VALENCIA.- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,
Gabriela Bravo, ha desgranado este miércoles los presupuestos de su
departamento para 2021, que suman 551 millones de euros, un 8,3 por
ciento más que este año, con el objetivo de seguir luchando contra la
pandemia y continuar avanzando en el proceso de transformación de la
justicia (382 millones), la seguridad (143,8 millones) y la
administración pública (16,5).
En este último apartado, ha anunciado el "mayor reclutamiento de
capital humano" para la estabilización de empleo público que la
administración valenciana desarrollará en 2021, el más elevado desde la
recuperación del autogobierno en los años 80, con más de 221 procesos
selectivos y más de 4.900 plazas correspondientes a las Ofertas de
Empleo Públicas de 2017 a 2019, con el objetivo de ayudar a reducir la
alta temporalidad.
Bravo, que ha subrayado que la Justicia tendrá un "papel
esencial" en el proceso de recuperación tras la pandemia, ha recalcado
que desde 2015 todas las áreas de su departamento han experimentado un
aumento constante: en Justicia han crecido un 58% más en seis años; en
administración pública se ha triplicado al pasar de 5,8 millones a 16,5
millones y en Interior, un 10% más que en 2015.
En este último apartado, ha subrayado el relevante papel de la
Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que ha hecho frente a
los daños de la DANA en 2019; al temporal Gloria a inicios de año y la
pandemia de coronavirus, y que tendrá la mayor parte del presupuesto de
este área, con 90,5 millones para gastos de funcionamiento, entre los
que se incluyen 17 millones para medios aéreos de extinción de
incendios; 2,4 millones para los vehículos terrestres y 24 millones que
aportará a los tres Consorcios de Bomberos.
Dentro de este área, se incluyen 50,5 millones para la Sociedad de
Gestión Integral de Servicios de Emergencia, lo que supone 10 millones
más, necesarios para poner en marcha la Unitat Valenciana d'Emergencies,
con lo que se convertirá en la primera CCAA en contar con una dotación
"específica, cualificada y bien organizada" para cualquier tipo de
crisis. Se destinarán 1,5 millones para reformar sus sedes operativas e
iniciar los proyectos para construir la base central de la Unidad; otra
aérea en Benagéber y un parque de emergencias en Olocau, más 1,9
millones más para vehículos y equipos personales.
En relación con la Unidad Ascrita de Policía Nacional, se han
presupuestado 7,8 millones de euros para la rehabilitación integral de
la Comisaría Central de Pont de Fusta y abordar los gastos del aumento
de la plantilla hasta llegar a los 500 efectivos que marca el convenio
con el Gobierno, y para cuya renovación ya se han entablado
conversaciones.
En la administración pública, Bravo ha reconocido que la Covid-19
ha puesto en evidencia algunas "insuficiencias", si bien ha subrayado la
forma "excelente" en la que ha respondido el personal. En este
contexto, además de los procesos selectivos, ha subrayado que se
destinarán 5,2 millones para la formación continua de las plantillas y
ha indicado que con la nueva norma, el IVAP se convertirá en la Escuela
Valenciana de Administración Pública.
En Justicia, ha apuntado una inversión de 28 millones en tres años
para el proyecto de poner en marcha el expediente digital con el
horizonte de "papel cero" en los juzgados, que permitirá el acceso a los
procedimientos a través de la nube, un contrato que se adjudicará antes
de fin de año mientras los trabajos previos para el despliegue se
iniciarán en enero. Asimismo, se destinarán 5,5 millones a la nueva
plataforma digital para grabar y almacenar los juicios y permitir
transcribir a texto los audios en los dos idiomas oficiales.
También ha avanzado que la oficina de denuncias especializada en
violencia de género se ampliará a Alicante, Elche y Castelló; ha
anunciado que se destinarán 14 millones al Plan de reactivación acordado
con el Gobierno y el CGPJ y la puesta en marcha de unidades
transversales de apoyo a las jurisdicciones más afectadas por el impacto
de la pandemia, especialmente en social, civil y mercantil, con 10
nuevos órganos en 2021.
Asimismo, su departamento destinará 50,8 millones a seguridad y
mantenimiento de los edificios judiciales y ha cuantificado en 31,5
millones la inversión del plan de infraestructuras judiciales para obras
de los Palacios de Justicia de Vinaròs, Vila Joiosa, Gandia y Llíria y
la licitación de la ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia
de Alicante y rehabilitación de la sede del TSJCV y Torrent, entre
otros.
Bravo ha cuantificado en 48,7 millones los destinados a la
justicia gratuita y ha anunciado que en 2021 la red de Oficinas de la
Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito estará plenamente
desplegada en 36 partidos judiciales, con 9,6 millones de asignación.
Además, ha avanzado que su departamento incrementará en 10.000 euros al
día, hasta los 30.000, el dinero destinado a la lucha contra la
violencia machista.
Por parte de la oposición, los grupos le han reprochado falta de
gestión, de cumplimiento de plazos en infraestructuras y de ejecución
presupuestaria. Así, José María Llanos, de Vox, ha calificado los
presupuestos de "insensatos, ilógicos e imposibles" y se cuestionado que
se destine dinero a partidas como cursos de igualdad o valenciano que
podrían dedicarse a otras necesidades para los valencianos.
El diputado Vicente Fernández (Cs) ha tildado de "soberano timo"
la gestión del Consell y Gobierno central, y le ha reprochado que su
"demagogia continuará" a pesar del "fracaso" de sus políticas contra la
violencia de género y también para los "miles de funcionarios interinos
que siguen trabajando en precario". "Sus presupuestos hacen agua y no
los cumplen", ha dicho, y se ha preguntado "de qué sirve una inversión
en Justicia si no se va a ejecutar ni la mitad".
Por parte del PP, el diputado José Ciscar ha lamentado que son un
"castillo de naipes", ha criticado que la inversión anunciada no va a
ayudar a resolver el atasco judicial que la pandemia ha elevado a
"límites insospechados" --25.000 juicios pendientes tras el estado de
alarma, ha dicho-- y ha afeado que las palabras de Bravo "no vienen
avaladas por la gestión de los últimos años". En esta línea, ha incidido
en la necesidad de un plan de choque y le ha felicitado por incluir
subvenciones a la Federación de Bous al Carrer, que la consellera ha
enmarcado en actividades del Año Berlanga.
Desde Unides Podem, Estefanía Blanes ha agradecido que las cuentas
"responden a la situación actual que vivimos" y ha calificado de
"totalmente necesarias" las plazas anunciadas, mientras que por parte de
Compromís, José Silverio Tena también ha señalado que espera que estos
procesos se lleven a cabo "lo antes posible" para mejor funcionamiento
de la administración.
La diputada socialista Antonia Serna ha defendido que son unos
presupuestos buenos que deben satisfacer a todos los grupos que firmaron
el pacto de reconstrucción, mientras que su compañero Ernesto Blanch ha
dado un "aplauso global" ante un "gran trabajo".
Ante las críticas, la consellera ha subrayado que no se trata de
una "carrera de si tengo más o menos peso sino de tener los recursos
suficientes" y ha recalcado que, hasta el momento, "no ha habido ningún
proyecto que se haya tenido que apartar por quedarse sin presupuesto".
En este sentido, ha defendido la ejecución presupuestaria y que, a falta
de dos meses y medio para cerrar el ejercicio, más de un 90% del
presupuesto de la AVSRE está ejecutado y en conjunto, tienen un 60% ya
ejecutado y con facturas emitidas.
