VALENCIA.- Los datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en la provincia de Valencia han interrumpido la caída "en picado" que registraban desde el verano de 2008 y se acercan ya a niveles de 2003, con "mejores datos que en 2002".
Así lo ha señalado el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Vicente Escrivá, en la rueda de prensa de presentación de las actuaciones y resultados en materia de control y regularización de la deuda en 2010 en la provincia de Valencia, junto al subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez.
Preguntado por la evolución de esos datos, ha valorado que se han "estabilizado" y han experimentado "un ligero crecimiento". Según ha dicho, "desde verano de 2008, los datos caen en picado, pero en 2010 se han estabilizado" y se han "recuperado".
"En 2010, ha habido meses que estábamos a nivel de la afiliación en 2002 y ahora en 2011, no llegamos a la afiliación de 2003, pero tenemos mejores datos que 2002", ha resumido.
Pese a declinar hacer previsiones, Escrivá ha resaltado que "por lo menos el deterioro se ha parado y hay ligeros repuntes, aunque ha matizado que la evolución futura puede verse condicionada por factores externos como, por ejemplo, que "se dispare" el precio del petróleo a causa de las revueltas de los países árabes.
En cualquier caso, ha remarcado que "nos hemos estabilizado ya en 2002 y 2003", de modo que "estamos ya mejor que los datos que teníamos en 2002 a igual mes, pero no llegamos a los de 2003".
En concreto, en febrero, las estadísticas de afiliación mostraron un aumento de "más de mil trabajadores" en régimen general respecto a enero, a pesar de que "aparentemente no es un buen mes para crear empleo". "Yo espero que mejore y si viene la campaña turística, que siga mejorando", ha agregado Escrivá, quien ha incidido en que la evolución puede verse condicionada por factores externos.
Respecto a los resultados en materia de control y regularización de la deuda, el porcentaje de empresas deudoras de más de 25 trabajadores se situó en el 3,74 por ciento en 2010, con lo que mejoró los datos de 2009 (4,52%) y de 2008 (4,18%), tras cerrar el primer semestre con un 4,28 por ciento y caer hasta el 3,21 por ciento en el segundo semestre. En 2007, era del 2,76 por ciento.
Escrivá ha achacado ese descenso tanto al repunte de la recaudación, como a la desaparición de empresas. De hecho, en 2010 había 4.394 empresas de más de 25 trabajadores en la provincia de Valencia, frente a las 4.573 de 2009, 179 menos.
De esas 4.394 empresas, 236 realizaron un primer descubierto y fueron entrevistadas por la Tesorería General de la Seguridad Social y finalmente, 82 pagaron la deuda --el 34,75 por ciento del total--, 33 obtuvieron un aplazamiento --13,98%--, con otras 73 se adoptaron medidas cautelares o derivaciones de responsabilidad hacia empresas sucesoras o los administradores --30,93%-- y las 48 restantes se encuentran pendientes de otros resultados --20,34%--.
Al respecto, Martínez y Escrivá han valorado que un 48,73 por ciento de esas empresas con deuda vigente "ha empezado a pagar o se les ha concedido un aplazamiento", mientras que para un 30,93 por ciento se han solucionado por vía ejecutiva, mediante derivaciones de responsabilidad, embargos o subastas, entre otras actuaciones.
Por su parte, el número de aplazamientos de pagos concedidos ha aumentado un 7,66 por ciento en 2010 respecto al año anterior, hasta un total de 4.905 aplazamientos. En comparación con los datos de 2008, esas operaciones se han incrementado un 58,22 por ciento y un 119,46 por ciento respecto a los 2.235 aplazamientos de 2007.
En concreto, del total aplazado, un 96,36 por ciento corresponde a deuda inferior a 30.000 euros y, por tanto, no requiere garantías, mientras que un 2,47 por ciento oscila de 30.001 euros a 90.000 euros y el 1,17 por ciento restante supera los 90.000 euros.
El importe de esos aplazamientos ascendió hasta 51,15 millones en 2010, frente a los 48,77 millones de euros del ejercicio anterior, los 26,74 millones de 2008 y los 19,79 millones de 2007.
En 2010, también aumentó el número de medidas cautelares adoptadas respecto a 2009, al pasar de 40 a 170, así como el importe recaudado por regularización de la deuda, que alcanzó los 110,63 millones de euros, 92,85 por vía ejecutiva (embargos o subastas) y 17,77 por aplazamientos, es decir, de forma voluntaria.
En 2009, se recaudaron de ese modo 97,73 millones de euros, 84,13 en vía ejecutiva y 13,6 por aplazamientos. Así, la recaudación por regularización de la deuda aumentó un 13,2 por ciento el pasado año.
Las 947 derivaciones de responsabilidad emitidas alcanzaron los 53,92 millones en 2010, lo que supone un repunte del 1,65 por ciento respecto a 2009 y un aumento del 194,48 por ciento respecto a 2008. De ellas, un 60 por ciento se derivaron a administradores y un 40 por ciento a empresas sucesoras, aunque "muchas veces se ven duplicadas".
Por otro lado, las reclamaciones de deuda por aplicación indebida de bonificaciones ascienden a 10,4 millones de los que, a 2 de marzo de 2011, se han cobrado ya 6,77 millones.
En cuanto a las actuaciones en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, en 2010 se planificaron 2.929 actuaciones que afectaban a 3.629 trabajadores y que dieron como resultado el levantamiento de 641 altas de infracción.
El importe de esas infracciones asciende a 683.801,33 euros, mientras que la cuantía de los expedientes liquidatorios suma 15,16 millones, dado que también incluye los supuestos en que las empresas han solucionado los problemas detectados por la inspección antes de levantar acta.
