miércoles, 24 de febrero de 2016

Contelles (PP): "Rodríguez debe defender la Diputación o dimitir"

VALENCIA.- La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha pedido hoy al presidente de esta institución, Jorge Rodríguez, que "dé un paso al frente y defienda la corporación provincial o dimita".

En un comunicado, Contelles ha criticado la firma del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Ciudadanos, que contempla la supresión de las diputaciones.
"Por dignidad y coherencia, los socialistas deberían abandonar una institución que desprecian y quieren eliminar. Rodríguez debe dar un paso al frente y defender el papel de la Diputación o dimitir. Como ya comenté al inicio de legislatura, no se puede encabezar una institución en la que ni él ni su partido creen", ha agregado.
Para la portavoz popular, "este acuerdo refuerza lo que siempre hemos mantenido desde nuestro grupo, somos la única fuerza política que cree firmemente en la encomiable labor de esta institución, defendemos su papel y la vocación de servicio hacia todos nuestros vecinos y municipios".
Según Mari Carmen Contelles, "nadie que conozca mínimamente las necesidades de nuestros municipios y el papel de la Diputación, puede negar su valor vertebrador, especialmente en los municipio más pequeños".
Desde el grupo popular se ha recordado que esta medida, "además del impacto negativo en el día a día de los vecinos, supondría la eliminación de cerca de 2.000 empleados públicos que realizan una gran labor al servicio de los 266 municipios de la provincia".

Nomdedéu dice que Martínez y Santamaría conocían la titularidad de la parcela de Borriol

CASTELLÓN.- El vicealcalde de Castellón y ex diputado Enric Nomdedéu ha declarado hoy como testigo en el juicio de la depuradora de Borriol y ha asegurado que tanto Francisco Martínez como Adelino Santamaría sabían que una de las parcelas afectadas por las obras era propiedad de una empresa de Martínez.

Nomdedéu ha hecho estas manifestaciones en la quinta sesión del juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y en el que figura como acusado el exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, para quien el fiscal solicita 4 años de prisión como presunto autor de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas.
En esta causa también están procesados dos hijos de Martínez, el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, un socio de Martínez, Raúl Babiloni y un empleado de éste último.
Nomdedéu ha explicado que Martínez "conocía perfectamente" el proyecto de la depuradora -que afectaba a una parcela de la empresa de la que era socio junto a sus hijos, Franvaltur- porque "las comisiones que presidía se celebraban después de una reunión con los técnicos para prepararlas".
Del mismo modo ha destacado que Adelino Samtanaría también tenía conocimiento del proyecto porque "es imposible que el alcalde no conozca la propiedad de los terrenos en los que se iba a construir la mayor inversión en muchos años en el municipio".
"Si yo hubiera sido el propietario de unos terrenos o de mi socio, lo sabría", ha constatado.
En cuanto a la ampliación de los terrenos para incluir la parcela 42 -la de propiedad de la empresa familiar de Martínez- Nomdedéu ha explicado que era "discutible", según "el argumento de los técnicos".
A juicio del vicealcalde de Castellón, el lenguaje utilizado por los técnicos al pedir la ampliación de los terrenos "denota que hubo influencia en ellos" para que así se hiciera.
Cuando ha concluido su declaración, Nomdedéu ha explicado ante la prensa que el caso de la depuradora ha sido "una operación hecha para enriquecerse personalmente a costa de los intereses comunes del pueblo de Borriol" y ha considerado que esto es "una indecencia política y reviste carácter delictivo".
En la sesión de hoy ha declarado como testigo el actual alcalde de Borriol, Silverio Tena, que en 2014 era portavoz del grupo Compromís en el municipio y que denunció los hechos enjuiciados.
En su intervención ha explicado que la aprobación de la expropiación en el pleno se hizo "con carácter de urgencia" y además a un "precio demasiado alto".
Tena ha mantenido que la expropiación de los terrenos, "debía tratarse en una comisión" y no "en un pleno como despacho extraordinario", como se pretendía hacer, aunque finalmente fue retirada del orden del día por orden del presidente de la Diputación, Javier Moliner.
Hoy ha declarado también Ignacio Sangüesa, técnico de la Diputación, que inicialmente fue imputado en la causa y cuyo procesamiento quedó finalmente desestimado por la Audiencia Provincial.
Este funcionario ha explicado que la inclusión de la parcela 42 en los terrenos a expropiar fue "adecuada" ya que la superficie a expropiar se determinaba por el municipio; de modo que la Diputación, ha agregado, "desconocía la titularidad de los terrenos".
De no contar con la parcela 42, ha explicado, "habría sido más complejo y costoso hacer llegar el colector de la depuradora hasta el río".
El juicio concluirá mañana con la lectura de las conclusiones de las partes a partir de las 9.15 horas.

La Guardia Civil lleva al juez a seis personas más investigadas por 'Imelsa'

VALENCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha tomado declaración, entre ayer y hoy, a dieciocho personas en calidad de investigadas (imputadas) en el marco de las diligencias por el caso Imelsa, seis de las cuales han comparecido por citación directa de la Guardia Civil.

Los otros doce investigados habían sido citados por el Juzgado, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que añade que de los dieciocho que han comparecido entre ayer y hoy, seis han prestado declaración y el resto se ha acogido a su derecho de no declarar.
La mayoría de estos investigados (diecisiete) ha sido citada por su supuesta implicación en la pieza principal del caso en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
Se trata de empresarios a los que se investiga por contratos con Imelsa (dependiente de la Diputación de Valencia), Ciegsa (empresa pública de la Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas) y la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani (festival cinematográfico que organizó el Ayuntamiento de Valencia entre 1980 y 2011).
Todos ellos mantienen la condición de investigados en estas diligencias abiertas por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad, según el TSJCV.
Solo una persona de las que han comparecido entre ayer y hoy ha declarado en relación con la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia.
El Juzgado da por concluidas las declaraciones relacionados con esta pieza separada.
La investigación del Juzgado de Instrucción número 18 se centra en Imelsa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. 

El juez llama a declarar al diputado socialista y alcalde de Alfàs del Pi, Vicente Arques, ya sentenciado por el TSJ

BENIDORM.- El juzgado de Instrucción nº 4 de Benidorm ha llamado a declarar al diputado autonómico y alcalde socialista de Alfàs del Pi, Vicente Arques Cortés, además de a varios funcionarios de la Conselleria, entre ellos la veterinaria de la Marina Baixa, por el caso de la protectora de animales. 

Ocho meses después de la denuncia presentada por el PP y tras tomar declaración a los ediles Vicente Soler, Mayte García y Vicenta Baldó y a varios funcionarios del Consistorio alfasino, entre ellos Lourdes Caselles, actual edil del PP en el Ayuntamiento de Benidorm, el juez ha ampliado la investigación llamando a declarar también a miembros de la protectora de animales, así como a los ya citados.
El procedimiento abreviado número 4574/2014-V que se instruye en el Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Benidorm “ha recibido auto de la Fiscalía por la que interesa declaración del alcalde Vicente Arques en calidad de investigado en el caso del Albergue de Animales al haber podido incurrir en un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal”, según ha dado a conocer la líder de los populares de l´Alfàs del Pi, Maite Huerta.
El Partido Popular fue la formación política que denunció en su día la irregularidades que se venían cometiendo en el recinto, y que ha derivado en un proceso donde hay imputados y/o investigados varios funcionarios municipales y tres ediles más del grupo municipal socialista que ya han declarado ante su Señoría, Vicente Soler, Maite García y Vicenta Baldó.
Para la líder del Partido Popular de l´Alfàs, es muy grave que ante la citación judicial y petición de la Fiscalía “el equipo de gobierno haya salido a la palestra diciendo que no entienden nada porque los expedientes que la Justicia investiga están inmaculados, haciendo con ello una burla tanto al pueblo de l´Alfàs como a las autoridades judiciales, que supongo no están para perder el tiempo si todo estuviera como dicen”, según palabras de Maite Huerta, quien a su vez denunciaba que en un intento de desconcertar a la opinión pública, “vuelven a citar los asuntos que se han ganado o perdido en los Tribunales de Justicia faltando a la verdad, en un intento de menosprecio a un Partido Popular impoluto, donde sus integrantes venimos realizando una fiscalización del gobierno acorde a Derecho, que es lo que a ellos les incomoda”.
Al efecto, la líder popular ha querido ofrecer una información inédita a todos sus vecinos y medios de comunicación. Según sus palabras, “todos hemos ido soportando a Vicente Arques y los suyos decir que se habían interpuesto cincuenta contenciosos, pero en la nota del pasado viernes, Toni Such ya rebaja la cosa a treinta y tres y cita que algunos asuntos han sido archivados o sobreseídos, restando importancia a la cascada de sentencias en firme contrarias a los intereses del equipo socialista con el alcalde Arques al frente”, según ha mostrado la edil popular y portavoz Maite Huerta.
De esta forma, ha dado a conocer que Vicente Arques y su forma de gobernar, ha sido condenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en las sentencias 950/2014, también en la 861/2015, y en la 1121/2015. De igual forma, según ha informado la portavoz popular, “las últimas recibidas en firme y no recurribles son las sentencias número 26/2016, así como la 69/2016, más la que viene de camino hacia el Ayuntamiento, la 113/2016. En total seis sentencias contrarias a sus actuaciones desde el TSJ, quien ha dado la razón al Partido Popular y sus concejales en l´Alfàs”.
Pero además, según ha facilitado Maite Huerta, “se ha condenado en firme al Ayuntamiento de l´Alfàs desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante en sentencia 211/2015, y ese mismo tribunal volvió a condenar en firme en la sentencia 2010/2015. Ese mismo tribunal ya sentenció en dos asuntos del año 2014, las causas 505/2014 y la 506/2014”.
Y por si fuera poco, encontramos otras dos sentencias más en firme, una del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante con el número 3/2015, “y otra de la Audiencia Provincial de Alicante, donde su sección Primera condenó al alcalde Vicente Arques en la sentencia 830/2015”, según ha detallado la edil.
Según Maite Huerta estos casos nunca debieron haberse iniciado si Vicente Arques se hubiera limitado a cumplir la legalidad vigente, “ algo que no ha hecho y nos ha obligado a acudir a la defensa de la Justicia, provocando su sinrazón unos costes que el pueblo de l´Alfàs no puede permitirse al estar arruinado debido a la gestión de este alcalde, quien ahora utilizará su aforamiento al ser diputado regional para dilatar la causa, aunque desde el PP confiamos plenamente en la Justicia y en el esclarecimiento de todos los hechos denunciados que ahora le han colocado en la embarazosa figura de investigado”.
Maite Huerta ha finalizado recordando que desde el Partido Popular de l´Alfàs del Pi “estamos actuando con responsabilidad y con la Ley en la mano, que es lo que queremos para todos los alfasinos, a quienes más pronto que tarde gobernaremos generando riqueza y prosperidad de forma ejemplar y transparente. Vicente Arques viene demostrando que a él sólo le importa él y su continuidad en la política, haciendo pagar al pueblo sus errores, algo que denunciamos públicamente”, concluyó la líder del PP.

