Dimite Jorge Rodríguez, el presidente socialista de la Diputación de Valencia

VALENCIA.- Deja la Diputación pero se aferra a la Alcaldía de su localidad natal pese a la suspensión de militancia acordada por Ferraz. El hasta hoy presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado este lunes su dimisión en el cargo tras ser detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, tal como recoge Abc.

Rodríguez, que mantiene el acta de concejal, ha decidido este lunes delegar la alcaldía en la primera teniente, Rebeca Torró, durante el tiempo necesario para preparar su defensa" según han informado fuentes del consistorio. 

Torró asumirá la alcaldía de Ontinyent y también sustituirá a Jorge Rodríguez como diputada provincial por el partido judicial de localidad, dejando su puesto como directora general en la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Rodríguez, suspendido de militancia en el PSOE y como portavoz en el PSPV, ha hecho este anuncio en la Diputación, donde ha recalcado que ha podido «meter la pata pero no la mano». 

El también alcalde de Onteniente -que no ha admitido preguntas- ha sostenido que dimite del cargo "con la conciencia tranquila" y seguro de su inocencia y la de su equipo en la corporación provincial.

El ya exportavoz del PSPV, suspendido de militancia en el PSOE, ha señalado que dimite del cargo "desde la lealtad a las instituciones y la ciudadanía" y lo hace "orgulloso" de dejar la Diputación "en muy buenas manos", las del actual vicepresidente, Toni Gaspar -el candidato propuesto desde el PSPV- y su equipo provincial.
"Podemos haber sido torpes o demasiado confiados, pero no ladrones", ha reivindicado Rodríguez, quien ha hecho un repaso a los mecanismos puestos en marcha por el equipo de gobierno que presidía para garantizar la transparencia en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.
En su intervención, jaleada por sus seguidores al inicio y al final de la misma, ha dicho que no sería rueda de prensa -en contra de la convocatoria a los medios remitida anoche por la Diputación- por la vigencia del secreto de sumario en la pieza del Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, que le mantiene como investigado junto a cinco personas más.
La decisión de Rodríguez llega después de que durante este fin de semana se haya mantenido varias reuniones con el president de la Generalitat y del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a las que han asistido también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general del PSPV en Onteniente, Rebeca Torró.
Según las mismas fuentes, en esos encuentros se ha considerado que lo más oportuno es que Rodríguez deje sus cargos en la Diputación para poder centrarse en su defensa y, además, no perjudicar al partido con un asunto que de aquí a elecciones puede ser utilizado por la oposición.
Asimismo, señalan que esta decisión busca "no dañar" el proyecto político de Ximo Puig en la Generalitat y el de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y para que el PP "no aproveche este asunto" para perjudicar la labor en la corporación provincial.
Rodríguez tiene intención de seguir en la alcaldía de Ontinyent porque el asunto que investiga el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia en una causa declarada secreta «no tiene nada que ver» con el Consistorio, dado que hace referencia a unos contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación, Divalterra.
Las mismas fuentes insisten en que la investigación sobre Rodríguez hace referencia en todo caso a una cuestión «meramente administrativa» y piden que cuanto antes se levante el secreto del sumario para evitar así «juicios paralelos».
La denominada «Operación Alquería» fue llevada a cabo por agentes de la Udef y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. Arrestaron a seis personas: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego). 

Todos quedaron en libertad con cargos el jueves, aunque permanecen imputados. La investigación policial y judicial arrancó hace seis meses tras la denuncia de trabajadores de Divalterra. 

La causa secreta fue abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal. Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -pese a tener 12 informes jurídicos en contra- y en los que se habría colocado a personas afines a los partidos. 

El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.

La caída de Jorge Rodríguez

La caída de Jorge Rodríguez resulta muy significativa en el ámbito político, ya que a sus 39 años representaba al sector de jóvenes valores de los socialistas valencianos. Alcalde de Ontinyent -y hasta ahora también portavoz en la ejecutiva del PSPV-, pasó a presidir la diputación tras los escándalos durante la etapa de los populares. 

Un puesto que le otorgaba importante proyección (se le llegó a señalar incluso como un posible relevo de Ximo Puig).
Caracterizado por su claridad en las declaraciones públicas y sin querer significarse del todo en familias socialistas, apoyó a Puig frente a Rafa García -el candidato del «sanchismo»- para liderar el PSPV. 

Este, sin embargo, tuvo que frenar posteriormente su intento de plantar batalla en la secretaría provincial de Valencia al tratar de presentarse contra Mercedes Caballero, cercana al «número dos» del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. 

Precisamente él fue el primero en pedir públicamente su dimisión pocas horas después de conocerse la detención.
La investigación de lo sucedido en Divalterra no ha sido el único susto que ha traído la justicia. 

El pasado marzo se conocía la investigación que había llevado a cabo durante año y medio el Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia sobre una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) de cara a las elecciones de 2007. 

En el auto en el que la juez derivaba la causa a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm), desglosaba la operativa: «Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas».

De Crespo Gomar a Divalterra

En ese momento, el líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla y en los papeles en los que ha indagado la Policía aparecía el nombre de José Cataluña, exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE y uno de los históricos del partido. 

Crespo Gomar fue presidida por Alberto Gomar y en ella trabajó también José Ramón Tíller. Ambos (imputados en un caso que ya suma veintiséis investigados) eran personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig y una de las personas con más influencia a nivel interno a lo largo de los años.
Se da la circunstancia de que Tíller y Orengo trataron de tener un papel importante en la limpieza de Imelsa (la empresa pública que cambió su nombre por Divalterra) en un inicio. El primero como gerente y el segundo como jefe de Gabinete de Rodríguez. 

El presidente de la Diputación, sin embargo, decidió prescindir de Tíller, lo cual precipitó la salida también de Orengo. Por el momento a ninguno se le ha implicado en la nueva causa.