Pero como le han cortado las alas en el FROB en favor de los Gobiernos regionales, sólo le queda un camino para obligar a las cajas a acometer la imprescindible reestructuración: meter mano en sus cuentas de resultados.
Según varias fuentes del sector, se trata de emitir normas contables que pongan a las cajas al borde de la quiebra para que no les quede más salida que aceptar una fusión.
Es así como se interpreta en el sector la nueva vuelta de tuerca a las provisiones que deben dotar bancos y cajas de ahorros por los activos inmobiliarios que se están quedando masivamente (valorados en uno 30.000 millones) como canje de las deudas que el cliente no puede pagar.
Hace un mes, el supervisor anunciaba que, a la provisión inicial del 10% del valor de tasación que tienen que dotar cuando adquieren el inmueble, hay que sumar otro 10% cuando éste se mantiene más de un año en balance. Pues bien, ahora ha empezado a comunicar a varias entidades su intención de obligar a dotar un 10% adicional (en total un 30%) si se mantienen los ladrillos durante dos años en balance.
En principio, esta medida persigue dos objetivos para el conjunto del sector: por un lado, forzar a bancos y cajas a bajar el precio de la vivienda de verdad y no como mero reclamo de marketing, ya que no hacer nada con ellos cada vez cuesta más dinero; por otro, hacer que sea menos atractivo quedarse con los ladrillos para frenar la morosidad y, sobre todo, mantenerlos indefinidamente en balance a la espera de que salga el sol en la economía española en general y en el mercado inmobiliario en particular.
Con este tercer 10% de provisión a los dos años, a las entidades les dará lo mismo quedarse con los edificios durante ese tiempo que declarar moroso el crédito (la provisión de esta mora ha bajado al 30% cuando la garantía es vivienda terminada).
Además, ése es el porcentaje que inicialmente pretendía imponer MAFO en febrero a la adquisición de inmuebles, pero no se atrevió a hacerlo ante las protestas del sector. Al final, sí impondrá el 30%, pero no de golpe sino periodificado en dos años.
Pero además, la iniciativa puede suponer una catástrofe para las entidades más pequeñas o más ‘enladrilladas’: “Esto va a crujir a muchos, porque -quien más, quien menos- todo el mundo tiene como mínimo 1.000 millones en inmuebles.
Y provisionar una cantidad que puede llegar a 100 millones en 2009 y otros 100 en 2010 puede acabar con los beneficios de bastante gente y abocarla a las pérdidas“, opinan en una entidad. Según el diario ABC, que el viernes hacía referencia a esta iniciativa, las entidades españolas tienen inmuebles por valor de 30.000 millones.
Ahí es donde las fuentes consultadas sitúan el verdadero motivo de esta nueva vuelta de tuerca: con este endurecimiento de las provisiones, busca que unas cuantas cajas se enfrenten con la perspectiva de sufrir pérdidas con unos colchones de capital que tampoco son muy boyantes, y así darles el empujoncito definitivo para vencer sus reticencias -políticas o localistas- y fusionarse de una vez.
Ahora bien, MAFO tampoco quiere provocar una escabechina en la pequeñas entidades, de ahí que las distintas fuentes consultadas coincidan en que el supervisor no pondrá en marcha esta subida de provisiones al 30% hasta ver cómo evoluciona la economía, el sector inmobiliario y, sobre todo, los balances y las cuentas de resultados.
Es decir, si las cosas no mejoran en 2010 y ve que adoptar esta medida llevaría directamente a la quiebra a más de uno, el Banco de España no dará el paso finalmente. Y las perspectivas para el próximo año no son precisamente halagüeñas.
En todo caso, esta medida supone una indicación clara de por dónde va a ir la presión sobre las cajas de ahorros reticentes a fusionarse. Es decir, si con esta nueva amenaza las entidades siguen haciendo oídos sordos al Banco de España, es de esperar que siga endureciendo la normativa contable para perjudicar cada vez más a las cuentas de resultados de las entidades más débiles.
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