El PSPV de Castellón pide al Ayuntamiento que renuncie a las comidas oficiales y destine el dinero a un banco de alimentos

CASTELLÓN.- El grupo socialista de Castellón ha presentado una moción al pleno para que el Ayuntamiento renuncie a organizar o sufragar comidas oficiales o con entidades sociales mientras dure la crisis, "con el fin de dar un ejemplo ético a los 21.000 parados de Castellón y a los centenares de personas que deben acogerse a la ayuda pública para buscar alimento", según ha indicado en un comunicado la concejala Patricia Puerta. Los socialistas proponen destinar el dinero público de las comidas, cenas y almuerzos institucionales a financiar el funcionamiento de un banco de alimentos que opere en la ciudad.

   El PSPV ha lamentado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón acostumbra a organizar comidas con representantes de la sociedad civil que "tienen como único objetivo promover fotografías de prensa con el objetivo electoralista de promocionar al alcalde, Alfonso Bataller". Al respecto, ha apuntado que en el último año han sido "decenas" las comidas, cenas y almuerzos organizados por las concejalías del PP con entidades sociales y cargos políticos sufragadas con fondos económicos municipales, que han costado miles de euros.

   En momentos como los actuales, en los que 21.000 familias sufren el drama del paro y en los que centenares de castellonenses se ven impelidos a asistir a los servicios sociales y a las instituciones de caridad para conseguir alimentos básicos, "resulta especialmente insolidario que se destine dinero público a organizar eventos de este tipo. Ese dinero debe destinarse a reforzar los programas sociales municipales y, en todo caso, a dotar de medios económicos a los bancos de alimentos que operan en la capital", ha abogado Puerta.

   En opinión de la edil, la organización de comidas institucionales "tiene menos sentido todavía en el marco financiero del Ayuntamiento de Castellón, con una deuda pública galopante y tras la intervención del Gobierno central para que se pudieran saldar los impagos a los proveedores municipales por un valor cercano a los 50 millones de euros.