Rafael Catalá pide no incriminar a nadie hasta que no haya sentencia judicial

LOGROÑO.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recomendado hoy a todos "prudencia, moderación" y "no incriminar ni dar por supuesta la responsabilidad penal de nadie hasta que no haya una sentencia judicial" y le parece "peligrosísima" esta situación, porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".

Así ha respondido Catalá en una rueda informativa en Logroño al ser preguntado por la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en relación con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
Ha añadido que "se está en una fase de investigación judicial muy inicial" y a él no le consta que haya ninguna acusación concreta y formal contra Barberá, aunque "llevamos no sé cuánto, dos, tres semanas, diciendo si tiene que dimitir, si ha hecho esto, si ha hecho aquello".
Cree que se está entrando en una circunstancia "peligrosísima" para la democracia y para los derechos de todos los españoles porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".
Ha precisado que "se está insinuando, se le está imputando anticipadamente o injustificadamente, incluso, algún tipo de conducta que no se acredita con actuaciones judiciales", pero "el derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia valen mucho en una sociedad democrática" y todos deberían comprometerse en la defensa de esos derechos.
"Me parecen muy importantes el derecho a la información y a la comunicación y el derecho a la presunción de inocencia", ha dicho Catalá, para quien, "antes de que haya un proceso, nos preguntan ustedes si no tiene que asumir consecuencias", pero se ha preguntado "en relación con qué, en relación con alguna actuación suya, con una responsabilidad de ámbito general".
También le preocupa "notablemente" leer o escuchar en los medios de comunicación que "fuentes de la investigación dicen" cuando esta está sometida a secreto del sumario, dado que "la revelación de secretos es un delito".
A ello ha sumado que le preocupa que se esté entrando en este momento con esta proliferación de información y entiende perfectamente la demanda de los ciudadanos por conocer todos los casos judiciales, por luchar por la transparencia.

El PPCV pedirá las actas a los imputados cuando se levante el secreto de sumario

VALENCIA.- El PP de la Comunitat Valenciana pedirá el acta a todos los cargos públicos que mantengan la condición de investigados (antes imputados) una vez se levante el secreto de sumario del conocido como caso Imelsa sea "concejal, diputado, senador o presidente de la escalera".

Así lo ha afirmado la coordinadora general del partido, Eva Ortiz, en los pasillos de Les Corts, donde ha insistido en que la exacaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá debe dar explicaciones "cuanto antes" por esta causa y su pieza separada por blanqueo en el grupo municipal de Valencia.
Ha indicado que la situación de Barberá es competencia del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, pero ha dicho que el PPCV pedirá el mismo criterio para todos los que estén imputados cuando se levante el secreto de sumario, previsto para el próximo 14 de marzo.
Ortiz ha defendido la "tolerancia cero con la corrupción" y que "quien la haya hecho la pague", pero ha pedido que se deje trabajar a la justicia porque ésta no va a avanzar más rápido o a cambiar por el hecho de que los dirigentes del PP comparezcan todos los días ante los periodistas.
"Entiendo la situación y la prisa", ha manifestado la coordinadora general del PPCV, y ha indicado que la situación mediática, política y judicial ante este tipo de casos "nos lleva a esquizofrenia colectiva".
Respecto a la situación del diputado popular Miquel Domínguez ha indicado que la información según la cual el juez investiga el caso Imelsa ha dirigido un escrito a Les Corts en el que pide que acredite la condición de diputado de Domínguez para determinar si es competente para investigarle, "es errónea".
No obstante, ha indicado que en caso de ser imputado se le aplicarán los mismos criterios que al resto, y ha señalado que como responsable del PP de la Comunitat Valenciana no tienen nada que decirle a la dirección nacional del partido.
Preguntada por la rueda de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps, ha señalado que dio las explicaciones que estimó convenientes, y sobre la posibilidad de que Camps se presente a las primarias para dirigir el partido, ha afirmado que le parece "fenomenal" que se presente todo aquel que quiera hacerlo.
Eva Ortiz ha asegurado no haber recibido mensajes amenazantes ni de Rita Barberá ni de nadie, y ha dicho desconocer los mensajes que recibe la presidenta del regional del partido, Isabel Bonig.

Camps comparecerá en la comisión del accidente de Metrovalencia el 16 de mayo

VALENCIA.- El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps comparecerá el 16 de mayo en la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de Metrovalencia del 3 julio de 2006, en el que murieron 43 personas, según el nuevo calendario elaborado por el parlamento autonómico.

Este calendario, que publica hoy el Boletín Oficial de Les Corts, cambia las fechas de las reuniones de la comisión, que desde marzo pasan de los viernes a los lunes.
El 16 de mayo deben comparecer, además de Camps, los exconsellers Juan Cotino y Mario Flores y el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.
Antes de esa fecha intervendrán en la comisión responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ADIF, Bomberos de Valencia, Urgencias médicas, Instituto Anatómico Forense y Policía Científica.
El 9 de mayo comparecerán el exsubdelegado del Gobierno Luis Felipe Martínez y la ex secretaria autonómica de Comunicación Nuria Romeral.
El 23 de mayo intervendrán miembros de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, y el 30 de mayo, el ex director general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y los exdirectivos Lola Johnson y Lluís Motes.
Las dos últimas sesiones de comparecencias ante la comisión de investigación, el 6 y el 13 de junio, están reservadas para extrabajadores de Radiotelevisión Valenciana y para trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat.

El Supremo enviará al juez de Valencia certificado de que Barberá es senadora

MADRID.- La acreditación de que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá es senadora por el PP ha llegado al Supremo, tribunal que prevé ahora enviársela al juez de Valencia que se la solicitó a la Cámara alta.

La Mesa del Senado acordó ayer trasladar al Supremo la acreditación de la condición de senadora de Rita Barberá, la cual se ha recibido a última hora de esta mañana en el alto tribunal.
El juez de instrucción nº 18 de Valencia se la solicitó a la Cámara para saber si es competente para investigar a la senadora o si no lo es, por tratarse de una persona aforada ante el alto tribunal.
Fuentes del Supremo han informado de que en sí mismo este trámite no tiene ningún valor procesal, más allá de que ahora el alto tribunal le enviará la certificación, firmada por el secretario de gobierno del Supremo, al juez de Valencia, de modo que éste disponga de una acreditación formal de que Barberá es senadora.
El juzgado de instrucción nº 18 de Valencia investiga dentro del llamado caso Imelsa el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Generalitat y Ayuntamiento acusan al Gobierno central de "boicotear" la dársena

VALENCIA.- La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han acusado al Gobierno en funciones de "boicotear" la dársena y de "ningunear los intereses" de los valencianos y le han exigido que le condone los 440 millones de euros de deuda para que pueda ser una alternativa turística y de innovación "viable".

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han criticado que el Gobierno, socio del Consorcio Valencia 2007 con Generalitat y Ayuntamiento para la gestión de la Marina Real, no participara en la reunión del consejo rector para adjudicar los contratos sobre seguridad y mantenimiento.
Soler ha dicho que "no es posible" que el Gobierno haya pagado acontecimiento como la Expo de Sevilla o de Zaragoza, los Juegos Olímpicos de Barcelona o la capitalidad cultural de Madrid "y los 440 millones de deudas del Consorcio sean ignorados".
"Si esos 440 millones no acaban absorbidos por quién tiene que hacerlo como se ha hecho en otras ciudades será terrible", ha apuntado y ha incidido en que el Consorcio "es necesario" y que quieren que el Gobierno "se haga cargo" de la deuda "y así será viable y tratará de dar una alternativa turística y de innovación".
Según han explicado, en un correo electrónico recibido por la mañana la excusa para no ir a la reunión era que no podían adoptar decisiones sobre contratos que pudieran comprometer el margen de acción de un futuro Gobierno aunque por la tarde adujeron que ni Generalitat ni Ayuntamiento habían pagado sus obligaciones.
Tanto Soler como Ribó han asegurado que sus respectivas Administraciones han cumplido con el pago de 600.000 euros al Consorcio, por lo que han considerado que el Ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, "miente" al poner como excusa para faltar a esa reunión el impago de esas obligaciones.
"Tanto Ayuntamiento como Generalitat acudimos a nuestras responsabilidades financieras y no podemos consentir que esto siga así porque es una muestra más del trato impresentable del Gobierno hacia Valencia", ha afirmado Soler, para quien la actitud del Gobierno es "un insulto a la inteligencia de los valencianos" y "un tratamiento de absoluta discriminación y ninguneo".
Ribó ha defendido que el Ayuntamiento "ha pagado escrupulosamente lo que se había comprometido aunque -Rita- Barberá no lo presupuestó en 2015 y se ha tenido que adelantar de 2016", por lo que ha asegurado que "no se puede ser ministro y decir mentiras para excusar lo inexcusable".
El alcalde ha explicado que el próximo 12 de mayo acaba el contrato de seguridad y en agosto el de mantenimiento, las dos nuevas adjudicaciones que debía aprobar el consejo rector, y si "no se arreglan, Montoro será el responsable de que no haya seguridad" y se pierda el patrimonio.
Ribó ha defendido la importancia de la dársena como punto de conexión al mar y de cluster de innovación y de atracción de empresas para generar empleo, algo que se ha visto frenado.
"Es un elemento de boicot intencionado a Valencia", según Ribó, para quien "lo intolerable es que quien sale perjudicado es Valencia porque deja al Consorcio en una situación insostenible".
El alcalde ha asegurado que no se han cuestionado la disolución del consorcio porque consideran que "funcionaría si cada parte asumiera lo que tiene que asumir" y que el problema es "el Gobierno estatal que no está respondiendo a una ciudad como Valencia"
Respecto a la deuda de 7 millones con el Banco de Santander, que ha supuesto el embargo de las cuentas del Consorcio, ha explicado que se debía renegociar a nivel estatal pero el Gobierno "no ha hecho nada", algo "absolutamente intolerable", y ha apuntado que ya no se puede garantizar que el embargo no afecte a los salarios.

