ROMA.- El Gobierno de Italia ha defendido la reducción significativa en el número de inmigrantes y solicitantes de asilo que han llegado a sus costas en 2024, un logro que Giorgia Meloni atribuye a su estrecha colaboración con países del norte de África, como Túnez, Libia y Egipto.
Según Nicola Molteni, subsecretario del Ministerio del Interior y miembro de La Liga, la disminución en las llegadas es «un resultado extraordinario», con sólo 41.617 personas arribando hasta ahora en comparación con las 114.612 del mismo período en 2023 y las 58.251 en 2022.
Durante una entrevista con La Stampa, Molteni subrayó que esta mejora se debe a los acuerdos bilaterales que Italia ha alcanzado con sus socios africanos.
A cambio de una considerable ayuda económica y material por parte de Bruselas y Roma, las autoridades de Túnez, Trípoli y El Cairo han intensificado el control de sus fronteras, logrando frenar significativamente los flujos migratorios que utilizan la ruta del Mediterráneo Central hacia Europa.
Este descenso contrasta notoriamente con el incremento de llegadas registrado durante el primer año de gobierno de Meloni, en 2023, cuando 157.652 personas desembarcaron en Italia, frente a los 105.131 de 2022 y los 67.477 de 2021. No obstante, la primera ministra italiana está cumpliendo ahora su promesa de reducir la inmigración ilegal, un tema central de su mandato.
Además de los acuerdos con los países del norte de África, Italia ha estrechado lazos con Costa de Marfil, lo que ha provocado una disminución significativa en la llegada de ciudadanos de esa nacionalidad. En 2023, los marfileños eran el tercer grupo más numeroso entre los inmigrantes que llegaban a Italia, pero en 2024 su presencia ha sido prácticamente inexistente.
Molteni aprovechó la oportunidad para comparar la situación de Italia con la de España, donde la presión migratoria en las Islas Canarias ha aumentado notablemente este año.
El subsecretario hizo hincapié en el hecho de que, mientras en 2023 la emergencia estaba en Lampedusa, ahora el foco de atención se ha desplazado a las costas españolas. Este comentario fue visto como una crítica indirecta al gobierno español, que se encuentra en las antípodas ideológicas del Ejecutivo italiano.
Por otra parte, el Gobierno de Giorgia Meloni está decidido a cumplir su promesa de luchar contra la inmigración ilegal y, para ello, está dispuesto a elevar significativamente las sanciones contra los barcos de rescate de inmigrantes ilegales, ahora que acaba de incautar la vigésimo tercera nave de este tipo.
El Geo Barents, operado por Médicos Sin Fronteras (MSF), fue detenido en el puerto de Salerno esta semana tras rescatar a 191 inmigrantes.
El embargo responde a la promesa clave de Meloni de frenar la inmigración ilegal, que ya se ha traducido en una significativa reducción en las llegadas: poco más de 39.500 este año, frente a las 112.500 en el mismo período el año pasado.
La orden de detención de 60 días, emitida el lunes por la noche, es una de las medidas más severas adoptadas en una campaña de 18 meses contra los grupos humanitarios que operan en el Mediterráneo.
Las autoridades acusaron al Geo Barents de poner en peligro vidas y de no proporcionar información oportuna durante un rescate nocturno el viernes pasado. Médicos Sin Fronteras ha calificado la decisión del gobierno italiano de «arbitraria e inhumana».
A finales de 2022, poco después de que Meloni asumiera el cargo, su gobierno implementó nuevas y estrictas normas para limitar la capacidad de los grupos humanitarios de rescatar a los inmigrantes.
Entre ellas se incluyen advertencias de que los barcos que no cumplan con los protocolos serán incautados, una amenaza que se ha materializado en repetidas ocasiones. Las autoridades italianas han detenido diez barcos de búsqueda y rescate, algunos más de una vez, lo que ha provocado una pérdida acumulada de 480 días en el mar para operaciones de rescate solo este año, según SOS Humanity.
El embargo del Geo Barents supone la tercera detención del buque y MSF ha prometido impugnar la «detención ilegal» ante los tribunales. Sin embargo, estos casos no suelen resolverse hasta mucho después de que los barcos hayan sido liberados, lo que socava el proceso legal.
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