MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes una línea de ayudas directas por valor de 200 millones de euros para las explotaciones agrarias que hayan sufrido daños por el impacto de la DANA de las últimas semanas en la Comunidad Valenciana.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha precisado que estas ayudas llegan para ayudar a las explotaciones que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.
"Hemos visto muchas imágenes en la televisión de cultivos o de granjas destrozadas, pero eso es porque los agricultores estaban en nuestras ciudades y pueblos ayudando con sus tractores, y en realidad el campo ha sufrido muchos daños y severos como consecuencia de esta DANA. Ahora tenemos que ayudarles con la misma determinación que nuestros agricultores se han volcado con los vecinos en las zonas afectadas", ha indicado Sánchez.
De esta forma, el Gobierno también ha puesto en marcha otra línea adicional de crédito ICO-MAPA-Saeca, por valor de 60 millones de euros, para agricultores y ganaderos, así como un programa para reparar infraestructuras agrarias como por ejemplo caminos, bancales o sistemas de regadío por valor de 175 millones de euros que será ejecutado por Tragsa.
"Nuestro objetivo es recuperar la producción de los alimentos cuanto antes, pero también evitar el abandono de la actividad agrícola, especialmente en aquellas zonas urbanas con pequeñas explotaciones que se encuentran en su periferia", ha indicado Sánchez.
Medidas a favor de los autónomos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este lunes ha aprobado una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la recepción de esta ayuda.
Tal y como ha indicado el presidente del Gobierno, esta prestación extraordinaria por cese parcial que percibirán los trabajadores por cuenta propia afectados por la DANA será el equivalente al 50% de su base de cotización.
Esta media forma parte del nuevo real decreto ley aprobado este lunes por el Gobierno, que contiene 110 medidas adicionales para hacer frente a la catástrofe provocada por la DANA, con una inversión agregada de 3.765 millones de euros, que se suman al primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros aprobado la semana pasada.
Entre las medidas del primer paquete, el Gobierno aprobó una mejora extraordinaria en la prestación por cese de actividad para los autónomos directamente afectados por la DANA y que han tenido que suspender su actividad.
Esta medida permitía poder acceder a la prestación por cese de actividad -- 70% de la base reguladora -- sin necesidad de cumplir con el periodo mínimo de cotización, que es habitualmente de 12 meses, y sin que este tiempo les compute de cara a futuras prestaciones, lo que se conoce como 'contador a cero'.
De igual manera, el Gobierno ha aprobado este lunes que se elimine la necesidad de un número de años previos cotizados para poder acceder a la nueva Incapacidad Temporal extraordinaria para trabajadores o autónomos con daños físicos y psicológicos provocados por la DANA, una incapacidad que se ha asimilado a la de accidente de trabajo para que se garantice desde el primer día el primer día el 75% del salario.
El Consejo de Ministros de este lunes también ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas laborales para los trabajadores afectados por la DANA, el llamado 'escudo laboral', con efectos retroactivos desde el 29 de octubre, que permitirá mantener sus ingresos a unos 400.000 trabajadores, según ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante la prensa.
Este paquete de medidas laborales forma parte de un segundo bloque de 110 medidas aprobado este martes para los damnificados por la DANA, en el que se incorporan algunas medidas, no sólo de respuesta inmediata para los afectados, sino también para las laborales de reconstrucción.
En este sentido, el Gobierno ha aprobado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda distribuir 50 millones de euros entre los municipios afectados por la DANA a través de una concesión directa de subvenciones para financiar la contratación de desempleados en el sector agrario, inscritos como demandantes de empleo, que por culpa de la DANA no puedan realizar labores agrícolas, y que puedan ayudar con su trabajo a las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.
"Todo el escudo social y también el escudo laboral que estamos creando van a ayudar a hasta 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad económica y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas", ha destacado Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros.
Del 'escudo laboral' forman parte los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) vigentes desde la reforma laboral. A ellos podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por el temporal.
"La semana pasada activamos ya los ERTE de fuerza mayor, que se aplicarán de forma retroactiva en las zonas afectadas. Y hoy hemos decidido reforzar esos ERTE, ampliando su aplicación a todas las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores y trabajadoras, que, aunque no estén localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA", ha explicado Sánchez.
Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la DANA tienen derecho a una prestación contributiva, del 70% de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización y que tampoco consume periodos cotizados. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025.
Para agilizar la tramitación de suspensiones de contrato y reducciones de jornada por fuerza mayor, los informes de la Inspección de Trabajo serán potestativos sin afectar a la comprobación posterior de los requisitos legalmente establecidos, ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
El 'escudo laboral' incluye, como novedad, permisos retribuidos, con el 100% del salario, a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas.
Estos permisos, que no implicarán pérdida de cotizaciones y se computarán por tanto como trabajo efectivo, tendrán plazos indeterminados (no se tasarán los días de permiso), salvo en el caso del permiso por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días hábiles a contar desde que se produzca el sepelio.
Las causas por las que los trabajadores podrán acogerse a estos permisos son diversas. Así, podrán acceder a ellos los trabajadores que no puedan desplazarse a su trabajo si el desplazamiento supone un peligro para su seguridad y salud o interfiera en las labores de rescate y recuperación.
También será posible cobrar un permiso retribuido cuando los trabajadores tengan que atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos; cuando, como consecuencia de la pérdida de sus viviendas o enseres, no estén en disposición de acudir al trabajo, o cuando no sea posible el trabajo a distancia por falta de dispositivos o cobertura.
En todos estos supuestos, los trabajadores podrán ausentarse de su puesto y acogerse a estos permisos. Además, se considerarán justificadas las faltas de puntualidad o las interrupciones de la jornada laboral que se deriven de las mismas.
El 'escudo laboral' al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros incluye además una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, del 70% de la base reguladora, sin periodo de carencia (es decir, sin necesidad de reunir un periodo mínimo de cotización) y sin consumo de cotizaciones.
Además, se simplifican las causas para poder acceder a esta prestación, por ejemplo, en el caso de que el empleador muera, esté desaparecido o no tenga domicilio.
El 'escudo laboral' contempla que las empresas beneficiarias de las ayudas directas por la DANA no podrán despedir por fuerza mayor o ETOP, y el despido sería considerado nulo.
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, por causas relativas a la DANA, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.
Si se estuviera percibiendo con anterioridad una prestación contributiva, compatible con un contrato de trabajo a tiempo parcial que se suspenda o en el que se reduzca la jornada, el trabajador podrá elegir entre mantener dicha prestación elevando su cuantía o suspenderla para solicitar la prestación regulada por la DANA y reanudarla cuando se reincorpore a su trabajo con normalidad.
Como se hizo en pandemia, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un plan, denominado 'Plan Mecuida', que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares.
El 'Plan Mecuida' contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada, incluso hasta el 100% de la misma. Estos derechos de conciliación se configuran como un individuales.
El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con la DANA habrá de estar justificada, ser razonable y proporcionada y tener en cuenta las necesidades concretas de cuidado del trabajador y las necesidades de organización de la empresa.
Este derecho de adaptar la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones laborales, cuya alteración o ajuste permita al trabajador dispensar los cuidados. Así, puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, o cambio de centro de trabajo, entre otras.
En caso de reducciones de jornada que lleguen a la totalidad de la misma, el derecho del trabajador deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.
Si el trabajador disfruta de una reducción de jornada previa podrá renunciar temporalmente a ella o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute. Esta solicitud debe limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis de la DANA.
En lo referente a las entidades de la economía social, se extiende este escudo laboral a las cooperativas y las personas socias trabajadoras.
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