Valencia pierde 7 millones desde que "regaló" el servicio del bus turístico

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha perdido unos 7 millones de euros desde que en 1999 el gobierno local del PP "regaló" a Viajes Transvía, y desde 2012 también a Viajes Privilege, el servicio del bus turístico de la ciudad, ya que el municipio no ha recibido "ni un solo euro" porque ninguna de ellas abonaba tasas.

Así lo ha denunciado el concejal de Movilidad Sostenible de Valencia, Giuseppe Grezzi, quien ha indicado que pretenden rescindir ambas autorizaciones, vigentes hasta 2019, y hacer un concurso público aunque, según han advertido los servicios jurídicos, tendría que pagar una indemnización que no ha podido concretar.
El responsable de la empresa Viajes Transvía, Urbano Catalán, fue detenido el pasado lunes en la misma operación que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, por un presunto delito de cohecho.
Grezzi ha explicado que desde 1999 las sucesivas prórrogas de la autorización administrativa han sido firmadas por los exresponsables del área Jorge Bellver (en 1999 y 2001), Alfonso Novo (en 2005, 2009 y 2012); y por Alberto Mendoza (2012 y 2015). La última renovación, por cuatro años, se hizo el 20 de mayo de 2015, "cuatro días antes de las elecciones".
Según el edil, en 16 años Valencia ha dejado de ingresar cada año "unos 500.000 euros" que hubieran permitido al consistorio "hacer muchas cosas" y ha considerado que el "regalo cuantioso" que el Ayuntamiento ha hecho a estas empresas ha permitido el "enriquecimiento personal de algunos".
"Puede haber habido algún criterio que no es el colectivo, sino de un grupo organizado de saqueo", ha señalado el concejal de Compromís, quien ha añadido que aunque se están produciendo una "cascada de investigaciones, denuncias y arrestos" es "prematuro" decir si piensan personarse.
Grezzi ha señalado que en otros ayuntamientos como el de Madrid la UTE que realiza el servicio de bus turístico abona 3 millones de euros al año más un 6 % variable; en Toledo ingresan un mínimo de 166.000 euros; y en Barcelona el servicio los realizan una empresa pública y otra UTE que paga al consistorio.
"En Valencia las arcas municipales no han recibido ni un euro", ha afirmado Grezzi, quien ha agregado que por culpa de "Barberá, Grau, Bellver, Novo, Mendoza y de toda la corporación que tenía mayoría absoluta, todos los valencianos han dejado de ingresar 7 millones de euros", ha afirmado.
Ahora el Ayuntamiento está analizando de qué forma intervenir para hacer una licitación publica, que establezca un canon público, y dejar sin efecto la autorización administrativa, según Grezzi, que ha considerado "absurdo e intolerable" que deban pagar una indemnización para poder hacerlo.
Según Grezzi, las "ramificaciones" de Viajes Transvia llegan hasta el metro orbital, cuyo servicio gestiona una UTE formada por dos empresas del grupo de Transvía y una tercera llamada Edetania, algo que es "también un regalo" del Consell que le gustaría que fuera investigado.
Ha explicado que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, también ha denunciado que "se amañó" el contrato para el servicio escolar que también realiza Viajes Transvía.

Rechazan pedir que se mantengan y amplíen unidades en los centros concertados

VALENCIA.- Les Corts han rechazado hoy una propuesta del PP para instar al Consell, entre otras cosas, a mantener las unidades educativas concertadas "respetando la libertad de elección de centro por parte de los padres" y a habilitar las unidades necesarias "donde haya más demanda de plazas que oferta".

La iniciativa, apoyada por Ciudadanos, que había presentado una enmienda que había sido aceptada por los populares, ha sido rechazada con los votos en contra del PSPV, Compromís y Podemos.
La anécdota la ha protagonizado la socialista Eva Alcón, quien ha defendido el voto en contra de su grupo en el hemiciclo, pero que por equivocación ha votado a favor, algo que ha pedido que constara en acta.
La popular Beatriz Gascó ha acusado a los grupos que sustentan al Consell de haber votado "no a la libertad, al respeto, a la eficiencia y a la tolerancia" y ha criticado que el Gobierno valenciano trabaje en "un modelo único" de educación donde la protagonista es "la inmersión lingüística".
"No vamos a permitir que vayan en contra de la libertad de las familias", ha advertido Gascó, quien ha asegurado que el objetivo de esta propuesta es "defender la libertad por encima de todas las cosas", una libertad que, a su juicio, "el tripartito no solo no está defendiendo, sino que está atacando".
La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha apoyado la iniciativa del PP y ha denunciado el ataque del Gobierno valenciano a la escuela concertada, al tiempo que ha reclamado un pacto por la educación "sin ideologías".
Eva Alcón (PSPV) ha dicho no compartir la idea que tiene el PP sobre la libertad de elección, y ha destacado que con el sistema actual no todas las familias pueden elegir centro, ya que no todas pueden hacer frente a los gastos que piden los concertados, y no se mitigan las desigualdades sociales.
Desde Compromís, Josep Nadal ha asegurado que tratarán a la concertada "con la dignidad que merece" y no dejarán que sea menos, pero tampoco que sea más ni que tenga privilegios, pues, según ha defendido, los centros concertados "están para cubrir lugares donde no llegan los públicos".
Sandra Mínguez (Podemos) ha afirmado que luchan por la educación "como herramienta para acabar con las desigualdades" y ha preguntado si libertad es matricular solo en centros públicos a aquellos niños con necesidades especiales, pues, a su juicio, los padres de esos alumnos "no tiene libertad de elección".
Por otra parte, Les Corts han acordado por unanimidad pedir al Consell que siga trabajando en la creación de una mesa negociadora del personal de las universidades públicas en la que se pueda negociar la concreción de la carrera profesional, así como desarrollar el reconocimiento de sus derechos laborales desde la negociación colectiva.

Seis empresarios siguen como investigados por contratos de 'Imelsa' y Mostra

VALENCIA.- Seis empresarios que han declarado ante el juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia por adjudicaciones de las empresas públicas Imelsa, de la Diputación de Valencia, y Ciegsa, de la Generalitat, así como de la Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani, mantienen la condición de investigados.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han explicado hoy que de estos seis empresarios, que comparecieron ayer ante el juez en calidad de investigados, solo uno prestó declaración y que todos ellos siguen como imputados.
Las mismas fuentes han confirmado que hoy declararán como investigados otros seis empresarios en relación a contratos de Imelsa (Impulso Económico Local), Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat) y la Mostra de cine.
En el denominado caso Imelsa se investigan delitos contra la administración pública como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales realizadas a través de administraciones controladas por el PP,
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron ayer registros en el Palacio de Cervelló de Valencia, sede del archivo municipal, en relación a contratos supuestamente irregulares de la exconcejala de Cultura María José Alcón (PP), esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, para la Mostra de 2006.
Dentro también del caso Imelsa, la Guardia Civil ya registró semanas atrás el Ayuntamiento de Valencia en el curso de una investigación por supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en un supuesto caso de blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal del PP de Valencia, asunto que se ha constituido ya en pieza separada.

Puig aboga por reformular el papel de las Diputaciones provinciales

VALENCIA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado hoy por una "reformulación" de las Diputaciones para que sean organismos "diseñados para apoyar a los ayuntamientos" y coordinados con la Generalitat para evitar duplicidades.

Según ha manifestado Ximo Puig a los periodistas, las Diputaciones, "concebidas como en el siglo XIX, ya no tienen sentido".
"Lo que no tiene mucho sentido es que haya dos espacios de representación, uno que es del siglo XIX, que son las diputaciones, y otro que son las comunidades autónomas", ha añadido.
Según Puig, "este es un país identificado con una realidad federal o como quieran llamarla, pero es así, no es un invento. El año que viene hará 600 años de la creación de la Generalitat Valenciana. No es ningún invento. La realidad autonómica existe. Por lo tanto, tiene que ser la base con la que se conforme el Estado".
Le preguntan si no le parece mal que las diputaciones puedan desaparecer:
"No tiene ningún sentido el que permanezcan unas instituciones en un diseño que ya está superado por la historia", ha concluido el president de la Generalitat.

Les Corts aprueban pedir al Gobierno la derogación de la "ley mordaza"

VALENCIA.- El pleno de Les Corts ha aprobado hoy, con el voto de todos los partidos excepto del PP, una proposición no de Ley de tramitación especial de urgencia presentada por el grupo socialista para la derogación de la conocida como "Ley mordaza" de protección de la seguridad ciudadana.

