Se trata de un inmueble en el que siendo alcaldesa Morant en 2015 paralizó el desahucio de una vecina y su familia, un hecho que, según la empresa Inmuebles Reunits de Catarroja, constructora del edificio, y la oposición, aseguran que contribuyó a que se okuparan más viviendas y se degradara la construcción.
Torró, que fue alcalde de Gandia entre los años 2011 y 2015, denunció a Prieto, Morant y la abogada jefe de los servicios jurídicos municipales por los delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El juzgado ha abierto ahora diligencias previas por los presuntos delitos atribuidos presuntamente a los tres cargos y da cuenta al fiscal y al Ayuntamiento de Gandia para que, en el plazo de diez días, entregue copias de todas las sentencias y resoluciones judiciales adoptadas en relación con este asunto, según el extracto de la notificación del juzgado, facilitado por el propio Torró.
Ante esta decisión, el consistorio de Gandia ha subrayado que la apertura de diligencias es “un paso lógico de una denuncia absolutamente política” y subraya que la justicia ya le ha dado la razón al Ayuntamiento en cuatro ocasiones en este asunto.
Además, señala que en una de ellas un juzgado de lo contencioso eximió de toda responsabilidad a las autoridades de la ciudad. El consistorio recuerda que Torró está condenado por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión y a seis años y medio de inhabilitación por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento.
El consistorio se remite a la comparecencia pública de Prieto, cuando el pasado mes de julio se anunció la denuncia, en la que advertía que no consentiría que se jugara con el dinero de los gandienses y hacía hincapié en que se trataba de un tema ya juzgado, con sentencia firme en mayo de ese mismo año.
Prieto acusaba al ex alcalde Torró de pretender “favorecer” a un empresario en contra de los intereses municipales, en concreto, del concesionario de la explotación de 39 viviendas de la calle Perú, cuyo contrato resolvió el consistorio “por incumplimiento” y en el que incidía en que la Justicia les ha dado la razón en cuatro ocasiones.
El primero, un proceso donde la empresa pedía el rescate de la concesión para que se hiciera cargo el Ayuntamiento y una indemnización, en el que el juzgado dictó resolución a favor del consistorio; un segundo en el que se impugnaba la reclamación del Ayuntamiento contra la empresa para que satisfaciera la deuda pendiente y reparara el edificio --tras ser okupado-- y en el que la justicia consideró que la deuda debía pagarse por la empresa y no procedía la reparación y un tercero por la reclamación de la mercantil no conforme con la incautación de la garantía por parte del consistorio, y en el que igualmente la justicia (TSJCV) dio la razón al consistorio.
El cuarto proceso fue por la reclamación judicial por la que la empresa pretendía derivar la responsabilidad por lo ocurrido en 2015, cuando Morant paró el desahucio de la mujer. En este caso, la justicia eximió a la ex alcaldesa de la responsabilidad civil que la empresa pretendía y al Ayuntamiento de derivar cualquier acción contra ella, según señala.
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