MADRID.- El Consejo de Ministros aprobará a primeros
de mayo una reforma para simplificar la Administración Pública,
reordenar las competencias de las distintas administraciones y evitar
duplicidades, según han informado fuentes gubernamentales.
Por lo pronto, este mismo viernes el Gobierno ya adelantará
algunas líneas generales sobre esa simplificación de la administración
porque es una de las reformas incluidas en el Programa Nacional de
Reformas que el Ejecutivo enviará a Bruselas antes de que acabe el mes.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja
para "eliminar la superposición de competencias y reducir el gasto
superfluo que de ella se deriva".
El objetivo de esta reforma, que está todavía en fase de
elaboración, es desarrollar el principio que enunció el propio Mariano
Rajoy en el debate de investidura: "una competencia, una
administración", recuerdan fuentes gubernamentales.
El pasado 14 de mayo, Rajoy llevó este tema a la reunión que
mantuvo en la sede del PP con los presidentes autonómicos y regionales
del partido, que se comprometieron a "racionalizar" las
administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el
fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y
sobria posible".
De hecho, suscribieron un documento en el que figura
explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una
reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios
que prestan". Se trata, añadía el texto, de "usar con más eficiencia y
capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a
disposición de todas las administraciones".
En cuanto a las competencias -el documento no hablaba en ningún
momento de devolverlas como planteó recientemente Esperanza Aguirre--,
se comprometieron a "eliminar las duplicidades existentes de forma que
cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración".
El ordenamiento de las competencias debe llevar a "la eliminación
de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones
locales". Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma
que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los
ciudadanos", decía el citado manifiesto.
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