VALENCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, que investiga el 'caso
Imelsa', ha citado a declarar el próximo miércoles al concejal en el
Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo por un supuesto blanqueo de
capitales en el PP valenciano, según ha informado el Tribual Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Novo está investigado en la causa que se sigue contra 29 personas
por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en
varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en la que
se conoce como 'Operación Taula'.
Junto a las 24 personas que
fueron detenidas en la operación anticorrupción desarrollada el martes y
que ya han sido puestas en libertad provisional, en la causa hay otros
cinco investigados que no fueron arrestados, entre los que se encuentra
Novo. El resto de investigados también serán citados por el titular de
Instrucción nº 18.
Novo deberá comparecer el próximo miércoles por un
presunto delito de blanqueo de capitales por estar --junto a otra
persona que también declarará como investigada-- autorizado para
disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular, según
ha informado el TSJCV.
La investigación se centra en Imelsa
(empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la
Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas) y la
Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a
cambio de comisiones ilegales. Así, se investigan en estas instituciones
contratos desde el año 2003.
Entre los 24 detenidos se encuentran
el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y
expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso
Rus; el exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario
autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la
Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exsecretario
autonómico de Deporte y exdiputado en las Corts, David Serra; la
exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el
exalcalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, entre
otros.
Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos
cohechadores, dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de
Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de
ellos, (Rus, Caturla, Llopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó
prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por
entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el
Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los
cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar,
la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos
los arrestados están ya en libertad provisional. Mantienen su condición
de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos
contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación
administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El juez instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros.
Las
fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas
pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil
que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario