Una decisión judicial que, según ha valorado la plataforma, implica «retrasar» el proceso de licitación de las obras de la terminal de contenedores porque es Puertos del Estado quien debe pronunciarse.
Así lo han explicado responsables de la Comissió Ciutat-Port, en una rueda de prensa para valorar la resolución de la dirección dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y anunciar la convocatoria de una manifestación en contra del proyecto que tendrá lugar el próximo 31 de mayo a las 18.30 horas en el centro de Valencia.
La sentencia, avanzada por eldiario.es, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por Per L'Horta --miembro de la Comissió-- contra la resolución del 30 de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se sustituyó a Puertos del Estado por la APV como órgano sustantivo competente para decidir sobre la validez de la DIA de 2007. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Supremo.
En concreto, el TSJM concluye que la Dirección General, al trasladar a la APV el carácter de órgano sustantivo, recurrió a un procedimiento de rectificación de errores para «eludir tanto los procedimientos aplicables en materia de sustitución de titularidad de órganos administrativos como, especialmente, las consecuencias que, en materia de inicio de procedimiento de fondo, conlleva el transcurso de 14 años sin que nada haya acordado en tal respecto».
Se trata de una estimación parcial del recurso porque solo se anula la sustitución del órgano consultivo.
Desde Comissió Ciutat-Port, Francesc Herrera ha señalado que esta sentencia implica que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y que está en licitación «está incompleto» y «no es válido».
«No sabemos si se paralizará por completo en este momento, pero evidentemente Puertos del Estado se debe pronunciar», ha expuesto.
Herrera ha indicado que, aunque Puertos del Estado ha expresado su posición a favor del proyecto y la validez de la DIA en «notas informativas», «no hay ningún acto administrativo regulado y válido que diga que avala la DIA de 2007», ya que han estado «pasándose la pelota unos a otros».
«La pelota vuelve a Puertos del Estados y son ellos los que ahora han de dirimir si hace falta una nueva DIA o no. Y evidentemente, con las modificaciones y el paso de tantos años, hace falta una nueva DIA», ha defendido.
El representante de la Comissió ha señalado que «esta sentencia, primero de todo, es la primera victoria judicial contra la ampliación del puerto de todas las que vendrán, y sobre todo lo que viene es a reafirmar» los argumentos de Ciutat-Port, sobre que «todo el proceso administrativo y el proyecto en sí está viciado desde el inicio».
También desde Comissió Ciutat-Port, para Andrea Márquez la resolución del TSJM «afecta a la aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores de manera que queda anulada» y «retrasa» la licitación «a la espera de que efectivamente Puertos del Estado se pronuncie de si es necesaria una nueva DIA».
«A la APV se le ha quitado la competencia de poder decidir si el proyecto de ampliación norte requería una nueva DIA de acuerdo con las modificaciones que presenta el proyecto respecto al original del 2007», ha resumido.
Los representantes de la plataforma han criticado la «posición irresponsable» de haber seguido adelante con la licitación a pesar de que esta resolución estuviese suspendida cautelarmente y de los otros procesos judiciales que hay en marcha sobre el proyecto.
«Lo razonable habría sido parar, no han querido hacerlo y ahora se deberán atener a las consecuencias», ha agregado Herrera.
Asimismo, han señalado que, ante esta sentencia, pedirán medidas cautelares en el resto de causas abiertas contra la licitación de las obras y la aprobación del proyecto constructivo.
La representante de la entidad Loreto Primo ha apuntado que estas otras causas están en un «momento muy inicial» y que no se había aprobado su petición de cautelares. Aunque ha reconocido que pueden tener «problemas» porque no les «consideren parte legitimada» en la licitación, ha asegurado que la plataforma va a «agotar todas las instancias» ante una «agresión tan grave para el territorio, la salud y la calidad de vida de las personas».
Asimismo, ha apelado al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que «reconsidere» si las «prisas» con las que se ha aprobado el proyecto están «justificadas» y le ha emplazado a que haga «una reflexión serena». También ha instado a que la ministra del Miteco, Teresa Ribera, «pida disculpas por un procedimiento que se ha visto que no era el adecuado».
La Comissió Ciutat-Port ha convocado a la ciudadanía a manifestarse el 31 de mayo para «exigir que nuestro puerto y todos los del Estado estén al servicio del interés general y no de las empresas, que continúan especulando con nuestro territorio». La marcha saldrá a las 18.30 horas de La Alameda y se celebrarán charlas informativas previas a la protesta.
Por su parte, desde la APV han señalado que «no consta en esta Autoridad Portuaria ninguna resolución judicial que paralice ningún trámite en marcha sobre la nueva terminal».
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