En la Comunidad Valenciana se dan de los dos tipos y muchos más, hasta formar un auténtico catálogo que, por el momento, en un auténtico récord, afecta a diez diputados del Partido Popular en el Parlamento valenciano, imputados por distintos delitos relacionados con el cohecho, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido, la prevaricación, la falsedad de documentos, la malversación de caudales públicos, el fraude de subvenciones oficiales, e incluso, el lavado de dinero. Esos diez diputados autonómicos siguen ocupando sorprendentemente sus escaños forman, por su número, el segundo grupo de la Cámara aunque siguen representando al Partido Popular, algo realmente insólito en cualquier país democrático y, eso sí, han sido liberados de responsabilidades políticas importantes dentro de su grupo parlamentario.
Los dos últimos casos los han protagonizado el portavoz parlamentario Rafael Blasco, siete veces consejero del gobierno valenciano con Joan Lerma, Eduardo Zaplana, Olivas y Camps, y la diputada y Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, acusada de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y los dos han sido protagonistas de dos escándalos económicos que tienen unas características especiales: Blasco, consejero de Solidaridad e Igualdad, se quedó con parte de la ayuda de la cooperación a Guinea Ecuatorial y Haití, y Sonia Castedo, dejó el nuevo plan de Urbanismo de Alicante en manos del promotor y constructor Enrique Ortiz, propietario del Hércules Club de Fútbol.
El caso de Blasco es especialmente sangrante porque, según el auto judicial la trama que él dirigía, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales o a enfermos de Sida, en Guinea Ecuatorial, o a damnificados en Haití tras el terremoto de 2010.
El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días, salía de esas cuentas transferido a algunas de las ‘empresas pantallas’, utilizadas por la trama de Blasco y sus socios.
En el auto se cuenta que la ONG Ceiba recibió de los presupuestos de 2009 más de 600.000 euros para dos proyectos en Malabo, uno contra la “violencia sexual y explotación laboral del niño” y otro para la “reducción del nivel del contagio del sida”, que días más tarde aparecieron en empresas de la trama. En total, el 72% de esa ayuda destinada a esos proyectos sociales en Malabo fue desviada fraudulentamente, según la jueza que lleva el caso.
El auto judicial también hace referencia a Haití, a donde se trasladó el consejero Blasco para comprobar los daños del terremoto de 2010, para luego conceder una subvención de 177.000 euros a la Fundación Entre Pueblos, con el que desarrollar una “consultoría técnica al proyecto de construcción de un Hospital en “Belle Anse”. De esa cantidad, la empresa privada Matuscas, S.L, parte de la trama investigada, se llevó más de 40.000. En 2011, el gobierno valenciano destinó cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. El concurso público, según el auto judicial, fue manejado desde la Consejería de Solidaridad e Igualdad de manera que recayera en las empresas de la trama corrupta.
A estas alturas, el señor Blasco sigue de diputado en el Parlamento valenciano y la señora Castado ha anunciado que seguirá siendo Alcaldesa de Alicante, porque además asegura, a ella nadie le ha pedido la dimisión.
http://www.republica.com/2012/10/03/un-parlamento-lleno-de-corruptos_557365/
No hay comentarios:
Publicar un comentario