«A las cinco de la tarde, las personas estaban sentenciadas a muerte,
a las seis, a las siete y a las ocho», ha expuesto durante su
comparecencia este lunes en la comisión de investigación de la dana en
Les Corts, en la que ha pedido «corregir los errores cometidos» al no
ejecutar las medidas e infraestructuras previstas desde hace años para
evitar inundaciones.
A su juicio, está «clarísimo» que la causa principal de la magnitud
de los daños provocados por la dana ha sido el hecho de no haber
ejecutado o «ni siquiera tramitado» las medidas estructurales previstas.
Además, ha subrayado que el sistema de alerta temprana es «la única
forma de salvar a la población» y ha explicado que el actual Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH) no lo es.
«Tener el dato de que están pasando 1.500 m3/s no me vale de nada,
ese dato hasta 20 minutos después no llega donde tiene que llegar con la
rapidez que llega el agua», ha indicado, al tiempo que ha señalado que
los sistemas de alerta temprana «son necesarios siempre», aunque ha
advertido de la necesidad de ejecutar medidas como el encauzamiento o la
construcción de presas, que son «la única salvación de las personas».
De hecho, Teodoro Velázquez ha sostenido que «a las cinco de la tarde
--del día de la dana--, las personas estaban sentenciadas a muerte, a
las seis y a las siete» y ha asegurado que, con un sistema de alerta
temprana, por la mañana de aquel día, la CHJ y el Ministerio, que son
«los responsables» de la gestión del dominio público hidráulico, «sabían
que se podía producir una avenida» de agua.
«Con el dato que había, se podía haber dado la alerta temprana a las
nueve de la mañana, porque a las 7.36 se tenía un dato: 180 l/m2. Con
ese dato, la CHJ y el Ministerio, que son los responsables de la gestión
directa del dominio público hidráulico, sabían, por los mapas de
peligrosidad y riesgo de inundación, que se podía producir una avenida
próxima al periodo de retorno de 500 años. Y eso suponía 128 kilómetros
cuadrados de inundación en la zona del Bajo Turia, cuatro metros de
altura de nivel de agua», ha expuesto.
Por tanto, era un riesgo «totalmente previsible» y con «el
conocimiento que tenían la CHJ y el Ministerio, ese dato se debía haber
hecho la previsión, pero a las 9 de la mañana, no a las 7 de la tarde ni
a las 5. A las 7.36 estaba ese dato. Si yo soy el presidente de la
Confederación o el secretario de Estado, sabiendo el conocimiento que se
tiene de las cuencas y de los mapas de peligrosidad, está claro que sí
se va a producir lo que se produjo».
Y sobre las competencias de las medidas, ha indicado que todas están
contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y que las obras hidráulicas
«siempre son competencia de la Administración General del Estado y las
tiene que ejecutar el departamento competente de gestión del dominio
público hidráulico, que es el Ministerio para la Transición Ecológica».
Dicho esto, ha asegurado que está «claro» que las medidas
estructurales «no se han hecho» y ha censurado que la política del
Ministerio sea ejecutar «solo o de forma prioritaria» las
infraestructuras verdes en determinadas zonas, algo que a su juicio es
«una barbaridad» en las que están en riesgo extremo de inundación porque
son «absolutamente insuficientes».
También ha señalado la responsabilidad del archivo «totalmente
erróneo» del proyecto de adecuación ambiental de la cuenca del barranco
del Poyo hacia l'Albufera por «teóricas incompatibilidades» con la Ley
de la Huerta, una norma que fue «nefasta» para la ejecución de las
obras. «Y lo dice el Ministerio, no lo digo yo», ha señalado.
Y respecto a las soluciones, ha emplazado a «cumplir la legislación
vigente» y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación «redactado en
2016», así como a recuperar el proyecto archivado de adecuación
ambiental de la cuenca del Poyo y a ejecutar «por emergencia y de forma
conjunta» todas las obras previstas para el Poyo, Saleta, Pozalet,
Gallego, la presa de Vilamarxant y el acondicionamiento del Turia«.
»Esto tendría que estar haciéndose ya, llevamos un año y no se ha
iniciado nada", ha lamentado.
Entre las intervenciones de los grupos, el PSPV y Compromís han
afeado a Velázquez que en su exposición, que han llegado a calificar de
«mitin», haya realizado un relato «tan sesgado de la realidad» solo con
«la información que le viene bien», y han replicado que no hay «ningún»
artículo de la Ley de la Huerta que impida desarrollar infraestructuras.
De un lado, la diputada socialista Mª José Salvador ha recalcado que
el día de la dana «había una alerta roja a las 7.30» horas y por la
mañana una alerta hidrológica, por lo que había «información
permanente».
«La cuestión es por qué se convocó el Cecopi tan tarde», ha
sostenido. Dicho esto, ha recalcado que las competencias en emergencias
«las tiene la Generalitat» y ha considerado que «la gran pregunta es
por qué quien tenía la competencia no tomó la decisión de enviar la
alerta hasta las 20.11 horas cuando todo era irreversible».
De otro, Isaura Navarro (Compromís) ha incidido en que el debate «no
era si llegaba o no la información, cuando la información estaba en el
Cecopi a las cinco y no se envía la alerta hasta las 20.11».
«Estamos en
una comisión porque quien tenía que avisar no avisaba, en el Cecopi se
tenía toda la información y lo que se hizo fue una mala gestión de esa
información que ha causado muertes y tremenda destrucción», ha
aseverado.
Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha agradecido a Velázquez su
«tan relevante» intervención --«no es un relato, son datos»-- y ha
afeado a la izquierda que no les «interesa conocer la realidad».
«Aquí
lo que les interesa es lo que dice la jueza de la dana, ya le han puesto
un apodo, les falta decir 'nuestra jueza', pero se les olvida que
instruye, no juzga», ha reprochado al PSPV y Compromís.
«La juez que
instruye dicta sentencia y es palabra de Dios o de diosa, según el
Partido Socialista», ha agregado.
Y Fernando Pastor (PP) ha subrayado que todo lo que ha dicho el
ingeniero es «grave y afecta al Gobierno» y ha defendido que
políticamente la Generalitat ha «reconocido errores y pedido disculpas y
perdón, e incluso ha dimitido el presidente de esa administración
autonómica como consecuencia de los errores cometidos», mientras que por
parte de la Administración central no se ha hecho, algo que ha
calificado de «vergüenza».
Por último, en su turno final, Teodoro Velázquez ha considerado
«necesario conocer la verdad y, si cometemos errores, rectificarlos y
tomar las decisiones de futuro que sean convenientes», así como impulsar
«las medidas para que no vuelva a ocurrir» una catástrofe similar.
«Pero la única medida es hacer lo que dice la legislación vigente», ha
concluido.
