VALENCIA.- Asociaciones ecologistas han denunciado este martes que la ampliación
norte del Puerto de Valencia que ha aprobado el Consejo de Ministros es
"una obra innecesaria, despilfarradora y contraproducente" que, además,
"supone un claro retroceso en las medidas de protección de medioambiente
y adaptación al cambio climático de las que el Gobierno hace gala".
Así lo han indicado la Plataforma Contra las Grandes Infraestructuras de Transporte, que aglutina a diversos colectivos ecologistas y en defensa del territorio de todo el Estado, y Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, en un comunicado en el que expresan su "profunda preocupación" por la aprobación de esta ampliación.
Las entidades critican que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a esta ampliación "de espaldas a la ciudadanía y a sus reivindicaciones" y han hecho hincapién en que sobre esta infraestructura "se ciernen grandes incertidumbres con relación a su seguridad jurídica y medioambiental, pero también económica".
Las organizaciones ecologistas han apuntado diez motivos que hacen de esta ampliación "un grave error en el contexto actual", entre ellos, que "no aporta valor añadido al comercio, y menos al pequeño y mediano, que suponen los verdaderos motores económicos y de empleo estatales" y que, en todo caso, "beneficia las importaciones baratas que lo pondrán en riesgo"; que supone un volumen "desmesurado de gasto público para satisfacer intereses privados, en detrimento de necesidades más acuciantes"; que la ampliación "representa una seria y real amenaza para el Albufera y espacio de la Red Natura 2000 europea, las playas y la huerta y arrozales" y que la medida "va justamente en contra de la lucha contra el cambio climático, dificultando la mitigación y adaptación del territorio".
Además, auguran que el aumento de la automatización de la nueva terminal y el "abandono" de la actual "supondrá la destrucción de más de 500 puestos de trabajo directos", ya que "ninguna empresa ha mostrado interés por ocuparla en años".
Además, subrayan que la ciudadanía "no quiere pasar de ser una ciudad con puerto a un puerto con ciudad" y así lo ha expresado en manifestaciones, acciones o actos culturales desde que se reactivó el proyecto hace casi cuatro años.
Las organizaciones han anunciado que solicitarán una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para trasladarle "su oposición y preocupación por esta iniciativa", y comunicarle que continuarán utilizando "todos los recursos legales posibles para impedir que un proyecto tan negativo se lleve a cabo".
Del mismo modo, realizarán "una vigilancia rigurosa para garantizar que ningún euro de los fondos europeos Next Generation se destine a un proyecto que no cumpla con los estrictos requisitos de preservación ambiental, al ser imperativo en estos fondos evitar cualquier daño significativo al medio ambiente".
Así lo han indicado la Plataforma Contra las Grandes Infraestructuras de Transporte, que aglutina a diversos colectivos ecologistas y en defensa del territorio de todo el Estado, y Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, en un comunicado en el que expresan su "profunda preocupación" por la aprobación de esta ampliación.
Las entidades critican que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a esta ampliación "de espaldas a la ciudadanía y a sus reivindicaciones" y han hecho hincapién en que sobre esta infraestructura "se ciernen grandes incertidumbres con relación a su seguridad jurídica y medioambiental, pero también económica".
Las organizaciones ecologistas han apuntado diez motivos que hacen de esta ampliación "un grave error en el contexto actual", entre ellos, que "no aporta valor añadido al comercio, y menos al pequeño y mediano, que suponen los verdaderos motores económicos y de empleo estatales" y que, en todo caso, "beneficia las importaciones baratas que lo pondrán en riesgo"; que supone un volumen "desmesurado de gasto público para satisfacer intereses privados, en detrimento de necesidades más acuciantes"; que la ampliación "representa una seria y real amenaza para el Albufera y espacio de la Red Natura 2000 europea, las playas y la huerta y arrozales" y que la medida "va justamente en contra de la lucha contra el cambio climático, dificultando la mitigación y adaptación del territorio".
Además, auguran que el aumento de la automatización de la nueva terminal y el "abandono" de la actual "supondrá la destrucción de más de 500 puestos de trabajo directos", ya que "ninguna empresa ha mostrado interés por ocuparla en años".
Además, subrayan que la ciudadanía "no quiere pasar de ser una ciudad con puerto a un puerto con ciudad" y así lo ha expresado en manifestaciones, acciones o actos culturales desde que se reactivó el proyecto hace casi cuatro años.
Las organizaciones han anunciado que solicitarán una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para trasladarle "su oposición y preocupación por esta iniciativa", y comunicarle que continuarán utilizando "todos los recursos legales posibles para impedir que un proyecto tan negativo se lleve a cabo".
Del mismo modo, realizarán "una vigilancia rigurosa para garantizar que ningún euro de los fondos europeos Next Generation se destine a un proyecto que no cumpla con los estrictos requisitos de preservación ambiental, al ser imperativo en estos fondos evitar cualquier daño significativo al medio ambiente".
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