Así lo ha anunciado el síndic 'popular', Miguel Barrachina, después
de que el TSJCV haya estimado los recursos interpuestos por Canal
Maestrat y Kriol Produccions, empresas vinculadas a Francis Puig, por lo
que no tendrán que devolver más de 170.000 euros en subvenciones
concedidas al fomento del valenciano por el anterior Consell, cuyo
retorno había reclamado al detectar irregularidades. La sala considera
que habían caducado los plazos administrativos para resolver esa
resolución.
Barrachina, en declaraciones a los medios en Les Corts, ha acusado a
Marzà de «dejar de cobrar los 170.000 euros de la subvención defraudados
por parte de estas empresas».
«Marzà no puede huir a Europa para no
explicar por qué actuó de esa manera», ha aseverado en alusión a su
candidatura a las primarias de Compromís para las elecciones europeas.
También ha exigido tener acceso al «informe técnico que aconsejaba a
Marzà a llevar el tema a la Fiscalía» y saber «por qué tampoco fueron a
la Inspección de Trabajo», ya que según él «se falsificaron nóminas para
cobrar las subvenciones».
«Cada novedad que conocemos sobre el caso es más bochornosa y
demuestra que es urgente que tanto Marzà como Ximo Puig den
explicaciones a los valencianos», ha recalcado.
En esta línea, el 'popular' ha reclamado a Puig que abandone «su
retiro dorado en París», como embajador de España en la OCDE, «para
explicar si dio la orden para que se dejara caducar el expediente de
reintegro».
«Tanto Marzà como Puig nos engañaron cuando anunciaron que habían
solicitado el reintegro de la subvención y luego dejaron caducar el
expediente y obviaron los informes que alertaban ya aconsejaban ir a la
Fiscalía», ha abundado, y ha reiterado que «ya en su momento, Marzà
cambio las reglas del juego para beneficiar tanto a las empresas del
imputado hermano de Puig como a sus socios».
Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha señalado que
«prácticamente todo lo que tiene que ver con este tema se ha acabado
judicializando y, por ahora, todo ha acabado en absolución».
Tras remarcar que no quiere entrar en «valoraciones políticas
respecto a trabajos administrativos», Muñoz se ha mostrado «convencido
de que todo se ha hecho dentro de la legalidad, como han ido demostrando
los tribunales cuando el PP ha decidido judicializar este asunto».
«Por tanto, estamos muy tranquilos», ha zanjado a preguntas de los periodistas en el ficus de Les Corts.
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