Para Gradolí, la diferencia entre ambas gestiones «no ha sido la coordinación» sino «estar al frente de la emergencia» por parte del Consell «y no estar en otras cosas como pasó el 29 de octubre de 2024».
Así, ha remarcado que se ha estado «al frente de la emergencia para coordinarse y ejercer lo que tenía que hacer el Consell: ser garante máximo de la emergencia como hemos visto en esta dana».
En esta línea, ha añadido que se ha observado «cómo se pueden coordinar las consellerias» entre sí «y cómo se pueden coordinar con otras administraciones si se está donde se tiene que estar».
Gradolí se ha pronunciado de este modo preguntada por las diferencias entre la gestión de la dana de octubre de 2024 y la registrada en los últimos días durante un encuentro mantenido con los medios de comunicación ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para dar conocer la declaración elaborada por este colectivo de víctimas a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la dana de octubre de 2024.
Otra de las representantes del colectivo, Empar Puchades, ha manifestado la disposición «patente y clara» de esta entidad para prestar su ayuda, desde el ámbito administrativo, judicial y humano, a «todos los afectados y familiares de víctimas de la dana Adam».
Asimismo, Toñi García, esposa y madre de dos de los 233 fallecidos en la dana de hace dos años, ha reclamado que las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) desplegadas en los municipios afectados puedan ofrecer también la ayuda que prestan y actuar con las personas que han sufrido la dana Adam en las comarcas de La Safor y la Marina Alta.
Al inicio de la comparecencia ante los medios de comunicación, Mariló Gradolí ha explicado que la entidad que preside ha querido «dos años después del 29 de octubre de 2024 hacer balance de qué ha pasado con las responsabilidades, de cómo está avanzando la reconstrucción y, sobre todo, de qué está haciendo la administración valenciana para evitar que una tragedia como aquella vuelva a producirse».
Desde esta asociación se ha planteado «una enmienda a la totalidad» para el Consell en responsabilidad y un «suspenso» en reconstrucción, porque siguen sin estar «algunas de las infraestructuras que son vitales para la cohesión social» de pueblos y barrios.
Además, se ha remarcado el «fracaso» del ejecutivo autonómico «en adaptación al riesgo climático y prevención».
«Seguimos sin ver el cambio de paradigma que exige una catástrofe como la que sufrimos. El cambio de paradigma no es hacer nuevos mapas de riesgo. Es gobernar de acuerdo con los nuevos mapas de riesgo», han precisado.
«Queremos una reconstrucción que ponga a las personas en el centro, unas instituciones que escuchen, unas emergencias preparadas y coordinadas y un territorio adaptado a la realidad climática que tenemos. Lo que está en juego no es solo cómo reconstruimos los pueblos afectados por la dana de 2024, está en juego si seremos capaces de aprender de lo que pasó antes de que vuelva a pasar», han afirmado por parte de la asociación.
«No se trata de construir ni de reconstruir más rápido, se trata de reconstruir mejor y de dar seguridad», ha aseverado Gradolí, que reclama la revisión del ley de suelo que permite urbanizar donde antes no se podía.
Las representantes de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 han remarcado que dos años después, las relaciones de esta entidad con la Generalitat Valenciana están «completamente rotas».
«El presidente --del Consell, Juanfran-- Pérez Llorca no nos ha escuchado. Y, sobre todo, ha mantenido en el gobierno a personas que formaban parte de la estructura de responsabilidad del Consell durante la dana: Susana Camarero en residencias y personas dependientes; José Antonio Rovira en Educación y profesorado; Miguel Barrachina en la única presa de titularidad autonómica que se desbordó; y Vicente Martínez Mus en Infraestructuras», han asegurado.
Tras ello han indicado que no se puede «entender que después de una catástrofe como la del 29 de octubre la respuesta sea continuar manteniendo en puestos de responsabilidad a personas que formaban parte del gobierno que gestionó aquella emergencia» y han señalado que por ello plantean «en materia de responsabilidades» una «enmienda a la totalidad» para este ejecutivo.
Igualmente, han considerado que Pérez Llorca es «continuidad» de Mazón, «no porque sean la misma persona ni porque sus responsabilidades sean idénticas, sino porque no vemos el cambio de políticas que consideramos imprescindible después del 29 de octubre».
Preguntada por el aforamiento de Carlos Mazón y por las acciones que están llevando a cabo para pedir que deje de tener esa condición, la presidenta ha comentado que «la única posibilidad» que existe para que termine «es que el Tribunal Constitucional no se lo aplique» --en referencia al recurso de amparo presentado para impugnar ese aforamiento y para el que estiman que le han remitido más de 2.000 cartas--.
«Es un aforamiento fraudulento, es un diputado que no está trabajando. Eso insulta a las víctimas. El derecho a saber la verdad tendría tiene que estar por encima del aforamiento de alguien que actuó muy mal», ha dicho.
La asociación ha adelantado que el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia, celebrará a las 19.00 horas y en Paiporta, junto al barranco, un acto en el que también «habrá un recuerdo muy especial para los afectados de la dana Adam».
«Lo que queremos es sanar, recordar para que no vuelva a pasar lo que pasó en octubre de 2024», ha detallado Gradolí.