La diputada socialista, Ana Barceló, encargada de defender la proposición, ha manifestado que esta ley "conculca los derechos y libertades" de los ciudadanos, y para cuya aprobación, a su juicio, "no existía justificación".
Según Barceló esta Ley se aprobó con el argumento de que "había una demanda creciente de seguridad" por parte de la ciudadanía cuando la preocupación en ese momento era "el paro y la corrupción", y que lo que pretendía era "silenciar" las protestas ante la "falta de argumentos" mediante un "ataque a las libertades y derechos" de los ciudadanos.
El gobierno del PP, ha indicado Barceló, consideró que la protesta se estaba convirtiendo en "un problema para su imagen" y "pasó a controlar el espacio público, la calle, y sancionar a los ciudadanos que protestaban restringiendo sus derechos fundamentales", como la dignidad, intimidad, integridad física y los derechos de reunión y manifestación reconocidos en la Constitución Española y por el Tribunal Europeo.
El grupo socialista han argumentado en su proposición no de Ley que los organismos internacionales alertaron al Gobierno de España de que la ley contenía aspectos contrarios al derechos internacional por "cercenar" la libertad de expresión y "criminalizar" la protesta social, y advertían asimismo que las "devoluciones en caliente" contradecían el derecho internacional.
La proposición contempla también instar al Gobierno valenciano a que se dirija al Gobierno central para que derogue la Ley orgánica de protección de seguridad ciudadana.
La diputada del PP, Verónica Marcos, ha reprochado a los socialistas que presenten esta proposición no de Ley cuando su gobierno, en 1992, aprobó la "Ley Corcuera", conocida como "la patada en la puerta", que fue declarada inconstitucional porque permitía a los policías entrar en los domicilios sin permiso judicial.
Del mismo modo, ha justificado que la ley de protección de seguridad ciudadana es una "mordaza para los violentos" para "aquellos que revientan las manifestaciones que libremente realizan los ciudadanos", y ha advertido a los socialistas que su grupo "no va a tolerar" que se les den lecciones de libertad.
Para el diputado de Compromís, Francisco García, esta Ley, que a su juicio es una "ley de represión", solo la aprovechan "una minoría de hombres de negro", que utilizan el peso del estado para "silenciar la voz de un pueblo", con el apoyo del PP y del ministro del Interior.
El diputado de Podemos, Antonio Estañ, por su parte, considera que la "ley mordaza" es un "símbolo de cómo un proyecto y políticas, cuando no tienen capacidad de convicción, solo pueden reprimir", y ha indicado que su derogación servirá de "homenaje" a movimientos como la "primavera valenciana" o las mareas blancas o verdes.
Según el diputado de Ciudadanos Alexis Marí, aunque ha precisado que su grupo apoya la derogación de la Ley, considera que "no toda es mala", y ha defendido que "lo inteligente es saber gestionar la seguridad sin restringir la libertad de los ciudadanos", y sin "invalidar" las decisiones judiciales.
El pleno ha aprobado también hoy la propuesta de resolución del grupo parlamentario Comromís de emprender todas las acciones necesarias para reconocer el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos en cualquier espacio público, así como habilitar espacios públicos que aseguren a las madres esta opción, y promover campañas que den a conocer el derecho de las mujeres a la lactancia.

La Generalitat quiere convertir el Palau de les Arts en un "icono turístico"

VALENCIA.- El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha afirmado hoy que "convertir el Palau de les Arts en un icono turístico y cultural es un reto institucional y moral que debemos asumir".

En un comunicado, ha explicado que "este espacio, junto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha sufrido mucho en los últimos años de una forma injusta", por lo que ha remarcado que "es necesario reforzarlo para levantar la carga reputacional que pesa sobre él".
Así se ha pronunciado esta mañana tras mantener una reunión en el Palau de les Arts con el intendente y director creativa, Davide Livermore, y el director económico-administrativo, Francisco Potenciano.
Este encuentro ha tenido como objetivo el inicio de un acuerdo de colaboración entre la Agéncia Valenciana de Turisme y el Palau de les Arts para la puesta en marcha de iniciativas de promoción conjunta.
En este sentido, el propio Colomer ha señalado que "es imprescindible iniciar estas acciones de colaboración para dar mayor visibilidad a este icono cultural, que enlaza a la perfección con nuestra estrategia de reforzar determinados productos, como es el turismo cultural, o de buscar nuevos mercados".
El responsable de Turismo del Consell ha hecho hincapié en que "si existe en la Comunitat Valenciana un espacio innovador y cosmopolita es éste, y nuestra obligación es fomentarlo a nivel nacional e internacional, pero también ponerlo a disposición de los valencianos".
Por eso, dentro de estas acciones conjuntas que la Agència Valenciana de Turisme ha propuesto para llevar a cabo junto al Palau de les Arts se incluye la posibilidad de poner en marcha iniciativas que acerquen las producciones musicales a distintos puntos de la Comunitat Valenciana "porque este centro cultural es de todos los valencianos, y es justo que todos tengan acceso a lo que aquí se hace".

El exceso de alumnos provoca síndrome de 'quemado' en profesores de Secundaria

VALENCIA.- Un estudio liderado por la Universitat de València sobre el síndrome de estar quemado por el trabajo o 'burnout' en docentes de Secundaria demuestra que el exceso de alumnos por aula o de tareas de gestión reducen la capacidad laboral del docente, provocan problemas de salud e incrementan el absentismo.

Según ha informado la Universitat de València (UV), la investigación ha sido dirigida por el profesor de Psicología de la UV Pedro Gil-Monte, y se ha publicado en la "Revista de Psicodidáctica" de enero de 2016.
Los resultados revelan que la culpa desarrollada por actitudes y comportamientos negativos e inadecuados hacia el trabajo y hacia los alumnos y familiares son clave en el desarrollo del síndrome, y contribuyen al deterioro de la salud del profesorado.
Como segunda conclusión, el estudio apunta que la sobrecarga de trabajo de los docentes de Secundaria y la falta de claridad en su rol profesional "contribuyen a la aparición del síndrome de quemarse por el trabajo" y al desarrollo "de sentimiento de culpa por no poder realizar bien su trabajo", según Gil-Monte.
El estudio, titulado "El papel de la culpa en la relación entre el síndrome de quemarse por el trabajo y la inclinación al absentismo de profesores de Enseñanza Secundaria", es para la UV un punto de referencia importante para médicos y terapeutas, ya que facilita el diagnóstico y el tratamiento de diferentes tipos del síndrome, según sus autores.
El profesor Gil-Monte afirma que los niveles elevados de riesgos psicosociales en el trabajo "deterioran la contribución de los profesores a la sociedad y a la formación de las generaciones futuras".
La investigación se desarrolló con una muestra de 120 docentes de Secundaria, de los cuales un 68,5 % eran mujeres y un 31,5 % hombres, y los resultados indican que los sentimientos de culpa dan lugar a dos perfiles profesionales diferentes.
El primer perfil se corresponde con docentes para los que las estrategias de afrontar el estrés laboral sin implicarse en el trabajo ni en la atención al estudiantado son eficaces para hacer frente al desgaste psíquico, y el segundo es el desarrollado por docentes que se sienten culpables por sus actitudes no adecuadas para el trabajo y presentan índices de absentismo laboral.
Los 120 profesionales participantes en el estudio publicado en enero de 2016 pertenecían a dos tipos de institutos, el primero correspondiente a centros con más de 24 unidades de enseñanza autorizadas, y el segundo con entre 12 y 24 unidades.
El síndrome de quemarse por el trabajo es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico que se caracteriza por un deterioro cognitivo consistente en la pérdida de ilusión por el trabajo, un deterioro afectivo, y la aparición de actitudes y conductas negativas hacia los usuarios y hacia la organización.

La Confederación de Asociaciones de Vecinos lamenta la retirada de su subvención

VALENCIA.- La junta directiva de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA ha lamentado hoy la retirada de una subvención que aportaba la Generalitat por poner "en riesgo" su labor de asesoría jurídica y urbanística.

En un comunicado, esta asociación ha expresado su "decepción" con la Conselleria de Transparencia que no les ha convocado "para nada, sino para unas jornadas de participación vacías de contenido y repletas de retórica de buenas intenciones".
Asimismo, se ha informado del "malestar" existente por la "retirada de una mal llamada subvención nominativa".
Esto, aseguran les "equipara a la red de clientelismo político de la anterior Administración" y "pone en riesgo el mantenimiento de nuestra sede y un puesto de trabajo administrativo (a jornada parcial)".
Además, desde CAVE-COVA se denuncia que se dificulta así "la oferta de asesoría jurídica y urbanística a las entidades asociadas y la ejecución de proyectos sociales en marcha".

Ximo Puig: 'Rajoy debe pedir responsabilidades a Barberá, salvo si es como Camps'

VALENCIA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está "en la deriva campsista" deberá reconocer la responsabilidad política de la exalcaldesa Rita Barberá en la supuesta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Valencia.

Puig ha valorado así ante los medios de comunicación las palabras de Rajoy, quien esta mañana ha defendido que su partido no tome medidas contra Barberá hasta ver "si se le acusa de algo".
Puig ha argumentado que si todos los concejales de la exalcaldesa en el Ayuntamiento "están imputados" y hay "una situación como la que se vive" es porque existe "responsabilidad política", y ha mantenido que Rajoy debe reconocerla porque Barberá "ha sido la líder del PP en esta ciudad y en el Ayuntamiento de Valencia durante un cuarto de siglo".
Además, Puig ha explicado que esa responsabilidad se traslada "a la gestión del expresidente Francisco Camps", y ha asegurado que aunque no sabe "si él ha participado en el robo sistemático" producido "en las finanzas de la Comunitat", sabe que es "el responsable político de lo que ha pasado" en la autonomía valenciana.
"No tengo ninguna cuestión negativa ni contra él ni contra Barberá, pero el resultado final de su gestión ha sido 1.000 millones de sobrecostes en Ciegsa, 1.200 millones de euros de deuda en la RTVV, 1.000 millones en Feria de Valencia, o 500 millones en Ciudad de la Luz", ha proseguido Puig.
El president de la Generalitat ha recordado que Camps todavía forma parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat, y por ello le ha pedido "respeto a las instituciones de la Generalitat" porque él es miembro de una de ellas.

