MADRID.- Seis comunidades autónomas -Cataluña, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía- no han logrado que el Gobierno dé el visto bueno a los planes de reequilibrio económico-financiero que estaban obligadas a presentar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por vulnerar en 2009 los objetivos de déficit. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante los tribunales de justicia.
Por el contrario, este organismo, en cuyo seno se acuerda la senda regional de consolidación fiscal, ha aprobado los programas presentados por Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia. Madrid y La Rioja no estaban obligadas a elaborarlos al haber cumplido sus obligaciones en 2009 y diseñado para 2011 presupuestos que prevén cifras de déficit inferiores al 0,75% de su PIB.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha explicado que la secretaría de Estado de Hacienda ha detectado que falta por concretar "algunos detalles" y pequeños "ajustes" en los planes que han sido rechazados. En todo caso, ha asegurado que todos los programas están "muy cerca de concluirse" y ha confiado en que "con toda seguridad se podrán aprobar" en la próxima reunión del CPFF, que se convocará tras las elecciones del 22 de mayo, "cuando ya estén formados los gobiernos" autonómicos nuevos.
Salgado ha detallado que también existe acuerdo para la aprobación de los planes de reequilibrio de las comunidades de Navarra y País Vasco, que al regirse por el régimen foral se aprueban mediante comisiones bilaterales. En conjunto, ha explicado, las medidas incluidas en los planes de las siete autonomías de régimen común aprobadas más las fijadas para Navarra y País Vasco suponen un ajuste total de 4.283 millones de euros, que se reparte entre una reducción del gasto de 3.479 millones de euros y un incremento de los ingresos de 645 millones. Dicho ajuste equivale a un 47,6% del déficit registrado por estos nueve territorios en 2010.
El Gobierno sostiene que los planes de reequilibrio "garantizan la coherencia de las previsiones presupuestarias de dichas comunidades autónomas con el límite máximo de déficit del 1,3% del PIB fijado para 2011 y 2012. Su aprobación, según lo establecido en el CPFF del pasado 15 de junio de 2010 permite la autorización a estas autonomías por parte del Estado del primer tramo de endeudamiento con cargo al déficit de 2011, equivalente al 0,65% del PIB de cada una de ellas.
Déficit 2012-2014
El CPFF ha aprobado además la senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas para 2012-2014, con la que el Gobierno pretende asegurarse que todas las administraciones públicas cumplirán el objetivo de recortar su déficit conjunto al 3% del PIB en 2013. En virtud de esos parámetros, el objetivo de déficit autonómico para 2012 y 2013 se mantiene en el 1,3% y el 1,1% ya previstos. Para 2014, se establece un líite máximo del 1%.
El Ministerio de Economía y Hacienda también ha presentado sendos informes sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades y las autorizaciones de operaciones de endeudamiento tramitadas en el segundo semestre de 2010. Dicho análisis semestral muestra que el déficit presupuestario generado en la segunda mitad del año fue de 12.414,21 millones de euros, equivalente al 1,17% del PIB. En la primera mitad de 2010 la reducción del gasto había sido del 1,36%.
En su conjunto, en la segunda mitad del año el Gobierno autorizó a las autonomías a endeudarse por 6.891 millones de euros, frente a los 27.226 millones de la primera mitad del ejercicio.
La ministra ha reiterado que ninguna comunidad autónoma recibirá anticipos con cargo al fondo de competitividad, contemplado en el nuevo sistema de financiación, que se hará efectivo en 2013, y ha negado que la cifra que corresponde a Cataluña -y que reclama la Generalitat- sean 1.450 millones de euros. "Esa cantidad no ha salido del Ministerio", ha subrayado. Este miércoles, en el Senado ERC, PP, CiU e ICV votaron a favor de una moción que reclamaba el pago de esos fondos al Ejecutivo catalán. El Gobierno sostiene que Cataluña no tiene derecho a percibirlos porque ya ha recibido más de los 11.000 millones de euros adicionales previstos en el nuevo sistema de financiación.
Se intentará recurrir
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, ha adelantado este miércoles que ya ha encargado la intervención general de la Generalitat y a la abogacía general de la Generalitat que "estudien el caso" del rechazo a la entrega del Fondo de Competitividad a las comunidades, para saber si "se puede recurrir a los tribunales".
En este sentido se ha manifestado el conseller a los medios, momentos después de asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Economía, que preside la ministra del ramo, Elena Salgado, y el titular de Política Territorial, Manuel Chaves.
Así, el conseller ha destacado que, aunque en principio el tema no se iba a tratar, finalmente el Fondo de Competitividad ha entrado en la reunión y debido a que el Gobierno "se ha negado en rotundo" a hacer entrega del mismo, la Comunitat solo se puede plantear "el recurso por vía jurisdiccional".
Además, el conseller ha indicado que ha sido la propia Salgado la que ha instado a las comunidades a que recurran a la vía jurídica, al alegar que "es el único métido para saber si la interpretación de la norma es la adecuada o no lo es".
"Este Gobierno prefiere mandar a las comunidades a las tribunales que otorgarles la financiación necesaria y se llegue a alcanzar acuerdos, ha indicado el conseller, quien además ha resaltado que para la Comunitat esta situación es "tremendamente injusta" porque el modelo no solamente no tiene en cuenta el millón de personas que hay más en la Comunitat. En total, a la región le corresponden 633 millones de euros.
Finalmente, ha indicado que ha salido de esta reunión con una sensación de "decepción" ya que, además de este elemento, en la reunión se ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria, que se establece en el 1 por ciento para 2014. En esta línea, ha indicado que ha votado en contra, debido a que las previsiones del gobierno "son irreales", no porque no estén "comprometidos".
Se intentará recurrir
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, ha adelantado este miércoles que ya ha encargado la intervención general de la Generalitat y a la abogacía general de la Generalitat que "estudien el caso" del rechazo a la entrega del Fondo de Competitividad a las comunidades, para saber si "se puede recurrir a los tribunales".
En este sentido se ha manifestado el conseller a los medios, momentos después de asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Economía, que preside la ministra del ramo, Elena Salgado, y el titular de Política Territorial, Manuel Chaves.
Así, el conseller ha destacado que, aunque en principio el tema no se iba a tratar, finalmente el Fondo de Competitividad ha entrado en la reunión y debido a que el Gobierno "se ha negado en rotundo" a hacer entrega del mismo, la Comunitat solo se puede plantear "el recurso por vía jurisdiccional".
Además, el conseller ha indicado que ha sido la propia Salgado la que ha instado a las comunidades a que recurran a la vía jurídica, al alegar que "es el único métido para saber si la interpretación de la norma es la adecuada o no lo es".
"Este Gobierno prefiere mandar a las comunidades a las tribunales que otorgarles la financiación necesaria y se llegue a alcanzar acuerdos, ha indicado el conseller, quien además ha resaltado que para la Comunitat esta situación es "tremendamente injusta" porque el modelo no solamente no tiene en cuenta el millón de personas que hay más en la Comunitat. En total, a la región le corresponden 633 millones de euros.
Finalmente, ha indicado que ha salido de esta reunión con una sensación de "decepción" ya que, además de este elemento, en la reunión se ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria, que se establece en el 1 por ciento para 2014. En esta línea, ha indicado que ha votado en contra, debido a que las previsiones del gobierno "son irreales", no porque no estén "comprometidos".
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