Esta proposición de ley, con la que los socios de gobierno en el Consell pretenden derogar la de plurilingüismo, entraría en vigor completamente a partir del curso 2025-2026, aunque algunas medidas como la certificación automática de títulos de valenciano se introducirían durante el próximo.
Entre los intervinientes de la sociedad civil en contra de la ley, el presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmado que plantea una "falsa libertad" y solo busca "discriminar la presencia del valenciano hasta su eliminación en algunos espacios".
"No es una ley educativa, es una ley contra el valenciano", ha aseverado, y ha subrayado que su confederación de AMPA es la mayoritaria en la Comunitat al representar a 1.083 AMPA frente a las 423 de COVAPA y las 247 de CONCAPA, según sus cifras.
En representación del profesorado, la integrante de STEPV, Zulaika Agustí ha exigido la retirada de la ley tras denunciar que "el valenciano queda reducido a la asignatura de Valenciano", que "solo un artículo habla de fomentar la lengua propia" y que la certificación de títulos puede generar "una competición entre centros".
"Cuando hay atentados contra la escuela pública y a la lengua valenciana se debe hacer una huelga", ha manifestado en alusión a la huelga unitaria contra la ley convocada el 23 de mayo.
Como profesor de Sociología de la Universitat de València (UV), Rafael Castelló ha sostenido que la ley no vela por la protección del valenciano que establece el Estatut d'Autonomia y la Llei d'Ús, acusando a PP y Vox de imponer "una libertad negativa vinculada a la no intervención".
Por contra, ha llamado a una actuación política decidida para aumentar el uso del valenciano entre la sociedad, ya que de lo contrario "no servirá de nada" fomentar la obtención de títulos.
El catedrático de la Universidad de Ginebra (Suiza) Joaquim Dolz ha puesto en duda que la ley sea viable para los centros, al considerar que debería experimentarse antes de su aprobación porque si no será "muy difícil de gestionar".
"Es una ley irresponsablemente discriminatoria: yo lo sé y ustedes lo saben", ha espetado a PP y Vox, y ha destacado que en Suiza conviven cuatro lenguas y "no hay ningún conflicto lingüístico".
Por su parte, el doctor en Lingüística Románica y miembro del Cercle Isabel de VillenaJordi Juan Casany ha hecho hincapié en que "los padres no pueden inmiscuirse en la educación de sus hijos" y en la necesidad de dar más recursos y tiempo al valenciano para potenciar su uso.
"El derecho a la ignorancia no existe", ha recalcado, y ha destacado que preguntó a sus alumnos de primero de Bachillerato en un municipio valenciano-parlante si consideraban que su nivel de conocimiento de las dos lenguas era equitativo "y todos y cada uno dijeron que dominan más el castellano".
Entre los grupos de la oposición, el diputado socialista José Luis Lorenz ha augurado que "la perversamente llamada ley de libertad educativa arrinconará al valenciano" y ha acusado a PP y Vox de pretenderlo sin "ninguna evidencia científica".
"Cuantos más idiomas
sabes, más humano eres", ha reivindicado.
Gerard Fullana
(Compromís) ha puesto en duda, como profesor, que a nivel pedagógico sea
positivo "separar a los alumnos por motivos lingüísticos", además de
denunciar que en las 35 páginas de la ley "no hay ni una palabra sobre
metodología o pedagogía".
"Está hecha por gente que no ha pisado una
escuela en su vida".
Entre los argumentos a favor, la presidenta de la COVAPA, Sonia
Terrero ha celebrado que "hoy es un día grande" porque, según ella, las
familias llevan años reivindicando una ley que cuente con su opinión, si
bien ha advertido que "no es perfecta al cien por cien" respecto a las
exenciones.
Es más, ha sostenido que lo verdaderamente
"valiente" habría sido acometer una reforma de la "anticuada" Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià de 1983, algo que no ha querido "ningún
partido".
Por parte de CONCAPA, Rafael Araujo ha mostrado su
apoyo a la ley al considerar "imprescindible" que haya libre elección y
que se respeta tanto la equidad entre valenciano y castellano como la
autonomía de los centros y la normativa estatal.
Además, ha
reprochado a la oposición que den "lecciones" sobre pluri-lingüismo
cuando ha asegurado que se está produciendo un "éxodo lingüístico" en el
sur de Alicante de alumnos que no han podido conseguir la exención del
valenciano.
Desde el Colegio de Pedagogos, su presidente, Enrique Castillejo, ha
augurado que la ley permitirá un mejor conocimiento de valenciano y
castellano, al tiempo que ha asegurado que no genera "ningún prejuicio"
separar a los alumnos en función de su lengua de elección.
El
pedagogo ha ido más allá instando a PP y Vox a ampliar la elección de
lengua en los exámenes a la etapa de Primaria, "cuando empieza el
fracaso escolar".
En representación del sindicato de
funcionarios CSI·F, José Pacheco ha calificado la ley como "un paso
acertado y necesario", por lo que ha instado a los grupos a llegar a un
acuerdo en su tramitación y a tener "una visión a largo plazo".
También ha mostrado su apoyo a la certificación automática de títulos,
"una idea que viene del gobierno anterior", aunque cree que debería
ampliarse a todas las etapas.
Entre los grupos que sustentan
al Consell, la 'popular' Beatriz Gascó se ha preguntado si "una familia
puede estar en contra de que se pueda elegir en libertad", mientras la
diputada de Vox, Julia Llopis, ha sostenido que la ley "no discrimina ni
una lengua ni la otra".
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