Al respecto, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell que con esta "potente modificación", vía decreto ley, el Gobierno valenciano trata de introducir un mecanismo para aportar "más rapidez" en la tramitación de los planes territoriales estratégicos.
Al mismo tiempo, ha especificado que persigue también acabar con la "sobreexposición" de proyectos que, por "su propia naturaleza", requieren "agilidad y confidencialidad". A la vez, trata de evitar "posibles movimientos especulativos" sobre el suelo en el que se establecerá la actuación.
En este contexto, Pradas ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana "está emergiendo como uno de los territorios más atractivos" en inversión nacional e internacional, por lo que ha recalcado que "resulta necesario mejorar" la regulación al respecto.
En cualquier caso, la consellera ha incidido en que, en caso de que el Consell decida no llevar a cabo este "trámite previo", esto "no va a eximir de los posteriores" de información pública y audiencia a los ayuntamientos de los instrumentos de planeamiento y gestión que "lleva aparejado" cada plan territorial.
Pradas ha puesto el ejemplo de inversiones como la de PowerCo en Sagunt para destacar que la Comunitat Valenciana es una de las más "atractivas" en este aspecto, tanto en el ámbito nacional como el internacional, y ha subrayado que por ello la voluntad del Gobierno valenciano es la de "agilizar los procedimientos" para que esas inversiones "vengan".
"Queremos poner la alfombra roja a las inversiones que vengan a crear empleo y que lo hagan de forma totalmente sostenible", ha apuntado.
La consellera ha incidido en que esta "mejora" se introduce especialmente para los casos de inversiones "millonarias", que están "acostumbradas a una seguridad jurídica", y tiene precisamente el objetivo de "evitar cuestiones que lo que hagan sea ahuyentar que se pueda producir la inversión".
De cualquier modo, ha garantizado que la eliminación de este trámite se estudiará "caso por caso" y ha calculado que esta medida puede ahorrar un plazo de "entre uno y tres meses".
Por otro lado, el Consell ha aprobado modificar la disposición transitoria 24 de la citada ley para permitir que las actividades terciarias o del sector servicios se puedan acoger al procedimiento de regularización en suelo no urbanizable mediante la tramitación de una declaración de interés comunitario (DIC), además de las industriales y productivas, que eran las que podían acogerse a esta medida hasta ahora.
"En un sistema productivo como el valenciano, fuertemente terciarizado, no tenía sentido dejar fuera de esta posibilidad de regularización a este tipo de actividades", ha defendido Pradas, que ha considerado que lo contrario suponía "un agravio que ahora pretendemos corregir" con esta presente reforma.
"Nos habíamos comprometido a eliminar burocracia, a agilizar procedimientos y a dar mayor seguridad jurídica a las inversiones, y así lo estamos cumpliendo", ha reivindicado.
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