MADRID.- El Gobierno central pedirá a la Comisión Europea que, tras la aplicación provisional del acuerdo comercial con Sudáfrica, las autoridades europeas realicen a medio plazo (3-5 años) un estudio de evaluación de impacto para comprobar sus efectos y las consecuencias en el sector citrícola.
Así lo confirma el Ejecutivo en una respuesta
parlamentaria a la pregunta del diputado
valenciano de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que pedía al Gobierno una
valoración sobre el impacto de este acuerdo en este sector y planteaba
la necesidad de revisarlo "por sus efectos negativos sobre los
productores de cítricos europeos".
Por su parte, el Gobierno
señala en su respuesta que el citado acuerdo entró en vigor en noviembre
de 2016, por lo que cree que "se debe esperar un tiempo para ver la
evolución de las relaciones comerciales en el nuevo escenario".
En
todo caso, puntualiza que para dar marcha atrás en algunas de las
concesiones otorgadas en el acuerdo habría que aplicar la llamada
cláusula de salvaguardia, una vez se compruebe que las importaciones
aumenten de tal manera que causen o amenacen con causar un perjuicio
grave a la industria nacional.
En este sentido, el Gobierno
subraya que antes de presentar una propuesta a la Comisión "habría que
verificar si se dan las condiciones objetivas para evaluar que hay un
daño o amenaza de daño grave" y no sólo con los datos de importación,
apostilla, sino también de ventas, descensos de producción,
productividad, o caídas en el empleo y en los precios.
Por
otro lado, el Gobierno analiza también en la respuesta la evolución de
las importaciones en la Unión Europea de naranja procedente de
Sudáfrica, señalando que en 2017 se registró un aumento de las
importaciones del 10%.
Una "tendencia alcista", reconoce, pese a
la cual considera que "a día de hoy no puede deducirse que sean las
importaciones comunitarias las causantes de la situación del mercado que
experimenta el sector", ya que considera que estas importaciones "se
han mantenido, con carácter general, bastante estables en los últimos
años".
En todo caso, el propio Gobierno subraya que "está llevando
a cabo un exhaustivo seguimiento de las importaciones de terceros
países, y especialmente de aquellos con los que la UE tiene un acuerdo
comercial, como el caso de Sudáfrica", y que ello "permitirá detectar
cualquier evolución contraria a los intereses del sector citrícola
español".
"Y, en caso de constatarse perturbaciones del mercado
achacables a las importaciones de determinados orígenes, el Gobierno
tomará cuantas medidas sean de su competencia, notificando a la Comisión
Europea dicha situación", apostilla el Ejecutivo en su respuesta.
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