MADRID.- El Congreso de los Diputados ha recibido una
nueva remesa de peticiones de ciudadanos españoles que demandan que se ponga fin a
los "privilegios" de los que, a su juicio, disfrutan los parlamentarios
así como que se eliminen las pensiones vitalicias a las que tienen
derecho los expresidentes del Gobierno.
Así consta en el último informe aprobado por la Comisión de
Peticiones de la Cámara Baja, en
el que además se han incluido una decena de solicitudes de personas que
piden poder participar mediante voto electrónico en las votaciones que
tienen lugar tanto en el Congreso como en el Senado.
Las peticiones para acabar con los "privilegios" de sus señorías
se han remitido, como es habitual, a los portavoces de todos los grupos
parlamentarios, mientras que la comisión se limitado a tomar acuse de
recibo de la que plantea finiquitar las pensiones de los expresidentes, y
de otra que abogaba por reducir el número de parlamentarios.
Al margen de estas peticiones ciudadanas, el Congreso tiene
pendiente de debate desde hace diez meses una iniciativa presentada por
Esquerra Republicana (ERC) para crear una subcomisión en el seno de la
Comisión Constitucional que revise los "privilegios" que a su juicio
disfrutan los políticos y otros cargos públicos con el fin de proponer
medidas para controlar y, en su caso, suprimir "gastos suntuarios".
En esa iniciativa, se incluyen dentro del
catálogo de "privilegios" y "gastos suntuarios" que ERC propone revisar
el uso de coches y medios oficiales de transporte, el gasto de aviones y
alojamiento de alta gama, las pensiones vitalicias de altos cargos
(como los presidentes del Gobierno), o la habilitación de espacios
públicos en exclusiva para cargos públicos (como las residencias de
vacaciones para militares y funcionarios)
Pero también quieren revisar el uso de tarjetas de crédito de
cargos públicos, la realización de regalos institucionales y de
protocolo, la celebración de actos y convites institucionales, y las
dietas de algunos cargos públicos, que acaban suponiendo un complemento
de sueldo encubierto.
A su juicio, "en un momento de crisis en qué se están recortando
desde gastos suntuarios a gasto social, pasando incluso por derechos
sociales y laborales, sorprende que la clase política mantenga algunos
privilegios de los que tiene".
"Los representantes políticos deben ganar un sueldo digno por su
trabajo y tener cubiertos los recursos y desplazamientos necesarios para
el buen desarrollo del mismo, de la misma manera que debiera tenerlo
cualquier otro trabajador. Pero los privilegios no deben ser pagados con
dinero público", sostienen.
Por otro lado, la Comisión de Peticiones, que canaliza las más
variopintas propuestas que remiten los ciudadanos, ha decidido archivar
el escrito que, por dos veces, remitió una misma persona reclamando
información sobre la deuda que tienen contraída los partidos políticos
con bancos y cajas de ahorro.
La Comisión de Peticiones alega que "desconoce absolutamente la
cifra" de esa deuda y que, además, carece de competencias para
reclamarla tanto a los partidos como a las entidades bancarias. Estas
operaciones se comunican al Tribunal de Cuentas que, a raíz de la última
reforma de financiación de los partidos políticos, obliga a los
partidos a publicar esas cifras anualmente.
Por otra parte, la comisión que preside el 'popular' Gabino Puche
ha enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios el Manifiesto
por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado que
envió al Congreso el coordinador local de UPyD en Valencia, Eduardo
Gómez García.
Según explican al peticionario, han decidido remitirlo a los
portavoces por si alguno tiene a bien impulsar alguna de las iniciativas
parlamentarias que recoge el manifiesto.
