En este sentido, el Consell estudia una acción conjunta entre la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la Conselleria de Justicia e Interior.
Barrera ha explicado que “desde el Consell nos queremos poner en marcha para defender, con la ley en la mano, a quien nunca se ha defendido, que son los propietarios legítimos de las viviendas. Es algo es sorprendente e increíble, que hoy en día”, con la legislación estatal vigente “no se defiende a quien cumple la ley, sino que se defiende al delincuente, con la ley en la mano, y esto se tiene que acabar”.
Asimismo, ha afirmado que “todas las víctimas tienen que saber que tienen, nuestro marco competencial, un Gobierno que entiende sus quejas y que, en la medida de lo posible, vamos a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra social”.
El vicepresidente segundo ha realizado estas declaraciones durante su visita, acompañado por altos cargos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, al barrio de la Magdalena en Massamagrell, para conocer la situación de inseguridad ciudadana de sus vecinos tras varios episodios de ocupación ilegal de viviendas.
A continuación, han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la localidad, Pilar Peris, en la que también han participado la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y diferentes representantes municipales, judiciales y policiales para analizar cómo afrontar el problema.
Vicente Barrera ha señalado que el objetivo de esta visita es “denunciar la ocupación ilegal, no solo en la Comunitat Valenciana sino en toda España”.
Según ha señalado el vicepresidente, “va en contra no solo de la ley, sino del sentido común, el hecho de que alguien pueda ilegalmente ocupar una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo, que tiene que ir al juzgado a defender su propiedad”.
Por ello, Barrera ha señalado que lo deseable es que “si alguien detecta que una propiedad privada ha sido ocupada, pueda llamar a la policía y que saque a los delincuentes; porque quien ocupa una vivienda” que no es suya “está cometiendo un acto ilegal, está cometiendo un delito”.
Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, ha anunciado que la Conselleria de Justicia e Interior “va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal” y ha añadido que “nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban”.
Belén Pulgar ha indicado que hay 36 Oficinas de Delitos, una por cada partido judicial y son totalmente gratuitas. Además, también se cuenta con atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales para solventar esta situación.
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