno es valenciano", ha indicado gráficamente. En España hay 85.000 personas sin empleo y en la Comunitat hay 26.500 personas nuevos desempleados por lo que "si el paro hubiera crecido igual en España que en la Comunitat habría 270.000 parados más", ha agregado.

   El secretario general del PSPV ha realizado un paralelismo entre la Comunitat y España. "Si la Comunitat Valenciana se comportara como el resto del país durante la crisis, 113.000 valencianos tendrían empleo", ha apuntado.

   Puig cree que "ha acabado el tiempo de las palabras y de los balones fuera del campo". El PSPV propuso un plan de urgencia de empleo para que todo el dinero que dedican las administraciones "tuviera la prioridad del empleo". 

"Este plan se ha reducido a poco más de 10 millones de euros y eso no puedo ser", se ha lamentado.

   La solución para Puig es "buscar el gran acuerdo" entre los agentes sociales, económicos y políticos para "resolver y minimizar" esta situación "tan grave".

   El líder de los socialistas valencianos se ha preguntado "dónde está el PP y Fabra" ante esta situación. En estos momentos "están en la ausencia de la reivindicación que necesita".

 "Se trata de cambiar en profundidad las políticas económicas en España y en la Comunitat  porque las políticas de la contención y de la mal llamada austeridad nos llevan a más paro", ha finalizado.

El Consell cesa a Dora Ibars, imputada en el caso Gürtel

VALENCIA.- El pleno del Consell ha cesado a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, según fuentes del Gobierno valenciano.

 La responsable autonómica está imputada en el caso Gürtel.   

Ibars es Directora General de Promoción Institucional desde 1998. 

 Nacida en Valencia en 1968, es Licenciada en Ciencias de la  Información; periodista especializada en información económica en diferentes medios de comunicación y dice ser experta en branding y posicionamiento estratégico.

La Sindicatura de Comptes insta a los ayuntamientos a informar de las facturas en el cajón

VALENCIA.-  La Sindicatura de Comptes ha aprobado una instrucción para que los gobiernos locales informen de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, en concreto, las obligaciones vencidas que correspondan a gastos realizados que no han podido aplicarse al presupuesto por cualquier causa, también conocidas como facturas en el cajón.

   La instrucción, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que entra en vigor este viernes, señala también que los interventores y secretarios municipales deberán remitir los reparos formulados por la Intervención, así como los informes remitidos de fiscalización plena posterior que se refieran a gastos e ingresos por importe superior a 3.000 euros; así como los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario.

   El acuerdo de la Sindicatura de Comptes establece también que las entidades locales deberán remitir a esta institución, antes del 31 de julio de cada año, la información referida al primer semestre del ejercicio.

   Del mismo modo antes del 31 de enero del ejercicio siguiente deberá remitirse la información correspondiente al último semestre del ejercicio anterior.

   Así, con esta instrucción se pretende obtener información sobre los gastos sin dotación presupuestaria o indebidamente adquiridos por cualquier otra causa, los reparos e informes formulados por Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes emitidos por el secretario.

   Igualmente, la Sindicatura podrá requerir el envío de la documentación adicional que considere conveniente. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado.

   El objetivo de esta nueva instrucción, "pionera en España", es, por un lado, apoyar a los interventores y, por otro, incidir en las obligaciones al margen del presupuesto por la repercusión directa que tiene en la estabilidad presupuestaria, según indica la institución en su web.

  La Sindicatura considera que ante la situación económica general, se debe prestar una atención prioritaria a uno de los "problemas crónicos" de las administraciones públicas y especialmente de las entidades locales, como es la práctica de contraer obligaciones al margen del presupuesto.

   Este hecho, que incide directamente en la estabilidad presupuestaria, ha llevado al órgano de control externo a elaborar una nueva instrucción, pionera en España, que regule la información que deben remitir los interventores y secretarios de las entidades que integran el sector público local de la Comunitat Valenciana, según explica.

AVIA cifra en 4.500 los empleos que los nuevos modelos de Ford pueden generar en la industria auxiliar

VALENCIA.- El presidente de la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA), Emilio Orta, considera que los nuevos modelos que recibirá la factoría de Ford en Almussafes  pueden generar hasta 4.500 empleos en la industria de automoción, a razón de tres puestos por cada uno de los 1.500 que calcula que podría crear la planta con motivo de la reestructuración de la filial europea.

   En un comunicado, Orta explica que "de manera general, se estima que un empleo en la empresa tractora, implica tres puestos de trabajo en la industria auxiliar".

