MADRID.- La Policía Nacional ha
destapado un
fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros en el que
han sido identificadas 43 personas como presuntos responsables en
Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo,
Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
Las
actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el convenio de colaboración
firmado por los ministerios de Empleo e Interior.
En concreto se estima que el fraude asciende a 15.779.320 euros y que
fue cometido por varias mercantiles en las citadas provincias, informa
la Dirección General de la Policía.
Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectaban a las
empresas y
como consecuencia de ello figuran como investigadas 43 personas como
presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de
prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución,
estafa, blanqueo de capitales y malversación.
Las
investigaciones comenzaron a finales de 2016 cuando fueron remitidos
distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la
Seguridad Social a la Policía Nacional junto con diversa documentación
solicitada por este Cuerpo.
Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de
las mercantiles pero también sus testaferros, algunos de ellos
trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros.
En
todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas
implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social
pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o
que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos
para cubrir las responsabilidades.
Entre
los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los
bienes embargados por las deudas que mantenía con la Seguridad Social,
que en la actualidad superaban los 120.000 euros y que estaban
depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad.
Cuando
se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes
embargados incumplió sus obligaciones como depositario obviando el
requerimiento.
Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar
hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de
hurtos y robos en
su establecimiento y que coincidían con las fechas de las
notificaciones de la Seguridad Social y de todos los bienes que ya
figuraban embargados por este mismo organismo.
Para
eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas
aspiraciones de cobro de la Tesorería las empresas defraudadoras
utilizan diferentes procedimientos.
Entre estos métodos figuraba la creación sucesiva de sociedades
mercantiles a las que iban transfiriendo la actividad desarrollada por
la deudora y sus elementos patrimoniales.
En otras ocasiones mediante el denominado "grupo de empresas"
constituían una compañía principal que ostentaba el patrimonio junto a
otras descapitalizadas que complementaban su actividad, existiendo un
ánimo defraudatorio ya que las últimas empresas que figuran formalmente
con personalidad jurídica independiente son un única empresa, utilizando
fraudulentamente la normativa laboral.
Asimismo,
son igualmente utilizados para defraudar las sucesivas trasmisiones de
la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra e
incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la
localización de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los
bienes una vez requerido su embargo, explica la Policía.
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