Durante el transcurso de la sesión, y antes del turno de las preguntas de la oposición, la primera edil se dirigió a González Móstoles y le preguntó si conocía esta información. "Se ha enterado usted de que ha perdido el recurso. Se lo digo para que vaya callándose otra vez. No da ni una, usted no da ni una", le dijo la alcaldesa.
En este sentido, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Jorge Bellver, aseguró, en un comunicado, que el PSPV "ha vuelto a quedar en evidencia, una vez más, en su intento de judicializar la vida política en general y el urbanismo en particular". Así, aconsejó a los socialistas que "lo que tienen que hacer es trabajar, y no confiar su futuro a la vía judicial".
Tras ser desestimada en el pleno una moción del edil socialista pidiendo la exposición al público del concierto previo y otras actuaciones, González Móstoles acudió al TSJCV. Bellver censuró que la moción rechazada tenía "el único objetivo de paralizar o retrasar al máximo la Revisión del PGOU sin fundamento".
Ahora, el tribunal dice que "la tramitación del concierto previo referido a la Revisión del PGOU se ajusta a derecho y confirma la legalidad del acuerdo adoptado por el pleno, por el que se desestimó la moción del concejal socialista", explicó Bellver.
Además, la Sala recuerda que un concierto previo es asimilable a un avance de proyecto de Plan General y los avances de un plan "sólo tienen el valor de un estudio". Por ello, según la sentencia, "no afectan a derechos e intereses de los particulares, y no puede ser impugnado".
El Tribunal aclara, además, que esto "sólo" podría hacerse "si las conclusiones se plasman en el plan, con lo que se impugnaría la aprobación definitiva de este, pero en tal caso ya no se impugna el avance sino el plan", indica.
Asimismo, Bellver recordó que "esta no es la primera sentencia" sobre la revisión del PGOU, que "da la razón" al equipo municipal. En concreto, apuntó que "en abril de 2008, la sala de lo contencioso desestimó la petición de suspensión cautelar pedida por los socialistas por falta de pruebas y prevalencia de los intereses generales".
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