Emili Altur cree que las dudas sobre la contratación de asesores han sido aclaradas

VALENCIA.- El vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís), cree que las posibles dudas sobre la supuesta contratación encubierta de asesores políticos en Imelsa han quedado "absolutamente resueltas" tras su declaración hoy ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Altur había sido citado hoy en la Comandancia de Valencia para prestar declaración en calidad de investigado por la supuesta contratación, por parte de la empresa pública Imelsa, de personal que realmente trabajó para los grupos políticos.
Tras declarar durante alrededor de una hora, el diputado provincial de Compromís ha explicado a los periodistas que los agentes le han preguntado "de todo un poco", aunque especialmente sobre el asunto de los asesores.
No ha sido objeto del interrogatorio, según ha explicado, el posible amaño de contratos en el seno de la Diputación, que dio origen a las primeras pesquisas del conocido como caso Imelsa.
La citación de varios de los diputados y asesores que la pasada legislatura estuvieron en la oposición como investigados trata de dilucidar si el personal supuestamente contratado de forma irregular trabajó para Imelsa o para los partidos políticos, lo cual podría ser constitutivo de un delito de malversación.
En opinión de Altur, con su declaración han quedado "absolutamente resueltas" las posibles dudas sobre la legalidad de esos contratos
"Hemos aportado contratos de trabajo y correos electrónicos que acreditan que esas personas están trabajando, en este caso conmigo", ha agregado.
Al igual que sucedió ayer tras las declaraciones de la vicepresidenta cuarta de la Diputación y denunciante del caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (EU), o el exvicepresidente José Manuel Orengo (PSPV), Emili Altur tampoco ha sido remitido al juez para que declare.
"Me han hecho preguntas bastante normales y tranquilizadoras, porque no hay nada que ocultar, los agentes querían comprender determinados mecanismos de la empresa pública y la Diputación", ha agregado Altur, quien ha afirmado que abandonaba el cuartel "en la misma calidad en la que he entrado, en ninguna, porque simplemente querían cotejar información".
Ha reconocido que su citación como investigado le sorprendió: "tanto Rosa Pérez, que fue la denunciante, como yo, presidente de la comisión de investigación (de Imelsa) nos quedamos perplejos, pero ahora estoy tremendamente tranquilo y cómodo".
La impresión de Altur tras declarar coincide con la expresada ayer por la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y denunciante del conocido como caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (de Esquerra Unida), quien consideró que tras su entrevista con los agentes de la UCO "no hay duda alguna" respecto a su actuación como consejera de Imelsa.
Preguntada si creía que con su declaración se despejaron las posibles dudas sobre la contratación de los asesores, respondió: "Respecto a mi actuación, no hay duda alguna".
En este mismo sentido se pronunció el exvicepresidente socialista de la corporación provincial José Manuel Orengo, quien afirmó tener la "completa seguridad de que -este proceso- acabará bien para mí y el conjunto de miembros de la oposición".
Durante el anterior mandato de la Diputación, los miembros del consejo de administración de Imelsa, del que formaban parte Pérez Garijo y Altur, entre otros, habrían firmado un documento certificando que los asesores cuyo contrato se había cuestionado trabajaban para ellos, unos certificados que la UCO solicitó a la Diputación y que obran en poder de los investigadores.
De esta forma, las gestiones de la Guardia Civil habrían dado un paso más al investigar la contratación encubierta de personal en Imelsa, además de supuestas comisiones ilegales en contratos de la Diputación y el Ayuntamiento y el posible blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de Valencia.

La revisión del catastro afectará a 900.000 inmuebles en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El plan de regularización catastral para localizar construcciones no declaradas en los últimos años incluye 107 municipios valencianos y un total de 911.132 inmuebles, 78.061 de ellos en Castellón, 383.767 en Valencia, y 449.304 en Alicante.

Según ha informado la empresa Impuestalia, dedicada a la optimización impositiva tanto en la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, el motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de nueva legislación al respecto.
Concretamente se trata de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.
En dicha Disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.
Se prevé que al menos en un 10 % de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, con lo que sus propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.
La previsión del gobierno es que casi toda España haya pasado la inspección a finales de 2016, pero la nueva publicación en el BOE estima como fecha de finalización para estos nuevos municipios julio de 2017.
Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, al menos en el 7 % de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir equivocaciones.
"En caso de discrepancias con la valoración de la administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio", ha advertido.
Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España (salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 3.025 en 2014.
Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante el año pasado se envió a 1,5 millones de inmuebles su correspondiente notificación de regularización para dar conocimiento a los propietarios de los errores catastrales de sus inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015.
Para 2016, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediado de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013, sin contar los que se comuniquen a partir de ahora para 2017, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, según las mismas fuentes.
En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización.
Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.

Ximo Puig pide que González. Pons y Miquel Domínguez se sometan a escrutinio público

VALENCIA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado hoy que el eurodiputado del PP Esteban González Pons y el diputado autonómico del PP Miquel Domínguez deben "dar la cara, dar explicaciones y someterse al escrutinio público, que es la rendición de cuentas básica".

Puig se ha manifestado en estos términos ante los periodistas al ser preguntado por la posibilidad de que Domínguez sea investigado por el Tribunal Superior de Justicia por su etapa como concejal del Ayuntamiento de Valencia y el supuesto caso de blanqueo en el grupo popular municipal, y por las declaraciones del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en el juicio de Nóos sobre González Pons.
"Me faltan adjetivos, me faltan palabras para expresar lo que siento, que es una profunda tristeza e indignación -ha manifestado-. Tanto el señor Domínguez como el señor González Pons tienen que adoptar las decisiones que, democráticamente, en una situación de estas, se tienen que adoptar".
"La primera es dar la cara, dar explicaciones y someterse al escrutinio público, que es la rendición de cuentas básica. Y a partir de ahí, si hay un aforado que intenta utilizar ese aforamiento para no asumir sus responsabilidades, el partido tiene que tomar las decisiones oportunas", ha agregado.
Preguntado Puig por la posibilidad de eliminar el aforamiento en Les Corts Valencianes, ha contestado que de este tipo de asuntos "hay que hablar con seriedad y el aforamiento tenía una base de la libertad de expresión de los diputados frente a los poderes económicos u otros tipos de poder".
"En todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión debe haber garantías para que los diputados puedan cumplir su misión. Ahora bien, es absolutamente impresentable que se utilice el aforamiento para cuestiones que tienen que ver con su vida particular o casos de corrupción, porque evidentemente nadie puede esta aforado ante un caso de estas características", ha concluido.

PSPV, Compromís, Podemos y C's piden 89 comparecencias en la 'comisión Savia'

VALENCIA.- El PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos proponen la comparecencia de 89 ex altos cargos de la Generalitat en la comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes en los centros del grupo Savia.

Los cuatro grupos han presentado hoy en el registro de Les Corts su propuesta de plan de trabajo de la comisión, que se reunirá el próximo 1 de marzo, y que incluye entre los comparecientes a los exconsellers de Bienestar Social, Juan Cotino, Rafael Blasco, Alicia de Miguel, Angélica Such, Jorge Cabré y Asunción Sánchez Zaplana, y al empresario Enrique Ortiz.
La comisión investigará la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes del Grupo Savia, formado por diez constructoras, entre las que figuraban Sedesa, de la familia Cotino y Ortiz.
Esta empresa resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del "macroconcurso" de plazas de residencias que hizo la Conselleria de Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó Juan Cotino como conseller del ramo.
La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha sido apoyada por todos los demás grupos a excepción del PP, que se abstuvo en la votación en el pleno de Les Corts que aprobó la creación de la comisión, el pasado 21 de octubre.
La diputada socialista, Concha Andrés, ha manifestado hoy en rueda de prensa su satisfacción porque después de quince años se pueda investigar este "negocio" que supuso la adjudicación de más de 6.600 plazas, "la mayoría vinculadas a empresas relacionadas con la familia del exconseller Juan Cotino".
El objetivo de la comisión, ha añadido, es esclarecer si hubo algún "trato de favor" hacia estas empresas, con un volumen de negocio "superior a los mil millones de euros"; si no se cumplió con el derecho de las personas mayores a elegir dónde querían ser atendidos; y si en caso de incumplimiento de los pliegos se realizaron los expedientes sancionadores correspondientes y se cobraron.
Por su parte, el diputado César Jiménez, de Podemos, ha señalado que se ha pedido un extenso expediente de información sobre los contratos, número de plazas afectadas, revisiones de los precios y plazas, denuncias presentadas por el sector de la dependencia, sindicatos, trabajadores y particulares, y expedientes y sanciones derivadas de estas denuncias.
Respecto a las comparecencias, ha indicado Jiménez, la lista es muy extensa, 89 personas, para "escuchar a todas aquellas con responsabilidad en la adjudicación de las plazas", como exconsellers, directores generales, directores territoriales y responsables de comisiones de contratación y valoración, que puedan dar "luz a una supuesta extorsión".
La diputada de Compromís, Mónica Álvaro, ha destacado asimismo que los cuatro grupos han unido esfuerzos para esclarecer unos hechos hasta ahora "opacos y oscuros", al tiempo que ha expresado su convicción de que políticamente "no se han depurado todas las responsabilidades" necesarias.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, David de Miguel, ha informado de que el plan de trabajo presentado por los cuatro grupos pretende ser "una herramienta útil para esclarecer cómo y de qué manera se llevaron a cabo las adjudicaciones".
La comisión, ha indicado De Miguel, será extensa, y aunque la periodicidad inicial prevista era quincenal, por el número de comparecientes solicitados podría ser semanal, y el calendario se establecerá en la reunión que mantendrá el próximo 1 de marzo.

