Los derribos, --llevados a cabo hoy tras entrar en vigor la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, aprobada en las Corts el pasado 24 de marzo, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico--, comenzaron sobre las 7.45 horas con un gran despliegue policial, cerca de 50 agentes de la Policía Local y Nacional.
El primer inmueble en derribarse estaba ubicado en la calle San Pedro, número 29, y el segundo en la calle Luis Despuig, número 26. Ambos se encontraban en el mismo edificio pero disponían de dos fachadas diferentes, cada una de ellas con salida a una calle distinta.
Con estos primeros derribos se fueron agolpando en la zona decenas de vecinos y miembros de la plataforma de Salvem el Cabanyal, quienes reclamaban que se paralizase la actuación. En concreto, la portavoz de la entidad, Maribel Domenech, la calificó de "abuso" y de "muestra de seguir destruyendo el barrio, el conjunto histórico".
Posteriormente, las grúas se desplazaron hasta la calle Vidal de Cañelles, donde estaba previsto derruir el inmueble número 15. Ante la gran cantidad de vecinos y medios de comunicación, los agentes acordonaron la calle desde los dos extremos y negaron el acceso --incluidos los mismos vecinos residentes en esta vía-- salvo a los que ya estaban allí y a las autoridades.
Ante estas restricciones, los vecinos elevaron sus gritos y sacaron cacerolas a la calle. También desde una de las viviendas de la calle lanzaron un cubo de agua a los agentes al tiempo que les pedían que se fueran de allí y "dejaran el barrio tranquilo".
Al ver que las grúas no cesaban, vecinos y miembros de la plataforma se pusieron delante del inmueble que estaba previsto derrumbar para evitarlo. Así mismo, diversos representantes políticos --tanto del equipo de gobierno como de la oposición-- llegaron a El Cabanyal unos, alegando que con los derribos exigían el "cumplimiento de la ley" ,y otros para reclamar que cesaran hasta que el juzgado se pronunciase sobre las peticiones cautelarísimas de paralización, solicitadas por Delegación de Gobierno y la plataforma Salvem.
Sobre las 13.40 horas un agente se acercó al grupo de políticos contrarios a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por El Cabanyal y les informó de que el juzgado daba permiso para seguir con los derrumbes puesto que había denegado las paralizaciones. Así, les pidió que se abandonaran la zona y les advirtió de que, de no hacerlo ellos mismos, tendrían que ser obligados.
Como no se movían, los agentes fueron sacando a rastras a los políticos, entre los que se encontraban el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts Marga Sanz y Lluís Torró.
Así mismo, la portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra, cayó al suelo, mientras vecinos gritaban contra la actuación de derribo. La parlamentaria aseguró que los agentes le habían agredido y avanzó que pensaba poner mañana una denuncia por lo acontecido.
Posteriormente, y cuando la excavadora se volvió a poner en marcha, dos vecinos de la zona se subieron en el tejado del inmueble de la vía para evitar su derrumbe. Esto obligó a que se presentaran dos vehículos de bomberos, y a que los policías utilizaran sus grúas para ascender, cogerles y obligarles a bajar. En todo momento mostraron gran resistencia y lanzaban patadas y puñetazos mientras los policías intentaban detenerles. Cuando los agentes llegaron arriba, se abrazaron para evitar que les separaran.
Una vez despejaron la zona, cerca de las 14.30 horas, la grúa comenzó con este derribo, mientras la gente seguía gritando 'resistir, resistir'; 'Manos arriba, esto es un atraco'; 'Es ilegal la actuación policial'; 'Rita, escucha, el Cabanyal está en la lucha' y 'Esta nit no podrán dormir'. Más tarde, a partir de las 16.00 horas, las grúas siguieron con otros dos derribos, uno en la calle San Pedro número 105, y otro en la calle Luis Despuig, número 98.
Doménech consideró que la actuación policial fue "totalmente desproporcionada" puesto que, según dijo, "se trata de diputados y de personas que ocupan cargos públicos en la oposición y no se les puede tratar así". Lamentó que en 12 años "sólo se está asistiendo a demoliciones y degradación" y señaló que esta actuación supone una "herida profundísima" para la gente del barrio.
Sobre las 10.45 horas, el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, se presentó en la calle Vidal de Cañelles, antes de que se produjera el segundo derribo, entre abucheos de los vecinos, quienes se dirigieron a él con insultos como 'ladrón, criminal o mentiroso'. Indicó a los periodistas que había asistido para "hacer cumplir la ley".
Al llegar, se encontró con el portavoz de la plataforma Salvem, Faustino Villora, y ambos tuvieron un enfrentamiento dialéctico. Cuando Villora le recriminó que "nunca" había ido al barrio con ellos, el 'popular' le dijo que él no iba "con violentos a ningún sitio". Entonces, Villora le replicó que sabía que él no era violento y le explicó que lo que pretendían era evitar derribos y que se destruyeran casas.
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