   El presidente del Cluster de Automoción de la Comunitat precisa que esos 4.500 empleos se repartirán entre todos los sectores que integran AVIA, incluidas las ingenierías, ya que los modelos que previsiblemente vendrán a Almussafes "son de alto valor añadido".

   Orta subraya que tanto el Ford Mondeo, como el modelo S-Max, "tienen mucha tecnología y los departamentos de ingeniería de las empresas auxiliares valencianas tienen mucho que aportar".

   Además, recalca que la industria auxiliar "está preparada  tecnológicamente para este desafío provocado por la dirección europea de Ford".

   Sostiene, en este sentido, que las empresas valencianas "tienen capacidad tecnológica suficiente para hacer frente a este desafío y para atender las nuevas demandas" y, de hecho, opina que "la adjudicación de estos proyectos a Ford Almussafes es el resultado de la óptima puesta a punto que Antonio Adés y su equipo directivo ha hecho de la factoría".

   El Cluster de Automoción de la Comunitat Valenciana nació en 2003 y actualmente, cuenta con cerca de 68 asociados que representan el 85 por ciento de la facturación del sector y emplea a 17.000 personas.

Un hombre salta desde su balcón en Burjassot cuando iba a ser desahuciado

VALENCIA.- Un hombre ha resultado herido tras saltar desde el balcón de su vivienda, un segundo piso de la calle Fernando Martí, de Burjassot, cuando iba a ser desahuciado, según han informado fuentes municipales.

   Los hechos ocurrieron en torno a las 11.00 horas, cuando el hombre se precipitó coincidiendo con la llegada de la Comisión Judicial que iba a ejecutar el desahucio, acompañada por una patrulla de la Policía Local.

   El hombre fue atendido en el lugar por una ambulancia, que posteriormente se encargó de su traslado a un centro hospitalario valenciano.

Cemex presenta un ERE para 370 trabajadores en España, el 21,2% del total

MADRID.- Cemex España ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 370 trabajadores, el 21,2% de la plantilla total de 1.740 empleados que la multinacional mexicana suma en el país, según informó la empresa.

   La compañía enmarca el ajuste de personal en el 'Plan Horizonte', que ha puesto en marcha para adaptarse al desplome de la demanda de cemento en España una tendencia que, según asegura, "está poniendo en serio riesgo el futuro de esta industria".

   La reducción de plantilla es uno de los siete puntos en los que se estructura el plan de la multinacional para su filial española, que también limita a tres de sus ocho fábricas de cemento la actividad de producción de este material de construcción en España.

   Así, mantendrán su operación integral las plantas de Morata de Jalón (Zaragoza), Lloseta (Baleares) y Alicante. La planta de Buñol (Valencia) operará de forma intermitente y las de Castillejo (Toledo), San Feliú (Barcelona) y Alcanar (Tarragona) operarán como molienda.

   Según datos de Cemex, estas ocho instalaciones suman una capacidad total de producción de 11 millones de toneladas de cemento, volumen equivalente a casi todo el cemento consumido en España en lo que va de año.

   Otro de los ejes del plan pasa por "seguir insistiendo" en políticas de ahorro y mejora de costes para elevar la competitividad e impulsar la exportación de sus productos.

   En esta misma línea, Cemex España prevé centrarse en su negocio y, para ello, reorganizará su estructura societaria y se asociará con un proveedor global de soporte de servicios en procesos administrativos. "Ello nos permitirá centrarnos en fabricar y comercializar nuestros productos y en atender y satisfacer las necesidades de los clientes", argumenta la empresa.

   La filial española de la multinacional pretende asimismo reforzar su presencia en los mercados más relevantes y apostar por nuevas soluciones constructivas, "más eficientes, sostenibles y rentables".

   "El 'Plan Horizonte' nos va a permitir mejorar nuestra competitividad, atender a nuestros clientes de una manera más eficiente y cercana, y mantener el liderazgo de en la industria de los materiales de construcción en España", asegura la compañía.

   Cemex registró una reducción del 19% en sus ventas de cemento en España en 2011, según datos de su memoria anual. España es el tercer mercado del grupo por número de fábricas de cemento, por detrás de México, que suma quince, y Estados Unidos con trece, y aportó el 4% de la facturación mundial del grupo el pasado año.

   Con este ajuste, la mexicana se suma así a Holcim, que el pasado mes de julio pactó un ERE para 295 empleados en España, y a Cementos Portland, que ha acordado un ajuste para 291 trabajadores del área de cemento y negocia un segundo de 299 empleados para la de hormigón.