El Gobierno entregará 951,63 millones del FLA a la Comunitat Valenciana

MADRID.- El Gobierno ha aprobado la distribución de algo más de 6.100 millones de euros entre las autonomías para el primer trimestre de 2016 -de ellos 951.6 millones para la Comunitat Valenciana- con cargo a los fondos de Facilidad Financiera y Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León y las de régimen foral (País Vasco y Navarra), se han adherido a estos fondos.
Los recursos previstos para el primer trimestre del año 2016 del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas ascienden a 6.113,61 millones de euros, de los que 5.834,30 millones corresponden al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico y otros 279,31 son del de Facilidad Financiera.
Cataluña será la más beneficiada con estos fondos y recibirá 2.041,82, aunque el desembolso de los recursos a esta comunidad, con cargo al FLA, se realizará al menos en dos tramos mensuales.
Andalucía, por su parte, recibirá 1.247,17 millones, en tanto que la Comunidad Valenciana tendrá 951,63 millones.
Sólo dos comunidades (Canarias y Galicia) están adheridas al Fondo de Facilidad Financiera.
Todas las operaciones formalizadas en 2016 con cargo a estos fondos tendrán un mismo tipo de interés fijo, equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Estado a plazo equivalente.
Los préstamos tendrán una duración de 10 años, con un periodo de carencia de dos.
Además, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno ha acordado modificar el calendario de tramos mensuales que fijó el pasado 20 de noviembre.
La citada comisión delegada ha decidido que siguen siendo aplicables en 2016 las condiciones adicionales previstas en el acuerdo del 20 de noviembre para garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña, hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general o se considere necesario para garantizar dichos servicios públicos.

Alfonso Alonso cree que Barberá se explicará sobre presuntos casos de corrupción

BILBAO.- El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha dicho hoy que tiene la impresión de que la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá "se explicará" sobre los casos de corrupción que afectan al partido en Valencia y ha defendido la presunción de inocencia.

En una entrevista en Radio Euskadi, Alonso ha expresado su apoyo a la Justicia en la investigación de los casos de corrupción que afectan a su partido y ha mantenido que "no hay que quejarse de desigualdad de trato ni de doble vara de medir".
Alonso se ha pronunciado así respecto a unas recientes manifestaciones del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que no cree "en la espontaneidad ni en la casualidad" respecto a que los casos de corrupción que afloran las últimas semanas solo afecten al Partido Popular.
Alfonso Alonso ha precisado que carece de la información que pueda tener Fernández, pero ha añadido que intenta "resistirse a esos argumentos; cada uno tiene lo que tiene".
Ha afirmado, sin embargo, que en el PSOE "hay más casos de corrupción que en el PP, pero son menos conocidos. No sé el por qué", ha puntualizado.
Para Alonso, todos los casos de corrupción que han aflorado "causan perjuicio" al PP a corto plazo, pero a medio plazo será "bueno" porque supone "un proceso de depuración y limpiar la casa".
"No creo que el PP necesite tanto una refundación como depurar y limpiar -según ha insistido- porque necesitamos recuperar la credibilidad".

La economía de Alicante ya está en una situación equivalente a 2008, según 'Ineca'

ALICANTE.- La coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante ya es "equivalente" a la de comienzos de 2008, cuando estalló en España la crisis, gracias, principalmente, al buen comportamiento del turismo y al reciente auge del sector de la construcción.

Así lo refleja el informe de coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante 2015 elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (Ineca) a partir del estudio de 4.192 variables económicas desde el primer trimestre de 2008.
El presidente de Ineca, Perfecto Palacio, ha señalado que Alicante ha experimentado "una mejoría leve" con respecto a hace un año debido a que la mayoría de los valores estudiados presentan una "evolución favorable", aunque ha admitido que "queda camino por mejorar".
Entre las asignaturas aún pendientes, el "lastre" de la alta tasa de paro, que se sitúa en el 22,96 por ciento (aún hay 80.000 desempleados más que en enero de 2008 pese a que en 2015 se han incorporado al mercado 20.000 personas), el alto endeudamiento crediticio de las familias y empresas ("seguimos muy endeudados"), y la carencia de un sector industrial, lo cual podría ser paliado con el desarrollo de la Zona Franca, según este 'lobby' empresarial.
Para Palacio, "el sector servicios tira de la economía pero sin industria para repartir el peso, nos costará volver al Estado del Bienestar".
Uno de los datos más novedosos presentados ha sido el denominado 'indicador Ineca', que revela el mismo valor acumulado que el que había a comienzos de 2008, y se debe al comportamiento "muy positivo" tanto del turismo, donde la pernoctación media hotelera en la provincia es de un día más que la media nacional, como a la evolución ascendente de la construcción.
De hecho, el informe de Ineca señala que, a noviembre de 2015, Alicante sumaba el 26,22 por ciento de los visados de nueva vivienda del país y efectuaba el 8,24 por ciento de las transmisiones, con un total de 7.707 operaciones a un precio medio de 122.917 euros, cantidad que "barata" o competitiva, al situarse 13 puntos por debajo de la media nacional.
Además, la provincia de Alicante acaparaba el 23,54 por ciento de las viviendas vendidas a extranjeros en España, con un total de 3.670, lo que supone una importante entrada de capital y a la vez un "efecto llamada" para más operaciones.
El experto Joaquín Melgarejo ha recordado que cada vivienda nueva genera dos empleos directos y otro indirecto, así como actividad en terceros sectores, por lo que el 'tirón' de la construcción ayudará, previsiblemente, a seguir reduciendo el paro.
En cuanto al turismo, Ineca apunta que la provincia necesita incentivar nuevos atractivos y más oferta hotelera y complementaria de actividades deportivas, de negocios, gastronómicas, de sanidad, ambiental y cultural, especialmente de corta duración, que donde mayor competencia tiene en España.
Uno de los datos que más "sorpresa" ha suscitado ha sido que, pese a la generalizada creencia de que Alicante es una provincia netamente exportadora, las ventas en el exterior suponen sólo el 2,13 por ciento del conjunto de España, muy lejos de entre el 4 y 5 por ciento que la provincia representa en PIB y población.
Palacio ha destacado que hay que "hacer un esfuerzo por reindustrializar la provincia" con iniciativas como la Zona Franca, liderada por la Diputación a partir de los ejes del puerto y el parque industrial de Torrellano, en Elche, lo que conllevaría elevar las exportaciones.
Pese a que el índice podría incrementarse hasta cerca del 3 por ciento si se cuenta lo enviado a otros países a través de la aduana del puerto de Valencia o de la frontera por carretera de Gerona, el dato de Alicante es inferior a otras provincias limítrofes como Murcia (3,69 por ciento del total nacional), Valencia (6,67) e, incluso, Castellón (2,48).

Un juzgado de Alicante asume la causa de las dietas del expresidente de la CAM

ALICANTE.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha asumido la investigación contra el expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo y una veintena de consejeros de esta entidad, ya desaparecida, por el presunto cobro de dietas millonarias.

Según han confirmado hoy fuentes judiciales, el magistrado ha recibido la causa por reparto días después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante.
Crespo está investigado (figura que sustituye a la de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por un delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000 euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM, en 2009.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, defendió que no percibía retribución alguna como presidente de la extinta caja, dado el carácter institucional de su cargo, y, por esa razón, el consejo de administración avaló que fuera retribuido con las citadas dietas.
La juez Lamela decidió acumular la pieza sobre las cuotas participativas emitidas por la CAM a la causa principal por posibles irregularidades en la entidad, en la que también están investigados Crespo y los exdirectores Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconde la real situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.
No obstante, la magistrada remitió las pesquisas relativas a las dietas, por las que hay imputada una veintena de antiguos consejeros de la entidad, a los juzgados de Alicante.
Manrique Tejada deberá ahora proseguir la instrucción, que está prácticamente terminada, y resolver, en primer lugar, las peticiones de sobreseimiento realizadas por la mayoría de las defensas, antes de dictar un auto de procedimiento abreviado, según las fuentes consultadas,
Este juez es el mismo que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una causa derivada de la denominada 'Operación Brugal' en la que figuran como principales investigados los exalcaldes de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y el empresario Enrique Ortiz.

Según Saénz de Santamaría, 'Barberá debe tomar decisiones convenientes para ella y el PP'

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy, al ser preguntada por la continuidad como senadora de Rita Barberá, que "cada uno tiene que saber cómo ha actuado a lo largo de su vida política y tomar las decisiones que estime oportunas y convenientes para él y para su partido".

Por otra parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido respetar la presunción de inocencia de la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, después de que el juez de Valencia que investiga un posible blanqueo de dinero haya solicitado al Senado que certifique su condición de aforada.
Tras asegurar que esa presunción de inocencia es extensible "a ella y a todos los españoles", de Cospedal ha suscrito la opinión del líder del PP, Mariano Rajoy, que esta mañana ha defendido que no se tomen medidas contra la exalcaldesa hasta ver de qué se le acusa o "si se le acusa de algo".


Moody´s rebaja la calidad de la deuda de la Comunidad Valenciana, Cacsa, IVF, UV y Feria Valencia

LONDRES.- La compañía de medición de riesgos Moody's ha rebajado de positiva a estable la perspectiva de la deuda de 14 regiones, entre ellas la Comunidad Valenciana, entidades y ciudades españolas, aunque en todas ellas mantiene su calificación crediticia.

En un comunicado, Moody's precisa que las regiones afectadas por este cambio de perspectiva son, además de Comunidad Valenciana, el País Vasco, Madrid, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, así como la ciudad de Barcelona y la Diputación Foral de Vizcaya.
También figuran en esta lista el Instituto Valenciano de Finanzas, CACSA, la Universidad de Valencia y la Feria de Valencia.
Moody's señala también que las perspectivas sobre la deuda de las regiones de Andalucía, que está en positiva, y de la de Cataluña, en negativo, se mantienen sin cambios.
Estos movimientos se producen una vez que el pasado 19 de febrero Moody's rebajara también la perspectiva de positiva a estable de la deuda soberana española, por el debilitamiento de su perfil crediticio y dado que sea cual sea la composición del nuevo Gobierno es improbable que se acometan nuevas reformas estructurales.

