El conocido como juicio del PGOU
pretende determinar si, como sostienen las acusaciones (la pública, la
particular que ejerce el Ayuntamiento y la popular en nombre de EU)
Castedo y su predecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, facilitaron
información reservada de la revisión del planeamiento urbano de la
ciudad al empresario Enrique Ortiz, también encausado entre otros por estos hechos, a cambio de prebendas.
Otro
de los promotores acusados, el ilicitano Ramón Salvador, ha llegado a
un acuerdo con las acusaciones por el que se declara culpable de un
delito de corrupción a cambio de blindar su pena y la responsabilidad
civil . El empresario asegura que pagó para que le recalificaran unos
terrenos. Una conformidad que no le libra de la vista oral y a la que
podrían sumarse otras antes del comienzo de las sesiones.
La procuradora de Castedo presentó ya un
escrito ante la sección tercera de la Audiencia Provincial, donde el día
30 de junio está previsto que comience la vista oral con las cuestiones
previas, en el que se pone en conocimiento de la sala que
Gally se incorpora «como nueva dirección letrada que seguirá siendo
conjunta y compartida con José María Asencio», el catedrático de Derecho
Procesal que ya venía trabajando con el anterior letrado en la defensa
de la ex alcaldesa de Alicante.
Ignacio
Gally Muñoz (48 años), hijo del legendario abogado alicantino José
María Gally Fernández (84 años), pasa por ser, hoy por hoy, el más
reputado y reconocido abogado penalista de la provincia de Alicante y
uno de los tres mejor valorados de la Comunidad Valenciana, según la
opinión contrastatada entre sus propios compañeros, que en noviembre de
2017 le eligieron como vicedecano del ICALI (Colegio de Abogados de
Alicante).
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