VALENCIA.- Historiadores universitarios muestran su rechazo a la Ley de Concordia registrada por los socios del Consell (PP-Vox) y su «profunda preocupación», al considerar que contiene «graves carencias científicas por el desconocimiento de los fundamentos básicos de las cuestiones que aborda» y que adolece de «un nacionalismo rancio».
A su juicio, esta norma puede redundar en la implementación de políticas públicas en este ámbito «claramente insuficientes e incluso contraproducentes para los objetivos buscados», por lo que piden a los grupos parlamentarios que no la aprueben y se muestren dispuestos a reunirse para dialogar al respecto.
Así lo trasladan en una declaración conjunta firmada por los departamentos de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València (UV), Humanidades Contemporáneas de la Universitat d'Alacant (UA) e Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.
La proposición de ley, que se tramita en Les Corts, fue registrada para derogar la Ley de Memoria Democrática de 2017.
Los historiadores aseguran que la concepción de la Historia en este texto «resulta claramente propia de un nacionalismo rancio y sin ningún tipo de sentido crítico».
«La labor de la Historia no ha de ser 'honrar y proteger a la historia de España' ni la de cualquier otro país o comunidad, sino la de construir un discurso histórico riguroso y proporcionar un conocimiento sólido sobre el pasado», subrayan.
Según denuncian, los autores de la proposición pretenden servirse de la suposición de que «nunca ha habido un relato consensuado» sobre la etapa entre 1931 y 1977 «ni entre los historiadores ni entre los ciudadanos». A su parecer, es una afirmación «muy vaga» que muestra «un claro desconocimiento de cómo funcionan las disciplinas científicas en general».
Los historiadores creen que PP y Vox pretenden hacer creer que «en la historiografia todo es relativo al punto de vista del historiador, lo que supone ignorar en qué consiste el oficio». Por contra, recalcan que es imposible que haya «un único relato sobre el pasado» y que «la Historia no es ningún dogma ni ninguna profesión de fe».
«Dentro de la disciplina histórica, dentro y fuera de España hay pluralidad en determinadas interpretaciones de los acontecimientos, pero con un amplio consenso a la hora de establecer los hechos fundamentales sobre la historia del siglo XX», exponen, y defienden que se ha construido un ámbito de estudios «sólido» y unos «consensos muy básicos» en torno a a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición.
En cambio, denuncian que la valoración histórica «sesgada y tendenciosa» de la ley de concordia «demoniza la democracia española de los años 30 como una época 'convulsa', llena de 'dinámicas de enfrentamiento' y de 'violencia social y política', hasta llegar al extremo de definirla como 'catástrofe' equiparable a una sangrante guerra civil y una dictadura de 40 años».
Todo ello cuando subrayan que hay un consenso en la historiografía española y el hispanismo internacional en que la Segunda República fue la primera forma democrática de gobierno en la España del siglo XX. Por tanto, consideran que «con sus errores e imperfecciones, como cualquier democracia, resulta homologable al resto de democracias existentes en ese momento».
Para los historiadores, la proposición carece de «la objetividad e imparcialidad que se afirma buscar» porque «no se dice nada ni se valora la dictadura franquista, hasta el punto de que nunca la nombran como tal» a lo largo del texto, al tiempo que «se aleja el foco del debate del periodo 1936-1975» porque se hace más referencia a la «República» (cinco veces) o al «terrorismo» (ocho veces).
«Es decir, el terrorismo recibe, por si solo, las mismas menciones que la Guerra Civil y la dictadura juntas».
Paralelamente, advierten que el texto «jerarquiza entre terrorismos», al centrarse solo en el de ETA y no mencionar al de extrema derecha, al de los GAL o a los atentados islamistas del 11M, y también «jerarquiza entre víctimas» al afirmar que «no importa el bando, ni el origen, ni las creencias».
Mientras de las víctimas del franquismo «no dice nada», de las del terrorismo se habla en cinco ocasiones, además de «inventar la categoría de víctima de la Segunda República» cuando en su opinión no tiene sentido como tampoco se podría hablar de «víctimas de la monarquía borbónica».
Otra de las críticas de los historiadores es que la ley muestra una «falsa equiparación» entre dictadura y democracia, al «confundir la memoria personal-familiar con la memoria social y la conmemoración por parte de instituciones».
En primer lugar, recuerdan que en democracia hay derecho a recordar a los familiares muertos durante la guerra y posguerra, con «la única diferencia de que miles de familias de víctimas de la represión franquista todavía no saben dónde están».
En segundo lugar, «nunca en democracia, y todavía menos desde una institución pública, se puede hablar de 'enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias».
«¿Aplicarían los proponentes de la ley esa misma frase a la Alemania nazi o a los terroristas de ETA?», se preguntan, y hacen hincapié en que «la igualdad de las víctimas en el dolor no puede equivaler nunca a una igualación de las causas por las que murieron».
«No hay 'equilibrio' posible entre quien defiende la democracia y quien lucha durante 40 años por destruirla y evitar su retorno».
Los historiadores también rechazan la afirmación de los proponentes de que buscan «restaurar el equilibrio perdido», ya que señalan que «nunca ha habido un equilibrio e memorias en la esfera pública respecto a la traumática historia del siglo XX español»; ni antes de 1975 por la dictadura ni después porque «las instituciones no llevaron a cabo políticas decididas de memoria democrática».
«Ese desequilibrio solo se había comenzado a matizar parcialmente en las dos últimas décadas (...) Pero no has ido compensado ni ha desaparecido nunca», aseveran, para advertir que continuará hasta que no haya represaliados sin localizar o no se cumpla la legislación internacional al respecto. Por todo ello, instan a no perpetuar ese desequilibrio y a ayudar a corregirlo.
La declaración cuenta con las adhesiones de la junta de la Facultad de Geografía e Historia, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales y el aula de Historia y Memoria Democrática de la UV, el equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras y la revista 'Pasado y Memoria' de la UA y la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI.
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