VALENCIA.- El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarriá acusa al equipo de gobierno de "esconder una sentencia por una expropiación ilegal" en el Plan de Reforma Interior y Protección del entorno de las Atarazanas, que "obliga a pagar seis millones de euros con intereses".
En un comunicado, los socialistas advierten de que "no acatar las sentencias supone un acto de insumisión impropio de un ayuntamiento democrático".
Según Sarriá, en base al planeamiento diferido del PGOU, el
Ayuntamiento aprobó un proyecto de expropiación para abrir viales y
ampliar la parcela del Instituto del Grao situado en el entorno de las Atarazanas, pero en la fase de tramitación del mismo "se falló anular y dejar sin efecto el acuerdo de aprobación del citado plan" de las Atarazanas mediante Sentencia del TSJCV de diciembre de 2003.
Al respecto, el edil señala que la causa de anulación del plan vino motivada porque el ámbito del PRI "era muy superior al previsto en el PGOU e incluía terrenos edificables de un promotor, que fue quién presentó el contencioso". Por este motivo, tuvo que redactarse nuevamente el PRI que se aprobó definitivamente en enero de 2006.
Sarriá denuncia que, sin embargo, el Ayuntamiento "no sólo siguió
con el expediente de expropiación iniciado, sino que además aprobó la
urgente ocupación de los terrenos, sin tener en cuenta que el
planeamiento estaba anulado y por tanto desapareció la causa de la
expropiación y se ocuparon las fincas de los titulares sin cobertura
jurídica alguna, ante la ausencia de planeamiento".
Por este motivo, los titulares de los terrenos recurrieron y,
según la sentencia, el Ayuntamiento "debe pagar a los afectados un total
de seis millones de euros, ya que se valoran los terrenos ocupados en
3.617.971 euros, la responsabilidad patrimonial por la ocupación ilegal
en 1.085.392 euros" y el resto corresponde a los "intereses desde la fecha de la reclamación, en junio de 2005".
El edil incide en que el Ayuntamiento "oculta la sentencia, la
tiene secuestrada en un cajón, no la ha acatado y no tiene consignación
presupuestaria para pagarla, tal como consta en los presupuestos de
2013", a los que, según sostiene, "los propietarios de estos terrenos han realizado una reclamación".
Para el concejal socialista, se trata de "una mala práctica urbanística más del gobierno municipal, que están causando tanto perjuicio económico a los valencianos".
No obstante, subraya que "ocultar sentencias y no acatarlas se
situaría en el ámbito de una insumisión intolerable, seguramente para
esconder su nefasta gestión de los intereses públicos en la tramitación
de la expropiación, y ante la evidencia del desastre económico a que han
llevado a la ciudad tras 21 años de gobierno".
El grupo municipal socialista denunció que el presupuesto para
2013 incluía "tan solo una partida de cuatro millones de euros para
expropiaciones, cuando había resolución y sentencias por importe de 21
millones de euros", con el consiguiente "desfase de 17 millones de euros", al que "habrá que sumarle estos seis millones de euros, hasta alcanzar los 23 millones de euros de deuda", apunta el edil.
En este sentido, mantiene que "las malas prácticas urbanísticas
del gobierno municipal y el despilfarro de las expropiaciones son una de
las principales causas de la ruina económica a la que la alcaldesa ha
llevado a esta ciudad tras 21 años de gobierno" y cifra en 450 millones
de euros "la cantidad gastada en expropiaciones en estos 21 presupuestos municipales".
No hay comentarios:
Publicar un comentario