Entre esas restricciones se contempla la obligatoriedad de contratar los servicios de esos vehículos con al menos una hora de antelación y la prohibición de aparcarlos a una distancia inferior a 300 metros desde los lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de personas viajeras como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, y centros comerciales y de ocio, equipamientos deportivo recreativos y sanitarios asistenciales público o privados de la red primaria.
La decisión del Supremo, que es firme, data de septiembre de 2023 y confirma el fallo emitido en abril del pasado año por la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV contra esas limitaciones en la modificación de la ordenanza de movilidad de la capital valenciana y al estimar el recurso presentado contra esos cambios por una compañía de automóviles.
La sentencia del alto tribunal, emitida por la sala tercera de lo contencioso-administrativo de este órgano, contempla también, como ya recogía el fallo del tribunal valenciano, las costas procesales que ha de pagar el consistorio.
El Supremo ha dictado su resolución a partir del recurso de casación que en mayo de 2023 y bajo el mandato del Govern del Rialto presentó el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia del TSJCV que daba la razón a la citada empresa, declaraba contraria a derecho y anulaba parte del artículado de la ordenanza en la que se planteaban las limitaciones.
Así, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite de ese recurso municipal, «primero, por falta de justificación de que las infracciones jurisprudenciales imputadas hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida» y «toda vez que las argumentaciones vertidas en el escrito de preparación no explicitan el cómo, el por qué y de qué forma entiende la parte recurrente que las infracciones denunciadas han sido determinantes de la decisión de la sentencia que se impugna».
El Alto Tribunal justifica en segundo lugar su decisión «por falta de fundamentación suficiente» porque «la parte recurrente no ha fundamentado, con especial referencia al caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un pronunciamiento al Supremo, alegando lacónicamente que en el proceso se ha declarado la nulidad de un precepto de una disposición general pero sin explicar sobre su trascendencia suficiente ni sobre la relevancia social y jurídica de los aspectos de dicha disposición que se han declarado nulos» y «que afectan a solo a una parte muy concreta de la disposición de carácter general objeto de litigio».
De esa sentencia y de la decisión del Supremo se dará cuenta en la Comisión de Hacienda que el Ayuntamiento celebrará el próximo miércoles, 24 de enero.
En uno de los puntos del orden del día de esa comisión figura que la corporación municipal, en la actualidad dirigida por el ejecutivo que forman PP y Vox, quede enterada de la sentencia del TSJ estimatoria del recurso P.O. 4/77/2022, interpuesto contra la modificación de la Ordenanza de Movilidad y habida cuenta que por Providencia del Tribunal Supremo se ha inadmitido el recurso de casación, con imposición de costas al Ayuntamiento en ambas instancias.
Desde el ejecutivo actual, el portavoz del PP y también del ejecutivo, Juan Carlos Caballero, ha señalado que «los tribunales siguen fallando en contra de la regulación de las VTC que hizo el gobierno» anterior.
«El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y contra él no cabe recurso», ha destacado, a la vez que ha considerado que «la regulación del gobierno anterior fue una chapuza».
«Ahora estamos estudiando buscar una salida».
Además, Caballero ha pedido al PSPV que deje «de mentir», ya que el consistorio no puede seguir con la vía judicial en este caso, puesto que el Supremo ya se ha pronunciado. De hecho, la resolución del Alto Tribunal se ha conocido este viernes después de que el grupo socialista, actualmente en la oposición, haya difundido una de las resoluciones previas que el TSJCV dictó en abril del año pasado sobre este tema.
El edil 'popular' ha señalado que «habrá que estudiar con los servicios jurídicos las consecuencias de esta inadmisión, otra herencia recibida del gobierno» anterior y con la que «se ha impuesto el pago de las costas al consistorio».
«La izquierda valenciana debería admitir de una vez la mala legislación que realizó y que toca ahora arreglar al PP porque los tribunales están dado la razón a quien denunció la legislación del Rialto». Ha instado a la oposición a pedir «perdón a los valencianos» en la Comisión de Hacienda y a reconocer «que es necesaria una nueva legislación».
Desde el PSPV, María Pérez ha instado a la alcaldesa, María José Catalá (PP) a aclarar, «ya que no cabe recurso, si su modelo es el de barra libre como en Madrid o un modelo de convivencia en el que se respete la leal competencia entre el taxi y VTC».
«Tendrá que decidir cuál es su modelo de ciudad, cuál es la relación a establecer entre el sector del taxi y las VTC, y cuál va a ser la regulación que va a imponer a las VTC», ha dicho Pérez, que ha lamentado que el PP hable de «chapuza».
Por parte de Compromís, el edil Giuseppe Grezzi, exconcejal de Movilidad, ha pedido a Catalá que «defienda en los tribunales, recurriendo tantas veces como sea necesario y en todas las instancias que corresponda, la Ordenanza de Regulación de las VTC que se aprobó en la legislatura pasada para garantizar que el taxi pueda seguir proporcionando un servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal».
En su opinión, la regulación de los VTC impulsada por el anterior gobierno «redunda en un sistema de movilidad mejor y con más garantías legales».
«El sector del taxi, perfectamente regulado, ve así garantizadas las prestaciones del servicio público que ofrece», ha remarcado, además de rechazar que PP y Vox usen la sentencia «para favorecer la entrada masiva e intrusiva de VTC».
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