PALMA.- El juez instructor del caso Palma Arena, del
que forman parte las pesquisas sobre las presuntas irregularidades
cometidas a través del Instituto Nóos, acusa al Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, de usar su "parentesco" con la Casa Real y aprovechar esta
"área de influencia" para acudir a "altas instancias políticas,
puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían
insoslayables" y obtener así adjudicaciones y contratos de las
Administraciones públicas.
En un contundente auto,
el titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, despliega
una lista de "significativas coincidencias", que hasta "podría resultar
tediosa", entre los negocios urdidos por el marido de la Infanta
Cristina tanto en Valencia como en Baleares, y en la que se ampara para
desestimar la cuestión de competencia planteada por el exsecretario
autonómico de Turismo de la Generalitat valenciana Luis Lobón.
Así, después de que el imputado solicitase que el magistrado
se apartase de las investigaciones sobre los hechos acaecidos en
Valencia en favor de un juzgado de esta ciudad, petición a la que se han
opuesto Fiscalía y Abogacía balear, Castro alega cómo tanto en Valencia
como en Baleares Urdangarin utiliza su pertenencia a la Familia Real
para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, "se
desprecia" la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En esta misma línea, el juez apunta a las coincidencias "en lo
elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo
de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron
impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de
Nóos. Es más, asevera que "en todos los casos fueron aceptados sin
discusión por los responsables políticos" de ambas Comunidades
Autónomas.
"En ninguno de los casos los responsables políticos se
preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que
consiguieron los organizadores [en referencia al Instituto Nóos] y en
aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de
los pagos", incide el instructor de este complejo procedimiento
judicial.
Del mismo modo, el juez Castro subraya que también en ambos
casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de
colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y
participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su
adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios
firmados, precisa que tanto los de los eventos del Valencia Summit como
los del Islas Baleares Forum "son prácticamente calcados unos de otros".
Unas coincidencias que, recalca el magistrado, conduce a una
"filosofía de que ni en Palma ni en Valencia se le ocurrió a nadie
exigir ni a Don Iñaki Urdangarin ni a Don Diego Torres rendición de
cuentas".
Por todo ello, el juez argumenta que la extensión de las
pesquisas a los eventos de Valencia "no fue fruto de un imperialista
afán instructor de este Juzgado" sino que, de hecho, apenas iniciada la
instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que
correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a éstos las
investigaciones por ser "fácilmente deducible que las mismas facturas
podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de
Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.
Sin embargo, el juez lleva más allá sus argumentaciones al
señalar que no consta que se haya presentado ninguna denuncia o querella
ni se hayan llevado actuaciones policiales o judiciales de oficio en
Valencia para investigar tales hechos, por lo que a la fecha que lo hizo
el propio Castro, "ningún otro órgano jurisdiccional conocía de ellos",
por lo que "ninguna usurpación de competencia es atribuible a este
Juzgado".
Así las cosas, tras dejar "claro" que los presuntos delitos
cometidos en Valencia y en Palma "son conexos", el magistrado apunta
además que los investigadores se han desplazado hasta Valencia para
tomar declaración a numerosos testigos e imputados, sin que
"absolutamente" ningún órgano judicial haya promovido cuestión de
competencia hasta este momento. "Ha de quedar bien claro que ningún otro
órgano entra en porfía con este Juzgado" en relación a la investigación
sobre Nóos.
El juez recuerda finalmente que, ya cuando a finales de
diciembre de 2011 se hacía "clara referencia" a los hechos que fueron
cometidos en Valencia, nadie cuestionó la competencia de su Juzgado para
investigarlos, como tampoco cuando citó a declarar al propio Lobón, una
"quietud" que persistió tras las más de veinte resoluciones dictadas en
referencia a las pesquisas en torno a los eventos de Valencia.
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