Así lo ha anunciado este miércoles la consellera Salomé Pradas, después de que El Mundo
haya publicado que la eurodiputada cobró de manera irregular 40.000
euros en dietas, pues según la Abogacía de la Generalitat no era
compatible ser vocal del Puerto -cargo que dejó hace dos meses- con el
Parlamento Europeo, mientras que Rodríguez Piñero alega que sí lo es.
"Es
inaudito que una persona con una clamorosa causa de incompatibilidad
haya estado cobrando dietas por 40.000 euros durante ocho años por un
cargo que no podía ejercer y aún es más inaudito que el Consell de Ximo Puig
nombrara en dos ocasiones a esta persona para ejercer el cargo de
consejera del Puerto, cuando la ley lo impide, según nos informa la
Abogacía", afirma Pradas.
A juicio de la consellera,
"resulta más que preocupante la evidente falta de controles y
supervisión por parte de la Generalitat, que durante ocho años ha estado
mirando hacia otro lado, permitiendo un caso tan flagrante de
percepción irregular de dietas".
Para la responsable de
Medio Ambiente, se trata de "un acto más de irresponsabilidad y de
carencia de vigilancia por parte de la administración del Botànic, una
manifiesta dejación de funciones que evidencia la falta de respeto
absoluta hacia nuestras instituciones y las buenas prácticas en el
sector público".
Por ello, ha asegurado que el Consell va a
abrir una investigación "para determinar las circunstancias en las que
efectuó el nombramiento", y va a recabar "toda la información, a fin de
que se depuren responsabilidades", y en su caso reclamarán "la
devolución del dinero público recibido indebidamente".
"Hemos
venido a cambiar las cosas, y a ejercer la política desde el rigor y el
cumplimiento de la legalidad, porque nadie está por encima de la ley",
ha manifestado Pradas.
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