La trama del 3% del PP 'mordió' de los grandes eventos de Francisco Camps

VALENCIA.- La trama del 3% del PP valenciano, que se investiga dentro de la Operación Taula, 'mordió' de la mayoría de los grandes eventos que se celebraron en la Comunidad Valenciana bajo los mandatos de Francisco Camps y Rita Barberá. Thematica Events, una pequeña agencia de comunicación que ha obtenido contratos muy ventajosos con el PP, sería la herramienta que utilizaron los investigados para ocultarse y seguir ganando contratos. Más tarde, con esa misma empresa, la investigación apunta a que los imputados blanqueaban el dinero que procedía del presunto pago de comisiones ilegales.

Según la información a la que ha tenido acceso El Mundo, el ex gerente de Imelsa y 'yonki del dinero', Marcos Benavent, se asoció con empresarios del sector de la comunicación para entrar en esta sociedad utilizando a la mujer de un antiguo colaborador de José Adolfo Vedri, consejero delegado de Engloba, clave en la financiación irregular del PP, a quien el juez impuso tras su detención una fianza civil de medio millón de euros y la obligación de acudir al juzgado cada 15 días.
Thematica Events facturó en todas las ediciones del Gran Premio de Fórmula 1, en la Mostra de Cinema, el Festival de Música 'Mitjanit al Monestir' -celebrado en Simat de la Valldigna, en el edificio histórico que gestiona la Fundación Jaume II el Just, el nexo de unión de la red con el Ayuntamiento-, la America's Cup y hasta por la presentación del equipo de vela Fermax Sailing Team. También montó el acto que acogió Valencia sobre el Rallye París-Dakar, celebrado en 2003, y que contrató directamente la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia.
Sólo por cada edición de la Fórmula 1 -un evento que investiga otro juzgado y por el que está imputado el ex presidente Camps por malversación y prevaricación-, esta empresa facturó hasta 500.000 euros por año. La Guardia Civil también investiga si esta sociedad sirvió para que el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá al frente, siguiera dando trabajos al sobrino de la ex alcaldesa, Enrique Sospedra Barberá, porque así lo recogen las grabaciones incluidas en el sumario.
El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan una trama, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos para morder de adjudicaciones de la Diputación, la Generalitat y varios ayuntamientos, como el de Xàtiva o Valencia. Fuentes próximas a la investigación creen que la trama se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público amañado, la cantidad variaría en función del cargo del PP que pedía la comisión y su función dentro de la organización. Una parte de ese dinero también habría servido para financiar al partido, sobre todo los fondos procedentes de constructoras como Cleop o Lujan, cuyos administradores quedaron en libertad con cargos.
Thematica Events es una pieza clave en las trampas de Taula, según mantienen fuentes próximas a los investigadores. Ayer el juez Gómez ordenó a la UCO que se dirigiera al Ayuntamiento para requisar expedientes vinculados a la Mostra, de los años 2005 y 2006, o al Archivo Municipal en el Palacio Cervelló, cuya inauguración tras su reforma también organizó Thematica, según la información en poder de este diario.
Según datos del Registro Mercantil, Thematica Events está administrada por Rafael García Barat, quien hasta 2005 compartió empresas con Jorge Castillejo, hijo de la ex secretaria autonómica de Cultura, Concha Gómez. Castillejo ha sido presidente de honor de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, un colectivo que varias fuentes empresariales sitúan muy próximo al PP.
Concha Gómez pasó de la Conselleria a la administración del Palau de Les Arts, cuya Fundación contrató sin concurso a Thematica la organización de espectáculos piromusicales de la gala de inauguración del edificio de Santiago Calatrava. Helga Schmidt, investigada por malversación, era la intendente.
Thematica Events se constituyó en junio de 2002 y su primer domicilio se fijó en la calle Río Miño de Valencia aunque más tarde la sede pasó a un apartamento de la calle Pintor Sorolla. En 2002 María Isabel Santamaría Castellano -esposa de Igancio Tello, ex gerente de Engloba con Vedri- entra en el accionariado de Thematica al suscribir, con carácter previo, tres mil participaciones sociales por un valor de 3.000 euros aunque se mantuvo como gerente el ex socio de la entonces administradora del Palau de Les Arts. El nombre de la mujer de Tello -a quien Feria Valencia, cuyo patronato presidía Barberá, alquiló un espacio en el recinto que nunca pagó- aparece en la misma acta de constitución de la empresa, a la que ha tenido acceso El Mundo.
Thematica Events, al que el propio 'yonki del dinero' adjudicó contratos desde Imelsa, figura en el listado de empresas que ayudó a los comisionistas a 'lavar' el dinero malversado.
En paralelo la red del 3% entró en otra empresa: Universo Selección. Se crea en el año 2000. Según esta información, en Universo también participaba el consejero delegado de Engloba. Esta agencia forma parte de la administración de La Rambleta, el centro cultural que adjudicó y 'amañó' la ex edil de Cultura María José Alcón, otra de las detenidas en Taula y esposa de Alfonso Grau, el ex vicealcalde detenido este lunes.
Universo Selección también era una empresa habitual en el Gran Premio de Fórmula 1 y, al menos desde el año 2002 y hasta 2008, cobró 4.446 euros al mes por gestionar las visitas al público de la cripta de San Vicente Mártir, uno de los museos de la ciudad. La adjudicación la realizó el departamento de Proyectos Singulares, que dependía de la Concejalía de Urbanismo, según esta información.
Universo ha obtenido muchos contratos municipales. Era una empresa a la que el PP recurría con cierta frecuencia, sobre todo el área de Cultura. Cuando Universo Selección se llevó un contrato de la Mostra de 2006 Benavent dijo a Alcón: «Ahí puedes venderle a la jefa (Rita): Mira, le he dado todo a tu sobrino», en referencia al familiar de Barberá.
La conversación, incluida en el sumario, acaba así: «Oye de aquí sacamos alguna cosilla, ¿no?, de todos estos, algo para el verano», le dice Alcón a Benavent, quien contesta: «de aquí, de Quique y del otro». Aparecen dos Enriques, uno es el sobrino de Barberá y el otro es Enrique Aleixandre, administrador oficial de Universo Selección. Oficialmente, Vedri se desvinculó de estas sociedades en 2004 pero los investigadores tratan de esclarecer si el negoció continuó con acuerdos privados. Al parecer, existe un documento que ratificaría estas conexiones.

La desunión y las divergencias ralentizan el proceso global / Ángel Tomás *

La política de bloques, las uniones internacionales, incluso las políticas internas nacionales, comienzan siempre con una aparente ideología renovadora, esperanzadora y una relativa intención de transición hacia una economía de crecimiento consolidado, de bienestar social y de más igualdad de clases. 

En base a lo expuesto y como inicio, con el fin de ganar adeptos y apoyos sin los cuales cualquier objetivo resulta inalcanzable, suelen posponerse los extremismos, y se fija como principio básico, urgente e inmutable,  el "progresismo" basado en el "cambio", sin que jamás se citen al detalle el proyecto base, su desarrollo, calendario de ejecución, control continuamente inspeccionado y auditado, 
beneficios a obtener y perjuicios a ocasionar. 

Es entonces, si tal proyecto convence y merece ser acometido, cuando debe ser apoyado. Los gestores de la política, en su mayoría, pueden lograr ser populares, pero suelen carecer de conocimientos profundos de economía global y real, como asimismo de experiencia y análisis coyuntural suficiente 
para emprender su proyecto y conseguir el fin perseguido. En casi todos los casos y la historia da fe de ello, solo se consiguen la regresión y cambios a menudo irreversibles. 

Debe admitirse que no solo los políticos deben asumir la culpabilidad, sino también los países vinculados en alianzas conjuntas, los medios de difusión y los ciudadanos con derecho a opinión. 

Cuántos proyectos de alianzas y uniones internacionales se han acometido, o no han llegado a consolidarse, o se mantienen incompletos, injustos y faltos de gestión coordinada y eficaz, puesto que el modelo económico-político elegido y el absolutismo de  sus órganos rectores, casi siempre actúan con insolidaridad, ineficacia o a favor de intereses no colectivos. Olvidan la prudencia, una diplomacia equilibrada y trabajar para una evolución prudente. Analicemos someramente algunos casos que confirman estas afirmaciones: 

EL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA

Tan pronto el primer ministro  David Cameron anunciara públicamente ser "más seguro, más fuerte y mejor" mantenerse dentro de la UE, acorde con su responsabilidad y criterio personal y anunciara el referéndum para el veintitrés de junio próximo. Cinco ministros de su Gabinete de Gobierno se separaron de la postura oficial, manifestando su deseo de hacer campaña por la salida de la UE, con gran sorpresa aparente de Cameron. 

Michael Gove, ministro de justicia británico, en un comunicado oficial aseguraba que abandonar llevaría un "futuro mejor", ya que la UE estaba sumida en el pasado. El ministro de Trabajo Duncan Smith, el titular de Cultura y Medios de Comunicación, John Wittingdale, el líder de la Cámara de los Comunes Chris Grayling y la titular de Irlanda del Norte Theresa Villiers, disienten igualmente de la propuesta del Primer Ministro británico. 

Otros altos cargos del Partido Conservador, también se han posicionado en el bando euroescéptico, entre ellos las secretarías de Estado  de empleo, Priti Patel, y la de energía Andrea Leadsom. Otros ministros  relevantes del Ejecutivo se han alineado con Cameron, como la titular de Interior Theresa May, el de economía George Osborne, el de Negocios, Sajid Javid, el de Sanidad Jeremyh Hunt, y el de Transporte Patrick McLoughlin. 

