VALENCIA.- Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que investiga el denominado 'caso Gürtel' revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al Partido Popular valenciano conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido, según publica hoy 'El Mundo'.La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'.
La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'. "En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe.
De los balances se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que 'El Bigotes' reclamaba a Costa y al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, con el que se reunió para solicitar adjudicaciones de la Generalitat, según el informe policial.
Además, se relata cómo empresarios con importantes contratos con la Generalitat Valenciana hacían entregas de dinero en la 'caja B' de Orange Market y sus nombres se utilizaban para realizar facturas de actos del PP.
El documento infiere que el PP pagaba su deuda con Orange Market a través de contrataciones administrativas concedidas a dedo desde la Generalitat Valenciana y mediante aportaciones directas de varias empresas, a las cuales compensaba igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.
El informe revela que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana" e incluso cita a Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA.
"Una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado", explica el texto como ejemplo de las alteraciones en las facturas.
El informe de la Unidad de Delitos Económicos asegura que el PP, "en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas".
También subraya que el sistema de doble financiación tiene "una persistencia en el tiempo suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política".
El pasado martes, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guardaba relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.
El informe se basa en la documentación intervenida en los registros a Correa y subraya la "estrecha relación" de Álvaro Pérez con Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero también con David Serra, vicesecretario de organización del PPCV, y Yolanda García Santos, tesorera del partido.
El 'modus operandi', según relata el documento, era el siguiente: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo [socio de Correa], confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".
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