El esfuerzo británico por mantener la City de Londres como Centro Financiero clave en el mundo está bien fundamentado; los ingleses saben que un Centro Financiero internacional les asegura una economía pujante y de amplio dominio de los mercados, y por ello su planificación y desarrollo inteligente les distancia de una Europa, que con mayores ventajas, ha estabilizado su crecimiento y se conforma con el incompleto tratado de Roma. Entre los éxitos de la City Londinense se encuentran el "Canary Wharf", complejo de los tres edificios más altos del RU, que albergan el Gran Complejo de 
Negocios de Londres, con más de 50.000 empleados, iniciado en 1981 por Margaret 
Thatcher. 

Otro avance de repercusión internacional fue la creación de la "London Metal Exchange (LME)", primera bolsa de metales no férricos mundial, en donde se negocian los precios del cobre, aluminio, zinc y plomo, que comenzó en el 2011 con 82 empleados técnicos, alcanzando los 350 actuales bajo la dirección de Stuart Sloan. 

El Reino Unido y la UE, son un ejemplo de unión incompleta, insolidaria, ineficaz, de intereses no recíprocos, y carente de una diplomacia inteligente y generosa. La Unión política, la consolidación fiscal, y una planificación de política-económica global, han sido, entre otras las carencias de una Unión Europea que pudiera iniciar su desintegración,  que aún estamos a tiempo de evitar, y conseguir fortalecer un futuro mejor de crecimiento, estabilidad, y bienestar social, que permitan otras alianzas intercontinentales, en una economía global suavizando tensiones geopolíticas. 

ESTADOS UNIDOS, CUBA Y PUERTO RICO

EEUU decidió el acercamiento y apertura de relaciones políticas y económicas con Cuba, como lo demuestra el reciente paso autorizando 110 vuelos diarios a la isla, los cuales estaban suspendidos desde hacía más de 52 años. El memorando de entendimiento fue suscrito recientemente, en la Habana, por el Secretario de Transporte Anthony Foxx y el Secretario de Estado Charles Rivkin por Estados Unidos, junto al Presidente de la Aeronáutica Civil Alfredo Cordero por Cuba, lo que supone un esfuerzo más de EEUU para abrir el diálogo con Cuba, y normalizar las relaciones propuestas por Obama hace solo 14 meses, de forma que se vayan fortaleciendo los lazos de los dos pueblos, según afirmó Foxx. 

Otra apertura es la de la economía de los negocios privados, reservado hasta ahora a un reducido número de privilegiados, lo que ha propiciado el afloramiento de numerosos diplomáticos y hombres de negocios, el aumento progresivo del consumo y actividades empresariales. Es una apertura sin precedentes a la iniciativa privada, y en especial de los promotores de la construcción y del turismo, si bien no contamos con datos concretos por la natural prudencia del país, de la igualdad social manteniendo sin definir aún el perfil de los nuevos ricos. Ha comenzado el regreso de los exiliados, aunque los estándares de renta siguen muy bajos con salarios promedio de 20$ al mes. 

Es obligado destacar que EEUU está empleando un gran esfuerzo en la liberación de la relaciones con Cuba, sin duda digno de elogio, que supondrá el gran despegue de la economía caribeña. Sin embargo, resulta lamentable e injusto posponer el mismo esfuerzo en la solución del endeudamiento de Puerto Rico, y los apoyos y controles necesarios para también lanzar su economía, máxime siendo este último "Estado Libre Asociado" de EEUU, que ha presentado un plan de reducción de su deuda del 30%, y otro  de reestructuración y crecimiento, indispensable para el progreso integral del Caribe.


(*) Economista y empresario

El reinado del hampa / Ramón Cotarelo *

Este país esta gobernado por una banda de ladrones. Por una asociación de presuntos malhechores llamada PP. Una organización dedicada al saqueo de los dineros públicos en la que los jefes, empezando por el actual presidente en funciones y sus jerifaltes más conocidos, cobraban sobresueldos de procedencia dudosa o claramente ilegal. Un partido "incompatible con la corrupción", según Aznar, a la boda de cuya hija acudió media hampa española. Un partido corrompido de arriba abajo y al que la gente se afilia para enriquecerse, para robar, para pillar. Un partido que se ha financiado ilegalmente con dinero de mordidas y comisiones (que se sepa). 
 
Sus triunfos electorales están trucados y son nulos igualmente por tramposos. Han robado todos los dineros públicos que han podido. Han privatizado las empresas que no podían robar para regalárselas a los amigos o a ellos mismos. Se han apropiado indebidamente de todos los fondos presupuestarios imaginables. Han cobrado comisiones por todo. Han estafado, expoliado y extorsionado a la gente. Han falsificado adjudicaciones y contratas. Han saqueado fundaciones y organizaciones benéficas. Han amañado concursos, trucado oposiciones. Han aplicado sobrecostes en las obras, inflado presupuestos y hecho negocios lucrativos con acontecimientos concretos, como la visita del Papa en 2006 o los homenajes a las víctimas del terrorismo.  Se han enriquecido con obras públicas monumentales e innecesarias. Han enchufado a amigos, deudos y parientes en todos los niveles y órdenes de la Administración pública. Han sido incompetentes, malversadores, despilfarradores y manirrotos. Se han apropiado de todas las subvenciones aun sin tener derecho a ellas. Han robado colegios, hospitales.  Han falsificado todas las estadísticas del Reino. Han comprado periodistas, comentaristas y sicarios de los propios medios para emplearlos como aparato de agitprop y linchadores sin escrúpulos de los legisladores honrados y los políticos cumplidores. Han mentido en el Parlamento y fuera del Parlamento, gobernado por decretos arbitrarios e interferido la acción de la justicia. Han robado la hucha de la seguridad social. Han insultado y despreciado a la gente y se han reído de la Memoria histórica. Han censurado y reprimido el pueblo llano y le han robado sus recursos. Han esclavizado a los trabajadores al aplicar una reforma inicua y han dejado desamparados a los desfavorecidos. Amnistían a los evasores y corruptos y encarcelan a la gente necesitada. Todo ello presuntamente, claro.

Son ustedes pura escoria. 
 
El gobierno de izquierdas es posible si...
 
... los dos principales interlocutores, PSOE y Podemos, juegan limpio el uno con el otro en lugar de hacerse trampas e ir de farol.

Un pacto de gobierno de toda la izquierda deberá asentarse sobre dos palabras: respeto y lealtad.

Nos explicamos de inmediato, pero, antes algunas consideraciones para ponernos en situación:

El cacareado "pacto" de PSOE y C's no es nada. Reducir la cantidad de figurones del Consejo General del Poder Judicial; revisar (o sea, nada) los aforamientos; reducir a dos los mandatos presidenciales (otra bobada innecesaria); "blindar" los derechos sociales mediante reforma del art. 135 (cosa que no pueden hacer por falta de votos). Una futesa anunciada a bombo y platillo para impresionar a otros posibles interlocutores a ver si se avienen a razones. C's necesita demostrar al PP que tiene autonomía. Sánchez, demostrar al PSOE que puede conseguir un gobierno antes de la noche de los cuchillos largos que están preparándole los shogunes de baratillo, y demostrar asimismo a Podemos que puede ir adelante sin ellos pues, para impedirlo, tendrán que votar con el PP y reeditar la pinza anguitiana.

Muy interesante, pero inútil porque lo que verdaderamente urge, es imperativo e inexcusable, es echar al PP con el Sobresueldos a la cabeza. Y para eso tiene que haber un gobierno con apoyo suficiente y margen de acción. O bien ir directamente a unas nuevas elecciones.

Para lo primero, los dos partidos, PSOE y Podemos, deben renunciar a las condiciones y requisitos intangibles y pactar un gobierno presidido por los dos rasgos antes enunciados: respeto y lealtad.

Respeto: no es imprescindible que Podemos renuncie al referéndum catalán ni que el PSOE tenga que admitirlo. Carece de sentido que Podemos se empeñe en imponer una condición que, en caso de que se la aceptaran, tampoco se cumpliría porque no tiene los apoyos necesarios. Y carece de sentido que el PSOE obligue a los morados a renunciar expresamente a lo que no pueden imponer. Por eso, lo sensato es aplazar de momento la cuestión. Construir sobre lo que pueden acordar y dejar en suspenso el terreno de la discrepancia, respetando cada uno el derecho del otro a seguir defendiendo lo que cada uno cree: PSOE que no debe haber referéndum y Podemos que debe haberlo. En todo caso, reconocer que España tiene, como es frecuente, un problema de organización territorial y que ambos partidos deberán trabajar por resolverlo, manteniendo su legítimo derecho a defender sus posiciones sobre el referéndum que, de todas formas, guste o no al PSOE, acabará imponiendo la UE. Respeto.

Lealtad: Podemos debería abandonar ya de una vez esa prepotencia, esa soberbia y chulería tan impropias como desagradables y comprender que, pues es el socio menor de una coalición, su función no es imponer nada, sino negociarlo todo con el mayor interés en defender su posición pero, sobre todo, el resultado final. Y aquí es básico que el PSOE y la opinión pública en general confíen en la lealtad de Podemos, cosa que hasta ahora no está muy clara, dada la presumible tendencia leninista de los morados a instrumentalizar el gobierno democrático para alzar luego bandería supuestamente revolucionaria. Lealtad al acuerdo y por ambas partes. Esa es la mejor forma de estabilidad. Lealtad.

Para que la lealtad sea evidente desde el primer momento, ambos partidos deben dejar de insultarse, sobre todo Podemos, que es el que más lo hace. Empiezo a pensar que, además de inexperiencia y cierta mala idea, Iglesias padece una incontinencia verbal bastante cursi y no especialmente brillante que da mucho que pensar respecto a sus verdaderas intenciones.

Quizá sean estas impedir los pactos a toda costa y provocar elecciones en la esperanza de salir bien parado de ellas. También es legítimo, pero, en el fondo, será asimismo el reconocimiento de un fracaso: que la izquierda es tan estúpida que no sabe gestionar una victoria.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED